El 1 de mayo, las organizaciones defensoras de derechos humanos, gremios y sindicatos que suscriben este documento alzamos nuestra voz para evidenciar que la lucha de los trabajadores venezolanos es, en esencia, contra un modelo autoritario de relaciones laborales; un modelo basado en una lógica arbitraria del poder político y económico que promueve una desregulación absoluta que deja a la clase trabajadora sin derechos fundamentales y vulnera sistemáticamente los derechos civiles y políticos de toda la población.

Las prácticas de este modelo que despojó a los trabajadores de su salario, desconoce sus organizaciones, persigue a sus dirigentes y condena a la miseria a las familias,  quedaron expuestas ante la comunidad internacional en 2019.

En ese año, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el informe de la Comisión de Encuesta titulado: Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela. Este documento detalló la precariedad del trabajo y la arbitrariedad de la política laboral del Estado. No obstante, el gobierno venezolano ha ignorado sus recomendaciones y persiste en el desmontaje de la institucionalidad laboral.

En los últimos cuatro años, la arbitrariedad ha escalado de forma alarmante. Se sustituyó el salario por bonificaciones, reduciendo el salario mínimo nacional a niveles de indigencia, hoy equivale a 30 centavos de dólar al mes. Asimismo, se anularon las contrataciones colectivas mediante el Memorándum N° 2792 y el Instructivo ONAPRE y escaló la persecución contra el movimiento sindical, con decenas de dirigentes encarcelados o sometidos a juicio por defender derechos básicos.

Si bien este 1 de mayo la exigencia inmediata es el rescate de salarios y pensiones dignas para la supervivencia de los hogares, esta demanda es inseparable de la lucha por la democratización y la reinstitucionalización del país. Exigimos el restablecimiento del Estado de derecho para garantizar que el trabajo sea un motor de autonomía y no una condena a la pobreza.

En momentos en los cuales se ha iniciado un proceso para la designación de nuevos magistrados y magistradas en el Tribunal Supremo de Justicia exigimos que quienes se designen sean independientes con cualidades profesionales para tan altos cargos. Se requiere un TSJ que aplique el principio de la progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 19 de la Constitución e irrenunciabilidad de los derechos laborales establecido en el artículo 89.

El movimiento laboral venezolano ha mantenido una resistencia histórica. Según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), entre enero de 2022 y marzo de 2026 se han registrado más de 10.000 protestas por derechos laborales. El Ejecutivo nacional ha ignorado estas demandas con el pretexto de las sanciones económicas; sin embargo, la realidad de otras naciones demuestra que, incluso bajo sanciones o conflictos, es posible mantener protecciones laborales superiores a las que hoy ofrece el Estado venezolano. En este 2026, ante anuncios oficiales de crecimiento económico, no hay excusa para mantener un salario mínimo inferior a medio dólar mensual.

Por lo expuesto, las organizaciones firmantes exigimos con carácter de urgencia:

1. Fijación inmediata de un salario mínimo nacional suficiente, conforme al mandato constitucional y al Convenio No. 26 de la OIT, para iniciar el rescate del valor del trabajo y frenar la migración forzada.
2. Libertad plena y cese de procesos judiciales para los dirigentes sindicales recientemente excarcelados y para quienes aún permanecen detenidos por su labor reivindicativa. Así mismo, que se reconozcan las organizaciones sindicales autónomas y cese la política de paralelismo sindical impulsada desde el Estado, dando cumplimiento al Convenio No. 87 de la OIT sobre la libertad sindical.
3. Restablecimiento de la negociación colectiva y el diálogo tripartito, conforme al Convenio No. 144 de la OIT, lo que implica la derogación inmediata del Memorándum 2792 y el Instructivo ONAPRE.
4. Reinstitucionalización democrática de los poderes públicos para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en un contexto que favorezca el desarrollo nacional y el bienestar de la población venezolana.