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COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Resolución 6/2018, de 22 de enero

COMIS.GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INF.PÚB.

Número de expediente de la reclamación: 386/2017. Administración reclamada: Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. Información reclamada: Desglose anual de gastos y facturas con cargo a las aportaciones económicas a los grupos políticos desde el año 2011 al 2016. Sentido de la resolución: Estimación. Resumen: La GAIP ha solicitado al Ayuntamiento de L'Hospitalet que, de acuerdo con el artículo 34.1bis RGAIP, notifique a los grupos municipales afectados la presentación de la reclamación, a fin de que puedan formular alegaciones, que se han tenido en cuenta y se valoran en esta Resolución. La información relacionada con el destino dado a estas aportaciones por parte de los grupos políticos perceptores es información relevante para la finalidad de la transparencia, en la medida en que, por un lado, pone al alcance de la ciudadanía la información necesaria para el control de legalidad del destino dado a estos recursos finalistas, y, por otro, permite el control ciudadano de oportunidad de los gastos realizados con cargo a estos recursos púbicos, de forma que pueda formase una opinión crítica de la actuación de sus representantes políticos en el Ayuntamiento, que puede incidir incluso en la determinación de su voto en el futuro. Los grupos políticos municipales, a diferencia de los partidos políticos, no tienen personalidad o entidad diferenciada del Ayuntamiento, sino que son una fórmula organizativa interna de los Ayuntamientos creada con la finalidad de facilitar la relación y la participación de los electos de una misma lista electoral en los órganos municipales, de acuerdo con criterios de proporcionalidad. A esta falta de personalidad no se le puede oponer el hecho de que los grupos políticos municipales puedan disponer de NIF, ya que esta identificación fiscal no va ligada a la personalidad jurídica sino al hecho de ser obligados tributarios, de acuerdo con el artículo 35.2 de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria. La justificación del gasto de las aportaciones económicas a los grupos políticos municipales es información pública, aunque no esté materialmente en manos de los órganos municipales, considerando que el Pleno tiene la potestad de exigirla y obtenerla de los grupos municipales, por habilitación expresa del artículo 73 LBRL. El derecho de acceso debe prevalecer sobre el derecho a la protección de datos personales de los y las concejales, de manera que no deben eliminarse de la documentación y de la contabilidad relativa a los gastos realizados con cargo a las dotaciones del grupo político municipal, considerando que estos fondos finalistas han de estar imputados a su actividad como concejal -especialmente sometida al escrutinio público en un escenario de transparencia- y que el amplio margen de discrecionalidad de que disponen para la utilización de estos recursos públicos justifica ampliar proporcionalmente las posibilidades de controlarlos; sin embargo, en relación con los datos personales de terceras personas físicas que aparezcan, deberán anonimizarse de las facturas y documentación justificativa de los gastos, al no ser relevantes para la finalidad de control del gasto realizado por los grupos municipales, pero manteniendo la referencia concreta al concepto y cuantía de cada gasto. Debe remarcarse la necesidad de que las leyes anteriores a la legislación de transparencia se interpreten a la luz de esta nueva regulación; otra cosa supondría vaciar de

manera injustificada el caudal de información a la que se puede acceder a raíz de la legislación de transparencia, con el fútil pretexto de que no estaba previsto en una norma que es anterior a su promulgación. La GAIP, en ejercicio de la función de orientación a los sujetos de obligaciones de publicidad activa que le atribuye el artículo 7.2.1 RGAIP, considera que las aportaciones económicas a los grupos políticos deben ser tratadas como subvenciones incluidas en el régimen de publicidad activa previsto en el artículo 15 LTAIPBG.

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A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Palabras clave: Ayuntamiento, Grupos municipales. Subvenciones. Resolución contra estimación parcial. Información pública. Límites. Protección de datos personales. Traslado. Alegaciones. Publicidad activa. Función orientativa. Ponente Elisabet Samarra i Gallego.

Antecedentes

1.

COMIS.GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INF.PÚB.

El 28 de agosto de 2017 tiene entrada en la GAIP la Reclamación 386/2017, presentada contra el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat en relación con la solicitud de información indicada en el antecedente siguiente, que fue estimada parcialmente. La persona reclamante no solicita seguir el procedimiento de mediación previsto en el artículo 42 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) y regulado por los artículos 36 a 41 del Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (RGAIP). La solicitud de información que ahora se reclama, de fecha 11 julio de 2017, tenía por objeto la información siguiente: "desglose de los gastos por año, facturas incluidas, del destino del dinero percibido por cada uno de los grupos políticos del año 2011 en el año 2016". El 12 de septiembre de 2017, la GAIP comunica a la Administración la presentación de la reclamación y le pide que, dentro del plazo de diez días, le envíe el expediente y un informe que recoja su posicionamiento; igualmente, y considerando que el acceso a la información afecta al derecho de terceras personas, pide al Ayuntamiento que le informe sobre si ha realizado el trámite de traslado previsto al artículo 31 LTAIPBG y su resultado. En la misma fecha, la GAIP comunica a la persona reclamante que se admite provisionalmente a trámite la reclamación, identifica a la persona responsable de su tramitación y le indica los próximos trámites que se seguirán así como los datos de contacto electrónico, por si quiere hacerle seguimiento.

4.

El 14 de septiembre de 2017, la persona reclamante concreta el objeto de la reclamación en la información que no le ha sido proporcionada, de la manera siguiente: "falta el destino del dinero y la justificación con facturas".

El 27 de septiembre de 2017 el Ayuntamiento envía a la GAIP el expediente solicitado. Consta en él un informe jurídico previo a la resolución de la solicitud en el que se justifica la estimación de la información entregada por la Intervención General, consistente en el detalle de las asignaciones económicas percibidas por los grupos municipales de parte del Ayuntamiento, considerando que no contiene datos personales ni resulta afectada por ningún límite en el acceso. En la información que el Ayuntamiento facilita a la persona reclamante, anexa a la Resolución, constan las diferentes aportaciones anuales realizadas a los diferentes grupos políticos correspondientes a los años 2004 a 2016, desglosada por los conceptos siguientes: el número de concejales, la asignación por grupo, la

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7.

asignación por concejal y la aportación total anual para cada grupo municipal, así como el total de aportaciones. El 26 de octubre de 2017, la GAIP pide al Ayuntamiento de L'Hospitalet que de acuerdo con el artículo 34.1bis RGAIP, notifique a los grupos municipales afectados la presentación de la reclamación, a fin de que puedan formular alegaciones, y seguidamente informa a las partes de la suspensión del plazo para resolver mientras dure este tramite.

El 9 de noviembre de 2017 el Ayuntamiento informa a la Comisión que entre los días 31 de octubre y 3 de noviembre ha trasladado la reclamación y la documentación relativa a la solicitud de acceso a los grupos municipales que actualmente tienen representación en el Ayuntamiento. Entre el 13 y el 21 de noviembre los grupos municipales que a continuación se indican se ponen en contacto con la GAIP aportando la información siguiente y/o haciendo las alegaciones que acto seguido se reproducen:

El Grupo Municipal de Ciudadanos aporta la relación y copia de las facturas pagadas por el grupo correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 (anteriormente no tenían representación municipal).

a.

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El Grupo Municipal de la CUP-Pueblo Activo comunica que depositó en el Ayuntamiento toda la documentación reclamada, en lo referente al año 2016. Hace constar que no recibió ninguna aportación durante el año 2015 y, en cuanto a la información del año 2017, no se aporta considerando que no se dispone de ella todavía, al no haber finalizado el año. Aporta también un documento donde consta el desglose de ingresos públicos y gastos del grupo municipal del año 2016. Unos días más tarde, el grupo municipal se dirige de nuevo a la Comisión con el fin de informarle de que el Ayuntamiento les ha devuelto la documentación depositada indicándoles, que, si lo consideran oportuno, la envíen directamente a la GAIP, cosa que les parece inconveniente hacer por correo electrónico, pero que se ofrecen a facilitar si así se lo pide la GAIP.

EI Grupo Municipal del PSC no aporta la información y hace la alegación siguiente: “Durante los años 2011 a 2016 el Pleno de la Corporación ha dotado en los diferentes grupos municipales que lo componen de una asignación económica según la previsión del artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Esta asignación económica forma parte del Cartapacio municipal. No le consta al Grupo que suscribe este escrito que en los años 20112016 el Pleno –único órgano legalmente facultado para solicitarla según lo previsto en el artículo antes citado- exigiera la contabilidad específica a los grupos municipales que componen el Consistorio. No obstante, los comunicamos que la asignación económica recibida se ha destinado a sufragar los gastos de funcionamiento del Grupo municipal y no ha sido destinada al pago de retribuciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación así como tampoco a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial."

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En la misma línea, el Grupo Municipal del PP formula la alegación siguiente: “Durante los años 2011 a 2016 el Pleno de la Corporación nos ha dotado, en los diferentes grupos municipales que lo componen, de una asignación económica según la previsión del artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que Regula las Bases de Régimen Local. Esta asignación económica está establecida en el Cartapacio municipal. A este portavoz y a la actual dirección del Grupo que suscribe este escrito, no le consta que los años 2011-2016, el Pleno, que es el órgano legalmente facultado para solicitarla, según lo previsto en el artículo 73.3 antes citado, exigiera la contabilidad específica a los grupos municipales que componen el Consistorio. No obstante les comunicamos que la actual dirección del grupo y por lo tanto este portavoz, que asumieron esta responsabilidad a partir del uno de junio de 2016, de los importes recibidos como asignación del grupo durante los siete meses del 2016 no ha hecho uso de los mismos”.

El Grupo Municipal de ERC aporta las cuentas justificativas de los gastos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 (antes no tenían representación) donde se hacen constar los ingresos, los gastos clasificados por conceptos y los extractos bancarios.

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10.

El 4 de diciembre la GAIP pidió informe la Autoridad Catalana de Protección de Datos de Cataluña (APDCAT) en relación con la conformidad a la legislación de protección de datos personales del acceso a esta información, a raíz de una reclamación de información de contenido idéntico a ésta, presentada contra el Ayuntamiento de Pallejà. El 9 de enero de 2018 la APDCAT dictaminó en relación con la consulta planteada para el GAIP, lo siguiente: "La normativa de protección de datos no impide el acceso del reclamante a la información sobre las cuantías abonadas por la corporación a los diferentes grupos políticos municipales. Tampoco impediría el acceso a la información sobre los diferentes conceptos de gasto realizado por estos grupos y las cuantías destinadas a cada uno de ellos, incluyendo el hecho de que alguno de estos gastos pueda vincularse con un concejal determinado", aunque recomienda la anonimización de la información personal que pueda aparecer a la documentación justificativa de los gastos relativa a terceras personas ajenas al grupo.

Fundamentos jurídicos

1. Competencia de la GAIP y admisibilidad de la Reclamación.

El artículo 39.1 LTAIPBG establece que las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública pueden ser objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la GAIP. La reclamación reúne los requisitos formales establecidos por la LTAIPBG y por el RGAIP y, por lo tanto, es admisible a trámite.

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2. Sobre el objeto de la reclamación

De acuerdo con los antecedentes, el Ayuntamiento ya ha facilitado, con carácter previo a la reclamación, la información relativa en las aportaciones que los grupos municipales han recibido del Ayuntamiento, y por lo tanto, la reclamación tiene por objeto únicamente la parte no satisfecha de su solicitud, que conforme al antecedente 4 es la información sobre "el destino dado por los grupos municipales a las aportaciones recibidas del Ayuntamiento y las facturas que lo justifiquen". Se trata, pues, de obtener la relación y la justificación documental de los gastos realizados con cargo a las aportaciones recibidas por los grupos

municipales de su Ayuntamiento.

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Las aportaciones económicas a los grupos políticos o grupos municipales están muy escasamente reguladas en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), que prevé que se les asigne una dotación económica compuesta de un tanto fijo común para todos los grupos, y una cantidad variable en función del número de concejales que lo componen. Se trata de

asignaciones que tienen como objetivo financiar el funcionamiento del grupo, con la interdicción legal de ser destinadas a retribuir personal de cualquier tipo al servicio de la corporación, o a adquirir bienes de carácter patrimonial. En la misma línea, el artículo 50.8 del Texto Refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril (TRLMRLC) hace referencia a este carácter finalista al establecer que "el municipio, de acuerdo con el Reglamento orgánico y en la medida de sus posibilidades, tiene que poner a disposición de los grupos los medios necesarios para poder llevar a cabo sus tareas."

Estas dotaciones económicas, pues, deben ser destinadas a cubrir los gastos de funcionamiento del grupo y su actividad, de manera que la atribución de estos recursos a otras finalidades sería ilegal, especialmente la destinación de estos recursos a la retribución de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación (incluidos los propios concejales) o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Así, la jurisprudencia ha declarado la nulidad de los presupuestos municipales o de los reglamentos orgánicos municipales que preveían que estas dotaciones se destinaran a mejorar la retribución, por cualquier concepto, de los concejales de los grupos o de los concejales no adscritos a ningún grupo municipal, por ejemplo (STS de 3 de julio de 2012, ECLI:ES:TS:2012:5493). De acuerdo con ello, a pesar de la discrecionalidad con que el grupo municipal puede administrar estas aportaciones dentro de los límites de la finalidad legalmente establecida, la gestión de estas aportaciones está sometida a control de legalidad (incluso por la jurisdicción contable) y a la eventual exigencia de responsabilidad de sus administradores.

Considerando lo expuesto, la información relacionada con el destino dado a estas aportaciones por parte de los grupos políticos perceptores es información relevante para la finalidad de la transparencia, en la medida en que, por un lado, pone al alcance de la ciudadanía la información necesaria para el control de legalidad del destino dado a estos recursos económicos de origen público; y, por otro, permite el control ciudadano de

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oportunidad de los gastos realizados con cargo a estos recursos púbicos, de forma que pueda formase una opinión crítica de la actuación de sus representantes políticos en el Ayuntamiento, que puede incidir incluso en la determinación de su voto en el futuro. Un control ciudadano, finalmente, que en el contexto de la transparencia es muy relevante facilitar y garantizar, considerando que el uso de estos fondos escapa de los mecanismos ordinarios de control, como la fiscalización de la intervención municipal (a no ser que el Reglamento orgánico municipal prevea otra cosa, cosa que no es nada común) y que, aunque la legislación de régimen local atribuya al Pleno la potestad de control, lo cierto es que en la inmensa mayoría de los casos el Pleno está haciendo dejación de estas funciones.

El interés público en la divulgación de esta información, pues, es indudable. Habrá que ver, sin embargo, y a eso se dedicarán los próximos FJ, si las obligaciones de transparencia de la LTAIPBG se proyectan sobre la gestión de estos recursos por parte de los grupos políticos municipales.

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3. Sobre el derecho de acceso a la información reclamada El derecho de acceso se proyecta, de acuerdo con el artículo 2.5 LTAIPBG, sobre toda la información "elaborada por la Administración y la que ésta tiene en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones", a menos que resulte afectada por algún límite. En este caso, el FJ4 analizará la limitación del acceso que pueda derivar de la protección de datos personales.

Hay algunos aspectos del caso de que pueden proyectar sombras sobre la naturaleza de información pública del objeto de esta reclamación: que se trata de información contable de los grupos municipales (y no de la contabilidad del Ayuntamiento como tal); que el Pleno de la Corporación no la ha reclamado, por lo que no la posee materialmente; y aún, si puede considerarse que concurre el requisito de preexistencia de la información a la solicitud de acceso. Seguidamente se analizan estas cuestiones.

a) Sobre la personalidad de los grupos municipales

En relación con la primera de las cuestiones, hay que evaluar si el grupo político municipal puede ser englobado dentro del término "administración" del artículo 2.6 LATIPBG, o no, y la respuesta debe ser afirmativa, considerando los argumentos que acto seguido se exponen.

Los grupos municipales no tienen una personalidad jurídica propia y diferenciada del Ayuntamiento, sino que son una fórmula organizativa pensada para facilitar la relación de los electos de una misma lista electoral con los órganos municipales. Concretamente, el artículo 50.1 del Texto Refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril (TRLMRLC) prevé que se constituyan “para el mejor funcionamiento de los órganos de la corporación", y el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) prevé su creación "a los efectos de su actuación corporativa". En el mismo sentido, el artículo 23 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización,

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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales (ROF) prevé que se agrupen los electos en grupos “a efectos de su actuación corporativa”. Finalmente, la jurisprudencia también es clara en considerarlos no como sujetos diferenciados titulares de derechos u obligaciones propias, sino como soluciones organizativas de carácter interno destinadas a facilitar el ius in officium de los electos. Así, el Tribunal Constitucional habla de un "derecho-deber de los concejales de estar adscritos a un grupo político” para la finalidad "de organización grupal del trabajo corporativo" (STC 30/1993, de 15 de enero) y el Tribunal Supremo de "un elemento organizativo de la estructura de los órganos de gobierno del municipio que se constituye como vía o como medio esencial para que los representantes populares que forman parte de las respectivas corporaciones participen en la actividad democrática de estas” (STS 15584/1994 - ECLI: ES:TS:1994:15584)

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Los grupos políticos municipales, pues, y a diferencia de los partidos políticos, no tienen personalidad o entidad diferenciada del Ayuntamiento, sino que son una fórmula organizativa interna de los Ayuntamientos creada con la finalidad de facilitar la relación y la participación de los electos de una misma lista electoral en los órganos municipales, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, y como tales, gestionan la titularidad de los derechos colectivos de los electos locales. Conforme a ello, se les reconoce una cierta entidad a la hora de ejercer las actividades de control y seguimiento de la acción del gobierno municipal (pueden presentar preguntas, mociones, ruegos, e incluso promover una moción de censura, por ejemplo) y singularmente son los titulares de los derechos económicos derivados de la obligación de los Ayuntamiento de proveerlos de medios materiales (espacios o salas) y de una dotación económica que les permita el ejercicio de sus funciones políticas, por más que teniendo en cuenta que la titularidad del núcleo esencial de la función representativa derivada del derecho fundamental a la participación del artículo 23.2 CE no es de los grupos políticos municipales, sino de las personas electas, tal y como resulta de una reiterada y consolidada jurisprudencia constitucional (SSTC 5/1983, y 10/1983), ya que ninguna de las funciones esenciales (participar en la actividad de los órganos de control y en las deliberaciones del Pleno y obtener información, SSTC 169/2009, 20/2011 y 9/2012) se puede ver afectada por la no pertenencia a un grupo político (STC 246/2012). El grupo político municipal es, pues, titular de derechos económicos y de determinados derecho políticos de relevancia constitucional en su relación y participación en los órganos municipales, pero no es titular de las funciones inherentes al núcleo esencial de la función representativa derivada del artículo 23.2 CE (lo son las personas electas), ni tiene personalidad jurídica propia. Ello no se contradice con el hecho de que puedan disponer de NIF, ya que esta identificación fiscal no va ligada a la personalidad jurídica sino al hecho de que son obligados tributarios de acuerdo con el artículo 35.2

de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria.

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Esta falta de personalidad jurídica diferenciada conlleva que difícilmente pueda considerarse que los grupos municipales son entidades ajenas a los Ayuntamientos, especialmente a la hora de controlar el uso de los recursos provenientes de la hacienda local que les han sido asignados. Nada justifica que el acceso a la documentación justificativa de la gestión de estos recursos deba ser inferior al practicable en relación con la gestión económica del resto del Ayuntamiento.

b)

Sobre la posesión de la información y el poder de disponer El artículo 2.b LTAIPBG requiere que la información, para ser pública, esté en poder de la Administración, como consecuencia de su actividad o el ejercicio de sus funciones.

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Considerando que -a no ser que el Reglamento orgánico municipal disponga lo contrario, y en el caso de L'Hospitalet no es así- estos recursos no están sometidos a fiscalización de la intervención, la información que se reclama no forma parte propiamente de la contabilidad municipal. Por otra parte, si el Pleno de la corporación hubiera hecho uso de esta facultad y hubiera ejercido el control del gasto, esta documentación justificativa se habría incorporado al orden del día y ahora formaría parte del acervo documental de este órgano municipal. Pero el hecho es que el Pleno no lo ha requerido y por lo tanto, la información permanece en manos de los grupos municipales. Es necesario, pues, analizar si este hecho puede excluir la información del alcance del derecho de acceso.

El análisis semántico del artículo 2.b LTAIPBG pone de relieve que se habla de información "en poder" y no "en posesión" de la Administración. La posesión es una noción que hace referencia a la disponibilidad material de la información, mientras que "en poder" va más allá de la posesión y abarca también la información que no está materialmente en manos del Ayuntamiento, pero que el Ayuntamiento tiene la potestad o poder para exigir que le sea entregada como consecuencia de su actividad o el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con ello, la documentación relativa a las condiciones de prestación de un servicio público externalizado, por ejemplo, debe ser considerada información pública que puede ser objeto de acceso, con independencia de si está en manos de los contratistas o del Ayuntamiento, considerando que, en todo caso, el Ayuntamiento tiene la potestad de requerirsela cuando sea solicitada. De igual modo, la justificación del gasto de las aportaciones económicas a los grupos políticos municipales es información pública, aunque no esté materialmente en posesión de los órganos municipales, considerando que el Pleno tiene la potestad de exigirla y obtenerla de los grupos municipales, por habilitación expresa del artículo 73 LBRL. Sobre la existencia de la información y su preexistencia en la solicitud de acceso Como ya se ha dicho, la información que se reclama no forma parte propiamente de la contabilidad municipal, pero sin embargo el artículo 73 LBRL establece la obligación del grupo de llevar una contabilidad específica de las aportaciones económicas recibidas, y ponerla a disposición del Pleno de

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la Corporación siempre que éste se lo pida. Por lo tanto, presumiblemente esta información no deberá ser elaborada a raíz de la petición, sino que será preexistente a ella en tanto que debe estar a disposición del Pleno (o de la jurisdicción contable o la autoridad fiscal, en su caso). En la medida en que exista y se conserve, pues, esta información debe ser accesible.

No se puede oponer al acceso el hecho de que la aportación al Pleno de esta información no sea preexistente a la solicitud, como parecen apuntar el grupo socialista y el del PP, considerando que la información era preexistente en manos de los grupos y que el poder de disposición de ella por parte del Pleno también lo era. Otra cosa es que, al no haber sido pedida por el Pleno en los mandatos anteriores, no haya constancia en el archivo documental del Ayuntamiento de esta información contable en relación con los grupos políticos que actualmente no tienen representación municipal y que estos grupos hayan desaparecido al no obtener esta representación, de manera que no sea posible pedirla por inexistencia del sujeto que custodiaba la información.

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Finalmente, y para el caso que los grupos actuales no hayan conservado adecuadamente la información o lo hayan destruido una vez finalizado el mandato y la obligación de tenerla a disposición del Pleno, el derecho de acceso tampoco podrá satisfacerse por inexistencia de la información, que deberá ser certificada, ello sin perjuicio de las eventuales responsabilidades en que puedan incurrir los gestores por la negligencia en la conservación documental ante eventuales actuaciones de la jurisdicción contable o de la autoridad fiscal.

4. Sobre el acceso a las facturas y la protección de datos personales. La GAIP, como resulta de los antecedentes, ha pedido a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) que emita informe sobre la conformidad y adecuación del acceso a la legislación de protección de datos personales. El informe de la APDCAT (AJ: IAI 46/2017) hace referencia a una Reclamación (424/2017) presentada contra otro Ayuntamiento, el de Pallejà, pero considerando que la información que se pide es la misma y que son idénticas las consideraciones o elementos de ponderación aplicables al caso, su dictamen se tiene en consideración en este procedimiento de reclamación.

La APDCAT, en la ponderación entre el derecho de acceso y el derecho a la protección de datos, tiene en cuenta y deja constancia expresa de la relevancia de esta información a los efectos de la transparencia y para la comprobación del ciudadano de la correcta utilización de los fondos y enjuiciar su gestión. Añade consideraciones sobre los datos de terceras personas físicas que puedan aparecer en las facturas o documentación contable, y la conveniencia de anonimizarlas, en los términos siguientes: “Desde el punto de vista de las terceras personas físicas que eventualmente puedan resultar identificadas en la documentación contable o en las respectivas facturas justificativas de las compras o servicios abonados por parte de los

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grupos políticos, en principio, y a falta de una mayor concreción sobre los motivos por los que se interesa el acceso, hay que tener en cuenta que en principio parece que se trataría de información vinculada a alguna actividad profesional (ya sea como consecuencia de facilitar suministros o de la prestación de servicios) por lo cual la intromisión en la vida privada de estas personas sería mínima, pero no se puede descartar que una relación continuada pueda acabar permitiendo identificar algún tipo de vinculación con determinadas personas o proveedores que, teniendo en cuenta la naturaleza política del grupo municipal puede acabar permitiendo establecer, de forma fundamentada o no, algún tipo de afinidad política.

COMIS.GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INF.PÚB.

Por otra parte, puede parecer un caso análogo a la exposición a que están sometidos los contratistas de la administración, los cuales, por mandato de la LTC [se refiere a la ley de transparencia catalana] están sometidos a un exigente régimen de publicidad activa (art. 13 LTC), pero hay que tener en cuenta que en este caso de lo que se trata no es de controlar a estas terceras personas, sino de controlar el destino de los fondos. Siendo así, el objetivo de transparencia se alcanzaría igualmente sin necesidad de identificar y sacrificar la privacidad de las personas físicas que eventualmente puedan aparecer en el conjunto de documentación afectada. (...) Por aplicación de los principios de proporcionalidad o de minimización en el tratamiento de los datos se considera que el eventual acceso a la documentación solicitada no tendría que incluir información que permita identificarlas. Conviene recordar que el anonimización tendría que ser siempre la primera medida a tener en cuenta ante el eventual acceso a información personal afectada por el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos. Sería suficiente pues aportar información sobre los conceptos.

Con respecto a la información que pueda afectar a los concejales miembros del grupo, si la información se da sin facilitar el detalle de eventuales gastos de representación (comidas, viajes, alojamientos realizados en el si de las actividades inherentes de los grupos políticos), el grado de injerencia sobre la privacidad del concejal o concejala sería muy menor y sería sin duda respetuoso con el principio de minimización de los datos. No obstante, en caso de que se trate de gastos que consten como imputables a la actividad de un determinado concejal la normativa de protección de datos no impediría el acceso a esta información. Desde el punto de vista del concejal o concejala que pueda resultar afectado, hay que tener en cuenta que estas personas ejercen cargos públicos, disponen y hacen uso, con un ancho margen de discrecionalidad, de dinero público que tendría que ir destinado a cubrir gastos de funcionamiento del grupo del que forman parte, y por lo tanto vinculadas a la finalidad pública que persiguen. La necesidad de control de este margen de discrecionalidad en relación con la utilización de fondos públicos, puede justificar el acceso a esta información”.

Hechas estas precisiones y en estas condiciones, la APDCAT concluye que "la normativa de protección de datos no impide el acceso del reclamante a la información sobre las cuantías abonadas por la corporación en los diferentes grupos políticos municipales. Tampoco impediría el acceso a la información sobre los

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diferentes conceptos de gasto realizado por estos grupos y las cuantías destinadas a cada uno de ellos, incluyendo el hecho de que alguno de estos gastos pueda vincularse con un concejal determinado."

De acuerdo con lo expuesto, el derecho de acceso debe prevalecer sobre el derecho de acceso a la protección de datos personales de los y las concejales, de manera que no deben eliminarse de la documentación y de la contabilidad relativa a los gastos realizados con cargo a las dotaciones del grupo político municipal, considerando que estos fondos finalistas han de estar imputados a su actividad como concejal —especialmente sometida al escrutinio público en un escenario de transparencia- y que el amplio margen de discrecionalidad de que disponen para la utilización de estos recursos públicos justifica ampliar proporcionalmente las posibilidades de controlarlos; sin embargo, en relación con los datos personales de terceras personas físicas que aparezcan, deberán anonimizarse de las facturas y documentación justificativa de los gastos, al no ser relevantes para la finalidad de control del gasto realizado por los grupos municipales, pero manteniendo la referencia al concepto y cuantía de cada gasto. Ello sin perjuicio que el resultado de la ponderación pueda ser favorable al acceso en otro caso concreto, si queda suficientemente justificado.

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5. Sobre las alegaciones efectuadas por los afectados La GAIP, de acuerdo con el artículo 34 RGAIP, pidió la colaboración del Ayuntamiento de L'Hospitalet para trasladar la reclamación a los grupos políticos que resultaban afectados. El Ayuntamiento lo hizo a los grupos actualmente representados en el Ayuntamiento y, de ellos, el grupo socialista y el grupo del PP han coincidido literalmente en señalar que no les consta que en los años 2011-2016 "el Pleno –único órgano legalmente facultado para solicitarla según lo previsto en el artículo antes citado- exigiera la contabilidad específica en los grupos municipales que componen el Consistorio". Seguidamente, el grupo socialista afirma que la asignación económica recibida se ha destinado a sufragar los gastos de funcionamiento del Grupo municipal y no ha sido aplicada al pago de retribuciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación así como tampoco a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Niega, pues, que haya sido aplicada a ninguna de las finalidades expresamente prohibidas por la legislación de régimen local, sin ninguna otra consideración sobre la oposición a que la persona solicitante pueda acceder al detalle de la documentación justificativa contable que reclama. En cuanto al grupo del PP, después de hacer idéntica invocación a la de grupo socialista sobre la la facultad exclusiva del Pleno para solicitar esta información y la falta de constancia de que lo haya hecho, informa que "la actual dirección del grupo y por lo tanto este portavoz, que asumieron esta responsabilidad a partir del uno de junio de 2016" no ha hecho uso de los importes recibidos como asignación del grupo. Hay que decir en relación con esta afirmación que, con independencia de que sus responsabilidades como administrador de estos fondos empiecen el uno de junio de 2016, si en los archivos del grupo consta la documentación contable que se solicita deberá aportarla, y si no, certificar su inexistencia.

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ORSO

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El resto de grupos políticos afectados (Ciudadanos, ERC y CUP-Pueblo Activo) no formulan ninguna oposición al acceso y aportan la documentación. En relación con la argumentación vertida por los grupos socialista y del PP, en el sentido de que sólo el Pleno estaría legitimado para pedirles la justificación del destino dado a estas aportaciones, deben hacerse las siguientes consideraciones: en primer lugar, debe remarcarse la necesidad de que las leyes anteriores a la legislación de transparencia se interpreten a la luz de esta nueva regulación; otra cosa supondría vaciar de manera injustificada el caudal de información a la que se puede acceder a raíz de la legislación de transparencia, con el fútil pretexto de que no estaba previsto en una norma que es anterior a su promulgación.

COMIS. GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INF.PÚB.

Pues bien, de la LTAIPBG, así como de la normativa básica estatal LTAIPBGE, no se desprende ni siquiera indiciariamente la voluntad de excluir del régimen de acceso o de publicidad activa las subvenciones que reciben los grupos políticos municipales, sino al contrario, su regulación parte de la premisa de permitir el acceso y el control de la actividad subvencional por el solo hecho de que son recursos de carácter público y, por lo tanto, sus beneficiarios o administradores tienen la obligación de rendir cuentas de ellos a la ciudadanía. Así, se deben publicar todo tipo de subvenciones y ayudas incluso cuando los beneficiarios son personas sin ninguna proyección pública; cuánto más deberán que quedar sometidos a las obligaciones de transparencia los recursos públicos si sus beneficiarios son representantes políticos a los que la legislación de transparencia impone un régimen especialmente favorable a su control y escrutinio.

De acuerdo con lo expuesto, teniendo en cuenta que la legislación de transparencia parte de la premisa de proyectar el derecho de acceso a toda información en poder de las administraciones; considerando que la voluntad del legislador de transparencia es permitir la trazabilidad de los recursos públicos, sobre todo, en su paso por las manos de la administración o de los agentes institucionales; y atendiendo, finalmente, al principio general de preferencia en la aplicación y la interpretación del principio de transparencia establecido en el artículo 7.2 LTAIPBG, no resulta justificada la exclusión de estas aportaciones del régimen general de publicidad activa y acceso a la información establecido por la legislación de transparencia, por más que puedan tener particularidades en la aplicación a ellas del régimen jurídico de las subvenciones o del régimen general de control y fiscalización de las haciendas locales.

En segundo lugar, a raíz de la invocación de la facultad del Pleno de exigir de los grupos que rindan cuentas, debe hacerse la siguiente consideración: el artículo 73.3 LBRL prevé la obligación de los grupos de llevar una contabilidad para justificar ante el Pleno estos gastos, que deberán poner a su disposición "siempre que el Pleno se lo pida”. Se establece, pues, una facultad de control del Pleno que adquiere una importancia primordial, considerando que es el único mecanismo de control ordinario al cual están sometidos estos recursos públicos. En estas condiciones, la falta de actuación del Pleno alegada por el grupo socialista y por el PP al no haber requerido esta documentación a los grupos, a pesar de estar empoderado para hacerlo, no puede justificar que sea excluida del control y del acceso por parte de la

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ciudadanía, sino al contrario, debe interpretarse que a resultas de la legislación de transparencia, el Pleno está impelido a ejercer el control que le otorga el LBRL y no hacer dejación de estas funciones, considerando que su inactividad supone mantener la gestión de estos recursos públicos en un plano opaco y sin control, contrario a los principios de transparencia.

Finalmente, en relación con la alegación del PP justificando que se informe exclusivamente de la nodisposición de los fondos por parte de la nueva directiva del grupo, debe recordarse que el titular del derecho económico y, por lo tanto, quien percibe los recursos, es el grupo político municipal, con independencia de quién lo dirija o represente, y por lo tanto, será necesario que se aporte, si se tiene, información relativa al gasto realizada por el grupo municipal con anterioridad a su condición de portavoz.

6. Sobre la naturaleza jurídica de las aportaciones económicas a los grupos

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Considerando que esta misma información es objeto de diversas reclamaciones contra diversos municipios, y vista la relevancia para la finalidad de la transparencia de ponerla al alcance de la ciudadanía, la GAIP considera adecuado abordar seguidamente el impacto de la legislación de transparencia sobre la gestión de las aportaciones económicas a los grupos políticos municipales, en ejercicio de las funciones de orientación de los sujetos con obligaciones de publicidad activa que le otorga el artículo 7.2.1 RGAIP. Concretamente, se evaluará si estas aportaciones económicas deben entenderse sometidas al régimen de publicidad activa previsto por el artículo 15 LTAIPBG para las subvenciones y ayudas otorgadas por los poderes públicos. En la Resolución 210/2017, de 27 de junio, esta Comisión cuestionó la invocación del incumplimiento del régimen de publicidad activa del artículo 15 LTAIPBG para fundamentar la reclamación de acceso a las aportaciones económicas a los grupos políticos municipales, considerando que "podría ser discutido si tienen naturaleza jurídica subvencional y que, en todo caso, están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, por expresa disposición de su artículo 4.d". Aquella Resolución no profundizó más en la verdadera naturaleza jurídica de las aportaciones económicas a los grupos municipales, considerando que no tenía ningún impacto ni relevancia para el sentido de la Resolución, ya que la persona solicitante de la información era un grupo municipal del mismo consistorio y el régimen de acceso aplicable, en consecuencia, no era el de la LTAIPBG sino el establecido en la normativa de régimen local para los concejales (el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (TRLMRLC) aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril).

Ahora bien, considerando que se han formulado varias reclamaciones de acceso a esta información por parte de ciudadanos contra diversos Ayuntamientos, hay que abordar cuáles son las obligaciones de transparencia de esta información derivadas del LTAIPBG, particularmente si resultan afectadas por la regulación de la transparencia de la actividad subvencional del artículo 15 LTAIPBG, o si deberían añadirse al catálogo de materias de publicidad activa, conforme al artículo 8.1.m LTAIPBG.

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El hecho de que el artículo 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (LGS), excluya de manera expresa de su ámbito de aplicación las aportaciones a los grupos políticos plantea dudas y podría llevar a negar prima facie su condición de subvención y, por lo tanto, que quedaran incluidas en las obligaciones de transparencia de la actividad subvencional del artículo 15 LTAIPBG.

Sin embargo, son muchos los argumentos a favor de su naturaleza subvencional. En primer lugar, estas aportaciones económicas encajan perfectamente en la definición conceptual de subvenciones hecha por el artículo 2 LGS (son aportaciones sin contraprestación directa de los beneficiarios; sujetas a un objetivo o actividad concreta -la actividad ordinaria del grupo- y otorgadas con una finalidad de utilidad pública, como lo es facilitar el funcionamiento y la actividad de los electos dentro de las corporaciones locales). Y, además, encajan también en el ámbito de aplicación subjetivo del artículo 3 LGS (son otorgadas por las administraciones locales). De hecho, la misma LGS se refiere a ellas expresamente como subvenciones al regular su exclusión (4.d LGS: "las subvenciones a los grupos políticos de las corporaciones locales”). Dicho de otra manera, si no fueran subvenciones, no habría necesidad de excluirlas expresamente de la regulación de la LGS en su artículo 4 LGS; simplemente, no estarían dentro del ámbito objetivo de aplicación de la ley por carecer de dicha naturaleza.

COMIS.GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INF.PÚB.

Un segundo argumento, de tipo comparativo, abunda en la sumisión de estas aportaciones económicas, en tanto que subvenciones, a las obligaciones derivadas de la legislación de transparencia. El artículo 4 LGS, que excluye de su ámbito de aplicación las subvenciones a los grupos políticos municipales, excluye de igual manera "las subvenciones previstas por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, y las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de junio, sobre financiación de los partidos políticos" (esta última derogada por la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos). Pues bien, la Administración del Estado, que es quien las otorga a los partidos políticos, está publicando en su portal de transparencia estas subvenciones excluidas de la LGS, invocando de manera expresa que lo hace en aplicación del artículo 8.1.c de la Ley básica 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBGE), que prevé la publicidad activa de las subvenciones y ayudas. Por lo tanto, en relación con las otras subvenciones excluidas del LGS, la Administración general del Estado como poder público otorgante y responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, está interpretando que esta exclusión del régimen del LGS no tiene efectos exclusivos de las obligaciones de publicidad activa de las subvenciones y ayudas, y las publica regularmente en el portal de transparencia del gobierno español.

Finalmente, esta naturaleza subvencional de las aportaciones económicas a los grupos políticos municipales es plenamente aceptada por el Tribunal de Cuentas, que en las actuaciones de fiscalización de estas aportaciones se refiere a ellas como "subvenciones" y remarca su carácter finalista, lejos de la libertad y discrecionalidad en su atribución que pretendían algunos grupos municipales o de la ambigüedad de su naturaleza (Sentencia Tribunal de Cuentas de 18 de diciembre de 2011, Ar. JUR/2011/1441409).

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Hay argumentos de peso, pues, para defender que las aportaciones económicas a los grupos políticos y la rendición de cuentas por parte de ellos estén sometidas, en tanto que subvenciones, a la publicidad activa prevista por el artículo 15 LTAIPBG, por más que queden excluidas del régimen jurídico del LGS. De igual manera que las obligaciones de transparencia en la contratación pública del artículo 13 LTAIPBG son de aplicación también a los contratos patrimoniales, aunque estén excluidos del régimen jurídico general de los contratos del sector público (art. 4.1.p del Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y art. 9 de la nueva Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). En definitiva, las subvenciones que los Ayuntamientos otorgan a los grupos políticos municipales son subvenciones plenamente sujetas al régimen de transparencia y acceso establecido por la LTAIPBG, que no hace ninguna distinción ni las excluye de su ámbito de aplicación (como sí lo hace el artículo 4 LGS en relación con su aplicación a estas subvenciones) y por lo tanto, el derecho de acceso así como las obligaciones de publicidad activa previstas en el artículo 15 LTAIPBG son plenamente aplicables a estas aportaciones.

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A estos argumentos favorables a que se consideren subvenciones incluidas en el artículo 15 LTAIPBG deben añadirse otras consideraciones relacionadas con el interés público en la difusión de esta información y su relevancia para la finalidad de la transparencia apuntadas en el FJ2, así como la carencia de que adolecen de mecanismos de control ordinarios de su gestión (lo cual las mantiene en una opacidad contraria a los parámetros de transparencia a que debe someterse muy especialmente la gestión de los recursos públicos en general, y muy especialmente la administración que hacen de ellos los representantes políticos) que junto con el interés ciudadano demostrado en varias reclamaciones justificaría su inclusión en el catálogo de materias de publicidad activa incluso si se considerara que no se encuentran ya incluidas como subvenciones. De acuerdo con lo expuesto, la GAIP, en ejercicio de la función de orientación a los sujetos de obligaciones de publicidad activa que le atribuye el artículo 7.2.1 RGAIP, considera que las aportaciones económicas a los grupos políticos deben ser tratadas como subvenciones incluidas en el régimen de publicidad activa previsto en el artículo 15 LTAIPBG.

7. Seguimiento de la ejecución.

El artículo 43.5 LTAIPBG establece que “la Administración debe comunicar a la Comisión las actuaciones realizadas para ejecutar los acuerdos de mediación y para dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por la Comisión". Sobre la base de estas comunicaciones y de las efectuadas por las personas interesadas, la GAIP debe hacer el seguimiento del cumplimiento de sus resoluciones, conforme a lo previsto por los

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artículos 48 y 49 RGAIP y por el apartado 30 de su Manual de reclamación, y puede adoptar las medidas que se prevén en ellos en caso de incumplimiento. El artículo 43 LTAIPBG establece que si la Administración incumple la obligación de facilitar la información dentro del plazo establecido por los acuerdos de mediación o por las resoluciones de la GAIP, las personas interesadas pueden comunicarlo a la Comisión para que esta requiera el cumplimiento, y que la desatención de este requerimiento puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades en el marco del régimen sancionador previsto a la misma ley. Concretamente, a la vista de la remisión expresa hecha a este precepto por el artículo 77.2.5 LTAIPBG, la desatención de los requerimientos de esta Comisión constituye una infracción calificada de muy grave que puede ser sancionada de conformidad con los artículos 81 y 82 LTAIPBG. Con esta finalidad, el artículo 49.2 RGAIP prevé que la Comisión informe en los órganos competentes para ordenar la incoación del procedimiento sancionador a que hace referencia el artículo 86 LTAIPBG.

COMIS.GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INF.PÚB.

Asimismo, el artículo 25.2.k RGAIP prevé la publicación en la web de la Comisión de los casos que sus requerimientos han sido desatendidos por la Administración y que se haga difusión mientras dure el incumplimiento.

8. Publicidad de las resoluciones de la GAIP

El artículo 44 LTAIPBG prevé que las resoluciones de la GAIP deben publicarse en el portal electrónico de la Comisión previsto al artículo 25 RGAIP, previa disociación de los datos personales.

Resolución

Sobre la base de los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Pleno de la GAIP, en la sesión de 22 de enero de 2018, resuelve por unanimidad:

1. Estimar la reclamación y declarar el derecho de la persona reclamante a obtener la información relativa

al destino dado por los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, en las condiciones indicadas en los FJ anteriores, y a la documentación justificativa o facturas, anonimizada en los términos establecidos en el FJ .4.

Requerir al Ayuntamiento de L'Hospitalet a que entregue a la persona reclamante la información indicada en el apartado 1 dentro del plazo máximo de quince días.

Requerir el Ayuntamiento de L'Hospitalet a informar en la GAIP del órgano o la persona responsable de la ejecución de esta Resolución, así como de las actuaciones llevadas a cabo para su cumplimiento, dentro del plazo de quince días.

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OBRO

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GAIP

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Invitar a la persona reclamante a comunicar a la GAIP cualquier incidencia que surja en la ejecución de esta Resolución y que pueda perjudicar sus derechos e intereses.

5.

Declarar finalizado el procedimiento relativo a la Reclamación 386/2017 y disponer la publicación de esta resolución en la web de la GAIP.

Barcelona, 22 de enero de 2018

Elisabet Samarra i Gallego Presidenta

COMIS.GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INF.PÚB.

Los plazos previstos en esta Resolución para la entrega de la información deben contarse en dias hábiles (descontando festivos y sábados) a partir del día siguiente de la recepción de su notificación por la Administración reclamada.

La Administración obligada puede solicitar a la GAIP la ampliación del plazo otorgado para hacer efectiva la entrega de la información. Esta solicitud sólo puede ser tomada en consideración si se comunica a la GAIP antes de que termine el plazo fijado en la Resolución, y debe fundamentarse en circunstancias que no hayan podido ser tenidas en cuenta por la Comisión antes de dictar su Resolución. La GAIP únicamente otorgará la ampliación solicitada si la Administración obligada justifica de forma precisa y consistente su necesidad. Si la Administración obligada no entrega la información dentro del plazo establecido por esta Resolución, la persona reclamante puede ponerlo en conocimiento de la GAIP, preferentemente por correo electrónico dirigido a qaipagencat.cat, a fin de que la Comisión requiera su cumplimiento. Mientras no se cumpla plenamente la Resolución, la Comisión difundirá en su web www.gaip,cat el incumplimiento de la Administración obligada, conforme al artículo 25.2.k RGAIP. Si la Administración no atiende el requerimiento de ejecución que le dirija la GAIP, la Comisión pondrá los hechos en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86 LTAIPBG, y le solicitará la incoación de un procedimiento sancionador por infracción muy grave con relación al derecho de acceso a la información pública, al amparo del artículo 77.2.bLTAIPBG. Todo ello sin perjuicio que la persona reclamante pueda, considerando que esta Resolución es un acto administrativo declarativo de derechos que vincula la Administración, requerir su ejecución ante los Tribunales, al amparo del artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Esta acción se puede interponer después de que hayan transcurrido tres meses desde que la persona afectada ha reclamado formalmente y directamente a la Administración el cumplimiento de la Resolución.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un plazo de dos meses desde el día siguiente de la notificación de la Resolución, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

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DRO

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