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COMISIÓN EUROPEA

Denuncia – Infracción de la legislación de la UE

Antes de rellenar este formulario, lea Cómo presentar una denuncia ante la Comisión Europea:
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_es/

Todos los campos marcados con * son obligatorios. Le rogamos concisión. Si es necesario, continúe en otra página.

1.Identidad y datos de contacto

Denunciante*

Representante (cuando proceda)

Tratamiento (Sr., Sra., etc.)

Sr. / Sra. cambiar

Nombre*

María cambiar

Apellidos*

García González cambiar

Organización

-

Dirección*

c/ Mayor cambiar

Localidad*

Madrid cambiar

Código postal*

28080 cambiar

País*

España

Teléfono

666 777 888 cambiar

Correo electrónico

@gmail.com cambiar 

Lengua*

Español

¿Le enviamos la correspondencia a usted o a su representante?

2. ¿Cómo se ha vulnerado la legislación de la UE?*

Autoridad u organismo a la que va dirigida la denuncia:

Nombre*

Gobierno de España y Comunidad Autónoma de Andalucía. Consejería de Educación.

Dirección

-

Localidad:

-

Código postal

-

Estado miembro de la UE*

España

Teléfono fijo

-

Teléfono móvil

-

Correo electrónico

-

2.1. A su juicio, ¿qué medida(s) nacional(es) infringen la legislación de la UE y por qué?*

1. ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO.

El día 29 de marzo de 2017 se firma un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos más representativos a nivel nacional, subvencionados por el propio Gobierno con cantidades millonarias, CCOO, UGT y CSIF, sin consultar a sus afiliados ni a los propios funcionarios interinos, personal laboral temporal y estatutarios eventuales (en adelante, empleados públicos temporales) a los que afecta. Estos sindicatos no representan ni de lejos a todos los trabajadores, de hecho, han ido constituyéndose plataformas, asociaciones y sindicatos paralelos de empleados públicos temporales para defender los derechos laborales del colectivo.

Dicho acuerdo, surge ante la necesidad del Estado español de evitar una sanción por infracción de la Directiva 1999/70/CE y que trata de regularizar y blanquear la contratación fraudulenta de los empleados públicos temporales en la Administración Pública española, cuya práctica habitual es la contratación en fraude de ley concatenando nombramientos o contratos para satisfacer necesidades ordinarias y permanentes, congelando las oposiciones durante más de 20 años en algunos casos, práctica considerada ilegal por la normativa comunitaria por rebasar ampliamente los límites legalmente establecidos.

Un Acuerdo de tanta envergadura y que afecta a más de 900.000 empleados públicos se alcanza prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, puesto que no se publica en ningún boletín oficial, contraviniendo lo establecido en el artículo 36 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que dice: “Los Acuerdos aprobados y los Pactos celebrados se remitirán a la oficina pública a que hace referencia la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y serán de inmediato publicados en el «Boletín Oficial del Estado» o diarios oficiales correspondientes”, debiendo adoptar la forma de Resolución (o la que le corresponda) para su validez, público conocimiento y ofreciendo la posibilidad de recurrir el mismo administrativa o judicialmente, vulnerando lo establecido en la propia ley, el principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva regulado en la Constitución Española en su artículo 24.1 y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Tampoco se abre ningún periodo de información pública que permita cuestionar, mejorar, valorar u aportar alguna sugerencia o medida u oponerse al mismo. El compromiso de reducir la temporalidad en el sector público del Gobierno manifestado a través de la firma de su Ministro de Hacienda y Función Pública, no viene avalado por ningún informe jurídico ni por la intervención de ningún órgano del Estado (ni de la Abogacía General del Estado - Dirección del Servicio Jurídico - ni de la Intervención General de la Administración del Estado. Tampoco sabemos de la existencia de ningún expediente en el que se recoja una memoria sobre su oportunidad, su impacto y su coste, la convocatoria formal y oficial a los sindicatos participantes, etc. Queda, por todo lo expuesto, cuestionada su validez al carecer de la justificación legal pertinente que habilite la intervención y/o participación del Gobierno a través de su Ministro y de los sindicatos en un acuerdo que resulta ser totalmente arbitrario y que tampoco persigue solucionar el problema de la estabilidad de los empleados públicos temporales de forma legal y que persiga un fin constitucionalmente válido, como lo es consolidar la situación del empleo precario dentro de procesos excepcionales permitidos y amparados por las Directivas europeas, la Constitución Española y el resto de leyes que permiten su articulación.

La voluntad del Gobierno y de su Ministro expresada a través de la firma de dicho Acuerdo queda, por tanto, fuera del control y del debate parlamentario de las cámaras, y de la propia ciudadanía a través del sistema de recursos, puesto que al no publicarse se impide su conocimiento y su oposición vía recurso. Aun así, el Acuerdo ha sido recurrido por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) y admitido a trámite por el Tribunal Supremo.

En cuanto al contenido del Acuerdo, regula en un periodo de tres años “la consolidación de las plazas”, pero “no de los trabajadores que las ocupan desde hace más de tres años”, induciendo a engaño, al no recoger realmente ningún tipo de medida en el sentido de la Directiva 1999/70/CE y su Acuerdo Marco, y que incumple, por tanto, la prelación de la normativa comunitaria, normativa de rango superior. No recoge una auténtica medida de estabilización del empleado público temporal, sino que recoge la aprobación y aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto, esto es, la sustitución de unos trabajadores por otros más baratos y sin experiencia, y que lleva a la absurda situación de cesar y desprenderse de empleados públicos válidos, cualificados y acreditados que vienen desempeñando su trabajo hace años contribuyendo a prestar, mejorar y elevar la calidad de los servicios públicos que se merecen los ciudadanos, y en cuyo horizonte laboral se vislumbra la amenaza del desempleo.

2. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dice:

Artículo 10. Funcionarios interinos.

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

[…]

4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.

5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

[…]

Según lo anterior, ya no somos funcionarios interinos, puesto que hemos rebasado con creces la duración máxima de contratación de los mismos. Se aprecia que esta normativa reguladora se ha venido incumpliendo reiterada y constantemente por parte del Gobierno de España y los distintos Gobiernos autonómicos en el sentido de que no se han convocado oposiciones para cubrir las plazas vacantes durante años y, si se convocaban, lo hacían incluyendo un número muy pequeño de las vacantes realmente existentes y que estaban siendo ocupadas por interinos hace años, no permitiendo a las personas que las ocupaban acceder a las mismas, puesto que les resultaba más barata la contratación de personal interino al que pagar menos (no se pagaban trienios hasta el reconocimiento a los empleados públicos temporales del derecho al percibo de los trienios a raíz de la Sentencia del TJUE de 20 de diciembre de 2010, sexenios, ni carrera profesional) y al que pueden despedir según las necesidades del servicio sin ningún tipo de indemnización, aunque se hubiera estado años trabajando para la administración, reflejando esta situación, por tanto, una discriminación con respecto a los trabajadores con un contrato de duración determinada del sector privado, puesto que son indemnizados al ser cesados y cuyos contratos son convertidos en indefinidos al superar la duración máxima establecida en el Estatuto de los trabajadores o como sanción, por abuso en la concatenación de contratos y el fraude de ley.

Dicha normativa se opone a la Europea, según lo referido anteriormente, en tanto que no regula ni establece o precisa, qué medidas disuasorias se establecen para los casos de la utilización sucesiva y abusiva de contratos en fraude de ley, tal y como se exige por parte de la Directiva 1999/77/CE en el apartado 2º de la cláusula 5. Es más, en las recientes Conclusiones del Abogado General Sra. Juliane Kotott presentadas el 20 de diciembre de 2017 sobre el Asunto C 677/16 «Petición de decisión prejudicial — Política social — Trabajo de duración determinada —Directiva 1999/70/CE — en su fundamento número 59 dice: “Las conductas abusivas de los empleadores —que pueden manifestarse, entre otras, en forma de ristras de contratos temporales sucesivos— deberían combatirse de forma eficaz y disuasoria con las medidas específicamente previstas para ello en el sentido de la cláusula 5 del Acuerdo marco, incluida la de convertir un contrato de trabajo de duración determinada en uno celebrado por tiempo indefinido”.

Nada impide ni se opone a que el Gobierno y el legislador español reconozcan la condición de trabajador indefinido a los empleados públicos temporales contratados en fraude de ley, y mucho menos si vemos que así se regula en el sector privado y que constituye una práctica proscrita, prohibida y perseguida por la ley y por un Gobierno que, sin embargo, la incumple cuando se trata del personal a su servicio. Cada año son sancionadas multitud de empresas privadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que ha logrado la conversión de 491.920 empleos temporales en indefinidos desde abril de 2012 (datos de diciembre de 2017), según la información proporcionada por el propio Gobierno a través de Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social , la cual ha reconocido que existen ciertos "abusos" y por tanto, "fraude de ley" en la contratación de trabajadores interinos en el sector público, sobre todo en enseñanza y sanidad.

Artículo 19.6 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en el que, basándose en el Acuerdo que podría declararse nulo, pretende dar cobertura legal al falso procedimiento de consolidación (denominado de estabilización en los presupuestos) para que se aprueben las ofertas de empleo público y las convocatorias conforme a las reglas en él establecidas y que, realmente, no suponen más que la aplicación de un ERE encubierto. Se reconoce la vulneración de la ley y la existencia de casos declarados por los tribunales como indefinidos y se pretende sacar a oposición las plazas de ese personal y las que estén recurridas en los tribunales por los empleados que actualmente las ocupan.

Se opone a la normativa europea en tanto no contempla ninguna medida para reconocer y solventar el problema de las contrataciones en fraude de ley y, además, no contempla ningún proceso extraordinario de consolidación basado en un concurso de méritos ni se establecen medidas de discriminación positivas para los trabajadores por razones de edad, experiencia profesional o antigüedad en el trabajo.

2.2. ¿De qué disposición de la UE se trata?

1. Tratado de la Unión Europea.

Art. 10: “Los Estados Miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a ésta última el cumplimiento de su misión”.

Los Estados Miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado.

En el ámbito del Derecho de la Unión Europea rige el pfadsfasdfasdfasdfmativa comunitaria sobre la normativa interna de los Estados miembros, consagrado por la Sentencia Simmenthal de 9 de marzo de 1978, que dice: “en virtud del principio de primacía del Derecho Comunitario, las disposiciones del Tratado y de los actos de las Instituciones directamente aplicables tienen por efecto, en sus relaciones con el Derecho Interno de los Estados miembros, no solamente hacer inaplicable de pleno derecho, por el hecho mismo de su entrada en vigor, toda disposición contraria de la legislación nacional existente, sino incluso impedir la formación válida de nuevos actos legislativos nacionales en la medida en que fueran incompatibles con las norma comunitarias”.

La normativa nacional no sólo no ha transpuesto la normativa comunitaria en el plazo establecido, sino que lleva casi 20 años incumpliendo su obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento en lo que respecta al personal funcionario interino, a pesar de que durante ese periodo ha sido requerido e incluso sancionado por la Comisión Europea:

- El requerimiento al Gobierno de España en La Carta de emplazamiento –Infracción nº 2014/4224, firmada por la Comisión Europea dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores, de fecha 26 de marzo de 2015, por la que en relación con los funcionarios temporales interinos recoge: “La Comisión Europea considera que España ha incumplido las obligaciones que le corresponden con arreglo a la cláusula 4 del Acuerdo Marco, Anexo a la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada. La Comisión invita a su Gobierno, de conformidad con el Art. 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a que le presente sus observaciones sobre lo que precede en un plazo de dos meses a partir de la recepción del presente escrito”

- Procedimiento de infracción EU-Pilot 8422/16/EMPL, abierto por la Comisión Europea a raíz de las denuncias formuladas contra el Gobierno de España por funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia, por el que se imputa a las administraciones españolas respecto a estos funcionarios de la Administración de Justicia una actuación incompatible con las Cláusulas 4 y 5 del Acuerdo marco, anexo a la Directiva 1999/70/CE.

En igual sentido, tenemos las siguientes:

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016, referidas al régimen jurídico que se aplica en España a los empleados públicos temporales, considerándolo incompatible con la Directiva 1999/70/CE, y su Acuerdo marco sobre trabajo temporal:

  • Sentencia del TJUE recaída en el asunto C 16/15, que resuelve cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid.

  • Sentencia del TJUE recaída en los asuntos acumulados C 184/15 y C 197/15, que resuelve dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

  • Sentencia del TJUE recaída en el asunto C 596/15 y C 197/15, que resuelve  cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

2. Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada.

Artículo 2:

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a lo más tardar el 10 de julio de 2001 o se asegurarán de que, como máximo en dicha fecha, los interlocutores sociales hayan establecido las disposiciones necesarias mediante acuerdo, adoptando los Estados miembros todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Los Estados miembros, si fuera necesario para tener en cuenta dificultades particulares o la aplicación mediante convenio colectivo, y tras consultar con los interlocutores sociales, podrán disponer como máximo de un año suplementario. Informarán inmediatamente a la Comisión de tales circunstancias.

Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva (cláusula 5)

1. A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación, los acuerdos colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales, cuando no existan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de trabajadores, una o varias de las siguientes medidas:

a) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales;

b) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada;

c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.

2. Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, cuando resulte sea necesario, determinarán en qué condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada:

a) se considerarán «sucesivos»;

b) se considerarán celebrados por tiempo indefinido.

3. La Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre. Establece diferencias de trato para acceder al empleo público por motivos de edad, experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo:

 “Artículo 6. Justificación de diferencias de trato por motivos de edad.

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios.

Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular:

a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y recomendación, para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas;

b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas ventajas vinculadas al mismo;…”

El artículo 7 relativo a “Acción positiva y medidas específicas” dispone: “Con el fin de garantizar la plena igualdad en la vida profesional, el principio de igualdad de trato no impedirá que un Estado miembro mantenga o adopte medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.

2.3. Describa el problema e indique los hechos y motivos en los que se basa su denuncia* (máx. 7.000 caracteres):

Soy funcionario interino del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y llevo trabajando para la Consejería de Educación desde el año 2005.

Desde el año de la aprobación del Acuerdo marco 99/70/CE sobre el contrato de duración determinada, los distintos Gobiernos españoles, no sólo no han traspuesto la Directiva en el plazo establecido, sino que vienen infringiendo constantemente (a pesar de las sanciones y requerimientos de la Comisión Europea), lo establecido en la misma. En la contratación de los empleados públicos temporales vienen cometiendo fraude de ley, puesto que se produce una concatenación de contratos sin solución de continuidad realizados con el objetivo de cubrir necesidades que son realmente de carácter estructural, y excediendo el tiempo de contratación máximo previsto en todas las normativas reguladoras de los mismos, esto es, 3 años.

En este sentido, si bien en el Derecho Interno se determinan las razones objetivas de la renovación de los contratos o relaciones laborales, y en la mayoría de los casos, la duración máxima de los sucesivos contratos y el número de renovaciones posible, “no se han regulado las medidas para evitar y sancionar la utilización abusiva de la relación temporal sucesiva” en el sector público como establece la Directiva, lo que denota que no se respeta ni se cumple. Los trabajadores son contratados una y otra vez (acumulando cientos de contratos en muchos casos y superando ampliamente el periodo máximo establecido) para cubrir puestos estructurales (y, además, no se determina ningún tipo de sanción en estos casos).

Para evitar esta práctica abusiva, los perjudicados tienen que recurrir a la intervención de los tribunales de lo contencioso-administrativo y contratar los servicios de un abogado y procurador teniendo que afrontar los elevados costes de la tramitación judicial que pueden incluso imponer costas a medida que se desestimen las causan y pase a la siguiente instancia judicial. Los honorarios (hasta llegar al TJUE pueden ascender a unos 17.000 euros) y el temor a las posibles imposiciones de costas, no resultan asumibles por muchos interesados, ya que los procesos se alargan en el tiempo hasta obtener un pronunciamiento final favorable, lo cual puede suponer que cuando la Justicia lo resuelva y, sobre todo, si hay que llegar al TJUE, el trabajador haya perdido su puesto de trabajo hace tiempo e impide que todos los empleados que puedan estar en esa misma situación recurran por insuficiencia de recursos económicos para litigar. Además, muchos empleados tienen miedo a denunciar su situación y que la plaza que ocupan salga a concurso o a oposición, y pierdan su puesto de trabajo.

La DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSEJO invocada anteriormente, establece en sus artículos 1 y 2, que no se puede discriminar y tratar de una manera desfavorable por razones de edad a un trabajador; en el artículo 3 que resulta de aplicación a los empleados del sector público; el artículo 6 justifica las diferencias de trato por motivo de edad, experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo y su letra a), en la que especifica que se pueden establecer condiciones especiales de acceso al empleo y el artículo 7, en el que se autorizan las acciones positivas y las medidas específicas que pueden acordarse por los distintos Gobiernos de los países de la UE, destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la edad. (Abundando en la cuestión: STJCE de 22 de noviembre de 2005, asunto Mangold, C-144/04). El marco de edad ha ido bajando hasta situarlo en los 45 años, una edad en las que las posibilidades de encontrar empleo se reducen drásticamente a un 23,39 %, según los datos del informe del mercado de trabajo 2016-2017.

        

El mantenimiento en vigor de la normativa interna sin realizar la transposición de la Directiva ni establecerse, por tanto, medidas disuasorias que impidan la contratación en fraude de ley, así como la concreción del Acuerdo para la mejora del Empleo Público en las ofertas de empleo público y las correspondientes convocatorias, va a suponer en la práctica, la aplicación de un ERE masivo de la mayor parte de los empleados públicos temporales, que pueden llegar a tener una antigüedad en la misma Administración que ronda los 5, 10, 15, 20, 25 e incluso hasta los 30 años de servicio. Dado que, como hemos expuesto, este Acuerdo establece un plan de estabilidad de “las plazas” de la Administración Pública, pero no articula, ni prevé la estabilidad del empleado público temporal que en ella presta sus servicios.

2.4. ¿Recibe el Estado miembro interesado (o podría recibir en el futuro) financiación de la UE relacionada con el asunto de su denuncia?

Sí (detalle su respuesta)                  No                No lo sé

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, FSE 2014-2020.

2.5 ¿Se refiere su denuncia a una infracción de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE?

La Comisión solo puede investigar estos casos si la infracción se debe a la aplicación de la legislación de la UE en el ámbito nacional.

Sí (detalle su respuesta)                  No                No lo sé

Los artículos 15.1 y 21.1 de la Carta, en cuanto venimos desempeñando nuestro trabajo durante años y pretender cesarnos si no aprobamos un examen, cuando en los centros de educación concertados (y privados) financiados con fondos públicos, se accede sin necesidad de tener que superar un examen y son reconocidos como trabajadores indefinidos después de superar los 3 años de contratación (o 24 meses en un periodo de 30), lo que evidencia la diferencia de trato y la discriminación que sufrimos los funcionarios interinos de la enseñanza pública respecto de los trabajadores del ámbito privado.

3. Medidas anteriores para resolver el problema*

¿Ya ha emprendido alguna acción en el Estado miembro en cuestión para resolver el problema?*

4. Si ya se ha puesto en contacto con alguna de las instituciones de la UE competente en problemas de este tipo, sírvase dar la referencia de su expediente/correspondencia:

Petición del Parlamento Europeo – Ref:…………………………………..

Comisión Europea – Ref:………………………………………..

Defensor del Pueblo Europeo – Ref:………………………………………..

Otros (indique la institución u organismo a la que se ha dirigido y la referencia de su denuncia: SOLVIT, FIN-Net, Centros Europeos del Consumidor, etc.)

5. Enumere todas las pruebas o documentos justificativos que puede enviar a la Comisión si esta se lo solicita.
warningNo adjunte documentos en esta fase.

- El Acuerdo para la mejora del empleo público de 29 de marzo de 2017 firmado entre la Administración y los sindicatos CCOO, CSIF y UGT.

- Nombramientos (contratos de trabajo) realizados por la misma Administración como personal funcionario interino para cubrir necesidades permanentes de carácter estructural, prueba de la concatenación de los mismos y del fraude de ley alegado.

- El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Todas las Directivas mencionadas anteriormente.

- Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (actualmente prorrogados).

- Sentencias del TJUE y de los tribunales españoles que reconocen el fraude de ley.

- Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2016.

- Declaraciones e intervenciones de las autoridades y cargos públicos.

6. Datos personales*

¿Autoriza a la Comisión a revelar su identidad en sus contactos con la administración a la que se refiere su denuncia?

Sí             No

 En algunos casos, revelar su identidad puede facilitarnos la tramitación de su denuncia.

Es por todo ello que, SOLICITO a la Comisión Europea:

Que admita y registre la presente denuncia contra el Reino de España por infracción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, las Directivas 99/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada y La DIRECTIVA 2000/78/CE de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, pues contraviene el Derecho comunitario, inicie un procedimiento de infracción frente al Reino de España en aras del cumplimiento de la legalidad comunitaria y la protección de los derechos de los trabajadores con contratos de duración determinada; inste al Gobierno español a que reconozca el fraude de ley, la situación de abuso y precariedad a la que ha venido sometiendo a sus empleados públicos temporales, obligue al Estado Español a que inicie las reformas legislativas que sean necesarias para solucionar el conflicto, y convierta nuestros contratos de trabajo de duración determinada en indefinidos, en virtud de la primacía del Derecho comunitario y, en definitiva, lleve a cabo cuantas acciones estén entre sus facultades para impedir que se sigan aplicando fondos europeos en actuaciones contrarias a los derechos de los trabajadores y el Derecho comunitario.