La minería industrial en territorios bioculturales de los pueblos indígenas. El  despojo de los indígenas de  sus territorios en el siglo XXI.

Por Eckart Boege

 AMENAZAS DE LA MINERÍA METÁLICA TÓXICA, PRINCIPALMENTE A CIELO ABIERTO, A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

  1. La minería contemporánea ha entrado a una nueva fase, migrando de la explotación de  filos de los minerales principalmente metálicos, a la remoción masiva de materiales pétreos mismos que en ciertos estratos contienen metales de muy baja ley (para el oro el promedio sería un gramo por tonelada de material removido). Para este proceso industrial se utilizan maquinarias de gran tamaño y procesos masivos de lixiviación principalmente con cianuro de sodio. Se trata principalmente de una explotación masiva a cielo abierto que requiere  una exploración en grandes porciones de territorios, apertura de caminos y cientos de sitios que se  barrenan para la extracción de núcleos que se analizan para ubicar exactamente los estratos en que se encuentran los últimos reductos de polvos minerales de interés comercial.
  2. Para que el capital  transnacional pueda entrar masivamente a los países con minerales, los tratados de libre comercio han promovido la promulgación de  leyes que permiten la inversión y propiedad del 100%  del capital transnacional y la apropiación tanto territorial como todo el   producto, con  regalías ridículas  sin   impuestos específicos a la actividad. Lo poco que pagan es una mínima suma de dinero por hectárea concesionada.  Como contraparte del  proceso de apropiación tenemos    la “desposesión “ en el sentido físico, social y cultural de  los dueños de la superficie en las áreas de concesiones.
  3. Se trata  de procesos industriales intensivos  en capital, con  tecnología de alto riesgo por su potencial destructivo a los ecosistemas y la afectación de  poblaciones humanas locales y regionales. Una vez que se retiran las compañías dejan cicatrices ambientales, sociales y económicas irreversibles con poca posibilidad de resiliencia a corto y mediano plazo. Para  ilustrar con un ejemplo recientemente estudiado  con la información de la propia minera de tamaño mediano (Caballo Blanco en el estado de Veracruz), se remueve desde la exploración -bajo la mirada impávida de la SEMARNAT,- la vegetación natural afectando  así en la complejidad de los ecosistemas todavía vigentes. En la fase de explotación la empresa pretendería  excavar por lo pronto un tajo con un diametro de 1000 has, y transportar  119 millones de toneladas de material de las cuales 35 millones tendrían los minerales codiciados  con una ley promedio de 0.7gr. por tonelada. Para todo el proceso se utilizarian  3 mil metros cúbicos diarios de agua durante 10 años , 2 millones de litros de diesel mensuales durante siete años (no solo para combustible,  sino como sustancia que  intensifica las explosiones), 35 mil toneladas de explosivos, 6 a 7. 5 mil  toneladas de cianuro, 300mil litros de ácido clorhídrico etcétera). De las cicatrices ambientales espectaculares dejarían un cráter de mil hectáreas de diámetro  con una profundidad variable  hasta de 500 metros mismo que sería muy costoso para las mineras rellenar y controlar los posibles drenajes  ácidos por cien años. Las  “tepetateras” y/o los “jales” en donde se deposita el material “inerte” ya sin  minerales útiles,  son igualmente parte de las cicatrices ambientales ,   que, cuando hay compuestos azufrados, generan por cientos de años drenajes ácidos y migración de metales pesados, que van hacia  las corrientes de agua, subsuelo,  lagunas o mar. La compañía citada  pretende obtener 600,000 onzas de oro comprobadas y 400,000 onzas potenciales, más la plata asociada, lo que les reportaría en los 7 años de vida de ese tajo,  un ingreso de 1900 millones de dólares  según el precio de mercado de la onza a finales del 2012, con una inversión de 300 a 400 millones dólares. El retorno del capital invertido es increíblemente expedito. En total  esta empresa pretende abrir seis tajos que no explicita  en su manifiesto de impacto ambiental. Se trata de una región de altos valores ambientales y de diversidad biológica en un estado que ya ha perdido el 95% de su cubierta de vegetación natural.
  4. Para legitimar un proceso industrial de alto riesgo,  y para  obtener los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente las compañías y sus asesores incluyendo ex-secretarios de medio ambiente,  desarrollan un  discurso de  desarrollo sustentable.  Su principal argumento legitimador es que generan empleos para la población local (en el caso arriba mencionado  de los 300 empleos directos, 150 serían trabajadores traídos de otro lado que operan grandes maquinarias y otras actividades especializadas) y que son ambientalmente inocuos. Para realizar las obras de infraestructura se requieren temporalmente 1000 empleos mismos que como en otras obras masivas no son absorbidos a mediano y largo plazo por ningún proceso dinamizador de la economía.
  5. La explotación del subsuelo, es de   “interés público prioritario”, y prima sobre  otros intereses públicos y privados no mineros como serían por ejemplo las áreas naturales protegidas. Este interés público prioritario es la base del proceso de privatización de los recursos naturales mineros del país al ser transferidos a los intereses de los grandes consorcios nacionales e internacionales . Las concesiones mineras que el estado otorga a las compañías, son patente de corso para acceder a los  territorios en  cualquier lugar del país  incluyendo pueblos y ciudades y áreas naturales protegidas o mar. Las concesiones otorgadas son   zonas de exclusión para que otras compañías mineras, y así no no le disputen los mismos territorios. Con las concesiones las compañías mineras tienen en sus manos además, de manera directa o indirecta,  la administración de las políticas “de desarrollo” regionales, en muy largo plazo. Es casi imposible  la devolución territorial a los dueños actuales de la superficie terrestre puesto que las concesiones se otorgan a 50 años prorrogables por otros 50 más.  
  6. Casi nunca los nombres de las  grandes compañías extranjeras  aparecen en las concesiones aunque las mismas reportan en sus boletines mensuales para sus inversionistas  en internet que son dueños (ni siquiera posesionarios) de la totalidad del territorio  que abarca la concesión.  No todo el territorio de una concesión es removido, sin embargo,  en esta primera  fase de exploración pueden pasar sobre siembras, desmontar, abrir caminos depositar materiales , contaminar ríos y sobre todo estudiar  cómo van a acaparar prioritariamente las diversas fuentes de  agua cercanas o lejanas etcétera.  En esta fase entre el otorgamiento de la concesión y la explotación , compañías especializadas investigan con precisión las porciones del territorio concesionado que van a explotar.  Si los dueños de los terrenos se niegan a vender o rentar,  la empresa puede solicitar al estado la expropiación del mismo.  En México han sido concesionadas alrededor de 25 millones de hectáreas del país de más de 200 millones de ha concesionables según el Servicio Minero Nacional incluyendo porciones del mar. Ya en la fase de explotación el mineral sale del país en forma impura o purificado sin ninguna regalía a los municipios, estados o la federación. El pueblo de México  no tiene ningún beneficio de este proceso industrial de alto riesgo.
  7. Es indudable que los procesos industriales  de esta envergadura, trastocan el medio ambiente, (destruyen la complejidad de los ecosistemas, contribuyen al  cambio climático y la degradación de la diversidad biológica). Utilizan masivamente el recurso agua del que tienen  acceso prioritario  frente al de consumo humano (la ley viola el precepto de acceso al agua como un derecho humano prioritario). Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas significa el desplazamiento, despojo no sólo de manera espacial de sus recursos naturales esenciales para la vida como es el agua, diversidad biológica y agro diversidad. Ya no hay bienes comunes que administrar, relaciones sociales comunitarias que establecer, naturaleza que manejar, conocimientos milenarios que recrear, milpa que sembrar y recursos fitogenéticos que domesticar,  en resumen se trata de la muerte cultural generada en un choque frontal entre un proyecto industrial de la cultura de la muerte  que desplaza el  proyecto implícito  regional indígena y campesino sobre un territorio determinado. Por ejemplo los valles centrales de Oaxaca en especial las laderas están concesionadas, y si entraran en la fase de explotación las compañías mineras provocarían un desastre ambiental y humano en un territorio de alta densidad cultural - histórico – paisajístico.
  8. Adicionalmente nuevos fenómenos industriales se asocian a la minería de esta envergadura. En nombre de la sustentabilidad hay compañías mineras que le disputan a la población local e indígena más territorios para construir hidroeléctricas que alimentarían a su sistema minero con electricidad “sustentable”. El interés minero sobre vastos territorios en México se encuentra principalmente en las sierras, en especial (no exclusivamente) en la gran cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental. En general se encuentran en las cabezas de cuenca, o en laderas, dominantemente  en zonas áridas,  semiáridas o subhúmedas, con altos valores en  biodiversidad y captación de la poca o mucha agua que van a conformar mantos acuíferos cuenca abajo. Pero igual de grave es el choque frontal con las poblaciones locales.
  9. Para mediados del 2012  el gobierno mexicano ya había sido concesionado   2 173 141 has de  las  28 millones de hectáreas identificadas por Boege 2008  como el núcleo duro de los territorios indígenas. Es decir,  en los últimos 100 años los indígenas habían  perdido la jurisdicción del  17 %  de su territorio tan sólo por concesiones mineras  frecuentemente sin que las comunidades se  hayan enterado.  Según las cifras que analizamos más abajo la mayoría de las concesiones en territorios y no  indígenas fueron otorgados por los dos últimos gobiernos panistas al amparo de una ley minera de corte salinista.

Según la ley minera el gobierno tiene la obligación de informar a los propietarios de que pretende concesionar estas porciones de tierras, e indagar si hay interés local para “explotar” lo minerales y obtener ellos la concesión. En el caso de los indígenas la ley dice que en igualdad de condiciones de capacidad de explotación, léase capital y tecnología  (con las transnacionales) “sería prioritario”  el otorgamiento de la concesión a los indígenas.

  1. Hay que aclarar que se trata de concesiones que abarcan todo tipo de minería y se dan en general a 50 años prorrogables.  Entre los años  2000 a 2012 (en este caso los gobiernos panistas con leyes salinistas)   concesionaron en los territorios indígenas alrededor de dos millones de hectáreas principalmente  para la minería metálica como lo muestra la siguiente tabla.  Hay que aclarar que la siguiente tabla jerarquiza solamente el mineral  principal reportado por las empresas. Frecuentemente,  ocultan los minerales en asociación, algunos de muy alto interés industrial (tungsteno, cobre, molibdeno, etcétera).

Tabla 1. Número de concesiones otorgadas en territorios indígenas por los gobiernos panistas.

NÚMERO DE CONCESIONES OTORGADAS  EN TERRITORIOS INDÍGENAS      2000-2012: METALES PRINCIPALES DE LA CONCESIÓN

Oro

2814

Plata

71

Cobre

25

Esta pequeña tabla es muy significativa ya que se trata de concesiones recientes,  puesto que  actualmente lo más redituable de la minería a cielo abierto , es el oro.

La totalidad de los 5712 polígonos concesionados  en territorios indígenas, suman               2 066 307 has, sin embargo  625 concesiones han sido canceladas por lo que hay que restarle 232 mil hectáreas. La mayoría de los territorios se encuentran en fase de investigación o exploración (o en búsqueda de inversionistas)  mientras  106 833 has ya están en la fase de explotación.

  1.   La mayoría de las concesiones están en la fase de exploración. Es en  esta   fase en donde las mineras se acercan (con especialistas en movilización social y resolución de conflictos a veces financiados por los “organismos de desarrollo” del gobierno de Canadá), a las autoridades municipales y estatales, reparten  dádivas y promesas,  como pintar una iglesia, construcción de  locales para asamblea ejidal, construir  caminos etcétera. Este proceso “de movilización social” es  un eufemismo para que las empresas puedan autodeclararse como  comprometidas con la sociedad local y que se puedan certificar con la etiqueta de “empresas socialmente responsables “. Es en esta fase donde los operadores de las mineras provocan las primeras divisiones en la población ,  ya que hábilmente contratan para trabajos como el acarreo de agua etcétera, a ciertos líderes locales incluyendo a las autoridades municipales  .  Esto significa que es en este momento que  las mineras buscan la “licencia social” para entrar en las regiones y territorios campesino e indígenas. En este proceso  es recurrente que  compañías polarizan  y descomponen el tejido social  y enfrentan de múltiples maneras la sociedad y cultura local. En varias zonas deconcesiónn minera se han observado asesinatos de lideres que luchan en contra de su instalación y o operación.
  2. En el caso de los pueblos indígenas, las autoridades federales hacen caso omiso de los convenios internacionales y su  manual respecto el consentimiento libre e informado (Convenio 169 OIT)   por parte de la población. Cabe mencionar que este consentimiento libre e informado, también incluye el derecho a decir no al proyecto. Si este proceso de consulta se atiene al manual que la OIT publicó  para las consultas, no debiera  ser  la autoridad  municipal o agraria o del estado en cuestión, quien organice este proceso. Más bien, una autoridad federal de “buena fe” -así dice el Convenio 169 de la OIT- tiene que informar y consultar a toda la población indígena informada sea propietaria de la tierra o no.

  1. Es en la fase de la exploración  en donde las empresas tienen que presentar su Manifestación de Impacto Ambiental Regional Federal, (MIA-R  ) , de riesgo tipo  2 (cuando usan sustancias como el cianuro). En el momento que la empresa  ingresa a la SEMARNAT la MIA , la sociedad tiene el derecho a solicitar la consulta pública del documento en 10 días hábiles siguientes  y a discreción de la autoridad  se puede efectuar una reunión pública en donde la empresa  informa  a la población y los distintos sectores pueden opinar (como si los pueblos indígenas de las regiones más apartadas consultan cada jueves la internet para ver si alguien está ingresando una MIA en su región, y solicitar en los siguientes  10 días  hábiles la consulta pública de un documento altamente especializado. En la reunión pública informativa la población tiene derecho de opinar y proponer  mejoras al proyecto. Cabe decir que si la población rechaza el proyecto y no da su “licencia social”, su opinión no es vinculante para la autoridad ambiental para otorgar  el permiso o no. Por ello, el proceso de consulta y reunión pública informativa no se puede considerar como una válida.

Hay que recordar que los territorios indígenas se organizan principalmente alrededor  de la  propiedad ejidal  y comunal y en menor grado a la privada. Una sola concesión  (las empresas tienen varias en su propiedad) puede desbaratar un ejido o comunidad o bien acaparar las fuentes de agua o contaminarlas por ejemplo.  

Mapas de territorios indígenas con concesiones mineras (Los polígonos están en rojo)

Baja California y Sonora

Sonora, Sinaloa, Chihuahua

Concesiones en territorio nahuas, pames y tenek

Sierra norte de Puebla

Nayarit, Durango, Jalisco

Michoacán, Estado de México, Querétaro

Oaxaca, Guerrero y Veracruz incluyendo(Los Tuxtlas)

Oaxaca: Valles Centrales, Sierra Sur e Istmo de Tehuantepec

TABLA 2. Con la superficie de los polígonos de concesiones vigentes, en relación con la totalidad de su territorio. (A la suma total de concesiones hay que restarle alrededor de 250 mil hectáreas, mismas que ya caducaron)

PUEBLO INDÍGENA: (Se usa la nomenclatura del INEGI porque así aparecen en los censos. Véase en Boege 2008 las denominaciones reales de los pueblos indígenas)

TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS HECTÁREAS (Boege 2008)

EXTENSIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS

% DE SU TERRITORIO

Chatino

223077

65667

29.4

Chichimeca Jonaz

4396

615

14.0

Chol

796544

1993

0.3

Chontal de Oaxaca

135933

5 222

3.8

Cochimi

7599

522

6.9

Cora

367047

121028

33.0

Cucapa

153688

62 214

40.5

Guarijio

83014

27 699

33.4

Huasteco (Tenek)

250611

2 805

1.1

Huave

106 879

6 237

5.8

Huichol

832 951

63 285

7.6

Kanjobal

29 918

59

0.2

Kikapoo

7040

4 598

65.3

Kiliwa

27557

23 479

85.2

Mame

35796

2 377

6.6

Maya

7 441968

69 912

0.9

Mayo

321124

33 174

10.3

Mazahua

125482

12 477

9.9

Mazateco

315254

727

0.2

Mixe

681045

7 845

1.2

Mixteco

1 702341

92 538

5.4

Náhuatl  del Sur  de Veracruz

96293

4759

4.9

Náhuatl GRO, Altiplano, EDOMEX, OAX

665574

45 617

6.9

Náhuatl SLP, SNP, NVER

948680

38 313

4.0

Náhuatl Zongolica - Pico de Orizaba

348988

3151

0.9

Náhuatl de Durango

36582

5578

15.2

Náhuatl de Michoacán

76218

39742

52.1

Otomi

489646

30748

6.3

Paipai

68326

66360

97.1

Pame

104479

3005

2.9

Pima

53767

27349

50.9

Popoluca

103446

39373

38.1

Quiché

32414

279

0.9

Seri

212222

5255

2.5

Tarahumara (Raramuri)

264891

634457

24.0

Tepehuán (Odam)

1182536

272536

23.0

Tlapaneco

294429

74055

25.2

Tzeltal

924774

459

0.0

Tzotzil

774323

7115

0.9

Yaqui

449320

9318

2.1

Zapoteco

1 775199

280272

15.8

Zoque

674455

19255

2.9

 Del análisis de la tablas 1 y 2 y los datos que se proporcionan sobre las concesiones mineras  se desprenden varias conclusiones:

  1. Las concesiones mineras vigentes que se han otorgado dentro de los  territorios de los pueblos indígenas datan desde 1899. Detectamos  en ellos 5712 polígonos, cada uno representa una concesión. De estos polígonos están vigentes un total de  5 087  con   1 940 892 hectáreas mientras que 650 han sido canceladas.  Estas cifras nos dan un promedio de 17 % de afectación de los territorios indígenas.  Sin embargo, algunas  las concesiones abarcan casi la totalidad de los  territorios de  los pueblos pequeños (kiliwas, kikapoo, cucapas, pimas, guarijios). Esto es gravísimo porque se trata de la última estocada en contra de su sobrevivencia de estos pueblos indígenas. Hay que aclarar que aún los pueblos con una población importante con hogares indígenas, también son “expropiados” del control de su territorio como son los nahuas de Michoacán. Tal vez los territorios indígenas más golpeados en términos de la extensión de las concesiones son los rarámuris (tarahumaras), zapotecos (principalmente de los valles centrales de Oaxaca), chatinos, mixtecos,  coras y tepehuanes. Juntos suman más de un millón de hectáreas en donde los indígenas pierden el control sobre sus territorios  y representan la mitad de todas las concesiones en territorios indígenas.
  2. Como vimos arriba las compañías mineras compran o rentan  terrenos en donde directamente explotan y procesan el mineral;  en caso que la población se negara a vender o rentar el estado tiene el “derecho” a solicitud de las compañías, de  expropiar los terrenos en nombre del “interés público”.
  3. Las concesiones mineras para la explotación del oro dominan sobre las que se refieren a la minería de otros metales o  no metálicas. Las metálicas en especial son  las que usan  cianuro (de sodio) para lixiviar los metales utilizan procedimientos  de alto riesgo tanto para la salud humana como para el medio ambiente.
  4.   La Secretaría de Economía  que otorga las concesiones, no incluye al proceso inicial la consulta pública el componente indígena según  los convenios internacionales que México ha firmado.
  5. Las compañías mineras están incursionando también en la “autoproducción sustentable” de energía eléctrica como lo muestran los proyectos de cuatro represas en la Sierra Norte  de Puebla. De la información de las concesiones  y de los proyectos de de represas, podemos concluir los indígenas nahuas y totonacos perderían alrededor de 30 mil hectáreas  o más  de sus territorios , sin que medie ninguna consideración de que se trata de  territorios indígenas.