DECLARACIÓN DE CAPELLA

en respuesta a los megaproyectos energéticos

11 de octubre de 2015

Asistimos actualmente a una fuerte ofensiva en la construcción de grandes infraestructuras, especialmente energéticas, a nivel global. Con el falso argumento de estimular el crecimiento, generar trabajo y ofrecer mejores servicios a mejores precios, se imponen arbitrariamente megaproyectos que son planificados y ejecutados con celeridad y sin posibilidad alguna de cuestionar su oportunidad o necesidad.

La masiva explotación mediante fractura hidráulica o fracking, en países como EE.UU. o Australia, y la consecuente construcción de infraestructuras gasísticas; las mega represas en regiones como la Amazonía de Brasil, la Patagonia chilena, el sureste de Asia o los Himalayas; las grandes líneas de muy alta tensión en Europa o Corea del Sur, etc., son claros ejemplos que responden a una economía agresiva, basada exclusivamente en la dependencia del extractivismo y en la fe en el crecimiento sin fin.

La Unión Europea es una actor clave en esta ofensiva. Abraza estrategias geopolíticas peligrosas y agresivas y procesos no democráticos y en absoluto transparentes, que provocan conflictos e injusticias dentro y fuera de sus territorios. Claros ejemplos de ello son los tratados de libre comercio e inversión, como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP); el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, más conocido como Plan Juncker, que pretende movilizar 315.000 millones de euros, principalmente en infraestructuras, o las políticas de Seguridad Energética.

Estos tratados, planes y estrategias son vasos comunicantes que, en el caso de la energía, imponen el camino para el futuro energético de los estados miembro: la construcción de un mercado único del gas y la electricidad en la UE.

Su resultado material se concreta en los Proyectos de Interés Común, los PIC —que pueden recibir dinero público a través de los fondos Connecting Europe Facility y del propio Plan Juncker—; en esencia, un listado revisable bianualmente que enumera los proyectos supuestamente necesarios para la construcción de ese mercado único, en su gran mayoría, interconexiones eléctricas y gasísticas.

Estas se nos venden en la UE como aquello que requiere el mercado para generar el espacio de la libre competencia. Se afirma así que los Kilowatios/hora y los m3 de gas deben poder circular de un rincón a otro de la Unión bajo el supuesto de que con ello se obtendrá un mejor servicio y una mejor factura a finales del mes. Sin embargo, el precio real será, con seguridad, mucho más alto.

En efecto, este entramado supranacional se impone como irrefutable, ignorando los severos impactos que genera su implementación en los territorios de paso de unas infraestructuras faraónicas, innecesarias e impuestas que, sin embargo, suponen una grave amenaza para la salud de la población, una agresión irreparable para el medio ambiente, una notable pérdida de calidad de vida y del valor de las propiedades de las personas afectadas y una hipoteca a perpetuidad en los usos del suelo y las actividades económicas. En resumen, un modelo que socializa las pérdidas y privatiza los beneficios y cuya consecuencia más dramática es la pobreza energética.

Se ignoran también con dicha imposición los efectos generados por la construcción de un modelo energético basado en grandes infraestructuras centralizadas, grandes intereses corporativos e inversiones desproporcionadas, que se financian fundamentalmente con fondos públicos (subvenciones de fondos europeos, préstamos a bajo interés del BEI,….). De aquí que se generen deudas ilegítimas que acaban afectando a las ya excesivamente castigadas economías domésticas (véase, si no, el caso del proyecto Castor).

Por añadidura, en un momento en que se debate con intensidad el futuro de la energía y se vislumbra la posibilidad de cambios de gran calado en esta materia, merced a los avances técnicos y a las demandas de la sociedad, la apuesta por un modelo energético que ya se ha demostrado caduco e insostenible, supone un despilfarro y un premeditado acto de irresponsabilidad.

Por último, promover, como se está haciendo, la extracción de combustibles por métodos no convencionales provoca un problema global de salud pública, que, además, supone continuar de manera insensata con la quema masiva de combustibles fósiles, acentuando así el cambio climático. En ello, las megainfraestructuras energéticas tienen gran parte de responsabilidad.

Por todo ello exigimos:

1. Que se respeten efectivamente los derechos de participación, información y evaluación ambiental entendidos con el máximo rigor y que se determinen procesos de participación donde la metodología sea consensuada con actores de la sociedad civil y no sea directa y únicamente la propuesta por una de las partes interesadas.

2. Que cualquier tipo de inclusión o exclusión de un proyecto en esquemas como los PIC, el Plan Juncker o futuros planes sea comunicado inmediatamente a los gobiernos locales y que estos, a su vez, informen y escuchen a sus conciudadanos/as.

3. Que se establezca una moratoria en la construcción de las grandes infraestructuras por las que apuesta la Unión Energética hasta que no se consensúe de manera democrática y transparente un modelo energético verdaderamente sostenible que responda a las necesidades de las personas y las generaciones futuras y no, exclusivamente, a los intereses de las grandes corporaciones o las estrategias geopolíticas.

4. Que los fondos públicos no favorezcan la penetración de la lógica financiera pues esta será la que finalmente determinará qué proyectos son o no necesarios.

5. Que no se utilice el dinero público para financiar megaproyectos que perpetúan el uso de combustibles fósiles y nucleares, y que, por el contrario, exista voluntad política para promover alternativas ya existentes y técnicamente posibles, como son el ahorro energético, las energías renovables, el autoconsumo y otras formas autóctonas de producción y distribución de energía, asegurando el Derecho Humano a la Energía y la Soberanía Energética de personas y territorios.

En este sentido, los y las participantes en el VOLT II: un reto a los grandes proyectos energéticos, acordamos constituirnos como Red de Apoyo Mutuo en respuesta a las Interconexiones Energéticas Pirenaicas, e invitamos a sumarse a ella a cuantas organizaciones y personas a un lado y otro del Pirineo suscriban la Declaración de Capella.

Actualizado 29/11/16

Organizaciones que dan apoyo:

Empresas

Partidos Políticos

y 177 personas a título individual