1000 mujeres de todo el país piden a la Justicia que les permita abortar legalmente.

1000 mujeres de todo el país, presentaron una acción de habeas corpus preventivo para que el Poder Judicial declare inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria de sus embarazos y, consecuentemente, autorice esta práctica en condiciones de seguridad, gratuidad y plena legalidad.

El habeas corpus preventivo permite amparar a estas mujeres para que en caso de estar embarazadas y decidir  interrumpir  voluntariamente su embarazo, dicha práctica no se realice, como se da en la actualidad, en una situación de clandestinidad, desinformación  y riesgo de vida  materno.

Estas 1.000 mujeres, nucleadas en el Colectivo Juana Azurduy, optaron por realizar esta presentación en el marco del Día Internacional por la Legalización del Aborto, y acompañadas por la Diputada Nacional por Libres del Sur, Cecilia Merchán  -que también suscribió el habeas corpus-, realizaron la misma presentación en jurisdicciones provinciales y en la Capital Federal.

Este habeas corpus preventivo, tiene la particularidad de reunir a centenares de mujeres que en un mismo momento, y mediante el mismo instrumento legal, reclaman el efectivo ejercicio de sus Derechos Fundamentales sin la injerencia arbitraria y selectiva del Derecho Penal.

Las letradas del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, basaron su presentación en una serie de datos de reconocidos organismos nacionales internacionales. Los estudios indican que, además de practicarse 460.000 abortos clandestinos por año en Argentina, cada una de las mujeres de nuestro país interrumpe voluntariamente su embarazo, al menos, en dos oportunidades durante su vida fértil. Más de 78.000 de estas mujeres recurren a los servicios de salud por complicaciones de las prácticas riesgosas para su integridad física, y decenas pierden su vida ante el riesgo de ser criminalizadas por esa práctica.

Las cientos de mujeres que suscribieron la presentación judicial, no se consideran delincuentes y no quieren ser tratadas como tales. Por esta razón el cuerpo legal del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy demostró que la penalización del aborto resulta incompatible con la propia Constitución Nacional y los Derechos Humanos que ella consagra; y que ni siquiera existe una razón valedera desde la teoría penal como para justificar el castigo de una práctica cotidiana que llevan adelante miles de mujeres bajo el riesgo de ser criminalizadas.

La presentación del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy solicita a los jueces que declaren la inconstitucionalidad de los artículos del código penal que criminalizan a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo y, además, piden que se exhorte al Congreso de la Nación para que proceda a compatibilizar la totalidad de la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos con las  fórmulas de una legislación penal absolutamente perimida.