8. - ABSOLUTISMO FRENTE A LIBERALISMO. EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL REINADO DE FERNANDO VII.

1. Introducción
2. El retorno del absolutismo (1814-1820)
3. El Trienio Liberal (1820-1823)
4. La Década Ominosa (1823-1833)
5. Conclusión

1. INTRODUCCIÓN

El rey Fernando VII asumió el trono tras la abdicación de su padre, Carlos IV, provocada por el Motín de Aranjuez de 1808^[1]. Carlos IV comunicó a Napoleón lo ocurrido y reclamó su ayuda para recuperar el trono. Aquellos hechos fueron un exponente de la debilidad de la monarquía española: padre e hijo se disputaban el poder y recurrían al arbitraje de Napoleón, mientras las tropas francesas, en virtud del Tratado de Fontainebleau^[2], ocupaban los puntos estratégicos de la Península. Napoleón aprovechó estas rencillas internas de la familia real española para de manera hábil, combinando presiones y maniobras diplomáticas, consiguió atraer a la ciudad francesa de Bayona a Carlos IV y Fernando VII. En Bayona, Napoleón nombró rey de España a su hermano José Bonaparte, aunque mediante una fórmula de traspaso de poderes que mantenía la apariencia de legalidad: Fernando VII devolvía el trono a su padre, Carlos IV, quien renunciaba a él a favor de Napoleón, quien, a su vez, lo cedía a su hermano José.

Esta nueva situación política (la monarquía de José Bonaparte) no llegó a consolidarse. El 2 de mayo de 1808 se produjo un alzamiento popular en Madrid que se extendió rápidamente a otras ciudades españolas, se iniciaba así la guerra de la Independencia (1808-1814). Durante la guerra se luchó en nombre de Fernando VII y se pretendió, al menos por parte de un activo sector social, sentar las bases jurídicas necesarias para la modernización del país, resultado de dicha pretensión de modernización fueron los decretos de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.

2. EL RETORNO DEL ABSOLUTISMO (1814-1820)

Finalizada la guerra de la Independencia en virtud del Tratado de Valençay (1813)^[3], Fernando VII regresó a España, en un clima de entusiasmo popular y aclamaciones.

Pero con su retorno se planteaba un dilema: ¿aceptaría el papel de monarca constitucional que le habían adjudicado las Cortes de Cádiz o reclamaría el papel de monarca absoluto que le correspondía según la tradición del Antiguo Régimen?

        Desde su entrada en España, los partidarios del absolutismo le incitaron a restaurar el viejo orden de cosas (Antiguo Régimen). En este sentido, Fernando VII, que en marzo había entrado en España por Gerona y se dirigía hacia Valencia para desde allí emprender camino a Madrid, recibió en abril el conocido como Manifiesto de los Persas, un escrito redactado por sesenta y nueve diputados “serviles” –así denominaban en las Cortes de Cádiz los diputados liberales a los diputados partidarios del absolutismo-, en el que se animaba al monarca a ignorar las propuestas liberales y a restaurar la monarquía absoluta, a la que se consideraba como el resultado de la razón y la inteligencia, y no de la arbitrariedad y el abuso como la presentaban los liberales.

        Fernando VII defraudó todas las expectativas de los reformadores y liberales que habían luchado por su restauración en el trono, ya que mediante el Real Decreto de 4 de mayo de 1814 declaró “nulos y de ningún valor y efecto” la Constitución de 1812 y los decretos de Cádiz, y anunció la vuelta al absolutismo. En los meses siguientes se produjo la restauración de todas las antiguas instituciones, se restableció  el régimen señorial y se restauró la Inquisición. Era una vuelta en toda regla al Antiguo Régimen. La situación internacional era además favorable, ya que Napoleón había sido derrotado y las potencias absolutistas europeas vencedoras habían conseguido en el Congreso de Viena^[4] restaurar el viejo orden en toda Europa y la Santa Alianza^[5] garantizaba la defensa del absolutismo y el derecho de intervención en cualquier país para frenar el avance del liberalismo.

        Fernando VII no se conformó con derogar toda la labor inspirada en los principios del liberalismo, sino que acometió contra los propios liberales, sin reparar en el hecho de que ellos también lucharon contra los franceses para conseguir su regreso a España como rey legítimo. De esta forma, las persecuciones de que fueron objeto los liberales les obligaron a pasar a la clandestinidad y a formar sociedades secretas^[6] siempre dispuestas a la conspiración. Muchos liberales fueron arrestados, otros decidieron exiliarse a Francia o a Inglaterra.

        Entre 1815 y 1820 se produjo en España toda una serie de conspiraciones protagonizadas por los liberales, que respondían al modelo del pronunciamiento militar^[7] (pronunciamientos de Espoz y Mina, de Porlier, Lacy, Vidal…). El protagonismo de los militares como árbitros de la vida política, o impulsores de los cambios de rumbo político, compensaba el escaso desarrollo y la debilidad de la burguesía en España, que por sí sola carecía de fuerza para defender sus pretensiones políticas y económicas por vías legales.

        Entretanto, en las colonias americanas se producían levantamientos independentistas, animados por la experiencia norteamericana y los principios liberales.

3. EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

El 1 de enero de 1820 el coronel Rafael Riego se pronunció en Cabezas de San Juan (Sevilla), con parte de las tropas que iban a embarcar para sofocar a los sublevados americanos, y recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812, la sedición se extendió por otras ciudades como La Coruña o Zaragoza. Fernando VII se vio obligado a capitular y en marzo juró la Constitución de 1812, fue célebre su frase: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Fernando VII nombró un nuevo gobierno que proclamó una amnistía^[8] y convocó elecciones. Las Cortes se formaron con una mayoría de diputados liberales e iniciaron rápidamente una importante obra legislativa.

Si la intención de las Cortes de Cádiz de acabar con el Antiguo Régimen y de iniciar el proceso de revolución liberal había sido frustrada con el retorno de Fernando VII, parecía que en esta segunda oportunidad sería posible llevarla a cabo, ya que se contaba con el juramento constitucional del rey. Pero pronto se evidenció que el monarca no marchaba muy francamente por la senda constitucional, y utilizaba todos los resortes que la Constitución de 1812 le proporcionaba para obstaculizar las reformas legislativas de las nuevas Cortes liberales. Debe recordarse que la Constitución otorgaba al rey la sanción^[9] de las leyes y le permitía el veto suspensivo^[10] de las mismas durante dos años (si una ley propuesta por las Cortes no era de su agrado, podía paralizar durante dos años su promulgación), lo que hizo con cierta frecuencia.

Además, entre las filas de los liberales se estaba generando una primera división entre liberales moderados o doceañistas y liberales exaltados, progresistas o veinteañistas (ver fotocopia). El núcleo principal de los doceañistas eran los grandes personajes relacionados con la obra de las Cortes de Cádiz, que habían ido suavizando con el tiempo sus planteamientos políticos. Los exaltados, en cambio, eran los protagonistas de la reimplantación del régimen constitucional en 1820 y mantenían actitudes más radicales.

A pesar de todo, las nuevas Cortes liberales intentaron acelerar la obra iniciada por las Cortes de Cádiz para desmantelar definitivamente el Antiguo Régimen:

a) Se suprimieron los mayorazgos y se convirtieron en propiedades libres de sus titulares.

b) Se prohibió a la iglesia la adquisición de bienes inmuebles (tierras, edificios…)

c) Se definieron las bases para una desamortización^[11] de tierras eclesiásticas.

d) Se abolió el régimen señorial, declarando los señoríos territoriales propiedad particular de los antiguos señores, previa justificación documental de sus derechos sobre esas tierras.

e) Abolición de los gremios

f) Creación de la Milicia Nacional, un cuerpo armado de voluntarios, formado por las clases medias, esencialmente urbanas, con el fin de garantizar el orden y defender las reformas constitucionales.

Las reformas suscitaron rápidamente la oposición de la monarquía. Fernando VII había aceptado el nuevo régimen sólo forzado por las circunstancias. Desde el primer momento, no sólo paralizó todas las leyes que pudo, como expliqué anteriormente, sino que conspiró de forma secreta contra el gobierno y buscó la alianza con las potencias europeas absolutistas para que éstas invadiesen el país y restaurasen el absolutismo. Además el régimen del Trienio Liberal contaba con una serie de obstáculos:

-  La división entre los liberales (moderados y progresistas).

- La oposición de la nobleza y la Iglesia. Las partidas absolutistas llegaron a establecer una regencia absolutista en la Seo de Urgell (en Lérida) en 1823.

- El descontento de parte de los campesinos que veían cómo las leyes del Trienio no reconocían ninguna de sus aspiraciones, como el reparto de la tierra o la rebaja de los impuestos.

A pesar de todos los obstáculos y divisiones internas, el régimen del Trienio finalizó debido a la intervención de las potencias absolutistas europeas. La Santa Alianza respondió a las peticiones de Fernando VII y encargó a Francia intervenir en España para restaurar el absolutismo. En abril de 1823, unos 100.000 soldados (los Cien Mil hijos de San Luis) al mando del duque de Angulema, irrumpieron en territorio español y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto.

4. LA DÉCADA OMINOSA^[12] (1823-1833)

Fernando VII declaró nulos todos los actos del gobierno durante el Trienio Liberal y restauró de nuevo el absolutismo y la represión contra los liberales, que huyeron en masa del país a Francia e Inglaterra.

Sin embargo, esta segunda restauración del absolutismo, aunque pretendía también restablecer el Antiguo Régimen y se iniciaba con una brutal represión contra los liberales, se desarrollo con una carácter más moderado que la primera, buscando una cierta modernización, ya que los problemas económicos, agravados por la pérdida definitiva de las colonias americanas, forzaron la colaboración con el sector moderado de las burguesía de Madrid y Barcelona.

La actitud del rey fue mal vista por el sector más conservador y tradicionalista de la Corte, la nobleza y el clero. En Cataluña en 1827, se levantaron partidas realistas o absolutistas (Els Malcontents) que reclamaban mayor poder para los ultraconservadores (absolutistas más radicales, realistas o apostólicos) y defendían el retorno a los costumbres tradicionales. En la corte, dicho sector se agrupó alrededor de don Carlos María Isidro, hermano del rey y su previsible sucesor, dado que Fernando VII todavía no tenía descendencia. Cuando en 1830 naciera su hija Isabel se plantearía el problema sucesorio y de su mano el origen del carlismo.

5. CONCLUSIÓN

En el agitado periodo comprendido entre la muerte de Carlos III^[13] (1788) y la de Fernando VII (1833), España se debatió entre dos tendencias opuestas: por un lado, lo intentos de implantar la revolución liberal^[14], lo que en el ámbito político exigía el establecimiento de un monarquía parlamentaria y constitucional y, por otro, la resistencia y oposición de la monarquía absoluta a tales pretensiones. Partidarios de una u otra tendencia se impusieron en distintos momentos de modo alternativo.

Se trata, por tanto, de una etapa de transición, marcada en sus comienzos por el impacto de al Revolución francesa, y caracterizada por un ritmo de avances y retrocesos en el camino hacia el nuevo modelo de sociedad y de Estado a que aspira el liberalismo.

La guerra de la Independencia, con la labor legisladora de las Cortes de Cádiz –las primeras de tipo de moderno-, ofreció la oportunidad de poner en marcha la revolución liberal burguesa, que se vio truncada al acabar la guerra con el retorno de Fernando VII y el restablecimiento del absolutismo.

Un nuevo intento de revolución liberal se llevó a cabo entre 1820 y 1823, lo cual obligó al rey a someterse a un marco constitucional. No obstante, fue nuevamente frustrado, en este caso, con una intervención militar extranjera, que restableció, por segunda vez, el absolutismo. Entretanto, España perdió la mayor parte de su imperio colonial.

Por tanto, el reinado de Fernando VII osciló entre el liberalismo y el absolutismo, tendremos que esperar al reinado de su hija, Isabel II, para asistir al tránsito definitivo del Antiguo Régimen (absolutismo…) al régimen liberal.

Repasamos los siguientes conceptos:

Antiguo Régimen. Conjunto de instituciones políticas, sociales y religiosas existentes en Europa hasta finales del siglo XVIII y cuyo ordenamiento y estabilidad será progresivamente transformado con las revoluciones burguesas, también denominadas liberales.

En el Antiguo Régimen predominan, por tanto, las realidades heredadas de la Edad Media: economía fundamentalmente agraria, sistema social estamental, con escasa movilidad social, una administración condicionada por los particularismos (foralismo, es decir pervivencia de los fueros en algunas regiones) y un sistema político basado en la concentración de poderes en la figura del rey, el absolutismo.

Absolutismo. Teoría política basada en el origen divino del poder y vinculada a las monarquías tradicionales del Antiguo Régimen en las que todos los poderes están concentrados en la persona del monarca. Con las revoluciones burguesas del siglo XIX, la superación del absolutismo supone la implantación de una monarquía parlamentaria, donde la soberanía reside esencialmente en la nación y cuyas leyes fundamentales están recogidas en una Constitución que el rey debe jurar y respetar.

Liberalismo. Doctrina predominante en el siglo XIX, cuyos planteamientos teóricos tienen lugar en la Ilustración. Sus principios fundamentales son el individualismo y la confianza en la razón humana para procurar el bienestar material y el enriquecimiento.

En el terreno económico, el liberalismo supuso una reacción frente al dirigismo mercantilista del Antiguo Régimen, oponiendo nuevas leyes económicas basadas en el trabajo asalariado, el interés individual y la libre competencia de mercado.

Como sistema político, el liberalismo está basado, fundamentalmente, en el Derecho constitucional frente al tradicional Derecho divino; en la separación de poderes (legislativo, ejecutivo, judicial); en el reconocimiento de los Derechos del Hombre expresados en las libertades cívicas de reunión, asociación y prensa; la elección de los gobernantes por los gobernados a través del sufragio y la regulación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, separando las funciones específicas de ambos.