Fortalecimiento de la Red de Gobierno Abierto

Centro de comunicación Virginia Woolf (Cotidiano Mujer)

Lilián Celiberti

Introducción

La incorporación de Uruguay a la Alianza de Gobierno Abierto, la construcción del Plan de Acción nacional y el Grupo de trabajo designado por resolución del presidente de la República –integrado por representantes de la sociedad civil-, generan la necesidad de consolidar una Red de organizaciones sociales con la voluntad de impulsar una nueva cultura de gobierno orientada a la transparencia pública y mayores niveles de participación e información de la ciudadanía en las cuestiones de gobierno. En tal sentido, las Mesas de Diálogo han sido espacios interesantes para la incorporación de nuevas temáticas y para articular las voces de diferentes actores institucionales y sociales, tanto de la academia como de las organizaciones sociales.

Descripción de la organización

El Centro de Comunicación Virginia Woolf (Cotidiano Mujer) es un colectivo feminista creado en 1985, que adquirió la personería jurídica en 1992. Nació en torno a la publicación de un mensuario, Cotidiano Mujer, en 1985, el año de la recuperación democrática en Uruguay.

Desde entonces, Cotidiano Mujer ha acompañado el desarrollo de la agenda política y cultural de las mujeres uruguayas y latinoamericanas, construida en miles de encuentros, marchas, campañas y debates.

Como feministas la agenda de trabajo abarca todos los temas: la cultura, los derechos humanos, la economía, el placer, el medio ambiente; también el aporte a nuevos derechos ciudadanos y a nuevas dimensiones de la libertad y la autonomía de las mujeres, tanto económica, como política, afectiva y cultural. Una sociedad que no combata la desigualdad es reproductora de violencia cotidiana.

Cotidiano Mujer desarrolla acciones de comunicación política y promueve los derechos de las mujeres para consolidar su calidad como sujeto de cambio. Su accionar se dirige fundamentalmente al cambio cultural a través de investigaciones, campañas y acciones ciudadanas que garanticen la pluralidad de voces y actoras/es en los debates para generar nuevos sentidos comunes e incorporar la perspectiva feminista en temas de la agenda pública: el aborto, los derechos sexuales y reproductivos, la participación política de las mujeres, la sustentabilidad de la vida, el cambio en la división sexual del trabajo y la ética del cuidado, la cultura de los derechos humanos en las relaciones cotidianas y tantos otros.

Nuestras páginas y los micrófonos del programa diario Nunca en Domingo en CX22 Radio Universal están abiertas a las opiniones y acciones de todas las formas de organización social y acción cultural del país y la región. Apostamos al relacionamiento entre los movimientos y actores/as sociales, por lo cual integramos articulaciones sociales en relación a diversas agendas.

Formamos parte del equipo promotor del Festival de Cine internacional de Derechos Humanos Tenemos que ver, un proyecto que busca dar difusión a las películas que abordan temas de derechos humanos, que lleva ya cuatro ediciones en Montevideo.

Entre las acciones de comunicación se destacan las tres campañas que lograron la Campana de Oro en publicidad de bien público. La campaña contra los fundamentalismos desde 2002, y su emblema la boca, da la vuelta al mundo sumando voces rebeldes y críticas frente al autoritarismo y el patriarcado.

Entre las muchas actividades que realizamos, destacamos:

Participamos en:

Estado de situación de las principales temáticas

  1. Violencia de género

En Uruguay casi siete de cada diez mujeres han vivido violencia basada en género en algún momento de sus vidas. La violencia de género afecta en mayor medida a las más jóvenes, en particular a quienes tienen entre 19 y 29 años; es mayor en las mujeres que declaran ascendencia afro y en quienes viven en la región sureste del país. No existen mayores diferencias entre los distintos estratos socioeconómicos y niveles educativos. Estos datos se desprenden de la primera encuesta de Prevalencia de la violencia basada en género y generaciones (Mides/INE, 2013). Dentro de los ámbitos indagados (público y privado) la violencia en las relaciones de pareja presenta la prevalencia más alta. Casi una de cada dos mujeres (45,4%) que han tenido alguna relación de pareja a lo largo de su vida declaran haber vivido alguna vez violencia por parte de ésta o de una ex pareja.

En el correr del año se han registrado más de 25 asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas. En algunos casos se carece de información veraz desde las organizaciones sociales para contabilizar los feminicidios, diferenciándolos de las muertes por otras causas.

En este momento está abierto el debate sobre la reforma del Código Penal que mantiene pautas patriarcales y violatorias de los derechos humanos de las mujeres.

  1. Paridad

Las elecciones departamentales y municipales celebradas en mayo de 2015 en Uruguay produjeron resultados ambivalentes respecto a la presencia de mujeres en los cargos electivos de gobierno y representación política en estos niveles. La Ley de Participación Política, aprobada en 2009, contemplaba la aplicación por primera (y única) vez de cuotas de género, y establecía que en cada terna de las nóminas de candidatos y candidatas que presentaran los partidos, por lo menos uno de los integrantes de debía ser de diferente sexo a los otros dos. El resultado para las elecciones nacionales significó 30% de senadoras y 18% de diputadas, 21% del Parlamento nacional. En las elecciones departamentales mientras tanto, la presencia de mujeres se redujo en los máximos cargos ejecutivos: en la actualidad Uruguay sólo tiene una mujer intendenta de un total de 19 cargos, mientras que tuvo tres luego de las elecciones de 2010. Asimismo, las elecciones de 2015 significaron una reducción en el porcentaje de alcaldesas. Sin embargo, el porcentaje de mujeres electas como edilas “saltó” respecto a la elección anterior y el de concejalas aumentó levemente. A nivel de los máximos cargos designados, en tanto, el panorama de presencia de mujeres varía según los departamentos: en promedio las mujeres representan 20% de estos cargos.

El análisis de las elecciones nos permite extraer conclusiones: 1. las mujeres continúan ocupando candidaturas de escasa competitividad. Esta característica de la oferta electoral subnacional 2015 sigue un “patrón” general de las candidaturas femeninas en Uruguay. 2. Las elecciones departamentales y municipales confirman que la cuota de género funciona cuando se “amalgama” bien con la ingeniería electoral, es decir que logra impacto cuando se combina con distritos grandes, listas cerradas y bloqueadas y fórmulas de representación proporcional para la asignación de los cargos. La cuota mostró sus mayores efectos en la elección de los miembros de las juntas departamentales justamente porque los ediles y edilas se eligen en el marco de sistemas electorales que incluyen los elementos señalados. La presencia de mujeres en las juntas departamentales lleva la tasa de edilas a valores superiores a 20% en todas las juntas, cuando en el período sin cuota algunos legislativos departamentales no alcanzaban los dos dígitos de presencia de mujeres. 3. En tercer lugar, las elecciones departamentales y municipales de 2015 confirman que sin cuotas es difícil mejorar la presencia de mujeres en cargos políticos, porque los procesos de reclutamiento y selección de candidaturas que realizan los partidos políticos suelen desfavorecer a las mujeres. Por esto, si bien las cuotas por sí solas no son suficientes para aumentar la presencia de mujeres en política –pues deben combinarse bien con los otros elementos del sistema electoral- son una condición necesaria para ello.

  1. Derechos sexuales y derechos reproductivos

Cotidiano Mujer ejerce la coordinación del proyecto Sin barreras junto al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres (CNS Mujeres), Mujer Ahora, Mujeres en el Horno y Ovejas Negras. Esta iniciativa  tiene como principal objetivo difundir la Ley 18.987 (de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, 2012) y crear y afirmar la cultura del derecho a decidir, lo que significa eliminar las barreras al acceso al aborto legal y seguro. El trabajo se centra en el área metropolitana a través de la realización de talleres con los jóvenes y mujeres de los sectores más vulnerables, intercambiando información con autoridades de Salud Pública.

A pesar de los obstáculos y resistencias institucionales registradas, en particular la generalización de la objeción de conciencia, la ley 18.987 posibilita el acceso al aborto en el Sistema Nacional Integrado de Salud y significa en el contexto continental un avance muy importante en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, mientras hay muchos países latinoamericanos donde el aborto es un delito en todas sus formas, habiendo un significativo número de mujeres presas por abortar con condenas de 10 a 20 años.

Sin embargo, en estos primeros años de implementación de la ley, a través de nuestro trabajo con mujeres en esa situación, hemos podido detectar numerosos obstáculos al acceso al procedimiento:

Todas estas barreras siguen empujando a muchas mujeres a practicarse un aborto en la clandestinidad, dejándolas, como antes de la ley, expuestas a graves riesgos de salud y posibles consecuencias penales.

Creemos necesario que las autoridades del Ministerio de Salud Pública avancen en la institucionalización de la implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y en particular consideren el ofrecimiento que la Sociedad de Médicos de Familia de intervenir en el procedimiento.

Es importante asimismo la profundización del debate sobre objeción de conciencia y derechos de las mujeres a decidir sobre su capacidad reproductiva.

  1. Presupuesto y género

En un Estado democrático de derecho, la definición de cómo se distribuye la riqueza de un país y qué objetivos y necesidades se priorizan es una decisión política, estrechamente vinculada a la propuesta de gobierno y necesariamente enmarcada en las normas constitucionales vigentes. A partir de 2010 se estableció en el país una nueva metodología de elaboración del Presupuesto Nacional, introduciendo el Sistema de Planificación Estratégica.

Esta nueva metodología diseñada por la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) para la elaboración del Presupuesto Nacional radica en que la asignación del gasto se realiza en función de la definición de prioridades y de los objetivos tendientes a cumplir estas prioridades. El cumplimiento de la ejecución presupuestal ya no debería estar sujeto exclusivamente a cumplir con el gasto asignado, sino a cumplir dichos objetivos. El cumplimiento de éstos debe reflejarse en indicadores y metas cuantificables.

En este marco, en tanto, los temas de género han sido incluidos por la Ley 18.104 (Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres en la República, 2007) entre los objetivos y prioridades del Estado; el presupuesto y su respectiva ejecución debería incluir los indicadores y metas y resultados vinculados al tema.

El ciclo del presupuesto nacional sigue siendo un proceso complejo desde la óptica de la cultura organizacional, en primer lugar, porque requiere un verdadero esfuerzo de trabajo en equipo entre planificadores/as y presupuestadores/as; segundo, porque implica la revisión, el ajuste y la creación de metodologías que muchas veces cuestionan las normas y los procedimientos a los cuales estamos habituados/as; y tercero, porque los presupuestos con enfoque de género ponen de manifiesto la urgencia de retomar una perspectiva humana en todas las etapas y en todos los niveles de la planificación (nacional, sectorial, institucional).

Las razones mencionadas reclaman la formación de equipos interdisciplinarios para que, juntos, especialistas de género, conocedores/as del proceso presupuestario, coordinadores/as de proyectos y funcionarios/as públicos de niveles decisorios, contribuyan a que los objetivos de la política pública, las acciones de los planes de igualdad de oportunidades y las prioridades institucionales dirigidas a la equidad de género, se reflejen justamente en los presupuestos de egresos. Estamos finalizando el análisis del Presupuesto Nacional 2015, y vuelve a constatarse que no se establece en forma transparente la asignación presupuestal para las agendas de género en los diferentes ministerios, dificultando su monitoreo.

Metas en relación al Plan de Acción de Gobierno Abierto

El Plan de Acción 2014-2016 contiene iniciativas de gobierno vinculadas a la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y a la mejora de los servicios públicos. El Plan cuenta con 40 compromisos de gobierno y 91 metas asociadas, organizados en ocho áreas temáticas:

1. promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay

2. Gobierno Abierto para el desarrollo sectorial

3. promoción del derecho de acceso a la información pública

4. de datos públicos a datos abiertos de gobierno

5. transparencia en las compras y gestión de los recursos públicos

6. trámites y servicios en línea

7. servicios de acercamiento a la ciudadanía

8. mejora de servicios al ciudadano de los gobiernos departamentales

Para Cotidiano Mujer todas las áreas temáticas son significativas, aunque nuestras capacidades están lejos de abordarlas adecuadamente, básicamente debido a las deficiencias institucionales y de recursos.

La meta en relación al área temática 1 es uno de los ejes prioritarios que asumimos como organización: 1.Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay. En esta área temática el Plan se propone “Promover y facilitar la participación y colaboración ciudadana a través de la creación de nuevos espacios y difusión de los ya existentes. Fortalecer las capacidades de las organizaciones para llevar adelante nuevos modelos de interacción con la ciudadanía”.

Compromisos:

Fortalecimiento de la cultura de la Participación Ciudadana en Uruguay (Presidencia de la República y Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, Agesic).

Difundir, promover y poner a disposición de toda la ciudadanía la información sobre todos los ámbitos de participación ciudadana ya existentes en Uruguay, informar sus características y las mejores prácticas al respecto fomentando su replicación.

Metas comprometidas en el Plan:

Publicación del catálogo nacional de ámbitos de participación ciudadana en Uruguay.

Publicación de un calendario público de actividades de participación ciudadana.

Publicación de un documento de casos de éxito y buenas prácticas sobre participación ciudadana en Uruguay.

La ejecución de esta agenda de compromisos estaba planificada para el 2015, pero sólo se ha avanzado en la definición de algunos puntos de una matriz de registro.

Una vez mapeados los espacios de participación, nuestra meta como Red de Gobierno Abierto (RGA) debería ser incorporar la definición de indicadores para realizar una evaluación independiente que califique los espacios según los estándares de derechos humanos.

Deberíamos incorporar en este eje de participación ciudadana la dimensión de apertura de mecanismos e instancias abiertas y públicas para la designación de funcionarios/as de los organismos de contralor. Ello vale para los organismos estatales como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Comisionado Parlamentario, etcétera.

Oportunidades y desafíos de la agenda de Gobierno Abierto

El conjunto del Plan y los compromisos asumidos constituyen una oportunidad para la democratización de la gestión pública y de la articulación de acciones con la sociedad civil.

1. Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay. En esta línea se está trabajando en un mapeo de los espacios de participación de la sociedad civil que estará colgado en un portal y que podrá recibir opiniones por parte de la ciudadanía.

Desafíos:

Uno de los ejes de trabajo es impulsar la transparencia parlamentaria, tanto en lo que refiere a la información sobre proyectos de ley en debate como al perfeccionamiento de las herramientas tecnológicas para hacer accesible y amigable la información.

Por otra parte, la cultura de gobierno abierto debería incluir procedimientos abiertos y participativos para la designación de funcionarios/as públicos/as de especial relevancia. Este aspecto aún no se encuentra entre las metas del Plan de Gobierno Abierto, pero el plan de acción 2016 es una oportunidad para que la Red lo incorpore en la agenda de trabajo.

La sociedad civil presentó una iniciativa que modifica los criterios de elección de los/las integrantes de la Suprema Corte de Justicia, hoy designados en base a acuerdos políticos, para que se adopten criterios de transparencia y participación ciudadana.

2. Gobierno Abierto para el desarrollo sectorial - Fortalecer los avances realizados en políticas sociales en Uruguay, promoviendo prácticas de convivencia democrática, transparencia y rendición de cuentas en la implementación de políticas específicas así como la aplicación de mejoras en los procesos de participación.

Desafíos:

En esta línea está previsto fortalecer la rendición de cuentas en relación a la ley de acciones afirmativas para la población afrodescendiente (N° 19.122). Esto constituye una oportunidad para ampliar y fortalecer la pluralidad de la propia Red, incluyendo nuevas organizaciones sociales con responsabilidades en el monitoreo de los compromisos. En la misma línea se debería incluir el monitoreo de la Ley Nº 18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad y la Ley Nº 18.094, que establece un mínimo de 4% para la provisión de cargos públicos para personas con discapacidad.

3. Promoción del derecho de acceso a la información pública.

Desafío:

Promover la revisión de la Ley de Acceso a la Información y su perfeccionamiento, así como profundizar la cultura de la información del aparato estatal, en todos sus niveles.

4. De datos públicos a datos abiertos

Una de las mayores dificultades para la sociedad civil es acceder a la información, por lo que usar la tecnología para poner a disposición de la sociedad datos de interés, y que éstos puedan usarse, constituye un canal concreto de democratización.

Desde la Red se impulsa la promoción de datos abiertos en toda la gestión estatal.

5. Transparencia en las compras y gestión de los recursos públicos

Avanzar en la promoción de la transparencia en las compras públicas y en la eficiencia en la gestión de los recursos del Estado de forma de facilitar al ciudadano un control de los manejos de los fondos públicos.

6. Trámites y servicios en línea

Incrementar la disponibilidad de trámites y servicios por medios electrónicos, simplificando las gestiones de los ciudadanos y empresas ante la administración, promoviendo la interoperabilidad entre los diferentes organismos públicos.

7. Servicios de acercamiento a la ciudadanía

8. Mejora de servicios al ciudadano/a de los gobiernos departamentales

Es una oportunidad para promover los servicios de atención, información y denuncia en los espacios departamentales.

5. Metas, compromisos y desafíos

La Alianza para el Gobierno Abierto y la participación de la sociedad civil a nivel nacional y regional como actor clave para la construcción de gobiernos abiertos significa una apuesta fuerte al cambio organizacional y a la sostenibilidad democrática. Cada uno de los retos que contiene el Plan de Acción constituye un cambio sustancial en la cultura de gobierno y es un desafío tanto para los actores gubernamentales como para la capacidad de control y monitoreo de las organizaciones sociales. La política pública involucra un entramado complejo de discursos y prácticas institucionales, jaqueada por intereses privados y culturas institucionales clientelistas y prendarias.

Un desafío para las redes de la sociedad civil es monitorear e incluir en las metas al sector privado, ya que una cultura de gobierno abierto supone también el control de prácticas privadas habituadas a presionar por el secreto informativo.

Existe, sin embargo, cierta debilidad en las articulaciones sociales y en las organizaciones de la sociedad civil que constituye un punto frágil de la estrategia, ya que asumir este rol desafiante supone a la vez la necesidad de fortalecer las capacidades de monitoreo de la acción gubernamental por parte de las organizaciones. En este juego de oportunidades y desafíos nos encontramos hoy con el desarrollo de una agenda promisoria que, a pesar de todo, se consolida.