La Asamblea nace con la constatación de que:
La forma de ejercer el gobierno de las instituciones, en todos los niveles de la administración, ha alejado a la ciudadanía de sus representantes políticos. Las reformas ejercidas en materia económica e impositiva, social, medioambiental, laboral, sanitaria, educativa, de derechos reproductivos y sexuales, de pensiones, etc., han acentuado la separación de la sociedad de sus dirigentes. Así mismo es constatable la corrupción endémica que afecta a todas las instituciones.
Las decisiones se han tomado dando prioridad a los mercados financieros y los intereses de las grandes empresas, sin una respuesta efectiva del sistema judicial en favor de la ciudadanía, provocando el incremento de la desigualdad en la sociedad, la degradación de las condiciones de vida para la mayoría y la exclusión de cada vez más personas.
Las grandes reformas contrarias a los intereses del común se han hecho al margen de la participación democrática de éste (gobiernos por decreto-ley, reformas constitucionales exprés, falta de referéndums en las grandes cuestiones, incumplimiento de los programas electorales, manipulación de los medios de comunicación…). La democracia está siendo desnaturalizada y se está utilizando al servicio de minorías poderosas que imponen su voluntad y desprecian la voz de la ciudadanía. Instrumentalizan las instituciones públicas para expropiarnos bienes comunes y degradan la vida pública hasta extremos insoportables. Estas instituciones no son de su propiedad sino que nos pertenecen a todos y todas nosotras.
En la Administración Local se repite el mismo esquema y los gobiernos correspondientes son otro exponente de intereses partidistas, y relaciones clientelares con grandes constructores y empresas, relegando a la vecindad a un segundo plano. Burgos no es una excepción con un gobierno municipal ajeno a los intereses de la mayoría de la población.