UNA PROPUESTA PARA MARINA ISLA DE VALDECAÑAS

Pedro Martin Ruiz. Licenciado en Derecho.
Sociólogo. Club Senior de Extremadura.


Premisas básicas.


Como fundamento doctrinal e ideológico partimos de los contenidos recogidos en la Agenda 2030 de la Unión europea, cuyo objetivo principal es el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, teniendo en cuenta la reducción de los problemas derivados de las enormes desigualdades personales y territoriales, la extrema pobreza, las grandes injusticias y el creciente fenómeno de la despoblación o bien llamado reto demográfico.
Por supuesto, toda presencia y acción humana supone alterar o modificar los hábitats en los que se mueve y actúa, pero creemos que hay margen suficiente de maniobra para que esta pueda ser asumible por la naturaleza, sin apenas daño y en beneficio de las personas. La relación hombre y naturaleza no puede presentarse como una dicotomía o dos aspectos separados, sino todo lo contrario en plena armonía porque el hombre es el sujeto, forma parte y pertenece a ella en una interacción recíproca y en beneficio mutuo. La inteligencia humana y las nuevas tecnologías pueden y deben compatibilizar las actividades económicas y la conservación de los recursos naturales y, en cualquier caso o duda, es prioritario que prevalezcan los intereses generales de la población.

Antecedentes.

Haciendo un breve recorrido de la historia reciente, como primera actuación humana o “antropización”  en el territorio en cuestión fue la construcción en 1963 del embalse de Valdecañas sobre el río Tajo, con una superficie de 7.300 hectáreas y una capacidad  de 1.446 hm3, en especial, por intereses de las grandes compañías eléctricas, aunque también para regadíos y abastecimiento. Ello supuso la anegación de las mejores tierras, unas 7.178 has, que se valoraron a bajo precio, y la desaparición de dos pueblos con 3000 años de historia; Talaverilla la Vieja, entonces de unos 2000 habitantes con importantes restos romanos y del neolítico. Además, su Iglesia principal disponía de tres cuadros del Greco. También desapareció el pueblo de Talaverinos. Parte de los restos fueron trasladados a un lugar próximo y los cuadros fueron para el Monasterio de Guadalupe que, por cierto, pertenece a la Archidiócesis de Toledo. A consecuencia de ello, la comarca recibió un duro castigo y mucha población tuvo que emigrar.


Como segunda actuación, también agresiva para la naturaleza y para la población, fue, a mediados de los años 70, la política de repoblación de eucaliptos, que como se sabe es una especie invasora y depredadora. Ocupó una amplia zona, incluso en Monfragüe, porque se pensaba instalar una industria celulosa en Navalmoral de la Mata, la cual, afortunadamente  después, no llegó a buen puerto. En los años 90 se talaron en parte y la poca productividad de los cultivos llevó al abandono de los terrenos donde se asienta hoy la urbanización, existiendo todavía algunos eucaliptos y, sobre todo, rebrotes de los antiguos.

Complejo turístico Marina Isla de Valdecañas

Como tercera actuación del hombre en su entorno es el tema que nos ocupa. En mi opinión, se trata de una actuación no agresiva, incluso me atrevería a decir con un impacto ambiental positivo, dada la relación entre el escaso daño producido y el beneficio obtenido por los municipios de la zona y como atracción de otras inversiones futuras. A principios del presente siglo unos inversores vieron posibilidades  para desarrollar una urbanización a las orillas del embalse, a una hora y media de Madrid, y a unos cuatro kilómetros del municipio de El Gordo y a siete de Berrocalejo (Cáceres), en cuyos términos se localizan los terrenos. Comprometieron la compra de las 133 hectáreas de la Isla en 2003, antes de la declaración de los mismos como ZEPA (zona de especial  protección de las aves) en 2005, integrada en la Red Natura2000. En octubre de 2003 la empresa promotora se dirige por escrito a los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, así como a la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Extremadura y les remite el dossier explicativo del proyecto. En cualquier caso,  los primeros trámites de toda la actuación ya se realizaron de acuerdo con su normativa  y sin ningún problema.


El Consejo de Gobierno de la Junta con fecha 24/1/2006 declara el interés regional del proyecto. El 9/10/2006 se aprueba inicialmente el Proyecto de interés regional promovido por Marina Isla de Valdecañas. La Dirección General de Medio Ambiente de la Junta formula Declaración de Impacto Ambiental declarándose compatible y viable y estableciendo unas medidas protectoras, correctoras y compensatorias.


Por Decreto 55/2007 de fecha 10/042007 la Junta aprueba definitivamente el Proyecto de Interés Regional (PIR), en el que se recogía  que el desarrollo de actividades humanas no repercutía en el medio ambiente, dado que no había valores naturales significativos que proteger. La empresa promotora con gran riesgo y valentía, ya en los inicios de la crisis económica, se lanzó a una  fuerte inversión que hasta la  paralización de las obras en 2011 llegó a una 140 millones de euros con unos 500 trabajadores  de media y con puntas de hasta mil.


Las asociaciones ecologistas ADENEX y Ecologistas en Acción interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura recurso contencioso-administrativo contra el Decreto del PIR, solicitando se
adoptasen las medidas cautelares para su anulación porque entre otras cosas no se habían estudiados otras alternativas. Dichas medidas cautelares fueron denegadas en tres ocasiones mediante distintos autos de dicho Tribunal.
Con fecha  09/03/2011 el Tribunal Superior de Justicia anula el Decreto 55/2007 de aprobación del PIR a instancias de Adenex y Ecologistas en Acción porque la Ley del Suelo de Extremadura
consideraba que la inclusión de un suelo en ZEPA era no urbanizable, aunque reconoce que el promotor ha realizado toda su actuación con todos sus predicamentos legales. Ante esta interpretación el Parlamento aprueba la Ley 9/2011 de modificación de la ley del Suelo de Extremadura y determina que cumpliendo ciertos requisitos es posible clasificar suelo como urbanizable en una zona ZEPA, como es este caso.


El Tribunal Supremo en sentencia de 29/01/2014 deniega los recursos de casación de la Junta de Extremadura y otros, por lo que adquiere firmeza las sentencias indicadas, es decir ordena la reposición de los terrenos a su estado original. En 2015, ante cierta alarma social y las dudas planteadas, en ejecución de sentencia y como prueba pericial, el Tribunal extremeño, a petición de la Junta que indica que las sentencias son inejecutables por diversas razones, solicita un Informe sobre la conveniencia o no del derribo de las instalaciones a los efectos puramente ambientales. Dicho Informe elaborado por un equipo de la Estación Biológica de Doñana, consta de más de 1000 páginas y se ha conocido en el mes de enero del presente año.


He visitado la urbanización y he disfrutado de sus instalaciones, Me gustaría que las distintas partes implicadas, si no las conocen, hicieran lo mismo y así disponer de datos y argumentos para una opinión correcta sobre el asunto planteado. Por mi parte, estoy convencido que, a pesar del tiempo transcurrido desde la paralización de las obras, hace ya ocho años, y de cierto abandono con el obligado mínimo mantenimiento, hay mayor biodiversidad con más flora y fauna que en 2007, como trataremos de explicar más adelante. Esto sin contar los aspectos sociales y económicos, que no puede disociarse, pues trabajan unas cien personas, que podían ser 300 en otras circunstancias, así como se ha detenido la emigración de la zona y los municipios de El Gordo y Berrocalejo han incrementado sus ingresos.


Hay que señalar que el Tribunal no entró en otras razones, quizás de más peso, como podía ser si las 133 hectáreas del complejo turístico reunían los requisitos  para su especial protección como ZEPA, o por un posible incumplimiento del Plan de vigilancia ambiental. Lo cual hubiera permitido a la empresa promotora impugnar dicha declaración que, seguramente, hubiera ganado, o subsanar el cumplimiento de dicho Plan.
Lo sorprendente es que a día de hoy en el Plan General de El Gordo y Berrocalejo se declaran estos terrenos como urbanos y recaudan sus correspondientes IBI y, en el caso que se demoliese se podría volver a ejecutar la urbanización de forma totalmente legal. No parece ser un problema de tipo medioambiental sino porque no se siguieron correctamente los procedimientos jurídicos-administrativos establecidos y se cometieron infracciones de carácter urbano y territorial. Básicamente que el PIR se hizo mal con precipitación, ad hoc, sin justificar debidamente el procedimiento, la utilidad pública ni el interés regional.

Demolición y restitución a su estado anterior

Demolición quiere decir reducir a escombros 206 edificaciones, entre ellas 180 villas de lujo y otras estructuras en avanzado estado de construcción  que se paralizaron, un magnífico hotel de cuatro estrellas de 80 habitaciones, un campo de golf de 48 hectáreas de 18 hoyos, una base náutica y embarcadero para 76 atraques con playa artificial, zonas de piscinas y un club deportivo. El coste de la demolición se ha calculado en 35 millones de euros que, en realidad sería mucho más, porque, creo, no se han tenido en cuenta toda la infraestructura del subsuelo, es decir, canalizaciones, depuradoras, drenajes y lagos del campo de golf, jardines, arboledas, puentes, viales, así como el importe de los daños que se causarían a los propietarios, el transporte y depósito de los escombros, etc. Entiendo que si se ha llegado mediante una interpretación estricta de la norma a esta dura sentencia, ésta habría que cumplirla en su integridad y con todas sus consecuencias.


Lo mismo sucede respecto a la segunda frase de la misma que dice restitución a su estado anterior, pues si la primera parte ya es de difícil cumplimiento, esta me atrevería  afirmar  que es de imposible cumplimiento. Habría que recuperar unos terrenos degradados de eucaliptos en una extensión de 53 hectáreas que, en su mayoría son rebrotes de la primitiva repoblación abandonada, y el resto de matorral, retama y monte  bajo, también sin ningún valor especial.


Según comentarios de los trabajadores de la urbanización y de los lugareños, en dichos terrenos, llamado el cerro de El Burro que, por cierto, se formó por una actuación humana derivada del nivel de agua del embalse, había un basurero con animales muertos y era lugar de acampada de inmigrantes irregulares, así como la poca caza que había, alguna perdiz, conejos y palomas estaba bajo el control de cazadores furtivos, lo que se comprobó por los numerosos cartuchos encontrados durante la realización de las obras. Quizás esto sea una exageración pero tanto el PIR como el propio Informe de la Estación Biológica reconocen los pocos datos e información existente sobre dichos terrenos para poder justificar su catalogación como ZEPA. Se habla de la existencia de algunas aves como cormoranes, ánsares y alguna cigüeña negra, que al parecer, se trasladaron a unos kilómetros más abajo del embalse, aunque el dormidero de las grullas en Peraleda de la Mata continúa y van y vienen cerca del complejo.


Informe de la Estación Biológica de Doñana.

Respecto a dicho Informe, sin dudar de la profesionalidad y preparación de sus autores, de alguna manera está orientado por una ideología de fuerte conservacionismo de la naturaleza, lo cual, en parte, se explica  por la petición del Tribunal de que se enfocara solo desde el punto de vista ambiental. Es como si a los trabajadores de la Urbanización y a los vecinos de los municipios próximos le preguntaran sobre la conveniencia o no de derribar el complejo, o al comité de empresa de la central nuclear de Almaraz le preguntasen sobre la continuidad o no de su empresa. Lo lógico, en mi opinión, hubiera sido un equipo multidisciplinar de la Universidad formado por un biólogo, un geógrafo, un ingeniero, un economista y un sociólogo.


Yo no soy quien para juzgar sobre la calidad del Informe, que conozco de forma indirecta, pero según todas las referencias, tiene muchas afirmaciones en un sentido determinado con muchos “peros” que las desvirtúan, o con muchos inconvenientes para hacerlas realidad y, de forma concreta, no contesta a todas las preguntas del Tribunal ofreciendo distintas respuestas. Al final es como no dejar el complejo como está pero sin volver a su estado anterior. De forma muy resumida, como todo lo que aquí se expone, haremos un breve comentario.
1º Dice que desde el punto de vista ambiental es  mucho mejor la demolición de las obras  que su conservación. Por ejemplo, “es diez veces más dañino para el medio ambiente que el recinto siga abierto”. Lo cual es elemental pues  si se elimina la presencia y actividad humana desaparecen las emisiones de gases de efectos invernaderos, por lo que tanto la huella de carbono y la huella ecológica serían muy favorables. Entonces ya tenemos la solución “que los extremeños se marchen todos a Madrid y su tierra dedicarla a parque natural”. Pero también recoge que devolverlo  a su estado natural, además de su dificultad  intrínseca, produciría un enorme daño para el medio ambiente, dado los enormes problemas de emisiones que presenta la demolición, transporte y depósito de los escombros. Otras afirmaciones se refieren a cerrar,  o sea, demoler solo el resort unas 11 hectáreas y restaurar la zona, lo cual no cumpliría con la sentencia.
2º Se inclina por una restauración con ciertas mejoras medioambientales. Partiendo de la situación actual pero sin presencia y actividad humana, con o sin demolición total, seguida de una restauración pasiva. Después de varias décadas podría recuperarse el medio natural y sería positivo para la ZEPA. Está claro que desaconseja volver a la situación original por la dificultad de que las especies de aves que se trasladaron hace diez o doce años vuelvan y en el fondo porque no se van a plantar otra vez los famosos eucaliptos.
No dice que el complejo sea  insostenible e incluso reconoce que la conservación del hábitat del complejo es aceptable, pero que no ha mejorado la biodiversidad y que, en todo caso, podría igualarla en el futuro, lo que sí ocurriría si el recinto se derribase y la zona se restaurara. También, hace una breve referencia a otras consideraciones de tipo socio-económico afirmando que el impacto sobre la demografía y actividad económica comarcal parece ser bastante limitado.

Biodiversidad actual.

Desconocemos con exactitud el estado biológico y físico de los terrenos en 2007, donde ahora se sitúa el complejo, salvo por diversas referencias que aquí se recogen. Conocemos mejor, porque lo hemos visto y leído recientemente, la situación actual de la urbanización y alrededores, llegando a la conclusión de que la mejora ha sido notable, lo cual lo confirma un equipo de expertos en Ordenación del Territorio de la Universidad extremeña.
Respecto a la flora, según un Informe al que he tenido acceso, se han sustituido unos 7.700 eucaliptos por unas 200.000 unidades de plantas, árboles y arbustos, destacando 55.000 unidades de conífera japónica, 18.800 unidades de eleagnus, 5.000 unidades de encinas y alcornoques, 1.100 de pinus pinea, 215 olivos etc., así como la implantación de unos 75.000 m2 de césped, con lo cual la vegetación y espacios libres ocupan el 90% de la superficie y solo un 6% está previsto para edificaciones. La distribución del espacio queda como zona verde y espacios libres unas 70 hectáreas, 48 hectáreas de campo de golf y el resto zona de piscina, playa y club deportivo.      
En relación con la fauna un equipo de profesionales ha realizado varias visitas de campo durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 en el área del embalse y términos de Peraleda, El Gordo y Berrocalejo y han contabilizado 28 especies de aves distintas, la gran mayoría consideradas acuáticas, destacando por su número los ánsares comunes, los ánades, las grullas comunes y las gaviotas, sobre un total de unas 3.000 unidades. A lo largo del año se han observado, en el complejo y alrededores del embalse, la gran mayoría de las especies anteriores  y un total de 15 especies nuevas de aves que no se conocían en 2007, destacando el chorlitejo, por cierto considerada ave del año por la SEO/BirdLife, y otros pájaros pequeños a los que no les importa la presencia humana, como gorriones y vencejos, y otros como conejos, liebres, zorros y reptiles, y en el embalse y a orillas se han visto nutrias, jabalíes, ciervos. etc.

Consideraciones generales.

Es evidente que a los largo de estos últimos 15 años hay actuaciones que se han hecho mal. Ni las 133 hectáreas del complejo reunían los requisitos para ser declarados como ZEPA, ni para legalizar un proyecto en marcha tenía que aprobarse el PIR de forma precipitada sin explicar debidamente su utilidad pública, ni se cumplió de forma correcta con el Plan de Vigilancia Ambiental derivado del Informe de Impacto, ya bastante deficiente y poco justificado, ni se entiende la dilación de todo el procedimiento, incluido los tres años para redactar el citado Informe, ni se actuó de forma transparente por parte de todos.
Recuerdo que un político cuando conoció el complejo, ya en avanzado estado de construcción, quedó asombrado y llegó a decir que era “el secreto mejor guardado de Extremadura”. Yo tuve la ocasión de conocer el proyecto en el año 2007 cuando la presentación que hizo la empresa promotora en el campo de golf de Islantilla, de la provincia de Huelva. También quedé sorprendido porque para mí era la primera vez que se construía una urbanización en medio de un embalse y con todos los permisos legales.
El hecho cierto es que estamos en 2019, está construido el 65% de una urbanización muy bien integrada en su entorno que, de no paralizarse sería hoy un modelo a nivel de España, dejando muchas víctimas por el camino. Por todo ello, creo que hay que buscar una solución intermedia, equilibrada con cierta lógica y sentido común, sin posturas radicales, sin vencedores ni vencidos, pensando en el interés  general para la población extremeña y si se ha actuado de forma irregular o perjudicado el medio ambiente tratar de buscar una salida legal y resarcir el posible daño causado.


No estamos hablando de la instalación de una refinería o de la explotación a cielo abierto de unas minas, sino de un turismo de calidad que, como ya he dicho otras veces, constituye uno de los tres pilares básicos para el desarrollo de la región, junto con la industria agraria y las energías renovables. Esta zona y sus pueblos ya han sido castigados con la construcción de un embalse con poco beneficio para ellos y ahora cuando se presenta una ocasión favorable para sacar un aprovechamiento se paraliza todo.


Extremadura, es bien conocido, constituye un paraíso para las aves, hasta tal punto que me atrevería a decir que de todas las Comunidades Autónomas es la que registra el mayor número de aves por habitante, tanto de invernada como de carácter permanente. Sin duda, ocupa el primer lugar por el número de árboles por habitante. No se trata, pues, de una fauna o flora que se ha expuesto a un peligro de extinción ni mucho menos. Lo que sí puede estar  en peligro de extinción son las personas de esta zona de los Ibores y otras parecidas que llevan muchos años saliendo de su tierra, entre otras razones, por un falso o desvirtuado proteccionismo que pone toda clase de impedimentos y trabas a cualquier clase de inversiones.


Precisamente el embalse de Valdecañas representa el inicio de una amplia franja de terreno, considerado un desierto demográfico con una densidad real que no llega a los diez habitantes por kilómetro cuadrado, que se extiende en línea recta hacia el sur hasta la zona de Llerena y Azuaga, situada a unos 180 kilómetros en el límite con Sevilla y con unas enormes posibilidades de desarrollo medioambiental, pensando en un turismo de naturaleza de calidad.


Conocemos multitud de proyectos que por localizarse en la Red Natura2000 han sufrido limitaciones o no han podido llevarse a cabo, dado los restrictivos informes de impacto ambiental, relacionados con la industria, minería, regadíos, construcción de presas para abastecimientos de agua a las ciudades, o relacionados con la energía eólica, solar y, en este caso, un complejo turístico en avanzado estado de construcción. Así, es muy difícil que salgan adelante otros proyectos, como el previsto por una gran multinacional en Castilblanco, a unos 70 kilómetros al sur y alrededor de tres embalses del río Guadiana. Según se publicita sería  “la ciudad inteligente de ocio, hospitalidad y casino de carácter sostenible, de las mayores y mejores del mundo”.

Interpretación flexible del derecho.

1º La sentencia de demolición y restitución es de imposible cumplimiento. Ni la flora ni la fauna pueden ser iguales y, quizás, con la restauración pasiva o con el abandono total después de 40 años, la naturaleza vuelva al anterior estado, reconocido por muchos como un erial sin valor alguno. Dados los muchos intereses en juego no es lógico considerar solo los de tipo ambiental. Las consecuencias de la ejecución de la sentencia sería la condena de la región para toda clase de inversiones  y provocaría mayor emigración, despoblación y envejecimiento de la misma porque se marcharían los más jóvenes.


2º El Informe como prueba pericial en ejecución de sentencia, dada sus contradicciones y ambigüedades, no constituye  prueba fehaciente  para adoptar una medida tan drástica. Todos sabemos que en caso de duda no es de aplicación la “condena” (“In dubio pro…”) y que la aplicación de la ley en su sentido más estricto puede llevar a una injusticia manifiesta o la extrema justicia es extrema injusticia (Summum ius summa iniuria). En definitiva y en castellano, que puede ser peor el remedio que la enfermedad.


3º Si no hay suficientes elementos de juicio y dadas las dudas planteadas, podemos acudir para una justa interpretación de las normas, a los principios generales del derecho, en especial al principio de interés general y al de proporcionalidad, representados, en este caso, por los trabajadores del complejo, la población de la zona, los primeros  propietarios que compraron de buena fe, la empresa promotora que construyó con todos sus permisos en regla, así como la Junta de Extremadura por su responsabilidad patrimonial, es decir, el pueblo extremeño que sería muy perjudicado. Para hacernos una idea, el valor de la urbanización, sin problemas judiciales, estaría alrededor de unos 250 millones de euros, la petición de responsabilidad patrimonial a la Administración es de 220 millones de euros y los propietarios o acreedores son unos 200. Sobre los temas del empleo, emigración y la mejora de la biodiversidad, creo que está dicho todo.


Por la otra parte, hay que tener en cuenta los intereses del entorno natural presuntamente dañado que, con todo mis respetos no acabo de ver. Además, me gustaría saber cuál es la repercusión negativa que se ha ocasionado actuando en 133 hectáreas sobre un total de 7.459 hectáreas que tiene esta ZEPA.


4º La Red Natura2000, en su mayor parte ZEPA, ocupa casi un tercio del territorio extremeño. Sabemos que su delimitación se hizo en plena ola conservacionista de forma un poco precipitada y sin demasiado rigor científico, quizás como reacción a la anterior política de repoblación de eucaliptos, por cierto, muy perjudicial para el medio ambiente. Conozco  personas que advirtieron de sus consecuencias, pues de lo contrario media Extremadura estaría sometida  a dicha Red que, por otra parte no tiene dinero para mantenerse en buenas condiciones.


Como ya hemos dicho otras veces, si la interpretación de su normativa sigue siendo tan estricta, habrá que pensar en que o ésta se modifica o hay que revisar su delimitación y dejar el proteccionismo para aquellas zonas que realmente reúnan los requisitos, como son la singularidad, rareza o excepcionalidad y, en definitiva, con valores naturales significativos que conservar para legar a generaciones futuras. Lo que está claro es que la Red Natura2000 no puede ser una rémora para el bienestar de la población y el desarrollo de la región.

PROPUESTA PARA “MARINA ISLA DE VALDECAÑAS”.

Como propuesta orientativa, sin dogmatismo ni ningún interés personal y solo como extremeño al que le duele mucho su tierra, a la que llevo dedicado estos últimos seis años, a través del Club Senior y de otros foros, sería la siguiente.


1º Aunque sé que es muy difícil, habría que intentar reunir a las distintas partes implicadas para llegar a un acuerdo que, cediendo todos un poco pueda consensuarse, teniendo en cuenta los errores cometidos y repartiendo un poco las responsabilidades, dentro de una consideración global de todos sus aspectos. Para ello, sería conveniente el nombramiento, por quien corresponda, de un árbitro independiente y de prestigio. El acuerdo iría encaminado a facilitar la decisión final del propio Tribunal y podría ser en el siguiente sentido.


2º Elaboración de un plan de rehabilitación integral sostenible de todo el conjunto por un importe de unos 50 millones de euros, que se desglosan en 35 millones por parte de la Junta de Extremadura, que representa el coste del presunto derribo, y 15 por parte de la promotora, acreedores y de los propietarios. Todo ello para llevar a cabo medidas compensatorias y correctoras para la mejora general del medio ambiente de toda la zona.


3º Con este presupuesto, y en un plazo de cinco años, la Junta podría poner en marcha una serie de medidas para la protección de las aves y fauna, en general, y hacer una repoblación forestal de especies nobles del entorno o a lo largo del perímetro del embalse, con espacios de ocio y recreo para la población, o/y fuera o dentro del complejo turístico construir un centro de interpretación de la naturaleza con jardín botánico abierto al público.


4º Por parte de la promotora, acreedores y propietarios poner a punto toda la urbanización y comprometerse a que sea un modelo, desde el punto de vista medioambiental, con todas las características propias para que sea homologada o calificada de inteligente y verde, con la mínimas emisiones de gases y residuos, dentro del marco de una economía circular, tanto por lo que se refiere a los terrenos como al control de navegabilidad en la amplia lámina del embalse.


Para acabar, igual que empezamos, somos partidarios del desarrollo sostenible, es decir perdurable,  en su amplio sentido de crecimiento eficiente, creación de riqueza y bienestar de la población, procurando el equilibrio y racionalidad en relación al medio ambiente mediante una gestión responsable de los recursos naturales para que pueda satisfacer las necesidades actuales y sin comprometer el futuro. En definitiva, sin disociar sino compatibilizando sus tres aspectos fundamentales, como son los económicos, los sociales y todo lo relacionado con la naturaleza.  


                                                           Sevilla 7 de febrero de 2019.