@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com

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PREVARICACIONES DE EXTORSIONADOS. Hacia una nueva Criminología de la extorsión de funcionarios públicos con una propuesta en www.cita.es/prevaricadores-extorsionados.pdf 

Empecé a estudiar Criminología en 1991, y modestamente, creo haber aportado algunas ideas para detectar, evidenciar y denunciar corrupciones mediante Corruptoscopia y Corruptométrica. Sin embargo, no he conseguido convencer, ni siquiera a los más interesados en la Corruptología, de que hay mucho más miedo que avaricia entre quienes se corrompen prevaricando, y mucho más palo que zanahoria en las manos de los corruptores. Quienes prevarican, en sus círculos de confianza más íntimos, pretenden justificarse alegando que no pueden hacer otra cosa que lo que hacen, aunque eso no sea cierto nunca. Ni existe la obediencia debida para prevaricar, ni puede admitirse miedo insuperable, ni coacción o amenaza condicionada o chantaje o nada parecido a una extorsión para justificar una prevaricación, nunca.

Las extorsiones a funcionarios públicos pueden alcanzar a jefes de Estados y presidentes del Gobierno de cualquier país, pero también al menos relevante empleado público que, en un momento dado, tiene la clave que interesa a un corruptor, y por supuesto, los jueces, fiscales, letrados antes secretarios judiciales y abogados del Estado. La extorsionabilidad de quien ejerce un poder administrativo o judicial, explica bien los riesgos y los daños a terceros inocentes, víctimas de sus resoluciones injustas, a sabiendas de que son injustas. Por supuesto que también hay cohechos con dádivas muy diversas, incluyendo favores sexuales, privilegios para familiares (los expedientes académicos y trabajos de algunos  hijos de corruptos evidencian perversas motivaciones para prevaricar, aunque rara vez se denuncien), o cualquier deseo del corrupto que el corruptor pueda satisfacer, pero también hay muy ocultas extorsiones, o chantajes, o coacciones o amenazas condicionadas encubiertas que explican, pero no justifican, ni son atenuantes para enjuiciar las más diversas prevaricaciones y otros delitos contra la Administración.

En todo el mundo, la corrupción de funcionarios públicos merece las más esmeradas investigaciones, pese a los riesgos ciertos que asumen quienes denuncian, o enjuician, corrupciones. La CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, en su Artículo 25, hace expresa referencia al “uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos” pero nada dice del uso del “uso de fuerza física, amenazas o intimidación” contra el funcionario que no acepta “la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales”. En algunas zonas del mundo (hemos estudiado la perversa fenomenología de la ciudad de Trujillo y la Región de La Libertad en el Perú, además de altas instituciones nacionales españolas, o islas como Sicilia, Cerdeña, Lanzarote y Mallorca, observando fenómenos corruptológicos y corruptógenos en toda América y Europa), el control de un único empresario sobre todo funcionario público en su zona de influencia es un cruel juego de palo y zanahoria. En la Policía, la película “Serpico”, de 1973, muestra la complejidad y el riesgo de la lucha contra las corrupciones en “asuntos internos” con Ética y Deontología Policial en Policiología y Metapoliciología. No hay nada que intimide más a un funcionario público que la visita hostil de un policía corrupto, o de un agente de los servicios de inteligencia comisionado para amedrentar a quien no acepta la zanahoria (por ejemplo, en una misión de “control de togas”).

Las estadísticas del delito de prevaricación son muy decepcionantes, tanto en el Poder Judicial, como en la Fiscalía. Es innegable que existe una gran “cifra negra” (delitos cometidos pero nunca denunciados, con muy pocos enjuiciados y tibias condenas firmes por prevaricación, que solamente inhabilitan, de manera que nunca hay prevaricadores en prisión). La jurisprudencia española de la prevaricación no tiene sentados precedentes de prevaricadores extorsionados (a fecha de 24.9.22 hay 20122 resoluciones judiciales que mencionan la palabra “prevaricación” que hemos tratado de filtrar añadiendo la palabra “extorsión” a la búsqueda, obteniendo únicamente 155 resultados, pero ninguno de ellos evidencia que se haya condenado a nadie por extorsionar a alguien que haya prevaricado, s.e.u.o.), aunque hay algunos autos judiciales, como por ejemplo el AJI 23/2021, que parecen motivar la APERTURA DEL JUICIO ORAL en la denominada como “TRAMA EÓLICA” en Castilla y León, considerando expresamente ambos delitos, y en concreto, “Delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, en la redacción vigente en el momento de cometerse los hechos, que castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo” y “Seis delitos de extorsión del artículo 243 del Código Penal que castiga al que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero…”, aunque tampoco queda nada claro si se trató de extorsionar a un funcionario para que prevaricara, en todos y cada uno de esos 6 casos. Las últimas noticias publicadas sobre la “TRAMA EÓLICA” en Castilla y León hacen especialmente interesante su enjuiciamiento, considerando todo esto:

https://ileon.eldiario.es/actualidad/junta-castilla-leon-debe-pagar-fianza-millones-euros-corrupcion-trama-eolica_1_9523272.html 

El exviceconsejero Rafael Delgado, considerado cerebro de la trama por haber dirigido el sistema de autorización de parques que paralizaba la tramitación si las eólicas aspirantes no se asociaban con empresarios locales recomendados, tendrá que abonar una fianza de 342,6 millones en concepto de multas y responsabilidad civil, esta última compartida con el que fue director general de Energía y Minas de la Junta entre 2003 y 2007, Manuel Ordóñez Carballada, a quien el juzgado exige 7,8 millones, otros 11,2 millones también Ordóñez y tres cargos de Iberdrola Ricardo Bravo Sayas, Rafael Icaza de la Sota y Pedro Barriuso Otaola. Delgado se enfrenta a una petición de penas que suman 42 años de prisión por presuntos delitos continuados de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, blanqueo de capitales y, alternativamente, tres delitos contra la hacienda pública, y negociaciones prohibidas a funcionarios. Según el fiscal anticorrupción, Delgado actuó siguiendo las instrucciones del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva (que fue imputado si bien su responsabilidad penal se extinguió con su repentino fallecimiento), junto con el responsable de Iberdrola, Ricardo Bravo, con quien ideó el plan para “exigir ilegalmente a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización que cedieran o permitieran la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización, participación que requería ser próxima al 40 por ciento”. El juez, deja claro en el auto que Delgado “no es el único” autor intelectual.

Por la cita textual anterior, parece ser que en la “TRAMA EÓLICA” de Castilla y León existe, al menos, un presunto prevaricador, que, además de cometer él mismo varios delitos, presuntamente extorsiona a otros funcionarios, es decir que un alto cargo de la Administración puede coaccionar extorsionando con la amenaza de dictar resoluciones injustas a sabiendas de que son injustas en perjuicio del funcionario extorsionado, pero también de todos los que deben afrontar las consecuencias. En este sentido, la Fiscalía debería precisar si hubo o no algún funcionario extorsionado para que prevaricara y si quien extorsionó se prevaleció de su superioridad en la Administración.

La inteligencia de los fiscales que se encuentren con prevaricadores que han sido extorsionados debe hacerles denunciar al extorsionador aplicando el art. 171.3 del Código Penal (1. Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior. 2. Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años, si ha conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido, y con la de cuatro meses a dos años, si no lo consiguiere. 3. Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito el ministerio fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados).

Tanto el art. 171.3, como cuanto pueda conformarse con cada prevaricador extorsionado, debe servir para acusar al extorsionador del funcionario. No conocemos claros ejemplos de ello. Nuestra propuesta consiste en que la fiscalía ofrezca al prevaricador conformar si delata a su extorsionador. Nosotros podemos y queremos hacer dictámenes “AD HOC” para ello.

REFERENCIAS de interés sobre extorsiones y prevaricaciones

https://www.cita.es/extorsiones-noticiosas.pdf 

https://www.google.com/search?q=EXTORSIONES+site%3Acita.es+%7C+site%3Amiguelgallardo.es 

HABEAS EXTORSIO ¿Hay extorsión? Derechos del extorsionado

https://www.miguelgallardo.es › extorsionado

PDF 22 abr 2022 — denunciar la comisión de algún delito el ministerio fiscal podrá, para ... 171.3 de Código Penal, pero sin confiar en absoluto en ningún.

Extorsiones y extorsionología pericial forense de la ... - CITA

https://www.cita.es › extorsiones

Hacia la victimología de los chantajeados por “extorsionoscopia”

Gmail - Excepcional exceptuado y excepcionología forense … CITA

https://www.cita.es › excepcionologia-forense

2019 - 2018 - Extorsionabilidad, extorsionistas y extorsionología pericial forense. Hacia la victimología de los chantajeados por “ extorsionoscopia 

https://www.cita.es/prevaricaciones-noticiosas.pdf 

https://www.google.com/search?q=prevaricaci%C3%B3n+site%3Acita.es+%7C+site%3Amiguelgallardo.es 

PREVARICACIÓN - CITA

https://cita.es › prevaricacion

Existe también delito de prevaricación en comisión por omisión, según la Sentencia del Tribunal Supremo STS 674/1998, de 9 de junio, de la que fue ponente el ..

Delitos y faltas de Letrados de la Administración de Justicia ...

http://www.miguelgallardo.es › delitos-faltas-letrados

PDF pero no está nada claro si la prevaricación que pueda cometer un LAJ es judicial o administrativa y solamente intentar clarificarlo puede agotar el breve plazo ...

DELITOS y FALTAS de notarios y empleados de notarías en ...

https://cita.es › delitos-notariales

PDF DELITOS y FALTAS de notarios y empleados de notarías en España desde perspectivas de la Criminología, Criminalística y Deontología.

VÁSQUEZ, Cesar Augusto Torres. CORRUPCIÓN POLÍTICA. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA, 2015, p. 29

SÁNCHEZ BLANCA, Juan Manuel. LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS: PREVARICACIÓN. 2016.

SEÑA, Jorge F. Malem. La corrupción: algunas consideraciones conceptuales. Illes i imperis, 2014

CASTILLO, Arturo Miguel Chípuli. Corrupción y Derechos Humanos. Letras jurídicas: revista de los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas UV, 2019, no 39, p. 237-240.

TREJO FUENTES, Luis Antonio. Corruption and Inequality in the European Union. Revista de Estudios Sociales, 2010, no 37, p. 106-120.

CORREA FREITAS, Rubén. Los principios fundamentales de la ética en la función pública uruguaya. Revista de la Facultad de Derecho, 2020, no 49.

FERIA QUEVEDO, Julio Parcemon. Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre el delito de extorsión en grado de tentativa, en el expediente N° 05102-2015-97-2005-JR-PE-01, del distrito judicial de Piura–Piura. 2019.

Hacemos dictámenes periciales “AD HOC” para combatir las  PREVARICACIONES DE EXTORSIONADOS. Hacia una nueva Criminología de la extorsión de funcionarios públicos con una propuesta en www.cita.es/prevaricadores-extorsionados.pdf 

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com

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prevaricación Del lat. praevaricatio, -ōnis.

1. f. Der. Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta.

prevaricar Del lat. praevaricāri.

1. intr. Der. Cometer el delito de prevaricación. 2. intr. Cometer cualquier otra falta menos grave en el ejercicio de un deber o función. 3. intr. coloq. desvariar (‖ decir locuras). 4. intr. desus. Hacer prevaricar.

Conjugación de prevaricar

extorsión Del lat. extorsio, -ōnis.

1. f. Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. 2. f. Trastorno o perjuicio.

extorsionar 1. tr. Hacer extorsión a alguien o algo.

Conjugación de extorsionar

Algunos casos de presuntas prevaricaciones que denunciamos aprendiendo

cnmc-consulta-apedanica.pdf - CITA

http://www.cita.es › cnmc-consulta-apedanica

PDF APEDANICA investiga sobre corruptología, corruptoscopia y corruptométrica entendiendo que la corrupción afecta directamente, y con gran intensidad…

https://cita.es/aepd-prevaricaciones.pdf 

https://cita.es/aepd-delictiva/

https://cita.es/negociaciones/prohibidas/

https://www.cita.es/aepd-google-fiscal.pdf

https://www.miguelgallardo.es/demanda-malversada-censuradora.pdf 

https://www.cita.es/cnmc-jg.pdf

https://www.cita.es/denuncia-penal-icam.pdf 

https://www.miguelgallardo.es/denuncia-honorarios-icam.pdf 

https://www.miguelgallardo.es/recurso-icam-penal.pdf

https://www.miguelgallardo.es/denuncia-turno-de-oficio.pdf 

https://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf 

https://www.miguelgallardo.es/reforma-malversa.pdf 

Hiperenlaces www.cita.es/apela-malversa y miguelgallardo.es/apela-malversa.pdf 

hiperenlaces en www.cita.es/imputa-rector y www.miguelgallardo.es/imputa-rector.pdf 

anterior a INFORME en www.cita.es/informe-jmv y www.miguelgallardo.es/informe-jmv.pdf 

antes por DOCUMENTO en www.cita.es/alzada-jmv y www.miguelgallardo.es/alzada-jmv.pdf 

DILIGENCIAS en www.cita.es/diligencias-jmv y www.miguelgallardo.es/diligencias-jmv.pdf

RECURSO en www.cita.es/recurso-jmv y www.miguelgallardo.es/recurso-jmv.pdf 

QUERELLA en www.cita.es/querella-jmv y www.miguelgallardo.es/querella-jmv.pdf 

https://www.cita.es/prevaricadores-extorsionados.pdf

https://www.linkedin.com/posts/dr-ing-miguel-%C3%A1ngel-gallardo-ortiz-phd-40b22916_prevaricaciones-de-extorsionados-hacia-una-ugcPost-6979606865303191552-SSTh?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

https://twitter.com/miguelencita/status/1573842215226560513

Hacemos dictámenes periciales “AD HOC” para combatir las  PREVARICACIONES DE EXTORSIONADOS. Hacia una nueva Criminología de la extorsión de funcionarios públicos con una propuesta en www.cita.es/prevaricadores-extorsionados.pdf 

Pónganos a prueba. Es lo que se hace con los peritos.

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