El viernes 28 de febrero, Mt. Gox reconoció ante que no puede hacer frente a las obligaciones ordinarias de su negocio sin tener que recurrir a medidas extraordinarias para ello. Sus activos representan u$s 3.841 millones, aproximadamente, mientras que sus pasivos ascienden alrededor de la suma de u$s 6.501 millones.

La normativa japonesa, prevé dos caminos. La llamada “civil rehabilition law” y la “corporation reorganization law”. La primera y elegida por Karpeles, implica que la empresa mantiene su dirección y son sus directivos quienes, con el apoyo del juzgado interviniente, plantean la reestructuración empresaria del pasivo.

La consecuencia mas grande de este proceso judicial es que Mt. Gox no puede disponer de sus activos de forma alguna pero también que estos activos no puede ser afectados por reclamos de acreedores. Básicamente esto implica que nadie puede presentarse ante la justicia japonesa y reclamar la devolución de sus bitcoins o su dinero puesto que los activos tienen que estar dedicados a la recuperación empresaria.

Sin embargo, sera necesario que los acreedores, quienes tenían bitcoins o dinero depositado en Mt. Gox, se presenten a verificar sus créditos. Una vez que sean admitidos como acreedores, deberán votar el plan de reestructuración de la deuda que presente Mt. Gox. En caso de no lograr acuerdo puede derivar en la quiebra de Mt. Gox.

El objetivo de esta encuesta es por un lado identificar los acreedores de cada país que ya se hayan presentado o bien tengan planeado hacerlo, con el fin de permitirles organizarse y ver la posibilidad de que un mismo letrado asuma la representación del conjunto y y por el otro medir el impacto local de lo acontecido.