CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

JUNTA DE ANDALUCIA

SECRETARIA GENERAL TECNICA

Estimados Sres.:

Atendiendo a su amable petición de 3 de noviembre les adjuntamos nuestro informe y comentarios con respecto al Proyecto de Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que les solicitamos encarecidamente que tengan en cuenta en todos y cada uno de sus puntos, y se sirvan responder al presente haciendo saber las solicitudes aceptadas.

Atte.

Openkratio

  1. Con respecto al artículo 3. Ámbito de aplicación del Consejo.

“En materia de transparencia pública, el Consejo ejercerá sus competencias sobre las personas y entidades a las que se refieren el artículo 3.1, excepto la letra b); el artículo 4 y el artículo 5 de la Ley 1/2014, de 24 de junio”.

Lo anterior parce que supone excepcionar:

  1. El Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo Económico y Social de Andalucía y el Consejo Audiovisual de Andalucía.
  2. Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan funciones delegadas de control u otro tipo de funciones administrativas.
  3. Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, en todo caso, y las iglesias, confesiones, comunidades y otras entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, las corporaciones, asociaciones, instituciones, entidades representativas de intereses colectivos y otras entidades que cumplan determinados requisitos.
  4. Las empresas prestadoras de servicios públicos locales en régimen de gestión indirecta.

Recomendación: El ámbito de actuación del consejo debería de extenderse a todas las administraciones públicas andaluzas y todo el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 1/2014, y si bien, fuera necesaria la restricción de alguna entidad incluida en el ámbito subjetivo de aplicación, deberá de sustituirse de forma imprescindible por el órgano o administración que tenga la tutela administrativa de la competencia o función autónoma o delegada, o en último término, de su fiscalización financiera.

  1. Respecto del art. 6.5. Estructura del Consejo

Las distintas unidades ejercerán sus funciones coordinadamente, especialmente en la ponderación de los derechos, principios e intereses relacionados con la transparencia pública y la protección de datos, en los términos de la Ley 1/2014, de 24 de junio, la Ley 19/2013, de 8 de diciembre, el resto de normativa sectorial en esas materias, así como de la jurisprudencia. Para ello, la Dirección podrá crear grupos o comisiones de trabajo para mejorar la coordinación de sus actividades, así como asignar provisionalmente al personal del Consejo a dichos grupos o comisiones”. 

Recomendación: Sería conveniente regular en mayor medida el funcionamiento de esos grupos o comisiones, y especialmente, si puede ser necesaria o recomendable la participación de la comisión consultiva en las mismas, a criterio del propio Consejo.

  1. Respecto del art. 7.2. Estatuto personal de la persona titular de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

“La persona nombrada tendrá la consideración de Alto Cargo, con rango asimilado al de persona titular de Viceconsejería, y ejercerá sus funciones con plena independencia, neutralidad, dedicación exclusiva y objetividad, no estando sujeta a instrucción o indicación alguna en el desempeño de aquellas. No obstante, la persona titular deberá oír a la Comisión Consultiva en los supuestos en los que esta deba ser o sea consultada.”

Recomendación: Ampliar el texto añadiendo “… y motivar las discrepancias con la misma en el caso de que las hubiera, justificando sus decisiones”. Se trataría de ampliar el alcance de las consultas a la Comisión, para en el caso de discrepancias, o diferencias de criterio de alguna clase, la Dirección del Consejo debiera de reforzar/explicar el sentido de la actuación que la motive.

  1. Respecto del artículo 8.2.g). Funciones de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

“Específicamente le corresponde a la Dirección: g) Dictar instrucciones y resoluciones en desarrollo de este Estatuto”

Recomendación: Introducir la necesidad de pedir opinión a la Comision Consultiva. El Estatuto es una herramienta importante para dejar su desarrollo exclusivamente a la Dirección del Consejo. Además, también sería conveniente establecer un régimen de aprobación de estas instrucciones y resoluciones.

  1. Respecto del artículo 10.2 Composición y estatuto personal de la Comisión Consultiva de Transparencia y la Protección de Datos.

“La Comisión Consultiva estará presidida por la persona que ejerza la Dirección del Consejo y contará con catorce miembros, que serán nombrados por la persona titular de la Consejería de la Presidencia. Las propuestas de nombramiento estará dirigidas a la citada Consejería, en representación de:

  1. La Administración de la Junta de Andalucía, dos miembros, designados por la Consejería de la Presidencia.
  2. El Parlamento de Andalucía, un miembro, que deberá tener la condición de Diputado o Diputada.
  3. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, un miembro.
  4. La Cámara de Cuentas de Andalucía, un miembro, que deberá tener la condición de Consejero o Consejera de la misma.
  5. Las Administraciones Locales andaluzas, un miembro, a través de las entidades y asociaciones mayoritarias que representen los intereses municipales y provinciales.
  6. Las Universidades Públicas andaluzas, un miembro, a través del Consejo Andaluz de Universidades.
  7. Las entidades representativas de las personas consumidoras y usuarias, un miembro, a través del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía.
  8. Las entidades representativas de los intereses sociales y económicos. Tres miembros, en representación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía.
  9. Tres personas expertas en la materia, a través de la propia Consejería de la Presidencia.

Las propuestas incluirán tanto el nombre de la persona que ejercerá el cargo como titular, así como de la que lo ejerza como suplente”.

Recomendación: Los Estatutos pueden dividirse en dos partes, por un lado la referente a la organización del consejo, y por otra la relativa a la actividad del propio consejo. Tal y como afirma el informe de cargas administrativas, la primera podría considerarse un reglamento interno o independiente. Lo mismo indica el informe de evaluación de impacto de género, que en los aspectos referidos a organización y estructura, los califica de internos o independientes, si bien indica que en cuanto las gestiones organizativas repercuten en la actividad del Consejo, la ciudadanía en general también es destinataria, al igual que en el caso de la regulación de su actividad.

Este informe, pone de manifiesto a través de la perspectiva de género, qué sectores de población y administrados relacionados con el ámbito social  (educación, servicios sociales, y vivienda), la administración, pública o el medio ambiente es necesario tener en cuenta. Igualmente se remite al Informe de “La calidad de los Servicios Públicos y la Aptitud de los Ciudadanos hacia las medidas modernizadoras de la Administraciones Públicas”, elaborado por el Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos de Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, el cual afirma de forma contundente, en relación con la opinión y participación ciudadana: “la preferencia por acudir a consejos o comités de usuarios (como consejos escolares o de participación local), la participación en entrevistas o grupos de debate sobre el funcionamiento de los servicios públicos o incluso en foros por internet es inferior al 10%”. Este último informe referido en el análisis de la perspectiva de género, analiza la evolución de aspectos de la sanidad pública (centros de salud y hospitales), educación pública, servicios sociales, transportes públicos, administración de justicia, servicios de empleo, o los servicios puramente administrativos. Lo cual viene a actualizar otro informe de este observatorio, el de “Agenda Pública y Satisfacción con los Servicios Públicos en el Estado Autonómico” de 2010, en el cual se estudiaba el grado de satisfacción de los ciudadanos con alrededor de cincuenta políticas y servicios públicos que son responsabilidad de los distintos niveles de gobierno y administración en España, incluyendo a Andalucía. En el mismo se apuntaba  cuestiones susceptibles de mejora y se pretendía la generación de información que pueda servir para mejorar la agenda política. En este sentido, afirma que “la opinión de los ciudadanos es un indicador más que puede unirse a otros de carácter objetivo que de manera creciente se están utilizando para poder disponer de información sobre el funcionamiento y los retos del Estado Autonómico”.

Todo lo anterior no es sino una reflexión para justificar que lo que prevé el  art. 49.3.f) de la Ley cuando prevé su composición con 14 personas de varios colectivos, entre ellos, “miembros representativos de intereses económicos y sociales” y/o “personas expertas en la materia”, no se cumple ni de cerca en el borrador del art. 10.2.

En el planteamiento que realiza el borrador, resulta difícil determinar que se trate de un verdadero órgano de participación  tal y como se plantea en la exposición de motivos de la ley: la mitad de la composición depende de recursos económicos y de competencias de la Junta de Andalucía, tres de ellos estarían fuertemente vinculados a la tecnoestructura de la Junta, incluso con dependencia económica, uno de ellos representaría verdaderamente a la sociedad civil proveniente de las tres organizaciones de consumidores, aunque igualmente dependientes de la tecnoestructura, y restando tres miembros expertos que serían designados por la propia Presidencia de la Junta.

El art. 49.3.f) de la Ley dispone que “La Comisión Consultiva estará compuesta por la persona que ejerza la Dirección del Consejo y catorce miembros en representación de:

a) La Administración de la Junta de Andalucía.

b) El Parlamento de Andalucía, reuniendo la condición de diputado o diputada.

c) Las administraciones locales andaluzas.

d) Las universidades públicas andaluzas.

e) Las entidades representativas de las personas consumidoras y usuarias.

f) Las entidades representativas de los intereses económicos y sociales.

g) Personas expertas en la materia.

h) Un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

i) Un representante de la Cámara de Cuentas de Andalucía”.

Por tanto, se propone la siguiente redacción:

  1. La Administración de la Junta de Andalucía, 1  miembro, designados por la Consejería de la Presidencia.
  2. El Parlamento de Andalucía, 1 miembro, que deberá tener la condición de Diputado o Diputada.
  3. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, 1 miembro. 
  4. La Cámara de Cuentas de Andalucía, 1 miembro, que deberá tener la condición de Consejero o Consejera de la misma.
  5. Las Administraciones Locales andaluzas, 1 miembro, a través de las entidades y asociaciones mayoritarias que representen los intereses municipales y provinciales.
  6. Las Universidades Públicas andaluzas, 1 miembro, a través del Consejo Andaluz de Universidades.
  7. Las entidades representativas de las personas consumidoras y usuarias, 1 miembro, a través del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía.
  8. Las entidades representativas de los intereses sociales y económicos. 1 miembros, a través del Consejo Económico y Social de Andalucía, en lugar de empresarios o sindicatos, pues se adecua mejor a lo requerido.
  9. 6 personas expertas en la materia, a través de entidades de la sociedad civil sin ánimo de lucro relacionadas con el estudio, defensa o promoción de la transparencia considerada como herramienta horizontal aplicable a cualquiera de los sectores referidos anteriormente y que son utilizados por la sociedad civil: 1 CIVIO, 1 ACCESS INFO EUROPE, 1 OKFN ESPAÑA, 1 OPENKRATIO, 1 COALICIÓN PROACCESO, y 1 Transparencia Internacional España)

Esta composición, además de cumplir con lo dispuesto en la Ley, y tener en cuenta incluso los informes citados anteriormente, en el sentido de tratar la transparencia como un indicador y referencia para el uso de todos los servicios públicos, daría más credibilidad, fortaleza, prestigio e impulso a la Comisión Consultiva y el propio Consejo, ya que supone una composición más numerosa de la sociedad civil identificada con los objetivos de la ley desde un punto de vista horizontal, y por tanto cubriendo los particulares, entidades públicas y privadas en relación con todos los servicios públicos y sus sectores. Razón por la cual, lo más conveniente es incluir expertos provenientes de estas entidades de la sociedad civil, que tengan residencia en Andalucía y sean andaluces.

  1. Respecto del artículo 10.4 Composición y estatuto personal de la Comisión Consultiva de Transparencia y la Protección de Datos.

“Los miembros de la Comisión guardarán reserva sobre los asuntos tratados, las deliberaciones, debates, acuerdos y votaciones, así como sobre las informaciones y datos a los que hayan accedido en razón de sus funciones, incluso una vez agotado su mandato”.

Recomendación:  Esto no es transparente. Sugerimos restringir su aplicación solamente a los casos en los que afecte a datos personales. El funcionamiento debe de ser lo más abierto posible, lo que contribuye a una mejor independencia en su funcionamiento.

  1. Respecto del art. 11. Régimen de funcionamiento de la Comisión Consultiva de Transparencia y la Protección de Datos.

“5. La Comisión Consultiva se reunirá ordinaria y preferentemente en los meses de marzo y septiembre de cada año sin perjuicio de las convocatorias extraordinarias convocadas por la Presidencia, por decisión propia de la misma o por solicitud motivada de un tercio de los miembros de la Comisión”.

Recomendación: Se sugiere una reunión ordinaria al cuatrimestre.

“8. La Comisión Consultiva podrá aprobar un reglamento interno en los asuntos no previstos en este Estatuto. Le resultará de aplicación supletoria lo previsto para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y la Ley 9/2007, de 22 de octubre”.

Recomendación: Sería conveniente potenciar el régimen de funcionamiento online y la obligatoriedad de utilizar la administración electrónica y las TIC para potenciar su funcionamiento operativo.

Otras recomendaciones:

  1. Respecto del art. 14.4  Publicidad y transparencia de la actividad del Consejo.

“La agenda institucional de la persona titular de la Dirección será publicada en la sede electrónica del Consejo”.

Recomendación: Es importante reforzar su publicidad como mecanismo garante de la independencia, publicando el contenido de las reuniones, o al menos un extracto de la motivación de las mismas.

 

  1. Respecto del art. 17. Recomendaciones e Instrucciones.

Recomendación: Que el Consejo Consultivo pueda promover la adaptación de recomendaciones e instrucciones.

  1. Respecto del Art. 29. Personal.

“El personal funcionario del Consejo que ejerza funciones inspectoras, tendrán el carácter de agente de la autoridad”.

Comentario: Es muy acertada su incorporación, pero podría ser recomendable que en la estructura se visualice un “servicio de inspección”, y se enumeren sus capacidades, y ámbitos, aunque sea por referencia al resto del articulado. Su funcionamiento es imprescindible. Quizás también, pudiera apuntarse un mecanismo de “comunicación” de situaciones infractoras que motivasen inspecciones.

  1. Comentario:

Si bien el art. 21 (Objeto y régimen jurídico de la reclamación) parece establecer con claridad el mecanismo de coordinación con la Ley 19/2013, es conveniente incorporar alguna otra conexión con el Artículo 5 (Colaboración con las comunidades autónomas y entes locales) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que prevé que:

“En el ámbito de sus competencias, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno podrá  colaborar con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a  través de los siguientes mecanismos:

a) Convocará con periodicidad al menos anual reuniones con los representantes de los organismos que hayan sido creados a nivel autonómico para el ejercicio de funciones  similares a las encomendadas al Consejo.

b) La celebración de convenios de colaboración que, conforme a lo dispuesto en la  disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, faculten al Consejo  para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 de dicha ley.

c) La celebración de convenios de colaboración en materias específicas en el ámbito  de sus respectivas competencias”.

  1. Sugerencia:

Al igual que se informan todos los proyectos normativos desde la perspectiva de género, infancia, cargas administrativas, y teniendo en cuenta los principios de eficacia regulatoria, sería conveniente que el Consejo y/o la Comisión Consultiva pudieran informar igualmente con respecto a la transparencia y protección de datos. Su valor aglutinador y poliédrico necesita de estos puntos de apoyo para “incorporarse” en el “adn” de cualquier organización.

  1. Recomendación:

Sería conveniente que el Consejo pudiera promover y colaborar con actividades de formación y sensibilización, independientemente y sin necesidad de contar con otras unidades de la Junta de Andalucía. Igualmente, que la Comisión Consultiva o el propio Consejo pudieran emprender mecanismos adicionales de participación como vía de colaboración de los ciudadanos en el mejor desempeño de las funciones del organismo y para favorecer el cumplimiento de la normativa de transparencia, siendo muy recomendable la utilización de las tecnologías de la información: encuestas, procesos participativos, etc.

  1. Recomendación: 

Sería muy recomendable profundizar o al menos dejar reflejado en alguna herramienta jurídica de desarrollo de la ley que las entidades obligadas a su cumplimiento, podrían utilizar los portales de transparencia estatales para cumplir sus obligaciones, para los que se establecerá una colaboración entre administraciones. Podría ser el caso de las entidades locales andaluzas que utilizaran las herramientas de transparencia que pusiera a disposición el Estado o la FEMP, y que no cumplieran con la totalidad de los requerimientos de publicidad activa que implica la normativa andaluza. 

  1. Recomendación:

Con respecto a la colaboración y cooperación con la Agencia Española de Protección de Datos, en un régimen transitorio, sería conveniente describir el contenido de la colaboración.