ING. JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE
 
 
Las abajo firmantes mujeres de diversos pensamientos políticos, profesiones y actividades (legisladoras, militantes de partidos políticos, periodistas, académicas, consultoras, servidoras públicas y profesionistas),  quienes hemos trabajado desde décadas atrás y diferentes ámbitos, para lograr la construcción del marco jurídico y de políticas públicas que sustentan la promoción e impulso de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como para garantizar una vida libre de violencia y respeto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, recurrimos a Usted en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León para solicitarle que ejerza las atribuciones que le confiere la fracción XI del artículo 85 de la Constitución Política local, y emita observaciones al Decreto aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León contenido en el expediente legislativo 12555/LXXV.
 
Lo anterior, toda vez que consideramos que dicha reforma es a todas luces inconstitucional, pues además de invadir esferas de la federación al pretender establecer los principios rectores en los que se debe basar los planes y programas de estudio del Sistema Educativo Nacional, también incorpora como fines de la educación visiones religiosas y morales, cuando nuestra carta magna establece con toda claridad que esta debe ser laica y debe basarse en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, trasgrediendo directa e irreversiblemente los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres del Estado de Nuevo León y de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
 
Señor Gobernador, no permitamos que el derecho universal a la educación que tenemos todas las personas a lo largo de la vida, y en particular niñas, niños y adolescentes en sus edades más importantes y determinantes en su desarrollo integral, se someta al adoctrinamiento que criminaliza el derecho a decidir de las mujeres y el derecho de todas las personas a decidir sobre una muerte digna.
 
Agradecemos sus atenciones a la presente y quedamos atentas.

Responsable de la publicación:  Ma. Elena Chapa