CRONICA

“CARCELAZO ANUNCIADO”

El viernes de la semana pasada ha sido tal vez el peor día en la vida del alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas. Y de paso se convirtió en una de las fechas de más ingrata recordación para su familia, una de las dinastías políticas de mayor tradición en Colombia. El impacto fue tal que solo una hora después de que acabó la audiencia en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, el alcalde Moreno salió de la sala.

Samuel finalmente les dio la cara a las cámaras de los periodistas sobre las seis de la tarde, cuando ya se sabía que el Inpec no lo iba a recluir en La Picota, como inicialmente había pedido el juez de control de garantías, sino en la Estación de Carabineros ubicada en inmediaciones del Parque Nacional. Un sitio no solo con unos alrededores muy agradables, sino, curiosamente, muy cercano a la casa de su madre, María Eugenia Rojas, en Teusaquillo. Con Samuel ya son dos los nietos del general Gustavo Rojas Pinilla en la cárcel por el carrusel de la contratación de Bogotá. El otro es su hermano, el senador Iván Moreno.

Hasta el último momento de la audiencia se mantuvo el suspenso sobre la decisión del juez. Entre otras cosas, por el debate que se ha dado en las últimas semanas en el país sobre la conveniencia o no de detener a los acusados antes de que se surta el juicio. En teoría, en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, si la persona no es un peligro para la sociedad, solo debe ser encarcelada cuando sea condenada. Sin embargo, a Moreno le cayó todo el peso de la justicia, como les ha ocurrido no solo a los otros funcionarios del Distrito implicados en el carrusel de la contratación, como el contralor distrital y la directora del IDU, sino también al exministro Andrés Felipe Arias hace unas semanas y al exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno.

El juez Jorge Polidoro Bernal no ahorró adjetivos para explicar por qué lo mandaba a la cárcel. Dijo que Samuel Moreno representaba "un peligro para la sociedad" porque las conductas en las que habría incurrido son "delitos de cuello blanco" por la cuantía, la gravedad y porque "se trata de personas preparadas y poderosas". Y aunque con un solo argumento bastaba para mandarlo a la cárcel, el juez agregó que Moreno sí podría obstruir la justicia, pues aunque estaba suspendido, seguía siendo alcalde con capacidad para influir en subalternos y contratistas.

Y cuando dijo la frase definitiva -"el juzgado ordena la detención"- de inmediato, varias personas, sobre todo mujeres que en el transcurso de la semana habían asistido con trajes grises acompañando a la esposa del alcalde, rompieron en llanto.

La defensa de Moreno pidió un recurso de reposición, y la audiencia se extendió dos horas más. El abogado volvió a insistir en que se trata de "un montaje" y confirmó que sí hubo un perjuicio a la comunidad, pero, según él, lo causaron los Nule y no Samuel Moreno. Y concluyó con una frase que, por decir lo menos, es difícil de probar: "Es el único funcionario en el país que ha recuperado la plata que los Nule se robaron. No se deje confundir, señor juez".

El juez se tomó una hora para pensarlo y cuando regresó, se ratificó. En lo único en que cambió su posición fue sobre el sitio de reclusión, pues ya no insistió en La Picota, sino "donde lo disponga el Inpec".

Así concluyó uno de los más importantes capítulos del llamado carrusel de la contratación en Bogotá y uno de los escándalos de corrupción más sonados de las últimas décadas en Colombia. No es fácil calcular lo que ha costado: la Fiscalía, en este solo caso, habló de que la ciudad perdió más de 200.000 millones de pesos. Sin embargo, aquí solo se están evaluando tres contratos de los más de 200 frentes de obra que se abrieron en la administración Moreno en la capital del país por un total de 3,5 billones de pesos.