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CONSULTA PÚBLICA NACIONAL DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO N° 295 CON RANGO Y FUERZA DE LEY DE MINAS. A LOS EFECTOS DE SU SEGUNDA DISCUSIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL
DEL DECRETO N° 295 CON RANGO Y FUERZA DE LEY DE MINAS

Con la finalidad de establecer control sobre el otorgamiento de derechos de exploración y subsiguiente explotación de minerales, según lo contemplado en los artículos 113, 150, 156.14 y 187.9 de la Constitución de la República y en cumplimiento del artículo 187.1 constitucional, se presenta para la consideración de la Plenaria de la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.382 Extraordinario de fecha 28 de septiembre de 1999.
El aludido artículo 113 constitucional dispone que, en caso de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública, con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.
Se consagran así a nivel constitucional los dos tipos de concesiones que se han distinguido en la doctrina y en la práctica administrativa: la concesión de servicio público y las que recaen sobre los bienes del dominio público, por ejemplo: los recursos naturales propiedad de la Nación, de los cuales se hace referencia en el artículo 10 constitucional.
Actualmente, en derecho público, la concesión se refiere a permiso o autorización que el Ejecutivo Nacional otorga a particulares o empresas privadas, en los cuales determinan derechos o privilegios para realizar una obra pública, un servicio público y en la explotación de un dominio público (aguas, minas, etc.); previa oferta privada o por ofrecimiento público para su otorgamiento o el pago de un canon por parte del concesionario.
Algunos autores entienden la concesión como servicio público y de explotación de la riqueza mineral por cuanto, el Estado, en un acto formal, otorga a un particular el derecho de explotación de determinada riqueza del patrimonio del Estado y se obliga al concesionario a verificar dicha explotación, que generalmente es realizada por su cuenta y riesgo, con condiciones puestas por el Estado a cambio de obtener un fin de lucro que es el provecho que obtiene por la explotación".
El artículo 156.16 constitucional dispone que es competencia del Poder Público Nacional, el régimen y la administración de las minas; correspondiendo al Poder Legislativo Nacional el control de la Administración Pública Nacional. Valiéndose de tal control, es que se desprende lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución de la República, en virtud de que las concesiones mineras son otorgadas por el Ejecutivo Nacional mediante contratos, que por su naturaleza y objeto, son denominados de interés público.
A los efectos de precisar el sentido de la noción de contrato de interés público, expresión que aparece por primera vez en la Constitución de 1893, manteniéndose en las Constituciones de 1901, 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936, 1945, 1947, 1951, 1961, hasta la vigente de 1999, nuestra doctrina venezolana ha propuesto distintas interpretaciones, como la desarrollada por el maestro Eloy Lares Martínez, quien al referirse a tal expresión, contenida en el artículo 126 de la Constitución de 1961 señaló: “existe una expresión genérica –la de contratos de interés público- que consideramos administrativo y expresiones específicas que son: contratos de interés nacional, contratos de interés estadal y contratos de interés municipal, ya que el interés público puede ser nacional, estadal o municipal” (“Contratos de Interés Nacional”, en Libro Homenaje al Profesor Antonio Moles Caubet, Tomo I, Caracas, UCV, 1981, p. 117).
También lo señala la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en expediente N° 00-2878 del 24 de septiembre de 2002 (caso: Velásquez, Matta y Márquez), mediante la cual, en su contenido establece que “la Constitución vigente no indica qué sentido ha de atribuírsele a la noción de contrato de interés público, motivo por el cual esta Sala, tomando en consideración las interpretaciones previamente examinadas, en tanto máximo y último intérprete del Texto Constitucional, considera que son subsumibles en dicho género todos aquellos contratos celebrados por la República, los Estados o los Municipios en los cuales esté involucrado el interés público nacional, estadal o municipal, entendido éste, de acuerdo con el autor Héctor J. Escola, como “el resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría, y que encuentra su origen en el quehacer axiológico de esos individuos, apareciendo con un contenido concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses individuales que se le opongan o afecten, a los que desplaza o sustituye, sin aniquilarlos””.
Cabría preguntarnos entonces: ¿Será que el otorgamiento de los recursos mineros propiedad de la República, tal como lo dispone el artículo 12 de la Constitución de la República, no deben ser sometidos al control parlamentario, según la norma citada en el artículo 150 constitucional? Para dar respuesta a tal interrogante, es consideración de los proponentes que sí es necesario el control parlamentario, por consiguiente, cada vez que el estado otorgue concesiones en los cuales se comprometa la propiedad de la República, como lo son los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, ese otorgamiento debe estar acompañado del control ejercido por la Asamblea Nacional, y, en ese sentido, por su condición de ley preconstitucional, es nuestra obligación adecuar este Decreto N° 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.382 Extraordinario de fecha 28 de septiembre de 1999, a las disposiciones constitucionales vigentes.
Por tal motivo, como primer punto, se propone el cambio del nombre de “Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas” al nombre “Ley de Minas”, en virtud de que es una iniciativa que nace del Poder Legislativo y que sustituye a la iniciativa decretada por el Ejecutivo Nacional en su oportunidad.
Como segundo punto, se propone la reforma del artículo 22 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, mediante la cual se establece que el Estado podrá otorgar concesiones para el desarrollo de las actividades mineras de exploración y subsiguiente explotación, a favor de sociedades no domiciliadas en Venezuela, sociedades privadas establecidas bajo las leyes venezolanas, o sociedades bajo la denominación de Empresas Mixtas, para la exploración y la explotación, siempre que tal concesión se someta a la autorización previa de la Asamblea Nacional.
Por otro lado, y en tercer punto para concretar esta reforma legal, se propone la supresión de cuatro artículos pertenecientes a las Disposiciones Transitorias, los cuales no tienen sentido que se mantengan como norma dentro de la Ley, ya que los lapsos para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en ella, fueron vencidos durante el año 2000, por lo que no tiene sentido repetir los mismos en esta solicitud de reforma parcial.

PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO N° 295
CON RANGO Y FUERZA DE LEY DE MINAS

Primero. Se propone reformar el nombre de “Decreto N° 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas”, el cual queda redactado de la siguiente forma:

“LEY DE MINAS”

Segundo. Se propone reformar el artículo 22, el cual queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 22. No podrá otorgarse concesiones mineras a gobiernos extranjeros. Las Concesiones para la exploración, explotación y aprovechamiento que se pretendan otorgar a sociedades no domiciliadas en Venezuela, a sociedades privadas establecidas bajo las leyes venezolanas o a las denominadas Empresas Mixtas, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del ministerio con competencia en materia de minería, deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República.
La Asamblea Nacional podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes. Cualquier modificación posterior de dichas condiciones deberá también ser aprobada por la Asamblea Nacional, previo informe favorable del Ministerio de con competencia en materia de minería y de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional con competencia en materia de minería. Las empresas mixtas que se generen entre el Poder Ejecutivo directamente o las empresas del Estado o sus filiales con las empresas privadas nacionales o extranjeras, se regirán por las disposiciones establecidas en la presente Ley.

Tercero. Se propone suprimir el artículo 127 del Decreto N° 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas.

Cuarto. Se propone suprimir el artículo 130 del Decreto N° 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas.

Quinto. Se propone suprimir el artículo 132 del Decreto N° 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas.

Sexto. Se propone suprimir el artículo 134 del Decreto N° 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase a continuación en un solo texto la Ley de Minas, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.382 Extraordinario de fecha 28 de septiembre de 1999, con las reformas aquí sancionadas y en el correspondiente texto íntegro y corríjase donde dice “Ministerio de Energía y Minas” por “ministerio con competencia en materia de minería”.

Según lo establecido en la Exposición de Motivos de este Proyecto de Ley de Reforma Parcial, ¿Considera usted que el otorgamiento de las Concesiones Mineras, así como sus modificaciones, deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, por tratarse de interés público? *
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