Propuestas Agrupadas Consulta Pública de Cuentas Claras para la Comisión Constitucional Anticorrupción

  1. Fin de la impunidad.

  1. Indulto
  2. Prescripciones
  3. Tipificar delito de la financiación de partidos y que tb castigue a los corruptores
  4. Otros: inhabilitaciones, multas, sanciones…

  1. Transparencia, regulación del lobby y contratación pública.

  1. Derecho al acceso a la información, ampliar documentación exigible
  2. Regulación del lobby
  3. Homogenización, transparencia y fiscalización de la contratación pública

  1. Independencia de la justicia y de los órganos de control.

  1. Independencia de los órganos del poder judicial
  2. Independencia y especialización de los fiscales
  3. Reforma del Tribunal de Cuentas
  4. Independencia del órgano que vela por el cumplimiento de la transparencia

  1. Reforma del sistema de partidos.

  1. Reforma de la ley electoral
  2. Reforma de la ley de partidos
  3. Reforma de la ley de financiación de partidos

  1. Participación y control ciudadano.

  1. Romper el monopolio de representación política: Derecho a participar directa o indirectamente, individual o colectivamente en procesos legislativos
  2. Desintermediar al poder político: Derecho a iniciar una queja/reclamación/demanda oficial ante: Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Congreso
  3. Consejos (consultivos) ciudadanos / Auditorías ciudadanas

I. Anexos

        a. Definición de información pública requerida para la participación.


  1. Fin de la impunidad

  1. Indulto

El indulto es una  “prerrogativa regia” o “herencia del absolutismo” en palabras del Supremo. Está regulado por una ley de 1870 y lesiona gravemente el principio de separación de poderes y es una de las causas de la impunidad que más polémica e indignación provocan.

Nuestras propuestas para un indulto verdaderamente democrático son:

- Es necesario concretar y limitar las causas por las que se concede un indulto. El conflicto de intereses del poder político indultando delitos corrupción política y contra la administración pública es más que evidente. En estos casos el indulto debería estar prohibido.

- Un indulto sujeto al control judicial. El indulto debe ser razonado, contar con informes favorables del poder judicial (?) y debe relacionarse con principios constitucionales de reinserción, igualdad, etc. Es fundamental que los indultos puedan ser recurribles. Todo el proceso desde la petición hasta la concesión o no del indulto así como la documentación pertinente debe ser público y accesible.

- La suspensión del ingreso en prisión será solo en casos excepcionales y requerirá una justificación

- Entregar la potestad del indulto al Tribunal Supremo para garantizar la separación de poderes.

Más información:

http://www.elindultometro.es/index.html

http://www.20minutos.es/noticia/1712918/0/indultos/claves/kamikaze/

http://hayderecho.com/2013/10/08/de-un-indulto-absolutista-todavia-hoy-a-un-indulto-constitucional/

  1. Prescripciones

La lentitud de la justicia y las prescripciones es otra de las razones de la impunidad penal de la corrupción política. En vez de atajar el problema, la reforma de la ley de financiación de partidos estableció la prescripción de 4 años para infracciones muy graves, 2 años para las graves y 1 año para las leves, plazos totalmente insuficientes más aún dado el retraso del Tribunal de Cuentas en supervisar las cuentas de los partidos.

Las prescripciones es son proporcionales a la gravedad de la penas. Rompería el principio de igualdad aumentar las prescripciones un grupo determinado de delitos por lo cual quedan dos opciones complementarias:

- Endurecer y sistematizar los delitos relacionados con la corrupción bajo un mismo Título en el Código Penal.

- El plazo de prescripción debería contemplar la dificultad de que afloren indicios del delito y adecuarse a él. Es decir, que el reloj empiece a contar desde que haya evidencias que se ha cometido un delito, no desde que se cometió.

http://www.eldiario.es/protesto-senoria/prescripcion-gran-desconocida_6_99100106.html

  1. Tipificar delito de la financiación de partidos

A la hora de perseguir la financiación ilegal de partidos, el poder judicial se encuentra con el problema de que no es un delito tipificado en el código penal. Por tanto, aunque los jueces determinen la existencia de flujos ilegales, se ven obligados a demostrar otros delitos relacionados como el cohecho y delitos fiscales. La reforma de del código penal no contempla este delito. Nuestra propuesta es incluir este delito.

Ahora bien, cuando analizamos las causas de la corrupción tendemos a pensar solo en el enriquecimiento ilícito de personas y la desviación de fondos para el aparato del partido. La otra parte necesaria y responsable de conductas corruptas es el del poder económico en busca de un beneficio particular. Es necesario visibilizar y castigar de igual manera tanto a corruptos como a corruptores.

Gracias a la L.O. 7/2012 por la que se reforma el código penal, por fin los partidos son responsables penales como cualquier persona jurídica. Pero no solo es necesario clarificar la responsabilidad penal de la organización, sino la responsabilidad compartida de los cargos contables y los cargos de dirección del partido. La LOCAFPP prevé dar a la figura del Tesorero una mayor responsabilidad. Creemos que con ello refuerza “la teoría del fusible”, es decir, limitar la responsabilidad política y penal a una persona fácil de “quemar” y sustituir sin que el resto del partido sufra las consecuencias. Nuestra propuesta sin embargo pasa por empoderar a los militantes para que asi tengan mayor responsabilidad en la supervisión interna, así como órganos de control y arbitraje interno elegidos por ellos, independientes de la dirección del partido. Además, cada unidad de organización del partido, ya sea a nivel local, regional o nacional debería determinar los responsables de firmar la contabilidad (un tesorero, la presidencia y un interventor) y hacerse responsable penalmente de cualquier irregularidad, como en la ley alemana de partidos.

http://www.abogacia.es/2014/01/16/sintesis-sobre-el-delito-de-trafico-de-influencias-y-el-de-cohecho/

  1. Otros: inhabilitaciones, multas, sanciones…

  1. Transparencia, regulación del lobby y contratación pública

La luz del sol es el mejor desinfectante

La transparencia es una condición necesaria para la participación y la supervisón ciudadana de los asuntos públicos. La transparencia inhibe la corrupción pero no acaba con ella.  Es decir, es una condición necesaria pero no suficiente para la supervisión ciudadana que no garantiza la rendición de cuentas sin la aprobación de mecanismos de participación.

La transparencia facilita además la evaluación de políticas y actos administrativos al menos a cuatro niveles:

        -Para la propia administración, siendo clave la participación de funcionarios y/o otros perfiles de tipo técnico y no designados o sujetos a disciplina o estructura de partido.

        -Para la oposición, que podrá ser más capaz a la hora de auditar la acción de gobierno asi como ofrecer posibles alternativas fundamentadas y basadas en la evidencia.

        -Para la prensa que podrá elaborar sus propias visiones, historias e investigaciones tanto en los datos ofrecidos como los desprendidos de la interrelación y cruce de distintos conjuntos de estos. Podrán estas además hacerse más comprensibles al poder elaborar contextos más ricos con los cuales contrastar.

        -Para la ciudadanía en general que podrá usar o desarrollar herramientas iniciativas que hagan uso de la información y/o colaborar con los agentes citados previamente.

La puesta en marcha de iniciativas en este sentido tienen un impacto anticorrupción a dos niveles, por un lado hacen más difícil el realizar operaciones con intereses ocultos y por otro, hacen más fácil el descubrir estos intereses y cuando estos casos se dan.

  1. Por un verdadero derecho al acceso a la información

La aprobación de la ley de transparencia ha sido un ejemplo en sí mismo de falta de transparencia y desprecio a las exigencias de la sociedad civil y de instituciones internacionales como la OSCE. La ley no comple con los mínimos estándares internacionales y ocuparía el puesto 75 de 96 en los rankings internacionales según Access-info.

1. El derecho a la información es un derecho de toda persona. El acceso a la información

es un derecho de toda persona, que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

2. El derecho de acceso se aplica a todas las entidades públicas. El derecho se aplica a

todas las entidades públicas del Estado (poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial). También se verán obligadas a asegurar el correcto disfrute de este derecho todas aquellas entidades privadas y personas naturales que ejerzan cualquier autoridad administrativa, realicen funciones públicas u operen con fondos públicos

3. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.

4. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes de información. Asimismo cada entidad pública y privada tendrá que designar uno o más funcionarios como Responsables de Información. El Responsable de Información deberá recibir y gestionar las solicitudes, asistirá a los solicitantes en el ejercicio de este derecho, y fomentará el uso del derecho de acceso a la información dentro de su institución.

5. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción. Toda información en posesión de las entidades públicas o de aquellas entidades privadas que ejerzan funciones públicas, debe estar sometida al principio de publicidad. Las excepciones tienen que estar en conformidad con las previstas por el Convenio sobre Acceso a Documentos Públicos del Consejo de Europa y sujetas a una prueba del daño al interés público o al derecho protegido, así como una prueba de interés público en conocer la información.

6. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas. Las denegaciones de acceso a la información deben estar justificadas y tener un carácter limitado.

7. Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.

8. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud. Dicha información debe ser actual, clara, y estar escrita en lenguaje sencillo.

9. El derecho de acceso a la información debe estar garantizado por un órgano independiente.

http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Spain/El_Derecho_de_acceso_a_la_informacin._principios_bsicos.pdf

  1. Regulación del lobby

Basándonos en estándares internacionales y debido a la convenida influencia de lobbies y grupos de presión de intereses económicas y la falta absoluta de regulación, consideramos imprescindibles las siguientes medidas:

- Información de las reuniones entre lobistas y funcionarios públicos.

- Documentación enviada por grupos de interés a las instituciones públicas.

- La publicación de las agendas de los cargos públicos y las actas de las reuniones.

- Los documentos presentados o distribuidos durante una reunión donde se baraje la toma de una decisión pública.

- Aportaciones y evaluaciones de las consultas públicas.

- Los documentos consultados y utilizados para la toma de decisión.

- El registro de entrada al Congreso y a las oficinas claves del Gobierno

http://www.civio.es/2014/02/propuestas-de-la-sociedad-civil-para-regular-el-lobby-en-espana/

  1. Homogenización, transparencia y fiscalización de la contratación pública

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO ANTICORRUPCIÓN EN CADA ADMINISTRACIÓN.

Basándonos por una parte, en el último informe de la Comisión Europea sobre la corrupción en Europa donde se afirma que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno español no son suficientes y se recomienda más control regional y local y el reforzamiento de los mecanismos de control, para hacer más transparente el proceso de toma de decisiones y garantizar una supervisión coherente de la calidad de la gobernanza local y regional, y por otra parte, en los Informes del Tribunal de Cuentas en los cuales se denuncia el grave descontrol en la contratación pública, se propone como medida anticorrupción transveral la creación de un departamento anticorrupción en cada Administración.

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO

El departamento anticorrupción se crearía en todas y cada una de las Administraciones públicas (estatal, autonómica, municipal y supramunicipal) y dicho departamento dependería de la Intervencion de cada Administración (la intervención es el órgano fiscalizador de las cuentas que existe en todas las Administraciones y tiene habilitación estatal y no depende de ningún grupo político ni directivo de la Administración). En el caso de las Administraciones pequeñas (menos de 20.000 habitantes pueden unirse para crear uno).

COMPOSICIÓN

Formado x 50% funcionarios de carrera 50% funcionarios interinos o laborales. Un licenciado en derecho imprescindible. Dependiendo del tamaño de la Administración podrán ser entre 2-6 personas. Se nombran mediante votación de todos los trabajadores de la Administración y la duración en el puesto es de 4 años.

FUNCIONES

1. Garantizar los principios de transparencia y publicidad.

2. Controlar la contratación pública de la Administración y las empresas públicas de dicha Administración.

3. Publicar anualmente un informe sobre la contratación pública de la Administración en la web de cada Administración (señalando importes, procedimientos de contratación utilizados (también se publicarían los contratos menores que ahora por ley no es obligatorio) empresas adjudicatarias, modificados de contratos, prórrogas, etc) y trasladar dicho informe al Tribunal de Cuentas, a los Sindicatos de la Administración.

4. Publicar cada seis meses en la web de cada Administración, en el BOE y en el BOP de la provincia, un listado todas las contrataciones llevadas a cabo, con importes, empresas adjudicatarias, modificados de contratos, prórrogas, etc.

5. Participar como observadores (sin voz y sin voto) en todas las mesas de contratación de los procesos de adjudicación de contratos. Un representante en cada mesa es suficiente.

5. Formar a TODO el personal de la Administración en materia básica de contratación pública, incidiendo en los delitos penales.

6. Denunciar las irregularidades existentes en las contrataciones directamente a las Oficinas Anticorrupción que deberían tener su propio departamento de contratación pública.

7. Controlar el régimen de incompatibilidades de todo el personal de la Administración (desde los Directivos, asesores....., técnicos, hasta los auxiliares administrativos) y entregar anualmente un listado a la Oficina de Conflicto de Intereses.

  1. Independencia de la justicia y de los órganos de control

En realidad, todos estos casos se deben basar dos principios:

- Profesionalización. Facilitar la promoción interna por medio de procesos democráticos,  transparentes que primen el mérito personal y profesional. Limitar al absoluto mínimo la discrecionalidad del poder ejecutivo de colocar cargos en las capas más altas de la administración, especialmente en la justicia y los órganos de control.

- Control ciudadano. Este depende de la transparencia (explicada en el punto 2.1) y por otro lado de mecanismos de supervisión y control ciudadano (explicada en el punto 5.1).

Es necesaria una mayor distribución en la elección y distribución de los órganos de poder judicial. Frente al actual sistema de designación por el gobierno y/o parlamento se elegirían todos los órganos de gobierno del poder judicial por medio de los mismos jueces y se estudiarán las fórmulas por las que introducir elección directa por parte de la ciudadanía.

Esto ayudaría a hacer más plural estos órganos de gobierno y anteponer en su acción, más fácilmente el interés general sobre intereses sectoriales, partidistas o sectarios.

  1. Independencia de los órganos del poder judicial
  2. Independencia y especialización de los fiscales
  3. Reforma del Tribunal de Cuentas
  4. Independencia del órgano que vela por el cumplimiento de la transparencia

  1. Reforma del sistema de partidos

  1. Reforma de la ley electoral

La reforma electoral debe ser sujeto de un amplio debate y no pretendemos aquí presentar una propuesta concreta pero sí creemos en la urgente necesidad de reforma.

Hay dos principios que debe conciliar, por un lado buscar la proporcionalidad de sistemas proporcionales y por otro que garantice la rendición de cuentas individual de los parlamentarios de los sistemas mayoritarios (que los diputados se deban a sus votantes y no a su lista/partido).

Además, necesitamos unas reglas de juego electoral que garanticen y no dificulten la competición política. Para el cumplimiento del derecho constitucional que todos sean electores y elegibles consideramos necesario:

- Eliminar las barreras de entrada (avales, financiación, acceso a medios de difusión públicos)

- Facilitar en vez de dificultar el voto exterior:

- Eliminar el voto rogado

- Circunscripción electoral exterior

- Simplificación del sistema de voto e información clara y concisa

http://mareagranate.org/?p=919

- Facilitar el ejercicio del voto (ampliar días, información, etc), incluyendo el voto electrónico

Otras fuentes:

- Recomendaciones del Consejo de Europa sobre e-Democracia:

https://docs.google.com/document/d/1S3DETxW3D9j2tOhlFrKU9af4gtDW8e6kneIs189Uvfk

- Libro blanco europeo de la juventud en cuanto a sus recomendaciones sobre e-democracia y participación:

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11055_es.htm

- Democracia 4.0: http://demo4punto0.net/

  1. Reforma de la ley de partidos

Los partidos políticos tienen un papel insustituible en todo sistema democrático. A diferencia de lo que ocurre en otras democracias avanzadas, en España el marco legal vigente no facilita la depuración de los partidos cuando ello se revela necesario.

Entre los muchos cambios que hoy demanda nuestro sistema político, el más urgente es la elaboración de una nueva Ley de Partidos Políticos, con el fin de regular su actividad, asegurar su democracia interna y acercar la política a los ciudadanos.

Concretamente, debería exigir:

  1. Celebración de congresos cada dos años como mínimo y, en todo caso, a fecha fija.
  2. Reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto. Limitación del número de sus integrantes, entre los cuales no se contarán los de la directiva.
  3. Composición de los congresos y de los órganos de control proporcionales al número de afiliados o de votos del partido en cada provincia o distrito. Limitación de mandatos al menos en los órganos de control.
  4. Elección de los órganos ejecutivos, delegados a congresos y miembros de los órganos de control mediante voto secreto de los afiliados o delegados al congreso.
  5. Elección de los candidatos a cargos representativos por elecciones primarias.
  6. Mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas y elección de los interventores por parte de los distintos niveles del partido. Auditorías anuales por empresas independientes previas a la presentación de las cuentas que deberán ser aprobadas por los máximos órganos de dirección del partido.
  7. Constitución de comisiones independientes para verificar los gastos de las campañas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los límites de gasto electoral.

Referencias: http://porunanuevaleydepartidos.es/manifiesto/)

  1. Reforma de la ley de financiación de partidos

Lecturas previas:

¿Como hemos llegado hasta aquí? http://cuentas-claras.org/2014/04/20/que-hacemos-primera-parte

¿En que situación estamos? http://cuentas-claras.org/2014/04/20/que-hacemos-segunda-parte

¿Cómo salimos del pozo? http://cuentas-claras.org/2014/04/20/que-hacemos-tercera-parte

¿Qué tipo de medidas podemos promover unas reglas de juego justas?

- Empoderando a los militantes, haciendo depender a los partidos principalmente de la financiación de sus bases.

- Utilizando el sistema de financiación pública realmente para ‘nivelar el tablero de juego’, revirtiendo sus efectos: La financiación pública es excesiva (ej: 71M en Francia, 135M en alemania), no es transparente ni se rinde cuentas por ella (más de 60M sin justificar - gasto local), es excluyente (solo se da a partidos con representación) y prima a los partidos más grandes por lo que atenta a la diversidad y la competición política.

- Atomizando la financiación privada y prohibir donaciones empresariales. El segundo aspecto es la cantidad máxima permitida. Parece razonable que cuanto menores sean las aportaciones máximas permitidas, menor posibilidad tendrán las personas con más recursos de controlar las decisiones de un partido con inyecciones masivas de dinero.

El endeudamiento deber ser limitado por ley a una proporción que asegure la autonomía financiera.

- Repensando el papel de la financiación hacia el ‘decrecimiento electoral’. La razón de ser de las subvenciones electorales es facilitar que los ciudadanos puedan contrastar propuestas y emitir un voto informado. Ahora bien, es más que discutible que cumplan esta función cuando, por ejemplo, los partidos gastan millones en correo electoral, campañas o estudios de publicidad, o inundan las calles de fotos de los candidatos. Si la democracia avanza hacia modelos más participativos, este gasto se canalizaría cada vez menos hacia los partidos y sería el Estado el que debería garantizar los espacios y las plataformas de discusión, participación y voto.

Reducir los gastos, hacer decrecer en general las campañas y, en particular, minimizar el outsourcing empresarial, establecer sistemas de certificación de proveedores y de pagos, realizados por entes independientes, y fortalecer los controles fiscales, deben ser parte de toda estrategia de reforma y control de la financiación de las campañas.

- Imponiendo estándares legales mínimos de democracia interna en los partidos (ver propuesta por una ley de partidos)

- Cambio de paradigma: hacia un régimen sancionador eficiente y efectivo y, sobre todo, hacia la supervisión y el control ciudadano. Un régimen sancionador racional pasa por incluir auditorías privadas obligatorias y dotar al Tribunal de las competencias de inspección y sanción directa como tiene por ejemplo la Agencia Tributaria.

A falta de una auditoría que ni las propias auditoras privadas se prestan a hacer, si la información sobre la gestión de los partidos fuera transparente y no fuera patrimonio exclusivo del Tribunal de Cuentas, la ciudadanía tendrá en su mano la posibilidad de controlar esas cuentas directamente. Experiencias como auditoría ciudadana de la deuda o incluso la de las comisiones de la verdad constituyen formas de resolución de conflictos que son a la vez mecanismos de justicia restaurativa y de legitimación democrática.

  1. Participación y control ciudadano

  1. Romper el monopolio de representación política: Derecho a participar directa o indirectamente, individual o colectivamente en procesos legislativos

Ley de Participación Ciudadana: Defendiendo un sistema político inclusivo, en el que participe la sociedad civil

Las leyes británicas diferencian a las asociaciones que tienen como objetivo la provisión de servicios (charities) de aquellas agrupaciones ciudadanas que persiguen cambios legislativos o políticos (campaigns). Es una distinción primariamente fiscal, pero nos da pistas de lo fácil que sería someter a asociaciones ciudadanas cuyo objetivo sea la defensa y la promoción de intereses colectivos a un régimen de financiación, supervisión y control similar al que proponemos para los partidos políticos.

Frente al conflicto de intereses en el seno de los partidos políticos y la dependencia de fuentes externas de financiación, los movimientos sociales se ven más libres de la instrumentalización por parte de intereses económicos, y su tendencia a la especialización les lleva a presentar demandas con un valioso expertise sectorial y un amplio apoyo social. Esto da lugar a la percepción de que existen dos esferas de participación ciudadana: por un lado, la crítica, el debate y las demandas se realizan en torno a las diferentes movilizaciones sociales. Por otro, las decisiones políticas se toman crecientemente fuera del parlamento, por los que ostentan el monopolio de la representación política sin que existan mecanismos eficaces de rendición de cuentas.

La forma de romper el impasse sería garantizar la posibilidad de participación colectiva e individual en procesos legislativos. Más allá de los derechos de los sujetos, cabría plantearse la necesidad de nuevas instituciones sectoriales o ad-hoc, como los consejos consultivos ciudadanos, cuya función sería por un lado, integrar a la sociedad civil en los procesos de elaboración de propuestas legislativas y, por otro, controlar y supervisar el desempeño del poder político. De esta forma, personas y movimientos sociales tendrían la posibilidad de elaborar informes previos a las ponencias en el parlamento, estableciendo un proceso legislativo en dos niveles donde el peso de la proposición recae en la sociedad civil, y la implementación en la representación política, que puede incluir mandatos vinculantes y la existencia de mecanismos de supervisión y de reprobación.  Se trata de un tema muy amplio que habría que encuadrar en el marco de una ambiciosa ley de participación ciudadana.

Petición de “Por la democracia directa”: http://porlademocraciadirecta.org/texto-de-la-peticion-2/

· Que los referendos puedan ser solicitados por 500.000 personas y que el resultado sea vinculante si es aprobado por mayoría y hemos participado en él un número suficiente de ciudadanos/as

· Que los referendos, además de sobre decisiones de especial relevancia, puedan tratar sobre las leyes aún no ratificadas, o sobre la anulación de leyes en vigor

· Que las Iniciativas Legislativas Populares puedan tratar sobre materias propias de ley orgánica como por ejemplo, la ley electoral o la ley de educación

· Que la ciudadanía pueda, en número de 500.000 personas, promover la reforma de la Constitución.

  1. Desintermediar al poder político: Derecho a iniciar una queja/reclamación/demanda oficial ante: Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Congreso (droit au recour universelle)

Cada día es más evidente la incapacidad del Estado para garantizar de forma efectiva derechos humanos fundamentales como la vivienda o la salud. Ante el incumplimiento de derechos fundamentales las personas se ven indefensas y difícilmente encuentran vías institucionales por las que reclamar sus derechos.

En el campo de la corrupción política, las posibilidades de los ciudadanos de supervisar y ,si fuera necesario, perseguir judicialmente al poder político son prácticamente nulas. Pese a que las subvenciones a partidos se justifican por condición de poder institucional consagrado en la constitución, la fiscalización y supervisión se limita con el argumento de que son instituciones privadas. Se nos niega supervisar la propia actividad de los partidos políticos, se nos trata como ciudadanos menores de edad y solo somos capaces de ver su situación financiera através de las gafas de color de rosa del Tribunal de Cuentas.

De la misma forma, en muchos casos los ciudadanos se ven privados de recurrir directamente a los tribunales, bien limitando la figura de la acusación popular bien restringiendo los accesos al Tribunal Constitucional a los partidos políticos. Nuestro derecho a recurrir está de hecho tutelado por el poder político.

Por ejemplo, en diferentes casos como la desaparición de personas durante el franquismo, el robo de bebés (u otros casos como la estafa masiva de la comercialización de las preferentes) vemos como el derecho de los ciudadanos de acceder a la justicia se ven gravemente minado por la acción política.  Por ello, hace falta garantizar la independencia judicial y por otro lado,  que la acción ciudadana no se vea subordinada y pueda fructificar independientemente de la voluntad política.

Por eso pedimos instaurar mecanismos y procedimientos para que se pueda instaurar de forma efectiva el derecho de recurso establecido en el artículo 8 de la declaración universal de los derechos humanos como una garantía del cumplimiento de los derechos humanos dentro del Estado.

http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm

Es decir, establecer las garantías procedimentales y jurídicas para permitir que

http://www.unicaen.fr/puc/ecrire/revues/crdf/crdf7/crdf0709lebot.pdf

  1. Consejos (consultivos) ciudadanos / Auditorías ciudadanas

Entendemos la auditoría como un proceso de carácter constante realizado por la población. Un ejemplo de cómo la ciudadanía puede ser partícipe en una auditoría es el formato de los Observatorios Municipales (http://demo.ocax.net/ ) que ya se está replicando en más de 20 municipios. Es un formato que fácilmente se podría extrapolar a cualquier entidad, ya sea pública o privada, que tuviese la voluntad real de ser transparente.

Estas auditorías ciudadanas no son institucionalizadas. Sin embargo, existe multitud de experiencias que demuestran que pueden serlo. Existen diferentes fórmulas que varían según sean sus potestades, la forma de elección de sus miembros y su composición.

Para todo proceso de participación ciudadana se abrirá con un conjunto de Información Pública (véase siguiente definición), seleccionado de oficio por la propia Administración. La ciudadanía contará con un plazo previo para solicitar otros documentos o información pública que ayude a realizar propuestas fundamentadas. Sobre la naturaleza del propio proceso, cualquier proceso de participación ciudadana que se abra figurará descrito con:

• Fases del proceso que son abiertas a participación

• Carácter vinculante o no de cada una de las fases abiertas a participación

• Calendario para la realización de aportaciones

• Canales a través de los cuales los participantes podrán

• Criterios en base a los cuales unas aportaciones serán más valoradas que otras

• Plazos para la presentación de resultados

• Información sobre los agentes públicos implicados en el proceso participativo: nombre, cargo, organización a la que pertenecen, experiencias como agente público en procesos participativos previos.

• Referencia (si fuera necesaria) a la asignación presupuestaria en base a la cual se inicia el proceso participativo

Más info:

http://auditoriaciudadana.net/

http://es.scribd.com/doc/141026893/Informe-DDA


I. Anexos

A. Definición de información pública requerida para la participación.

Para todo proceso de participación ciudadana se abrirá con un conjunto de Información Pública (véase siguiente definición), seleccionado de oficio

por la propia Administración. La ciudadanía contará con un plazo previo para solicitar otros documentos o información pública que ayude a realizar propuestas fundamentadas. Sobre la naturaleza del propio proceso, cualquier proceso de participación ciudadana que se abra figurará descrito con:

• Fases del proceso que son abiertas a participación

• Carácter vinculante o no de cada una de las fases abiertas a participación

• Calendario para la realización de aportaciones

• Canales a través de los cuales los participantes podrán

• Criterios en base a los cuales unas aportaciones serán más valoradas que otras

• Plazos para la presentación de resultados

• Información sobre los agentes públicos implicados en el proceso participativo: nombre, cargo, organización a la que pertenecen, experiencias como agente público en procesos participativos previos.

• Referencia (si fuera necesaria) a la asignación presupuestaria en base a la cual se inicia el proceso participativo

En aras de una mejora continua, al cierre de todo proceso de participación la ciudadanía contará con un plazo para presentar las buenas y malas prácticas identificadas. Estas se anexarán a la memoria elaborada por los responsables públicos.