Asistimos en los últimos años a un proceso continuado de ataques a la  educación pública. Con la crisis como marco y como excusa, se han adoptado medidas que han venido a poner en cuestión aspectos esenciales de nuestra escuela. En paralelo, se ha reforzado la enseñanza como una oportunidad de negocio para la iniciativa privada. Así, por ejemplo, mientras se recorta en profesorado y en recursos en la red pública de centros, se amplían los conciertos o se facilita la cesión de suelo público a las entidades privadas.
Quienes suscribimos este escrito tenemos la convicción compartida de que los ataques a la educación pública van a continuar. La tendencia seguida en algunas comunidades autónomas donde el proceso ha sido más rápido, así como las directrices emanadas de la Unión Europea, nos llevan a pensar que aún queda camino por recorrer. Dejar de considerar a la educación como un derecho para valorarla como un negocio, como un producto más a integrar en la lógica del mercado es la base sobre la que se levanta la nueva concepción del hecho educativo. La LOMCE es, en este sentido, un pilar fundamental para el proceso de construcción del nuevo sistema educativo en nuestro Estado. Mientras integra de manera natural en el sistema a la red privada – concertada y la refuerza, convierte a la escuela pública en una maquinaria segregadora de niños, niñas y jóvenes, a quienes educa en función de las necesidades del mercado laboral. La segregación temprana de itinerarios; el modelo de FPB dirigido al alumnado de menor cualificación profesional; la división entre enseñanzas académicas y profesionales; la especialización de centros educativos, y otros aspectos recogidos en la Ley, ponen bien a las claras los objetivos últimos de la norma que se recogían, sin pudor, en el primer borrador de la Ley, en su fase de anteproyecto. Pese a que su lenguaje se fue puliendo en el trámite parlamentario, palabras como “competitividad”, “emprendimiento”, “empleabilidad”, “mejora de la calidad”, “capacidad de gestión”, “estándares”, “trayectorias profesionales”, “corresponsabilidad con las empresas”… que impregnan la Ley ponen sobre la mesa el trasvase del modelo mercantilista a la escuela pública. Su gestión y dirección ha de hacerse según el paradigma de la empresa privada. De ahí, las atribuciones desproporcionadas que refuerzan aún más  a las direcciones de los centros (propias de un modelo ajeno al servicio público de la educación) o los procesos de evaluación externa.
Las circunstancias específicas de Andalucía, en comparación con otras comunidades, derivan de la realidad política de su gobierno y su propio juego de intereses electorales frente al gobierno central. Pese a la contención en determinadas medidas que no han dudado en aplicar otros gobiernos autonómicos, la Junta de Andalucía ha aplicado y sigue aplicando recortes severos en profesorado y plantillas. El despido de 4502 compañeros y compañeras docentes en el año 2012, así como todos los reajustes de los últimos meses (el último, en relación con los maestros y las maestras mayores de 55 años) convierten a la Consejería de Educación de la Junta en subsidiaria de las recetas emanadas del gobierno central y las instituciones europeas. Lo mismo en lo relativo a la derivación de recursos para gastos de funcionamiento de los centros o para el desarrollo de Planes y programas. Pese a sus declaraciones grandilocuentes ante los medios, quienes dirigen la Consejería optan, en la práctica, por no ejercer los márgenes que aún mantienen para buscar alternativas a los recortes o a la nueva Ley. Su política de privatización de servicios complementarios, su gestión de los conciertos con centros privados (siempre desde la mayor opacidad y amparándose en la LEA) así como algunas de sus apuestas “estrella” (como el famoso “Plan de Calidad”) han convertido, de hecho, a Andalucía, en avanzadilla de alguna de las líneas más duras en lo relativo al proceso de mercantilización de la enseñanza.
Aunque el profesorado ha sufrido ataques muy severos en sus condiciones laborales en este período (pérdida de un 30% de poder adquisitivo; despidos; recortes en casos de enfermedad; limitaciones para su movilidad en concursos de traslados; aumento de su jornada laboral con fuerte sobrecarga de trabajo;…),  el deterioro de la escuela pública afecta a toda la comunidad educativa. El personal de administración y servicios  ha visto también atacadas y mermadas sus condiciones salariales y de trabajo, con aumento notable de los niveles de precariedad y temporalización. El alumnado ha visto empeoradas las circunstancias en las que recibe la enseñanza, derivadas de la falta de recursos en los centros, así como del aumento evidente de la ratio. La escasa oferta educativa en determinadas enseñanzas (particularmente, ciclos formativos y enseñanzas de régimen especial) deja sin posibilidades formativas a miles de jóvenes en nuestra tierra. Por su parte, las familias, cuyo papel comienza a ser cada vez más subsidiario y menor en los centros, ven deterioradas las expectativas de futuro para sus hijos e hijas. Pese a todo, y gracias a un esfuerzo compartido de los agentes implicados, los resultados de la educación pública andaluza siguen siendo excelentes, a tener de resultados de pruebas como la Selectividad o los múltiples reconocimientos obtenidos por profesorado, alumnado y centros de nuestra tierra.
Por estas razones, quienes hoy firmamos este manifiesto suscribimos la idea de que la lucha por la educación pública ha de ser una lucha colectiva, compartida entre todos los miembros de la comunidad educativa. Por ello, al margen de las estructuras de organización propia de cada colectivo particular (organizaciones sindicales para profesorado y personal de administración y servicios, AMPAs, organizaciones estudiantiles…), nos parece necesario contar con un espacio de encuentro y un marco de coordinación de nuestras luchas.  
Existen y han existido en este tiempo luchas parciales y particulares contra los ataques que estamos sufriendo. Algunas organizaciones por su parte, y algunos centros por la suya, han librado y libran batallas contra las agresiones que sufren en carne propia. Creemos que disponer de un espacio donde compartir y socializar las luchas, que en muchos casos son las mismas luchas, nos hará más fuertes. Por ello, hacemos un llamamiento a reforzar el movimiento en defensa de la escuela pública desde sus raíces, desde la comunidad educativa. Os animamos a poner en marcha iniciativas en vuestros centros, pero también a compartirlas y a difundirlas a través de esta asamblea recién constituida, a la que hemos llamado “Educación Pública en Movimiento”.  
Para terminar, os proponemos sumar vuestras firmas a las del primer grupo de compañeros y compañeras que hemos echado a andar esta iniciativa y que suscribimos este manifiesto.