Los y las abajo firmantes manifestamos nuestra solidaridad ante el inminente desalojo a las familias de la comunidad Tusca Pacha de los Los Alisos, en la localidad ode Palpala, provincia de Jujuy. Repudiamos el accionar del empresario Alfredo Gonzalez vinculado a la inmobiliaria Sucre que pretende desamparar familias campesinas indígenas que habitan las tierras desde hace más de 50 años.
En este momento, una anciana de 74 años, Lilia Maraz, esta siendo atemorizada por personas no identificadas y fuerzas policiales que merodean el lugar. Incluso como el pasado 4 de enero del 2022, este 14 de agosto, personal a cargo de González ingresó al predio realizando destrozos en el alambrado perimetral, arruinando cultivos que posibilitan la sobrevivencia de las familias y derribando arboles que dan cuanta de su presencia desde hace por lo menos de cinco décadas.
Este 16 de agosto, Ariel Chauque un asistente del Fiscal Diego Cusell quien escoltado por agente policiales intimaron a desalojar las tierras en 24 horas, acusando a la anciana de “usurpadora”. El asistente insólitamente presentó un acta incitando a la anciana “el retiro voluntario” en un comportamiento agresivo con los presentes, sin mostrar orden de desalojo y sin registrar en actas la situación.
Ante la agresión del 14 de agosto fue realizada una denuncia por "daños y turbación a la posesión indígena" en la seccional 51 de Palpalá y este 17, la comunidad junto a la abogada Samanta Delgado presentó un escrito de oposición, adjuntando prueba de la posesión comunitaria y solicitando el archivo de la denuncia.
La misma comunidad padeció en reiteras ocasiones la represión. Recordemos que en octubre del 2020 por las orden del juez Jorge Rodolfo Surueta a pedido de la inmobiliaria Sucre, 60 efectivos realizaron un brutal operativo represivo que dejó decenas de heridos y cuatro detenidos. Luego de la resistencia de las familias la justicia sobreseyó a las y los comuneros.
Denunciamos el sistemático accionar de empresarios alineados con la “Justicia” que avanzan con el desalojo de familias campesinas e indígenas que responden a turbios negocios inmobiliarios presentando titulos de propiedad contra comunidades que habitaron ancestralmente sus territorios. Esto sucede ante la complicidad por parte del gobierno provincial a los reclamos de las comunidades indigencias de la provincia.
Alertamos que el escenario de estos atropellos a los pueblos se da en el marco de la reciente aprobación del Regimen de incentivo a las grandes Inversiones (RIGI) y que el despojo de tierras a las comunidades es parte de la política extractivistas que traerá daños ambientales irreversibles.
Abogamos por el cumplimiento de la Ley 26.160 que contemple el revelamiento territorial y se respeten los derechos indígenas contemplados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales.
