La persona abajo firmante, D, Dª..................................................................................con DNI nº..........................................., NRP....................., personal funcionario de la Administración Pública de la Región de Murcia con destino actual en.......................................................................................,  

y dirección a efectos de notificación en................................................................................................,

 

 

EXPONE

 

Que mediante Real Decreto-Ley  20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE, 14 de julio de 2012. entrada en vigor día 15 de julio del mismo mes), el Gobierno Central ha modificado mis retribuciones brutas anuales correspondientes a 2012, mediante “la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes” del mes de diciembre de 2012 (artículo 2.1, RDL 20/2012) medida que conculca  derechos fundamentales.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

PRIMERO.- Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

 

El  Real Decreto-Ley  20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad entró en vigor el 15 de julio de 2012, pues en ningún caso se ha regulado, como es evidente por la ilegalidad que supone, disposición alguna con respecto al momento en que comienzan a desplegarse los efectos de la medida. Siendo así se ha aplicado una medida restrictiva de derechos con carácter retroactivo, cuestión que, como bien debería conocer la Administración, es radical y flagrantemente inconstitucional. Procede recordarles la literalidad del artículo 9.3 de la Constitución Española  “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. Debe en este punto igualmente traer a colación lo establecido en el artículo 2.3 del Código Civil , que señala que “Las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”, de manera que si no establecen expresamente la retroactividad, habrá de entenderse que no tendrá efecto retroactivo.

 

En este sentido, la STC 99/1987 (FJ 16) deja absolutamente claro que se produce una violación del art. 9.3 CE cuando una norma jurídica posterior “incide sobre «relaciones consagradas» y «afecta a situaciones agotadas»; lo que se prohíbe en el art. 9.3 es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores”. En el mismo sentido, vid. STC 108/1986, de 29 julio, y STC, 199/1990, de 10 diciembre 1990.

 

SEGUNDO.- La Ley 7/2002, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

 

Igualmente, en relación con el derecho al abono de las retribuciones legalmente reconocidas al colectivo de empleados públicos, el artículo 22 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2002, recoge entre las retribuciones básicas las pagas extraordinarias señalando que estas serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad las retribuciones complementarias. Sin embargo, curiosamente, si acudimos a las disposiciones derogatorias del Real Decreto Ley 20/2012 no encontramos donde queda derogado el citado precepto, así pues nos encontramos con la paradoja de que el artículo 2 del citado Real Decreto Ley habilita a la Administración a no abonar la paga extraordinaria a sus trabajadores pese a que el derecho subsiste intacto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

 

TERCERO.- Resolución de 20 de enero de 2012 de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2012, sobre retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos autónomos para el año 2012 (BORM, 28 de enero de 2012).

 

La citada Resolución de 20 de enero de 2012, en su punto noveno, determina que “las pagas extraordinarias se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre, y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dichas fechas” añadiendo que “cuando el tiempo de servicios efectivamente prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo de seis meses, entre ciento ochenta y dos (ciento ochenta y tres en años bisiestos) o ciento ochenta y tres días, respectivamente.

 

CUARTO.- Conculcación de derechos y principios que han de regir la actuación de las Administraciones Públicas.

 

El hecho de que la Administración Autonómica, que finalmente es la que debe aplicar el Real Decreto Ley estatal en el momento de abonarme mis retribuciones, no respete mis derechos como trabajador y resuelva en el sentido que se solicita, implica conculcar toda otra serie de principios garantes de nuestros derechos, y los de cualquier ciudadano, tales como el de seguridad jurídica y el principio de confianza legítima.

 

Finalmente, recordarle que me asiste el derecho a la obtención de la información y orientación pertinente para el ejercicio y garantía de mis derechos, no sólo por ostentar un interés legítimo y directo en la cuestión al ser un empleado público, sino igualmente por ser un ciudadano de a pie afectado, como todos, por las medidas adoptadas por el conjunto de los Gobiernos estatales, autonómicos y locales. La falta de información por parte de las Administraciones Públicas de los efectos y consecuencias de las medidas adoptadas me coloca en una situación de indefensión jurídica y constituye una arbitrariedad y abuso de poder por parte de quienes, a la postre, deben ser defensores y garantes de la efectividad del reconocimiento de mis derechos, del mismo modo que yo cumplo escrupulosamente con las obligaciones que contraje desde el día que accedí a la función pública.

 

En virtud de lo anteriormente expuesto,

 

SOLICITO

 

1º. Que, por esa Consejería se dicte una Circular dirigida al conjunto de los empleados públicos de la CARM, mediante la que se informe a los mismos y a las unidades administrativas gestoras de las nóminas, acerca de las reglas que van ser utilizadas en la aplicación del citado RDL.

 

2º. Que dicha Circular se ajuste a los criterios que se han manifestado en el presente escrito, acordes con los principios constitucionales enunciados. Caso contrario, contra los actos de aplicación de la referida norma, se interpondrán en su momento los recursos o acciones que en Derecho procedan.

 

                                                                                                                    Murcia, a 27  de julio de 2012

 

 

                                                                                                                   Fdo:

 

 

 

Sr. Consejero de Economía y Hacienda