PROYECTO DE LEY*

 

Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas

 Por el Dr. Carlos P. Pagliere (h.)

 

Introducción:

 

El reconocimiento de los derechos de las víctimas en la ley procesal penal de la provincia de Buenos Aires es, en muchos aspectos, meramente formal, sin oportunidades tangibles de influir en el proceso penal.

 

Se aprecian también una serie de disposiciones normativas que reflejan una deliberada discriminación procesal hacia las víctimas, así como privilegios indebidos en cabeza de los imputados de delitos.

 

Por el principio de igualdad constitucionalmente consagrado (art. 16, CN) resulta inadmisible que, en aplicación de espurias teorías garanto-abolicionistas del derecho penal o de arbitrarios criterios procesales, se conceda privilegios indebidos a los imputados en desmedro de las víctimas.

 

 

Reforma 1: Constitución como particular damnificado

 

El primer deber de los órganos judiciales es la de notificar a la víctima de sus derechos, para que pueda ejercerlos con la mayor amplitud. Y esta notificación debe ser lo suficientemente expuesta como para que la víctima cuente con los conocimientos y herramientas que le permitan asumir el carácter de parte en el proceso penal.

 

Por otro lado, no existe ninguna razón jurídica ni motivos de inconveniencia procesal que justifiquen restringir temporalmente a la víctima la posibilidad de constituirse como particular damnificado. Así como el ejercicio de los derechos por parte del imputado carece de restricciones arbitrarias, igualmente debe ocurrir con la víctima.

 

Por lo expuesto, sería muy beneficiosa la reforma de los arts. 77 y 78 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires:

 

 

ARTÍCULO 77.- (Texto según Ley 13.572) Constitución.- Toda persona particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública tendrá derecho a constituirse en calidad de particular damnificado.

 

 

ARTÍCULO 78.- Oportunidad.- Para constituirse como particular damnifi­cado bastará su presentación espon­tánea, sin que con ella pueda retro­gradarse la tramitación de la causa.

La constitución en calidad de particu­lar damnificado sólo podrá tener lugar hasta la oportunidad prevista en el ar­tículo 336. Pasada ésta, la solicitud será rechazada sin más trámite y no será impugnable.

 

 

ARTÍCULO 77.- (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) Constitución.- Toda persona particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública tendrá derecho a constituirse en calidad de particular damnificado.

En la primera ocasión procesal se deberá poner en conocimiento a la víctima del derecho a constituirse como particular damnificado y de las facultades con que contaría en caso de hacerlo, con notificación de los arts. 77 a 88 del CPP y especial hincapié en lo establecido por el art. 85 último párrafo del CPP.

 

ARTÍCULO 78.- (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) Oportunidad.- Para consti­tuirse como particular damnificado bastará su presentación espontánea, sin que con ella pueda retrogradarse la tramitación de la causa.

La constitución en calidad de particular damnificado podrá te­ner lugar en cualquier momento del proceso.

 

 

 

Reforma 2: Procedimiento de juicio por jurados

 

El juicio por jurados es un sistema de juzgamiento penal sumamente problemático en todo el mundo, por brindar veredictos infundados dictados por personas legas. En mi opinión, el mejor remedio sería derogarlo de la ley procesal penal bonaerense. Pero de mantenerse este procedimiento en la ley, al menos su reglamentación no debería ser discriminatoria para las víctimas, como lo es en la actualidad.

 

En la reglamentación vigente, el procedimiento de juicio por jurados es decidido unilateral y exclusivamente por el imputado (y la defensa) según sirva o no a su estrategia procesal. Es inadmisible que la fiscalía y la víctima (constituida como particular damnificado) estén excluidas en la decisión sobre la procedencia de este procedimiento y deban subordinarse a la conveniencia de la defensa.

 

En la actual ley de juicio por jurados, este procedimiento se erige en un privilegio para que el imputado escoja el juzgador que estima que le será más favorable para obtener su impunidad. La concesión de privilegios indebidos a una de las partes, se riñe con los principios básicos de justicia.

 

Por lo expuesto, sería muy beneficiosa la reforma del art. 22 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires:

 

 

ARTÍCULO 22 BIS: (Artículo Incorpo­rado por Ley 14.543) El Tribunal de jurados conocerá en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince (15) años de prisión o reclu­sión o, tratándose de un concurso de delitos, alguno de ellos supere dicho monto.

En el plazo previsto en el artículo 336, el imputado, personalmente o por in­termedio de su defensor, podrá re­nunciar a la integración del Tribunal con jurados, en cuyo caso el Tribunal se conformará de acuerdo a lo esta­blecido en el artículo 22.

La renuncia deberá ser ratificada por el imputado en presencia del Juez, quien previamente le informará de las consecuencias de su decisión, y verifi­cará si fue adoptada libremente y sin condicionamientos.

Una vez firme la requisitoria de eleva­ción a juicio no podrá renunciarse al juicio por jurados, bajo pena de nuli­dad.

En caso de existir pluralidad de impu­tados, la renuncia de uno de ellos determinará la integración del Tribu­nal de conformidad a lo establecido en el artículo 22.

 

 

ARTÍCULO 22 BIS: (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) El Tribunal de jurados cono­cerá en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince (15) años de prisión o reclusión o, tratán­dose de un concurso de delitos, al­guno de ellos supere dicho monto.

El procedimiento de juicio por ju­rados podrá ser solicitado por cualquiera de las partes en el plazo previsto en el artículo 336, pero requiere la expresa conformidad del fiscal, del particular dam­nificado, del defensor y del imputado. Si cualquiera de ellos se opusiera, el Tribunal se confor­mará de acuerdo a lo establecido en el artículo 22.

En caso de existir pluralidad de imputados, la oposición de cual­quiera de ellos al juicio por jura­dos determinará la integración del Tribunal de conformidad a lo establecido en el artículo 22.

 

 

Reforma 3: Procedimiento de juicio abreviado

 

El acuerdo de juicio abreviado importa la terminación del proceso a través de un juicio por escrito, en el cual el juez decide valorando la prueba producida durante la Investigación Penal Preparatoria, pero con limitaciones punitivas (no se puede imponer una condena mayor a la acordada por la fiscalía, el defensor y el imputado).

 

Es inaudito que un procedimiento en el que se decide la conclusión del proceso y la pena a imponer, no tenga ninguna intervención el particular damnificado. En la actualidad, el particular damnificado se entera del procedimiento de juicio abreviado cuando se le notifica de la sentencia final, sin tener ningún tipo de injerencia en ese procedimiento, lo cual es un destrato procesal y una flagrante vulneración de derechos.

 

Por lo expuesto, sería muy beneficiosa la reforma de los arts. 395, 396 y 402 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires:

 

 

ARTÍCULO 395.- (Texto según Ley 13.943) Solicitud. Si el Fiscal estimare suficiente la imposición de una pena privativa de la libertad no mayor de quince (15) años o de una pena no privativa de la libertad, procedente aún en forma conjunta, podrá solicitar el trámite del juicio abreviado.

El imputado y su defensor, también podrán solicitarlo.

 

 

ARTÍCULO 396.- (Texto según Ley 12.059) -Acuerdo.- Para que proceda el trámite del juicio abreviado se re­querirá  el acuerdo conjunto del Fis­cal, el imputado y su Defensor.

El Fiscal deberá  pedir pena y el im­putado y su Defensor extenderán su conformidad a ella y a la calificación.

 

 

 

ARTÍCULO 402.- (Texto según Ley 13.943) Particular damnificado. El Particular Damnificado no podrá oponerse a la elección del procedimiento del juicio abreviado.

 

 

ARTÍCULO 395.- (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) Solicitud. Si el Fiscal esti­mare suficiente la imposición de una pena privativa de la libertad no mayor de quince (15) años o de una pena no privativa de la libertad, procedente aún en forma conjunta, podrá solicitar el trámite del juicio abreviado.

El imputado y su defensor, y el parti­cular damnificado, también podrán solicitarlo.

 

ARTÍCULO 396.- (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) - Acuerdo.- Para que pro­ceda el trámite del juicio abreviado se requerirá  el acuerdo conjunto del Fis­cal, el particular damnificado, el imputado y su Defensor.

El Fiscal deberá  pedir pena y el par­ticular damnificado, el imputado y su Defensor extenderán su conformi­dad a ella y a la calificación.

 

ARTÍCULO 402.- (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) Particular damnificado. El Particular Damnificado no podrá oponerse a la elección del procedimiento del juicio abreviado. DEROGADO.

 

 

 

Reforma 4: Trámite de la requisitoria de elevación a juicio

 

La oposición a la requisitoria de elevación a juicio, además de producir una dilación innecesaria del proceso (que a veces retrasa el juicio durante meses, o años si hay recursos), implica el cercenamiento de las facultades propias de la fiscalía, ya que la acusación es de competencia privativa de su ministerio y no debería ser revisable por el juez de garantías.

 

De hecho, en el juicio oral el fiscal podría insistir con su acusación inicial (por aplicación del art. 359 CPP), tornándose inútil todo lo actuado por el juez de garantías y las alzadas durante la IPP (con el tiempo perdido). El control de la acusación lo realizará el juez o tribunal al momento del juicio oral, con lo cual la supresión al defensor de la facultad de oposición a la requisitoria no menoscaba de ningún modo los derechos del imputado.

 

La reforma del procedimiento que se propone, no sólo se compatibiliza mejor con el sistema acusatorio del procedimiento penal bonaerense, sino que encima produciría como beneficio una mayor celeridad de las causas penales.

 

Por otro lado, la notificación a las partes de la requisitoria es el momento procesal adecuado para que éstas se expidan sobre si desean que el proceso se tramite por juicio por jurados, ya que la acusación fiscal establece la calificación legal y el órgano de juicio que deberá intervenir. Además, se trata del momento previo al decreto de elevación a juicio del juez de garantías, de modo que el órgano de juicio que reciba la causa, ya tendrá definido desde el inicio el procedimiento a seguir.

 

Por lo expuesto, sería muy beneficiosa la reforma de los arts. 336 y 337 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires:

 

 

ARTÍCULO 336.- Oposición. Excepciones.- Las conclusiones del requerimiento fiscal serán notificadas al defensor del imputado quien podrá, en el término de quince (15) días, oponerse instando al sobreseimiento o el cambio de calificación legal, u oponiendo las excepciones que correspondan.

 

 

 

ARTÍCULO 337.- Resolución.- El Juez de Garantías resolverá la oposición en el término de cinco días. Si no le hiciere lugar, dispondrá por auto la elevación de la causa a juicio. El auto deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 157. De igual modo procederá si aceptase el cambio de calificación propuesto por la defensa.

Cuando hubiere varios imputados, la decisión deberá dictarse con respecto a todos, aunque el derecho que acuerda el artículo 336 haya sido ejercido sólo por el defensor de uno.

Cuando no se hubiere deducido oposición, el expediente será remitido por simple decreto al tribunal de Juicio o Juez Correccional en su caso.

El auto de elevación a juicio será apelable por el defensor que dedujo la oposición.

 

 

ARTÍCULO 336.- (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) Oposición. Excepciones.- Las conclusiones del requerimiento fiscal serán notificadas al defensor del imputado quien podrá, en el término de quince (15) días, oponerse instando al sobreseimiento o el cambio de calificación legal, u oponiendo las excepciones que correspondan. (DEROGADO).

 

ARTÍCULO 337.- (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) Elevación.- Las conclusiones del requerimiento fiscal serán notificadas a las partes y son inimpugnables.

En el término de quince (15) días, si no lo ha hecho la fiscalía en la requisitoria, cualquiera de las partes podrá proponer, de conformidad con lo establecido en el art. 22 bis, que el procedimiento se tramite por jurados. En tal caso, se dará traslado a las demás partes y a todos los imputados para que manifiesten su conformidad u oposición. Trascurrido el plazo indicado o manifestada la oposición de alguna de las partes, no se podrá requerir el procedimiento de juicio por ju­rados, bajo pena de caducidad.

El Juez de Garantías elevará el expediente por simple decreto al tribunal de Juicio (especificando si, en virtud de las manifestaciones de las partes y los imputados, éste deberá ser juzgado con o sin jurados) o al Juez Correccional en su caso.

Resolución: El Juez de Garantías resolverá la oposición en el término de cinco días. Si no le hiciere lugar, dispondrá por auto la elevación de la causa a juicio. El auto deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 157. De igual modo procederá si aceptase el cambio de calificación propuesto por la defensa.

Cuando hubiere varios imputados, la decisión deberá dictarse con respecto a todos, aunque el derecho que acuerda el artículo 336 haya sido ejercido sólo por el defensor de uno.

Cuando no se hubiere deducido oposición, el expediente será remitido por simple decreto al tribunal de Juicio o Juez Correccional en su caso.

El auto de elevación a juicio será apelable por el defensor que dedujo la oposición. (DEROGADO)

 

 

Reforma 5: Mayorías y veredicto en el juicio por jurados

 

En la decisión de los jueces letrados se requiere la mayoría de los dos tercios para condenar (2 de los 3 jueces del tribunal). En el juicio por jurados, también se debería exigir los dos tercios de los votos (8 de los 12 jurados) para obtener la condena.

 

No hay razones valederas para exigir una proporción mayor de votos cuando el que decide es el jurado (le ley actual requiere 10 de los 12, o la unanimidad si la pena es perpetua). Si se parte de la premisa de que el jurado está capacitado para cumplir con la labor que se le encomienda (lo cual presupone la ley de jurados), no debería modificarse la mayoría necesaria para decidir la culpabilidad.

 

Una mayoría calificada para obtener la condena (como la que prevé la actual legislación) sólo obedece a la voluntad legislativa de otorgar un beneficio pro reo que es indebido (tal como lo demuestra la gran cantidad de veredictos de no culpabilidad que se han registrado en la provincia).

 

Tampoco tiene explicación que para las penas perpetuas la condena deba ser unánime del jurado y no así en las demás penas. El jurado siempre entiende en delitos gravísimos. El error judicial sería catastrófico en cualquier caso y no tiene sentido la existencia de un doble estándar. Este distingo no hace más que otorgar una herramienta extra al imputado para que especule con la elección del juicio por jurados que le da más chances de sustraerse de la pena perpetua.

De hecho, el doble parámetro de mayorías para obtener la culpabilidad produce contradicciones en los jurados que redundan en el desprestigio de la justicia penal, ya que en una misma votación, respecto de un mismo extremo legal, el jurado vota por la afirmativa y por la negativa en forma simultánea.

 

El procedimiento de “jurado estancado” no hace más que coaccionar a los jurados a que cambien su voto previo (lo cual es espurio y los somete a una vivencia traumática) y crea todo un trámite tan farragoso que puede derivar en la repetición del juicio penal. Por eso sería muy beneficiosa su supresión.

 

También resulta contrario a los principios de justicia e igualdad de armas en el proceso penal que se obligue al juez para decretar la nulidad del veredicto de culpabilidad cuando resulta manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso, pero le prohíba la nulidad del veredicto de no culpabilidad en el mismo supuesto. Si el veredicto es contrario a la prueba producida en el proceso, corresponde anular el veredicto, sin importar si es de culpabilidad o de no culpabilidad.

 

Por lo expuesto, sería muy beneficiosa la reforma de los arts. 371 quáter y 375 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires:

 

 

ARTÍCULO 371 QUÁTER: (Artículo In­corporado por Ley 14.543) Veredicto.

 

1. El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y de cada acusado, so­bre lo atinente a:

a) La existencia del hecho en que se sustenta la acusación.

b) La eventual participación del o de los imputados en el mismo.

El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de diez (10) votos afir­mativos sobre las cuestiones plantea­das. Si el delito por el que fuera califi­cado legalmente el hecho en que se sustenta la acusación tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua, se requerirá unanimidad de votos afirmativos.

Si se resolviera negativamente la pri­mera cuestión, no se tratará la se­gunda.

Salvo lo dispuesto en el apartado 2), la sesión terminará cuando se obtenga un veredicto de culpabilidad, de no culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inimputabilidad, los que no podrán incluir ningún otro aditamento o aclaración, y el formulario final será confeccionado, firmado y datado por el presidente en presencia de todo el jurado.

 

2. Jurado estancado. Cuando no se obtuviere el número de votos requeri­dos respecto a los interrogantes planteados en a) y/o b) del apartado anterior, se debatirá y votará nueva­mente la cuestión hasta tres (3) ve­ces.

De mantenerse la situación, el vere­dicto será de no culpabilidad, salvo que se hubieran obtenido más de ocho (8) votos afirmativos, en cuyo caso el jurado se declarará estancado, y el presidente hará saber tal cir­cunstancia al secretario.

El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de audiencia. Una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el juez comunicará que el jurado se de­claró estancado, y le preguntará al fis­cal si habrá de continuar con el ejerci­cio de la acusación.

En caso negativo, el juez absolverá al acusado, salvo que el ofendido cons­tituido en particular damnificado sos­tenga la acusación que hubiere for­mulado el fiscal en la oportunidad del artículo 334.

En caso afirmativo, el jurado volverá a deliberar y votar las cuestiones. Si el jurado continuase estancado, se pro­cederá a su disolución, y se dispondrá la realización del juicio con otro ju­rado.

Si el nuevo jurado también se decla­rase estancado, el veredicto será de no culpabilidad.

 

ARTÍCULO 375 BIS: (Artículo Incorporado por Ley 14543) Sentencia en juicio por jurados.

Cuando el juicio se celebre por Tribunal de jurados, la sentencia se ajustará a las normas previstas en este código pero deberá contener el veredicto del jurado y la transcripción de las instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso.

 

Si el Juez estimare que el veredicto de culpabilidad resulta manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso procederá por resolución fundada a decretar su nulidad, ordenando la realización de un nuevo debate con otro Tribunal. Su decisión será irrecurrible.

Si correspondiere la imposición de una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento y hubiere pedido de parte, el juez podrá disponer una medida de coerción, agravar la aplicada o aumentar las condiciones a que se encuentre sometida la libertad del imputado; aún cuando el fallo no se hallare firme y en proporción al aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso.

 

ARTÍCULO 371 QUÁTER: (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) Vere­dicto.

 

1. El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y de cada acusado, so­bre lo atinente a:

a) La existencia del hecho en que se sustenta la acusación.

b) La eventual participación del o de los imputados en el mismo.

El veredicto de culpabilidad re­querirá como mínimo de ocho (8) votos afirmativos sobre las cues­tiones planteadas.

Si se resolviera negativamente la pri­mera cuestión, no se tratará la se­gunda.

La sesión de deliberación del ju­rado terminará cuando se ob­tenga un veredicto de culpabili­dad, de no culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inim­putabilidad, los que no podrán in­cluir ningún otro aditamento o aclaración, y el formulario final será confeccionado, firmado y datado por el presidente en pre­sencia de todo el jurado.

 

 

2. (DEROGADO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARTÍCULO 375 BIS: (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) Sentencia en juicio por jurados.

 

Cuando el juicio se celebre por Tribunal de jurados, la sentencia se ajustará a las normas previstas en este código pero deberá contener el veredicto del jurado y la transcripción de las instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso.

 

Si el Juez estimare que el veredicto del jurado resulta contrario a la prueba producida en el proceso procederá por resolución fundada a decretar su nulidad, ordenando la realización de un nuevo debate con otro Tribunal. Su decisión será irrecurrible.

 

Si correspondiere la imposición de una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento y hubiere pedido de parte, el juez podrá disponer una medida de coerción, agravar la aplicada o aumentar las condiciones a que se encuentre sometida la libertad del imputado; aún cuando el fallo no se hallare firme y en proporción al aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso.

 

 

Reforma 6: Facultades recursivas

 

La restricción a la fiscalía para recurrir las sentencias finales (prevista en la ley en las causas correccionales y que se traslada al particular damnificado en las causas criminales por aplicación de los arts. 423 y 453 CPP) se trata de una indebida restricción de los derechos de la fiscalía y las víctimas.

 

Deviene discriminatorio cercenar el derecho a la revisión de la sentencia cuando la pena impuesta no sea inferior a la mitad de la requerida. Un ordenamiento judicial justo debe conceder a la fiscalía y al particular damnificado la posibilidad de requerir la revisión de la sentencia sin importar la magnitud discordante entre la pena solicitada y la impuesta por el juez. Se trata de una restricción que no se ha impuesto al imputado y siempre se debe estar al principio de igualdad de armas en el proceso penal.

 

Además esta previsión abre la puerta a distorsiones indebidas, ya que la fiscalía y el particular damnificado, por esta normativa, tienden a requerir penas desproporcionadas para luego poder ejercer facultades recursivas (p.ej., si se conforman con una pena de 10 años solicitarán en el debate 20 años para poder recurrir cualquier pena inferior a 10 años que imponga el juez). También los jueces podrían, en teoría, especular con no imponer menos de la mitad de la pena solicitada por la fiscalía o el particular damnificado para que sus sentencias no puedan ser revisables por estas partes.

 

La ley de juicio por jurados establece una restricción a la recurribilidad del veredicto del jurado. Es lamentable que la decisión más importante del proceso penal, que es el veredicto, no sea revisable. La irrecurribilidad pareciera que va de suyo con el sistema de jurados, ya que es imposible revisar los fundamentos de una decisión infundada.

 

Sin embargo, contando con el registro audio-visual del juicio, un órgano de alzada podría revisar indirectamente el juzgamiento realizado por el jurado. Es decir, como el jurado no fundamenta, no se puede evaluar su labor en modo directo, analizando la logicidad y razonabilidad de su veredicto. Pero esta evaluación sí es posible hacerla en forma indirecta, analizando la prueba producida y el veredicto al que ha arribado el jurado, para dilucidar si con la prueba del juicio es posible arribar a tal veredicto.

 

Por lo expuesto, sería muy beneficiosa la reforma del art. 371 quáter del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires:

 

 

ARTÍCULO 441.- (Texto según Ley 13.818) Plazo.  El recurso deberá in­terponerse dentro del plazo de cinco (5) días de notificado  o conocido el auto declarado apelable por el artículo 439, primera parte.

En caso de tratarse de sentencias de­finitivas dicho plazo será de veinte  (20) días.

El Ministerio Público Fiscal o el parti­cular damnificado podrán recurrir la sentencia definitiva absolutoria, cuando hubieren requerido la con­dena. También podrán recurrir las sentencias condenatorias a las que se refiere el artículo 439, segundo apar­tado, cuando se haya impuesto pena privativa de la libertad inferior a la mitad de la requerida.

La tramitación y resolución del recurso contra sentencias definitivas, no podrá exceder el plazo total de seis (6) me­ses desde su  sorteo  y adjudicación a la Sala pertinente.

Si se tratare de un caso complejo, el plazo podrá ser prorrogado por otros seis (6) meses por resolución fundada.

Si vencido el plazo o agotada la pró­rroga el Tribunal no se hubiese pro­nunciado sobre el caso, tal conducta constituirá falta grave y deberá comu­nicarse a la Suprema Corte de Justi­cia.

 

 

ARTÍCULO 452.- (Texto según Ley 14.543) Recurso del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal po­drá recurrir:

1. De la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado.

2. De la sentencia condenatoria, cuando se haya impuesto una pena privativa de la libertad inferior a la mitad de la requerida.

3. Del sobreseimiento.

4. En los supuestos de los artículos 448 y 449.

En el procedimiento de juicio por ju­rados, el Ministerio Público Fiscal ca­rece de legitimación para recurrir.

 

ARTÍCULO 371 QUÁTER: (Artículo In­corporado por Ley 14543) Veredicto.

 

[…]

 

7. Irrecurribilidad. El veredicto del ju­rado es irrecurrible. El recurso contra la sentencia condenatoria o la que im­pone una medida de seguridad, deri­vadas del veredicto de culpabilidad o del de no culpabilidad por razones de inimputabilidad, se regirá por las dis­posiciones de este Código.

La sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es irrecurrible.

 

 

ARTÍCULO 441.- (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) Plazo.  El recurso deberá interponerse dentro del plazo de cinco (5) días de notificado  o conocido el auto declarado apelable por el artículo 439, primera parte.

En caso de tratarse de sentencias de­finitivas dicho plazo será de veinte  (20) días.

El Ministerio Público Fiscal o el parti­cular damnificado podrán recurrir la sentencia definitiva absolutoria, cuando hubieren requerido la con­dena. También podrán recurrir las sentencias condenatorias a las que se refiere el artículo 439, segundo apar­tado, cuando se haya impuesto pena privativa de la libertad inferior a la requerida.

La tramitación y resolución del recurso contra sentencias definitivas, no podrá exceder el plazo total de seis (6) me­ses desde su  sorteo  y adjudicación a la Sala pertinente.

Si se tratare de un caso complejo, el plazo podrá ser prorrogado por otros seis (6) meses por resolución fundada.

Si vencido el plazo o agotada la pró­rroga el Tribunal no se hubiese pro­nunciado sobre el caso, tal conducta constituirá falta grave y deberá comu­nicarse a la Suprema Corte de Justi­cia.

 

ARTÍCULO 452.- (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) Recurso del Ministerio Pú­blico Fiscal. El Ministerio Público Fiscal podrá recurrir:

1. De la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado.

2. De la sentencia condenatoria, cuando se haya impuesto una pena privativa de la libertad inferior a la requerida.

3. Del sobreseimiento.

4. En los supuestos de los artículos 448 y 449.

En el procedimiento de juicio por jurados, el Ministerio Público Fis­cal carece de legitimación para recurrir. (DEROGADO)

 

ARTÍCULO 371 QUÁTER: (Texto según Ley bonaerense de reivindicación de los derechos de las víctimas) Vere­dicto.

 […]

 

7. Recursos. El recurso contra el veredicto y la sentencia se regirá por las dis­posiciones de este Código.

La sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es irrecurrible (DEROGADO)

 

 

* Propuesta del Dr. Carlos P. Pagliere (h.)

Juez del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Azul

Director y editor de Argentina sin Juicios por Jurado

Autor del libro Homicidio insidioso

Autor del tratado Nueva teoría del delito (en 15 tomos)