CON PRESOS POLÍTICOS NO HAY DEMOCRACIA
La construcción democrática en América Latina ha sido sistemáticamente comprometida a lo largo de su historia por la injerencia de intereses económicos de potencias extranjeras y de las oligarquías locales.
En Argentina a mediados de los años 70, el Terrorismo de estado eliminó a opositores políticos dejando un saldo de miles de detenidos, muertos y desaparecidos e instauró políticas neoliberales de endeudamiento y quiebra del estado, cristalizadas en el default del 2001.

Hoy se observan nuevas estrategias de desestabilización que fragilizan el juego democrático, como diferentes formas de golpes de estado -destitución de Dilma Roussef en Brasil , golpe contra Evo Morales en Bolivia -,  y el llamado “lawfare” (o acoso judicial), mecanismo de persecución judicial a los adversarios políticos con  la indispensable difusión masiva de los medios concentrados de comunicación. El “lawfare” fué -y es- usado en nuestra región contra los líderes de gobiernos populares, como lo muestran el encarcelamiento de Lula Da Silva en Brasil, la proscripción de Rafael Correa en Ecuador  y la persecución a la Vice-Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a ex-miembros de su gobierno en Argentina a partir de 2016.

La asunción de Mauricio Macri al gobierno en el 2015 marcó el inicio de un nuevo plan de endeudamiento de la Argentina mediante créditos impagables otorgados por la banca privada internacional y el FMI, al mismo tiempo se implementaron políticas represivas criminalizando la protesta social, utilizando la justicia con fines políticos.
En su discurso de investidura el 10 de diciembre de 2019, el presidente electo Alberto Fernández hizo un llamado al “NUNCA MAS a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”.

Sin embargo, a un año de su asunción continúan detenidas varias personalidades políticas y militantes de movimientos sociales encarcelados durante el gobierno de Mauricio Macri.

El caso de Milagro Sala, dirigente social de la agrupación Tupac Amarú detenida arbitrariamente desde el 16 de enero de 2016 en la provincia de Jujuy, es un ejemplo de escuela del uso del « lawfare ». El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales desplegó todo el aparato represivo abriendo procesos plagados de graves irregularidades, con el único objetivo de mantenerla en prisión e impedirle su participación en la vida política, obstaculizando así su asunción como diputada del Parlasur, elegida por el voto popular.

Otro caso emblemático es el de Amado Boudou, ex-vicepresidente de la Nación, cuya condena fue basada en un testigo comprobadamente sobornado, y cuya revisión de la causa fue rechazada sin ninguna explicación por la Corte Suprema de Justicia. En 2009 Boudou fue el artífice de la vuelta al Estado del sistema jubilatorio privatizado en los años 1990 bajo la presidencia de Carlos Menen.

Frente a un poder político-mediático-judicial que responde a intereses hegemónicos, y al abierto ataque a las reglas del juego y a las instituciones democráticas, la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia-ACAF junto a parlamentarios y representantes políticos, sociales y sindicales  de diferentes países, expresa su solidaridad con los procesos democráticos en América Latina, su rechazo al lawfare como nueva arma de dominación en la región, y pide al Estado argentino la liberación inmediata de los presos políticos.

LIBERTAD A MILAGRO SALA Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS EN ARGENTINA

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