COM. DE MADRID Cifuentes deja a más de 2.300 estudiantes de FP sin beca tres meses después del comienzo del curso

La Comunidad de Madrid alega que se han terminado los 22 millones de presupuesto destinados a estas ayudas para

estudiantes de FP de Grado Superior en centros privados Los afectados denuncian falta de previsión por parte del Gobierno regional y algunos deberán dejar los estudios debiendo mensualidades a los centros educativos Los alumnos que pidieron la beca recibieron en octubre una confirmación de la solicitud junto con la la cuantía que les correspondía por renta, por eso denuncian que la denegación llega tarde Fátima Caballero.27/01/2017 Un total de 2.338 estudiantes de Formación Profesional de Grado Superior de centros privados se han quedado sin beca este curso "falta de fondos". La Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes les comunicó, vía mensaje de texto al móvil, que no iban a recibir la prestación económica con la que contaban. "No eres beneficiario" era el texto que contenía el SMS de la Conserjería de Educación. Fue un 28 de diciembre en plenas vacaciones navideñas, con los centros académicos cerrados y con el primer trimestre del curso superado. La Comunidad de Madrid en 2013, con Ignacio González como presidente, acabó con los conciertos de FP de Grado Superior. Para contrarrestar esta privatización, puso en marcha estas becas para que "la falta de recursos económicos" no fuera un "impedimento" para que los estudiantes pudieran estudiar en estos centros 100% privados. El Gobierno regional destina a estas becas cada año un presupuesto de 22 millones de euros: 19.800.000 euros para los estudiantes que se matriculan en mayo y 2.200.000 euros para los que se inscriben en septiembre. La convocatoria de esta ayuda de la Conserjería de Educación, Juventud y Deporte recoge como requisitos estar matriculado en algún centro de la Comunidad y no superar los 35 años de edad. Después, las dotaciones que los alumnos reciben varían en función de la renta, pero en ningún caso esto es una condición para recibir la prestación. Concretamente, para umbrales de renta de hasta 6.455 euros anuales, los alumnos reciben una ayuda de 2.900 euros el primer curso y 2.320 el segundo. Para rentas de 6455,01 euros a 9.318, obtienen 2.600 euros el primer año y 2.080 el segundo. Finalmente, las rentas de más de 9.318 euros, 2.300 euros y 1.840. Los más de 2.300 estudiantes que se han quedado sin beca pertenecen al último umbral y se matricularon en septiembre. La Comunidad de Madrid alega que se han terminado los fondos destinados a esta partida y desde la Conserjería de Educación defienden que este año se ha incrementado el número de beneficiarios un 43% con 9.038 alumnos con beca, de los más de 15.000 que se han matriculado en estos centros privados, un 38% más que el curso anterior. Pero las quejas de los estudiantes radican en la falta de previsión de la Comunidad, ya que los alumnos que presentaron la beca y reunían los requisitos, recibieron una confirmación de presentación en octubre en la que se les indicaba incluso la cuantía a la que aspiraban. "Esperaron al 28 de diciembre para denegar las becas", denuncia una de las afectadas. Este nuevo giro deja a las familias debiendo dinero a los centros y con serias dificultades para continuar este curso y el siguiente. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha asegurado a eldiario.es que los cursos en estos centros repartidos por toda la Comunidad de Madrid cuestan una media de 360 euros mensuales, durante 10 meses: 7.200 euros por las dos anualidades. "Hay estudiantes se enfrentan a la decisión de si seguir o no con el curso debiendo además dinero", denuncia Maribel Sanz de CC.OO a eldiario.es. "Voy a tener que dejar de estudiar", relata a eldiario.es una estudiante del Grado Superior de Educación Infantil. "Ahora mismo debo a la escuela tres mensualidades de 300 euros y no puedo seguir el curso pese a tener el primer trimestre aprobado", se lamenta esta alumna, que prefiere que no aparezca su nombre por miedo a "represalias". "En mi clase hay más afectados, de los 20 alumnos, 10 no han recibido la beca". La madre de otro afectado tiene pocas esperanzas de que la Comunidad dé alguna solución. En su caso, podrá sufragar "con dificultades" los estudios de su hijo aunque siente que están "atados de pies y manos". Este viernes es el último día para presentar ante la Comunidad de Madrid un recurso de reposición. Los estudiantes, además, presentaron hace unos días una queja ante el defensor del pueblo.

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España, años setenta: cómo nuestros profes inventaron todo lo que está de moda fuera

Cuando se rememora la Transición, tendemos a pasar por alto el papel que los profesores jugaron. Pero estos fueron innovadores, concienciados y revolucionarios HÉCTOR G. BARNÉS. 29.01.2017 El 2017 va a ser un año clave para la educación española. Con la implantación de la Lomce paralizada, según ha prometido el PP, en apenas seis meses deberemos tener un principio de acuerdo educativo para elaborar una nueva ley orgánica que sustituya a la de Wert y que, supuestamente, debería contar un mayor consenso. ¿El problema? Que, una vez más, los docentes se sienten excluidos del pacto educativo, y no confían en que la situación vaya a cambiar: ya hay una nueva huelga en ciernes. No siempre fue así, y no nos referimos únicamente a la sensación de desprestigio de la profesión docente. Los grandes avances de la educación española desde la muerte de Franco hasta hoy son el producto de un largo proceso que comenzó a finales de los años sesenta y cristalizó a partir de 1983, con la llegada del PSOE al poder. ¿Finlandia? Los profesores españoles de los años setenta, en reacción a las cuatro décadas de conservadurismo, plantearon principios educativos que aún hoy parecerían audaces a aquellos a los que se les llena la boca con la innovación.

“Los movimientos pedagógicos, en su trabajo diario y en sus cursos de verano, animaban a los profesores a reflexionar sobre su práctica en el aula, analizarla y dejar atrás el viejo paradigma autoritario”, escribe la profesora Tamar Groves, una de las grandes expertas en este período de la historia española, en una de sus investigaciones. En su lugar, se les pedía que explorasen métodos más innovadores que estimulasen la autonomía, la colaboración, el pensamiento racional y un sentido de la acción entre los estudiantes”. Valores no tan lejanos de los que promueven las propuestas educativas de vanguardia. De la mano de sus investigaciones nos sumergimos en la desconocida historia de los profesores españoles, de la que los políticos pueden aprender al menos un par de cosas: que las reformas desde arriba hacia abajo no suelen ser las mejores, y que no hace falta irse muy lejos para encontrar ideas rompedoras. Y tiene moraleja para el resto de los españoles: el trabajo de los profesores fue esencial para alcanzar y reforzar la democracia. Todo para los profesores, pero sin ellos La innovación educativa durante el franquismo fue un erial por la sencilla razón de que pocos sectores fueron tan represaliados como el de los profesores. Ejecutados, encarcelados o exiliados, la mayor parte de los maestros innovadores de la República fueron víctimas de una fuerte venganza ideológica. Desaparecieron los sindicatos y en su lugar apareció el vertical Servicio Español del Magisterio y los movimientos de renovación pedagógica se extinguieron, al menos hasta los sesenta. Conscientes de que la ley de 1945 se parecía más a una reglamentación del siglo XIX (como la ley Moyano) que a lo que la España del desarrollismo necesitaba, el propio régimen intentó dar un nuevo barniz al sector educativo de manos de Villar Palasí, Ricardo Díaz Hochleitner y las influencias extranjeras (como expertos de la UNESCO), que en primer lugar alumbrarían el Libro Blanco y, posteriormente, la ley general de 1970, que tenía como objetivo una modernización “desde arriba” basada en la extensión escolar y la igualdad de acceso al sistema”. Aunque esta intentaba acabar con la discriminatoria doble vía para los alumnos, que conducía a muchos alumnos al mercado laboral a una edad temprana, los profesores consideraron que no era suficiente. Desde mediados de los años sesenta comienzan a organizarse a través de movimientos de renovación pedagógica y recuperación de la Escuela Nueva, con grupos como Rosa Sensat en Barcelona, y luchas sindicales. Como explica Groves, en 1982 había 46 asociaciones que ofrecían 52 cursos de formación a casi 27.000 docentes de toda España en una metodología nueva e inspirada en los aires extranjeros, desde Celestin Freinet hasta Paulo Freire pasando por Ivan Ilich y María Montessori. Esta nueva Escuela Nueva combinaba “el recelo hacia las consecuencias de la modernización industrial y el apego hacia el conocimiento científico”. ¡En este colegio no hay directores! ¿En qué se traducen estas influencias? Los estudios de Groves nos permiten acercarnos a algunas de sus propuestas pedagógicas, que se basaban en “solidaridad, rechazo del autoritarismo, racionalidad, la cualidad pluridimensional de la personalidad, creatividad y pura y simple libertad”. Por ejemplo, el rechazo a los libros de texto de las editoriales tradicionales y la creación de los propios materiales didácticos a través de las investigaciones de los alumnos, con el objetivo de que estos no fuesen receptores pasivos de aquello que las editoriales querían promover. Como ocurre ahora con multitud de proyectos de vanguardia educativa, la educación en las artes era esencial, tanto en la formación de los estudiantes como la de los profesores. Se solía articular a través de talleres que “incluían juegos dramáticos, escenografía, marionetas y máscaras, expresión física, musical y plástica”. La creatividad, junto con “actividades y técnicas diseñadas para favorecer la comunicación y la colaboración entre los estudiantes” ya era un factor esencial en la formación de los más pequeños, mucho antes de que se convirtiese en la baza ganadora de los países escandinavos. ¿Trabajo por proyectos, derribo de los muros de las aulas y aprendizaje reflexivo? No es un colegio elitista ni experimental, sino un objetivo programático de muchos de estos profesores, que se articulaban a través de grupos como Acción Educativa o el Colegio de Doctores y Licenciados, o de textos como las 'Alternativas' que empezaron a publicarse desde 1975 por parte de grupos cercanos al Partido Comunista y el PSOE. De ahí que trabajar en grupo fuese esencial, pero con el objetivo de ayudar a los que tenían dificultades: “Es deseable para la clase que todos los alumnos lleguen a un nivel mínimo. Es deseable que los más aventajados ayuden al resto”, se podía leer en un artículo de 'Cuadernos de Pedagogía'. La autarquía definió los primeros años del franquismo, y por extensión, la escuela, para la que la realidad fuera de las aulas era algo desconocido. De ahí que se favoreciese la toma de conciencia por parte de los alumnos de asuntos sociales. Hay algunos ejemplos llamativos. Los alumnos de los colegios de Fundación Hogar del Empleado visitaban fábricas donde tenían que aprender no solo los procesos de producción, sino también el impacto en el medioambiente. O se les pedía que analizasen las profesiones de su padre desde la perspectiva de género, es decir, preguntándose por qué sus padres tenían unas profesiones y sus madres otras. El trabajo con periódicos era habitual para “que el estudiante comprenda la complejidad de los eventos sociales y discuta diferentes puntos de vista”. Algunas de las propuestas pueden sonar radicales incluso hoy en día. En un ejemplar de 'Cuadernos de Pedagogía' de 1979 podía leerse a profesores que, cuando se les preguntaba "¿dónde está el director?", respondían con orgullo "¡en este colegio no hay director!". Las experiencias en las que el colegio se establecía como cooperativa de profesores no era tan extraña, como ocurrió con 11 centros de Barcelona, cinco de Getafe, algunos madrileños como el vallecano Palomeras Bajas u otros de Jaén, La Rioja o Murcia. El colegio como base de la democracia La investigadora recuerda que “el sistema educativo en los años setenta se convirtió en una vibrante red de asociaciones cívicas y movimientos sociales que lucharon por una variedad de objetivos económicos, sociales y culturales”. Ese es quizá uno de los elementos decisivos en el papel que profesores y colegios jugaron hace 40 años: no eran un sector de la sociedad más, sino uno vinculado de manera directa con la lucha sindical o ciudadana (como las Asociaciones de Vecinos) y el desarrollo de una nueva sociedad. Por eso llevaron la voz cantante en multitud de procesos de negociación, y sus ideas terminaron penetrando en las leyes, no al revés. Valeriano Bozal, del Colegio de Doctores y Licenciados, explicaba en 1977 en 'Una alternativa para la enseñanza' su propuesta de gestión de los centros: “En lo referente a la aplicación concreta de las normas generales, contratación y selección de personal, control de los fondos económicos, dirección pedagógica, etc., correrá a cargo de los profesores, alumnos y padres de una manera democrática”. “La percepción de la ciudadanía que emerge de estos modelos es el de la participación activa de los diferentes factores sociales implicados en el proceso educativo en la dirección de los colegios”, añade la investigadora. No se trataba únicamente de los profesores, sino también de implicar a la sociedad en su conjunto. Groves recuerda: “Podemos ver cómo los movimientos de profesores estaban comprometidos con crear espacios para la deliberación sobre los problemas educativos y cómo, en dichos espacios, amplios sectores de los ciudadanos participaban a menudo en la evaluación de diferentes medidas educativas”. Como explicaba P. Castro en 'Cuadernos de Pedagogía' a finales de los setenta, “todos los miembros de la comunidad deben convertirse en interlocutores y protagonistas decisivos a la hora de crear e implementar nuevas políticas”. Una buena idea para el nuevo pacto educativo. La lucha sindical jugó un importante papel a la hora de cambiar las condiciones laborales de los profesores, a través de herramientas como la huelga. La de noviembre de 1976 convocó a 95.000 docentes que solicitaban pagos más equitativos y remuneración para las horas de trabajo en casa. Reaparecieron organizaciones como CCOO, FETE-UGT o UCSTE (Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza) con espíritu asambleario. Los PNN (profesores no numerarios), con contratos temporales, pasaron la década luchando por el reconocimiento de sus derechos. La primera huelga de profesores de primaria tuvo lugar en 1973 y solicitaba que se llevase a cabo la subida de sueldos prometida en 1970.

“Dada su cualidad como grupo profesional, los profesores contribuyeron a articular una clara agenda 'didáctica' inspirada por concepciones y prácticas comunes a los movimientos sociales y las asociaciones cívicas”, concluye Groves. Poco a poco, gran parte de las ideas que fueron desarrolladas y defendidas a lo largo de los años setenta empezaron a penetrar en la política de partidos, especialmente a través del PSOE, que compartía cierta afinidad con ellas, aunque de una manera menos radical. “Todo esto puede formar parte de la planificación estatal, y no debe evitar que las distintas partes interesadas funcionen democráticamente en cada centro o municipio: desde los padres de los alumnos hasta los profesores, que piden libertad de asociación para ser capaces de funcionar con un cierto grado de poder y una cierta conexión a sus propios alumnos”, decía Felipe González en 1976. En apenas un lustro, el político sevillano llegaría al poder y, a través de sus ministros de Educación, Federico Mayor Zaragoza y José María Maravall, terminaría articulando dichas demandas en leyes como la LODE de 1985, que entre otras cosas, estipulaba la organización del centro en consejo escolar y claustro. “Con la integración de muchos de los activistas en la administración educativa, muchas de sus ideas penetraron en las guías pedagógicas para profesores”, concluye la investigadora. Paradójicamente, esto significó la estocada final para muchos de estos movimientos, que comenzaron a decaer a mediados de los ochenta. “En general, sus innovaciones didácticas fueron parte de una alternativa política y social no solamente al franquismo sino también al sistema capitalista”, recuerda Groves. “Mientras a largo plazo su legado se iba desdibujando, en los años ochenta tuvieron un cierto grado de influencia”. No es mal momento, en las puertas de un hipotético pacto educativo, recordar que España ya fue capaz de revolucionar en apenas unos años un sistema caduco, desde abajo y con la colaboración de todas las fuerzas sociales.

elPeriódico Extremadura logra la tasa de abandono escolar más baja de la serie histórica

Se sitúa en el 20,42 por ciento

EFE . 30/01/2017 Extremadura ha cerrado 2016 con la tasa de abandono escolar más baja de la serie histórica, en concreto se sitúa en el 20,42 por ciento, lo que supone 4,05 puntos menos que en 2015 y 20,6 puntos menos que en el año 2000, según ha destacado la Consejería de Educación y Empleo de la Junta. Para la consejería, y tras analizar los resultados de varios programas puestos en marcha los dos últimos cursos, esta reducción está motivada fundamentalmente por la ampliación de los programas de mejora del éxito educativo, que desde el curso pasado incrementaron su cobertura para impartirse durante todo el curso escolar. Se trata de los programas REMA, COMUNIC@, Impulsa y el de la Mejora del Rendimiento y la Inclusión Socioeducativa del Alumnado de los Centros de Atención Educativa Preferente. Desde este curso, la Junta de Extremadura también ha impulsado y reforzado dos programas más para mejorar el rendimiento del alumnado con mayores dificultades de aprendizaje: el Programa de Refuerzo para el Alumnado de Grupos Específicos (PRAGE) y el Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) Desde septiembre y de manera novedosa, PRAGE pone los mecanismos para que el alumnado de 4o de ESO con más dificultades pueda obtener el título de ESO, gracias a un modelo de aprendizaje diversificado, en grupos reducidos y con profesorado especializado, según recoge el Ejecutivo extremeño en un comunicado de prensa. El PMAR, por su parte, se ha ampliado este curso a 2o de ESO, por lo que ya atiende a los estudiantes de 2o y de 3o de ESO, donde profesores específicos imparten clases de refuerzo de las materias del ámbito socio-lingüístico y científico- tecnológico, las que mayores dificultades presentan para el alumnado. La Consejería de Educación y Empleo considera que la reducción de la tasa de abandono escolar se debe también a la puesta en marcha, desde el año pasado, del proyecto Ítaca. Dentro de este proyecto, el programa para la Adquisición del Título de Graduado en ESO para personas adultas, con nivel II presencial, ha matriculado a 509 personas, mayores de 18 años y en situación de desempleo, que gracias a una evaluación continua conseguirá el título de ESO. Este título se está impartiendo en la red de Centros y Aulas de Personas Adultas de Extremadura, que dispone de 55 sedes repartidas por toda la geografía regional. Además, y con el fin de seguir trabajando para que la tendencia de la reducción de la tasa de abandono escolar se consolide, la Consejería pondrá en marcha próximamente un tercer programa del Proyecto Ítaca, que es el de Adquisición de Competencias Genéricas para jóvenes de entre 16 y 18 años inscritos en el Sexpe. Es un plan pionero, ya que "nunca antes se había diseñado un programa específico y con una metodología adaptada para este colectivo". Incluye una formación presencial de 170 horas para potenciar y entrenar sus habilidades sociales y de comunicación, fomentar la iniciativa emprendedora y desarrollar al máximo las habilidades de cada persona. La finalidad última de este curso es intentar encauzar de nuevo a esas personas hacia la formación reglada, tanto en ESO como en ciclos de Formación Profesional, o darles la posibilidad de ir hacia la formación para el empleo.

Méndez de Vigo pide a la Plataforma que desconvoque la huelga educativa del 9 de marzo porque "no tiene sentido"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que la huelga general de educación, desde Infantil hasta la Universidad, del próximo 9 de marzo "no tiene sentido", en un momento en que se está negociado el Pacto Social y Político por la Educación, y ha pedido a la Plataforma Estatal por la Escuela Pública que la desconvoque y se sume al debate que va a tener lugar en la Subcomisión del Congreso de los Diputados. "En estos momentos, esa huelga convocada por varias asociaciones no tiene sentido. Hay otras que han dicho que no. Rogaría a los convocantes se lo pensaran. No hay una situación que exija una huelga. Sería un buen gesto y una buena medida también de los convocantes que la desconvocaran porque esta huelga no tiene ninguna razón de ser ni tendría ningún efecto", ha afirmado el titular de Educación este martes 31 de enero en el 'Desayuno informativo' de Europa Press. Méndez de Vigo ha subrayado que "se han dado pasos en la buena dirección" para intentar llegar a un consenso y, por ello, ha pedido a las organizaciones integrantes de la Plataforma por la Escuela Pública -varios sindicatos, organizaciones de padres y de alumnos-- que se sumen al debate iniciado en la Subcomisión parlamentaria "de forma positiva", en lugar de convocar un paro en educación.

"Sería una buena manera de demostrar a los ojos de la opinión pública que vamos todos en la misma dirección", ha insistido, para añadir que existen otras organizaciones de padres y sindicatos docentes que no apoyan la huelga general en el sistema educativo, precisamente porque consideran que no es oportuna en este momento. El ministro ha afirmado que "hay una exigencia ciudadana de ponerse de acuerdo" tras los "vaivenes", que, a su juicio, ha sufrido la Educación en España y ha subrayado que el Gobierno va a dejar trabajar a la Subcomisión del Congreso, que se creó a mediados de diciembre, pero que todavía no ha comenzado a trabajar. También ha recordado que a finales de febrero se va a celebrar en el Senado la Comisión General de comunidades autónomas para debatir sobre el pacto educativo. Durante el acto, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, ha cuestionado al ministro sobre la inclusión de la universidad en el pacto educativo. Méndez de Vigo se ha mostrado favorable a ello, aunque ha insistido en que se ha residenciado este acuerdo en la subcomisión del Congreso, que es la que tendrá que tomar la decisión de las materias que se debaten en el mismo. "Me gustaría que incorporara la universidad porque la educación es un todo", ha concluido.

ANDALUCÍA Cambios en la norma de admisión del alumnado en los centros docentes

La modificación pretende reforzar las garantías a las familias y hacer el acceso más eficaz EP. Sevilla. 31.enero.2017 El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes la modificación del decreto de 2011 que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de 2o Ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato con el objetivo de reforzar las garantías a las familias y adecuarlo a la normativa básica. Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, los cambios introducidos, que mejoran la eficacia del proceso y lo hacen más accesible a las familias en condiciones de igualdad y no discriminación, incluyen también adaptaciones a las exigencias de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Las principales novedades son la ampliación de los supuestos en los que se puede autorizar un incremento de plazas cuando no haya vacantes; la prioridad de admisión en los casos de cambio de residencia por traslado de la unidad familiar y violencia de género, y la eliminación de las listas de espera tras el procedimiento ordinario de escolarización. Respecto a los nuevos supuestos para el aumento de plazas, la Consejería de Educación podrá autorizar, cuando no haya vacantes, hasta un 10 por ciento del número máximo de alumnos por unidad escolar si se acreditan necesidades de escolarización derivadas del traslado de la unidad familiar una vez finalizado el periodo ordinario de escolarización. Movilidad de los padres Estas circunstancias hacen referencia a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores, y a la adopción u otras formas de protección de menores. El incremento se distribuye equitativamente entre todos los centros sostenidos con fondos públicos de una misma zona de escolarización del municipio. La prioridad en la admisión se extiende por primera vez a aquellos alumnos afectados por el traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores, o a cambios de residencia derivados de actos de violencia de género. Para acreditar el primero de estos supuestos será necesario presentar un certificado histórico de empadronamiento donde conste que se ha producido un cambio de localidad. Además, en los casos en que proceda, también se aportará el informe de vida laboral y una certificación expedida por la persona titular de la empresa o por el responsable de personal.

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Listas de espera Finalmente, el decreto modificado elimina las listas de espera tras la finalización del periodo ordinario de admisión. Así, el alumnado no admitido no tendrá prioridad aunque se produzcan nuevas vacantes en los centros donde se hubiera solicitado plaza. Junto con estos cambios, también se ha introducido otro directamente derivado de la aplicación de la LOMCE. En el caso de los centros públicos, los directores pasan a tener las competencias de admisión en detrimento de los Consejos Escolares, que hasta ahora ejercían estas atribuciones. En el proceso de escolarización participa todo el alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el que cambia de centro escolar. elPeriódico El TSJEx falla contra la Junta de Extremadura por el horario de Religión en ESO y Bachillerato El Ejecutivo extremeño recurrirá la sentencia

EFE . 31/01/2017

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha fallado en contra del Gobierno regional por el reparto de las horas de la asignatura de Religión en el currículo de ESO y Bachillerato. El fallo ha sido dado a conocer por la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. El TSJEx ha estimado el recurso presentado por la Asociación de Padres de Extremadura Escuela Pública Educación Integral (Apadex). En los fundamentos de derecho, la sentencia considera "discriminatorio" que se haya reducido el 50 % de la asignatura en ESO y se haya quedado en una hora semanal, lo que no ocurre con otras materias denominadas "específicas". De esta forma, a juicio del alto tribunal extremeño, incumple la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en lo relativo a los acuerdos del Estado español con la Santa Sede. También considera que la libre libertad de elección "no queda garantizada" en Bachillerato porque el alumno que elija Religión "forzosamente" debe optar por Ética y Ciudadanía u otra específica, por lo que se ve "obligado" a cursar una hora semanal más que los estudiantes que no cursen esta asignatura. Además, según la Lomce, dice la sentencia, aunque las administraciones educativa y los centros de enseñanza públicos tienen un margen de libertad a la hora de ofertar las asignaturas específicas de Bachillerato, están "obligados" a incluir en ella la Religión tanto en primero como en segundo de esta etapa. Debido a las "dudas de derecho" que plantea el caso, el TSJEx no impone costas a la parte demandada. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado que interpondrán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. A su juicio, el Gobierno regional cumple la ley de educación y no vulnera los acuerdos con la Santa Sede. Gil Rosiña ha aseverado que la Junta de Extremadura no hizo este decreto "contra la Religión". Este recurso es uno de los tres que se presentaron contra la regulación de la asignatura de Religión en el currículo de ESO y Bachillerato. El alto tribunal extremeño falló ya a favor de la Junta al desestimar el recurso contencioso administrativo presentado por los tres obispados extremeños, cuyo fallo está recurrido. El Arzobispo de Mérida-Badajoz y los obispados de Coria-Cáceres y Plasencia consideran que la norma "lesiona" tres derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. El de los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones, a la libertad religiosa y de culto, y a la igualdad y no discriminación. El tercer recurso pendiente de resolver por parte del TSJEx fue presentado por una asociación de docentes.

ANDALUCÍA

Renuncias masivas de tutores para el máster educativo

TERESA LÓPEZ PAVÓN. Sevilla. 01/02/2017 La negativa de las universidades andaluzas a remunerar a los profesores que se encargan de coordinar las prácticas de los licenciados alumnos del Máster para la Educación Secundaria (Maes) ha provocado una desbandada masiva de docentes. Según un muestreo realizado por la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adian), en torno al 80% de los tutores y centros han renunciado a recibir licenciados en prácticas, ante la eliminación de los pagos que, en cursos anteriores, se situaban entre los 100 y los 200 euros. En el caso de los institutos, la decisión la han tomado los respectivos consejos escolares, que han rechazado las modificaciones introducidas de forma unilateral por las universidades en los acuerdos de colaboración, tras el nuevo convenio firmado entre éstas y la Consejería de Economía y Conocimiento, responsable de las políticas universitarias en el Gobierno andaluz. En ese convenio se acordaron que se ofrecería a los docentes poder disfrutar de forma gratuita de algunos servicios en los campus, pero no se establecía pago alguno. Según el presidente de Adian, Gabriel Ureña, los profesores que sí se han mantenido a pesar de la negativa de las universidades a remunerar su trabajo lo han hecho en muchos casos motivados por su compromiso personal con los licenciados del máster, ya que con frecuencia se trata de antiguos alumnos. Sólo la Universidad de Málaga (UMA) se ha mostrado dispuesta, por el momento, a mantener una remuneración para los profesores que accedan a ser tutores durante la fase de prácticas del máster, tras mantener un encuentro con los representantes de los institutos de la provincia. Según explicó el rector de Málaga, José Ángel Narváez, a los directores de institutos malagueños en un encuentro celebrado el pasado 9 de enero, la UMA establecerá un pago único de 136,68 euros por alumno tutorizado para cada docente de cara a este curso. «El resto de las universidades de Andalucía, hasta ahora, no ha seguido el ejemplo de la UMA, por lo que en sus respectivas provincias se han producido muchas más renuncias que en Málaga de tutores y centros», explicó Gabriel Ureña. El presidente de Adian valoró positivamente la solución ofrecida por la Universidad de Málaga, pero consideró que debe ser la Consejería de Educación -de la que depende la plantilla de los centros educativos- la que lidere una nueva negociación con las universidades que permita replantear el convenio del practicum y defienda «un tratamiento justo y no abusivo de las universidades para los coordinadores y tutores. A este respecto, recuerda que los licenciados que realizan el máster han de pagar una matrícula que ronda los 1.000 euros por la realización del Máster de Educación Secundaria.

Directores de instituto promoverán un pacto social sobre la educación La asociación ADI muestra su hartazgo por los cambios en las leyes educativas

G. MONTAÑÉS UNAI BEROIZ - Miércoles, 1 de Febrero de 2017 PAMPLONA - La asociación de directores y directoras de instituto de Navarra, ADI, buscará apoyos para promover un pacto social educativo, que no implique a los partidos políticos pero sí a diferentes entidades de la comunidad educativa, desde centros públicos a concertados, de sindicatos a representantes empresariales o asociaciones de padres y madres. Este es uno de los objetivos recogidos en el plan estratégico 2017-2020, aprobado ayer por unanimidad (se había diseñado previamente, el pasado mes de noviembre) en la nueva asamblea del colectivo, que se celebró en el centro Virgen del Camino de Pamplona. Un total de 40 integrantes acudieron a esta reunión, y la asociación reúne en la actualidad a 61 representantes de centros públicos. ADI ya había reivindicado con anterioridad la necesidad de un pacto educativo, y desde la asociación se mostró ayer el “hartazgo” de diversos directivos de centros por los constantes cambios normativos que afectan a la educación, ahora con los cambios en la Lomce, la prueba de 2o de Bachillerato (desde la asociación insistieron en que no es igual a la Selectividad) y con la posibilidad de que se promueva una nueva ley educativa, que en gran medida depende de que se llegue a un pacto educativo nacional. El vicepresidente de la entidad y presidente de la federación nacional de asociaciones de directivos Fedadi, Alberto Arriazu, afirmó ayer que, ante la falta de confianza en un acuerdo político, desde la entidad quieren seguir el modelo de otras comunidades y buscar un pacto de forma social, que implique a entidades de la comunidad educativa. Con todo, otro de los objetivos acordados por la asociación es buscar una mayor comunicación con el Parlamento foral, para tratar de participar en “decisiones clave”.

UN CONGRESO EN TUDELA

Por otro lado, la asociación también organizará este año, y en concreto los días 11, 12 y 13 de mayo, en el centro ETI de Tudela el congreso nacional de la mencionada Fedadi. Se tratará de la tercera ocasión en que Navarra acoja un evento de este tipo, con representantes de diferentes comunidades, y la primera que tendrá lugar fuera de Pamplona. La intención es que estas jornadas giren en torno a un análisis sobre el presente y futuro de la Formación Profesional.

El Supremo avala de nuevo que las becas estén ligadas al rendimiento académico del alumno

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) – La Sala Tercera del tribunal Supremo ha desestimado un recurso presentado por la Confederación Española de Padres y madres de Alumnos contra el decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014. De nuevo, avala que la concesión de estas ayudas y su mantenimiento estén ligadas al rendimiento académico. Esta decisión fue acordada por el Supremo el pasado 18 de noviembre y redactada en una sentencia con fecha del 21 de diciembre. El texto, que recoge Europa Press, reproduce los mismos argumentos que el Alto tribunal esgrimió en 2015 para rechazar otro recurso de esta organización de padres contra la norma que regulaba los requisitos para acceder a las becas el curso 2014-2015. Además, condena a CEAPA a pagar las costas. La Sala tercera del Supremo señala que se da "sustancialmente la misma controversia" y, por tanto, se ratifica en su respuesta, aunque en esta ocasión con "mayor grado de detenimiento". Si bien reproduce los argumentos de la primera, analiza de forma más extensa cada uno de los motivos impugnados por CEAPA. En primer lugar, sostiene que se han consultado todos los órganos en los que está representada la comunidad educativa y recuerda que el Consejo de Estado consideró el proyecto de Real Decreto, impulsado por el ex ministro José Ignacio Wert, conforme a derecho. En cuanto al endurecimiento de los criterios académicos, reitera que "es un lícito que el sistema de becas, como subvención que es, en cuanto que recae sobre recursos limitados, fomente la responsabilidad en el estudio por parte de los beneficiarios, tanto para el acceso como para mantenerse en él". Asimismo, sostiene que el Gobierno goza de un "incuestionable" margen de apreciación y puede modular las exigencias socioeconómicas y académicas para la obtención y mantenimiento de las becas y demás ayudas al estudio. El TS recuerda que la igualdad "impide el trato desigual a quienes son iguales" y niega que el decreto vulnere el principio de igualdad de oportunidades. Considera que el empleo del criterio del rendimiento académico "viene a justificarse como un medio para el fomento de la responsabilidad de los estudiantes, en el marco de unos recursos públicos que resultan siempre limitados".

Acoso, plagio o agresión sexual: así se 'compra' el silencio en la

Universidad MAR VILLASANTE. 01/02/2017 En la Universidad reina una ley del silencio no escrita. La autonomía universitaria ha arbitrado un sistema destinado a salvaguardar intramuros los asuntos académicos, algunos de los cuales forman un inquietante relato de plagios, acoso, represalias, contrataciones irregulares e incluso de abusos sexuales. Todos ellos reciben una respuesta entre callada y tibia por parte la comunidad universitaria. La práctica totalidad de los 50 miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) también enmudecieron ante las evidencias de plagio de su rector. Un retrato fiel del peso de las estructuras de poder en unas instituciones jerarquizadas, donde la clave para hacer carrera pasa por callar mucho y hablar poco. Un portavoz de la Asociación para la Transparencia Universitaria (ATU) describe un sistema de "vasallaje absoluto" que subsiste a golpe de complicidad y connivencia, y en el que los equipos rectorales utilizan los favores, el reparto de poder y los recursos para fidelizar y contentar a sus afines. Es la madre del cordero. Todos proceden de ese modelo de funcionamiento y nadie quiere cambiarlo, aunque haya hecho de la Universidad, en palabras de esta organización, "la institución menos democrática que existe".

Miedo a las represalias Pocos se atreven a denunciar abusos que, en ocasiones, llegan a ser delitos. Primero, por el coste personal que supone dar este paso, a riesgo de sufrir represalias o aislamiento, o de ser demonizados, no sólo en la propia universidad sino en cualquiera a la que quisieran llegar con el cartel de "folloneros". Segundo, por el coste económico: si un trabajador decide llevar su caso a la justicia debe asumir las costas del proceso, mientras que la Universidad carga sus servicios jurídicos a los fondos públicos. Y tercero, por las escasas expectativas de éxito. "Es verdad que cada vez hay más denuncias, pero las universidades tienen una relación muy estrecha con el ámbito judicial, los magistrados son con frecuencia profesores universitarios y para que actúen tiene que tratarse de algo muy flagrante que les deje en evidencia. Hay un maridaje difícil de romper", asegura el portavoz de ATU. Su organización ha recibido ya centenares de denuncias de plagio, acoso laboral, contrataciones irregulares, gastos sin control y otros abusos que, en buena parte, derivan de una autonomía universitaria mal entendida. El catedrático de la Universidad de Salamanca y ex secretario de Estado de Universidades Miguel Ángel Quintanilla asegura, sin embargo, que hay recursos institucionales para combatir estas desviaciones, y que las universidades tienen la obligación de asumir responsabilidades cuando estas cosas suceden. "La autonomía universitaria es básica, pero para que funcione hay que mantener en vigor las adecuadas prácticas académicas", advierte. El hecho de que cada centro tenga un nivel de autonomía, independencia, autorregulación y protección interna se considera intrínseco y natural al origen mismo de las instituciones académicas. El problema surge cuando se hace un uso indebido de esa autonomía al servicio de intereses personales. La Universidad como referente social Pello Salaburu, catedrático y ex rector de la Universidad del País Vasco, asegura ser incapaz de entender cómo la Universidad no se ha levantado contra un plagio evidente como el del rector de la Rey Juan Carlos. "No sé si existe un pacto de silencio, miedo o intereses personales, pero algo así no se puede permitir, porque afecta a la Universidad, a los profesores, a los alumnos y a toda la comunidad académica. Es una absoluta indecencia", afirma. Sí puede entender que personas que empiezan su carrera académica teman intervenir por si repercute en su futuro, pero en modo alguno que haya catedráticos bien establecidos que lo consientan. Salaburu llama la atención sobre un aspecto que a nadie se le escapa: la Universidad debe ser un referente social. "Debemos demostrar ética y comportarnos de acuerdo a unas normas básicas, porque somos un ejemplo", advierte. Salvo en casos contados en los que los desmanes universitarios trascienden sus fronteras, el campus tiene su propia justicia, un sistema que trata de asegurar la normalidad y trabaja para evitar que los escándalos minen el prestigio de todo el conjunto. Un sistema de justicia blindado al exterior Las figuras de los defensores universitarios y de los servicios de inspección han emergido en los últimos años para tratar de garantizar los derechos, libertades y obligaciones de estudiantes y trabajadores desde la independencia que les permite el hecho de ser nombrados, en la mayor parte de los casos, a propuesta de los rectores y de tener que elevar ante ellos las quejas que reciben. Aunque no se dispone de cifras conjuntas del número y tipo de acciones que realizan los defensores universitarios, cada uno de ellos publica una memoria anual que ilustra su trabajo. La Universidad Complutense de Madrid tramitó en el curso 2014-2015 un total de 703 expedientes, de los cuales 609 corresponden a estudiantes. Los profesores presentaron 13 reclamaciones relativas a "problemas con los alumnos", 10 a concursos de plazas docentes, seis por programas de doctorado y cinco por "organización académica". Hay otros tres por acoso y un caso de jubilación. En el curso 2015-2016, la oficina del defensor de la URJC realizó 369 actuaciones, de las cuales 333 provenían de alumnos y 38 de profesores, aunque no especifica su número exacto y sólo apunta que se refieren a la evaluación de las asignaturas, al comportamiento de los estudiantes y, sí, a copia y plagio. La Universidad de Sevilla realizó, por su parte, 555 intervenciones, entre ellas 434 de estudiantes, 98 de PDI y 16 de PAS. El defensor universitario: autoridad moral El procedimiento que esencialmente siguen los defensores consiste en mediar con la autoridad, o bien orientar al afectado para que presente una denuncia. Pero, ¿qué sucede cuando la reclamación se refiere al rector? "Lo que puede hacer el defensor es ir a verlo y buscar una solución, el paso siguiente sería ir a los tribunales", señala el presidente de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, José Manuel Palazón, quien recuerda la obligación de trasladar al fiscal las denuncias de actos que puedan ser delito. Los defensores pueden recabar información y, en su caso, abrir un expediente interno disciplinario. Para ello, se nombra a un instructor, que en algunas universidades será la inspección de servicios y en otras una persona nombrada por el rector. Y si el asunto va al juzgado, se paraliza el expediente hasta que haya juicio. Si la lentitud de la justicia demora la sentencia, la universidad podría tomar medidas de precaución. Y si la sentencia no implica condena penal pero prueba una actuación deshonesta, cabría volver a abrir el expediente, que tendría consecuencias administrativas.

¿Puede confiar la comunidad universitaria en una figura nombrada por el rector o por su equipo? "El defensor tiene autoridad moral, no tenemos la autoridad ejecutiva. La moral te la tienen que reconocer y se va ganando con la confidencialidad", explica Palazón, quien destaca que "este cargo, sin independencia, no sirve". ¿Y pueden los defensores garantizar a los denunciantes que no habrá represalias? "Intentamos defender al máximo", reconoce, "pero a veces es difícil asegurar que no va a pasar nada". Servicios de inspección: el rector decide Otro de los mecanismos para solucionar los problemas internos en el campus pasa por los servicios de inspección. En el conjunto del sistema universitario hay 19 instituciones que cuentan con este departamento. En otros casos, las funciones pueden corresponder a un Vicerrectorado de seguimiento docente o a una gerencia de funcionamiento de servicios. El inspector jefe es nombrado por el rector y el resto del equipo está formado por funcionarios de la universidad. Así ocurre en la UCM, donde la inspección de servicios tiene dos áreas de trabajo: una de seguimiento docente y una disciplinaria. Al contrario de lo que sucede con los estudiantes, entre los que se realizan encuestas anónimas para pulsar el funcionamiento de la universidad, el seguimiento entre los docentes se realiza a través de los jefes de personal de los centros, que se encargan de trasladar, en su caso, los incumplimientos al área disciplinaria, que procederá a estudiar la situación y decidir si debe abrir expediente. Se hace una investigación previa, recaban la información preliminar y se elabora un informe si existe una infracción administrativa. El siguiente paso es comunicarlo al vicerrector, que tiene delegadas las competencias, y abrir expediente. Para ello, se nombra a un instructor que propone, si procede, una sanción que será elevada al rector para que decida si la acepta. La decisión última está, otra vez, en manos del rector. Y nuevamente, ¿qué sucede si es el rector el implicado en una denuncia? "Lógicamente, genera un problema para la instrucción, porque se da la paradoja de que quien incumple tiene la potestad sancionadora", sostiene la inspectora jefe de la UCM, Rosa Galán, quien defiende la independencia de su cargo: "Hasta ahora no he recibido ninguna presión de nadie, y mi criterio es el que sirve", afirma.

LA VANGUARDIA

La Conselleria de Educación valenciana amplía el permiso de paternidad a seis semanas

Ha firmado el acuerdo con los sindicatos Stepv, CCOO y UGT

EFE, Valencia. 02/02/2017 La Conselleria de Educación del Gobierno valenciano ha firmado con los sindicatos Stepv, CCOO y UGT el acuerdo para la ampliación a seis semanas del permiso de paternidad previsto en el acuerdo de legislatura de la Mesa General de Negociación del personal funcionarial, estatutario y laboral de la Generalitat. Esta modificación establece que el permiso de paternidad será de seis semanas por nacimiento, acogida o adopción de un hijo, podrá ser disfrutado por el padre a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con finalidades de adopción o acogida, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. La ampliación a seis semanas del permiso por paternidad implicará, para garantizar el buen funcionamiento de los centros docentes, que el personal que se acoja pueda ser sustituido, ya que se trata de puestos de atención directa. Esta medida ya cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, y la Dirección General de Centros y Personal Docente emitirá una circular para que las direcciones territoriales la pongan en marcha. elPeriódico ¿Habrá cambios en la próxima selectividad?

La orden del Ministerio de Educación prevé reducir las opciones de los estudiantes La Generalitat todavía no ha informado a los institutos sobre cómo será la prueba

EL PERIÓDICO / BARCELONA. JUEVES, 2 DE FEBRERO DEL 2017

Aún no hay fecha para el examen (se supone que, como cada año, será hacia mediados de junio), pero profesores y estudiantes de bachillerato están inquietos tras conocer el detalle de la orden ministerial que regula la nueva prueba de acceso a la universidad, la hasta ahora conocida como selectividad y que el Ministerio de Educación ha rebautizado como Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). Los nervios de docentes, y sobre todo de los estudiantes, vienen dados por un cambio aparentemente mínimo, pero que puede condicionar la nota final de muchos alumnos en esta prueba tan selectiva, en la que, muchas veces, el poder elegir la carrera deseada depende de una décima. La Generalitat, cuando solo faltan poco más de cuatro meses, no ha aclarado qué va a ocurrir en Catalunya: si mantendrá el formato de los últimos años o si aceptará la modificación prevista en la orden ministerial. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) pide realizar una misma prueba en toda España, para mantener el distrito único y facilitar que los estudiantes puedan acceder a un grado impartido en cualquier otra comunidad con la nota obtenida en estas pruebas. El mismo debate se está planteando en otras comunidades, especialmente en las contrarias a la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

UNA OPCIÓN POR MODALIDAD Según informa este jueves la consultora educativa Unportal, si hasta ahora todos los estudiantes de bachillerato se tenían que examinar obligatoriamente de los contenidos de segundo curso de Lengua Catalana, Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Historia o Filosofía (a elegir) y de una materia de modalidad que podían escoger libremente entre una veintena de asignaturas, a partir de este año, de acuerdo con el orden del ministerio, ya no existe la posibilidad de elegir esta materia. La prueba, dice el texto, versará sobre "las materias generales del bloque de asignaturas troncales de segundo curso de la modalidad escogida", explica Unportal. "Y en el anexo 1 de la orden especifica que la quinta asignatura a la que tendrán que enfrentarse los estudiantes en la fase general es Matemáticas II (para los que han elegido el bachillerato de Ciencias y Tecnología), Latín II (para los de Humanidades), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (Ciencias Sociales), y Fundamentos del Arte II (Artes)", agrega la empresa especializada en asuntos educativos. "No hay interpretación posible -agrega Unportal- se trata de la materia común de opción". Esto supone que, por ejemplo, un estudiante de Ciencias y Tecnología no pueda escoger, en la fase general de la prueba, Dibujo Técnico o Electrotecnia o que uno de Humanidades opte por Historia del Arte. La nueva configuración puede tener repercusión sobre las calificaciones de la selectividad. La mayor parte de los estudiantes que hasta ahora se examinaban de Matemáticas II lo hacían dentro de la fase específica (a la que se presentan los alumnos que aspiran a subir nota, hasta los 14 puntos), y no a la fase general obligatoria, que computa sobre una nota máxima de 10. Los que elegían Latín II en la primera parte de la prueba todavía eran muchos menos.

LA NUEVA ORTOGRAFÍA DEL CATALÁN En Catalunya, los cambios ortográficos y gramaticales aprobados el pasado septiembre por el Institut d'Estudis Catalans no se exigirán en los exámenes de Catalán de la selectividad de este año, según ha informado Catalunya Informació.