A casi 29 años del inicio del proceso de reformas de la
justicia penal, Paraguay se enfrenta a una nueva generación de desafíos. Las
demandas de la ciudadanía exigen un trabajo pormenorizado en las dificultades
particulares que afronta cada uno de los sectores de la Justicia Penal, para
poder modernizarla, profesionalizarla y transparentarla desde una perspectiva
democratizadora. De lo contrario, el sistema de justicia será ineficaz en su
función de gestionar la conflictividad social, generando un riesgo de
crecimiento de los niveles de violencia que atenten sobre los pilares básicos
de la República y el Estado de Derecho.
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