COMUNICADO

Ante el quiebre institucional ocurrido en el país durante los últimos días y la represión a las manifestaciones populares ocurridas en consecuencia, desde el Comité Ejecutivo de la Asociación de Ciencia Política del Paraguay apelamos al restablecimiento del orden constitucional y manifestamos la necesidad de renovar el compromiso nacional con la democracia a través del diálogo y otras acciones pacíficas.

Rechazamos enfáticamente los actos de los 25 Senadores que votaron de manera informal a favor de la enmienda a la Constitución Nacional. Toda deliberación acerca de la figura de la reelección presidencial y su inclusión en la Constitución Nacional debe ser desarrollada dentro del marco establecido por las instituciones nacionales. Realizar una sesión paralela de Senadores en el espacio de una bancada, fuera del pleno y desconociendo a las autoridades formalmente establecidas, es un acto ilegal que repercute de manera nefasta en la institucionalidad democrática paraguaya.

En un sistema democrático, la legalidad y la legitimidad deben ir juntas. El argumento de que las mayorías mandan es falaz en la medida que estas no respeten los mecanismos establecidos.  Nuestro sistema político funciona sobre la base de pesos y contrapesos constitucionales con la idea de que, sin importar quién esté en el poder, umbrales más altos de consenso dificulten que un gobierno con una mayoría temporal pueda destruir los derechos individuales de las personas.

Exigimos se haga justicia por el asesinato del joven activista Rodrigo Quintana y condenamos la prepotencia expresada en actos violentos, de amedrentamiento a ciudadanos, detención ilegal a manifestantes y atropello de locales partidarios, que socavan el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.

Recordamos que el autoritarismo característico de gran parte de la historia paraguaya ha dejado secuelas profundas entre la población nacional. Cualquier beneficio temporal que pueda surgir de una reelección presidencial mediante los procedimientos registrados, conlleva un irreparable costo en la calidad y fortaleza de la democracia paraguaya.

Creemos firmemente que los actos perpetrados por la clase política tendrán profundas repercusiones negativas para la democracia, por lo que instamos a sus representantes considerar en sus actos el mandato de proteger los derechos de los ciudadanos del Paraguay.

Por último, declaramos nuestra plena solidaridad con los reclamos y manifestaciones democráticas y exhortamos a que prevalezca el diálogo y la movilización pacífica, haciendo cumplir y respetando las normas constitucionales de nuestro país.

Asunción, 1 de abril de 2017