El fin de las pensiones privatizadas en América Latina

El gobierno de la Presidenta Cristina Fernández ha sorprendido nuevamente al mundo nacionalizando el sistema de pensiones que 14 años antes se había privatizado en Argentina. De una plumada ha terminado con las administradoras privadas, que se conocían en ese país por sus siglas AFJP. El Estado ha recuperado el control de los ahorros previsionales de los argentinos. Como contrapartida ha garantizado a todos una pensión vitalicia decente.

Los dueños de las AFJP han puesto el grito en el cielo. ¡Expropiación! han chillado. Sin embargo, el gobierno no ha hecho sino adelantar exactamente lo mismo que esperaba a los afiliados supuestamente dueños de estos fondos en el sistema privado: al jubilar hubiesen tenido que traspasar la propiedad de los mismos a aseguradoras privadas a cambio de una pensión vitalicia^[1]. Por añadidura, los afiliados argentinos han logrado ventajas muy significativas con su retorno al sistema público de reparto.

Los sistemas privatizados entregaban pensiones inciertas y miserables en la mayoría de los casos, aún antes de la crisis

El monto de sus futuras pensiones ahora es definido y se puede calcular nuevamente mediante una fórmula sencilla a partir de sus salarios y el número de años de contribuciones^[2]. Como se hace en cualquier país civilizado y también en América Latina antes de la privatización.

En cambio, el monto de las pensiones vitalicias privadas solo se conoce al momento de contratarlas, puesto que son calculadas mediante fórmulas que no entiende ni Cristo a partir del fondo acumulado, tasas de interés, esperanza de vida y otros parámetros que siempre parecen cambiar para peor.

Los argentinos pueden contar ahora con pensiones superiores a los dos tercios de sus salarios en la mayoría de los casos. Las pensiones privadas en cambio por lo general no alcanzan ni a la mitad de estos montos y muchísimo menos en la enorme mayoría de los casos.

Antes de la presente crisis, Chile operó el único sistema de pensiones totalmente privado del mundo a lo largo de un cuarto de siglo. Fue impuesto a la fuerza por Pinochet e inspirado directamente en las ideas de Milton Friedman. Su fanático apóstol José Piñera lo diseñó sin interferencia ninguna de parlamentos ni opositores, al modo que le pareció "ideal."

Los fondos empezaron a acumularse significativamente a mediados de los años 1980, al tiempo que la economía se recuperaba desde el fondo de una crisis muy profunda iniciada al principio de la década. De este modo, su historia hasta hoy coincide con un período sin recesiones severas y crecimiento muy acelerado de la economía. La ocupación se recuperó y luego creció rápidamente. Los salarios reales menos, pero asimismo aumentaron constantemente. Por lo tanto la masa de contribuciones a la seguridad social creció de un modo muy rápido. Al mismo tiempo, la privatización de empresas ofreció oportunidades de inversión que inicialmente fueron extraordinariamente rentables. Finalmente en los años 1990 y 2000, el inmenso burbujazo especulativo que infló las bolsas y monedas emergentes benefició asimismo a los mercados financieros chilenos.

Por estas causas, los fondos de pensiones AFP pudieron exhibir una rápida acumulación y rentabilidades reales anuales del orden del 10% en promedio a lo largo de un cuarto de siglo. Ello resulta del todo excepcional en plazos tan prolongados en los cuales los mercados financieros en cualquier parte del mundo con suerte igualan a la inflación. Todos caen en cuenta de ello ahora que la crisis ha derrumbado la utopía del interés compuesto, tan cara a los operadores financieros.

De este modo, Chile constituyó un laboratorio de condiciones inmejorables para validar la promesa que los sistemas privatizados eran capaces de entregar mejores pensiones.

Sin embargo, a pesar de condiciones tan favorables se descubrió que al final la mayor parte de los afiliados simplemente no iban a recibir pensiones de las AFP, como se conocen allí las administradoras. Sus fondos acumulados al jubilar serían tan magros que sus pensiones alcanzaban montos ridículos, del orden de 10 a 20 dólares por mes para millones de afiliados, e inferiores al mínimo de 150 dólares para dos tercios de la fuerza de trabajo. Por otra parte, la supuesta garantía estatal de ese mínimo, la afamada "red de seguridad" promovida por el Banco Mundial, resultaba asimismo completamente ineficaz.

¿Que había ocurrido? Toda la fuerza de trabajo en edad activa cotiza obligatoriamente como asalariados formales en el sistema privado desde 1981 - con la sola excepción de un 3,8% que logró permanecer como contribuyente del antiguo sistema de reparto, entre ellos los militares y policías, y otro 3,5% que cotiza regularmente como independientes.

Sin embargo, las propias estadísticas del sistema han demostrado que en promedio dos tercios de los afiliados ha cotizado menos de un mes de cada dos, la mitad menos de un mes de cada tres y un tercio menos de un mes de cada cinco. Sólo un 11% cotiza con regularidad todos los meses. Tal es la precariedad del mercado de trabajo moderno en Chile.

Las gigantescas ciudades del mundo emergente se han convertido así al parecer en inmensas usinas donde millones de trabajadores entran y salen constantemente de trabajos asalariados de muy corta duración y trabajan por cuenta propia mientras encuentran el siguiente empleo. No existe una muralla china entre trabajo formal e informal, puesto que casi todos cambian constantemente de una a otra categoría. En el caso de las mujeres, ellas van constantemente de la fuerza de trabajo al trabajo en el hogar. Naturalmente, un sistema previsional diseñado bajo el supuesto de aportes regulares potenciados por la alquimia del interés compuesto no podía sostenerse sobre tal realidad.

Como resultado de ello, la Presidenta Bachelet recogió las propuestas que se venían haciendo al respecto de parte de las voces críticas y a partir del 2008 estableció una pensión pública solidaria no contributiva de 150 dólares mensuales que cubrirá al 60% de menores ingresos de la fuerza de trabajo. Asimismo, se agregó un complemento a las pensiones AFP inferiores a 400 dólares. Vista de otro modo, esta importante reforma ha reconocido explícitamente que los sistemas privatizados aún en condiciones de laboratorio dejan sin pensiones a dos tercios de sus afiliados.

Por otra parte, cuando la Presidenta Fernández terminó con las AFJP, las mujeres argentinas mantuvieron su derecho a jubilar a edad más temprana, pero ahora sus pensiones serán calculadas nuevamente mediante la misma fórmula que los varones. En las pensiones privadas, en cambio, ellas reciben rentas inferiores a lo menos en un tercio a las de los varones con igual fondo acumulado, puesto que su esperanza de vida es mayor. Considerando que ellas conforman la gran mayoría de los jubilados, esta ventaja no es menor.

De lo anterior queda claro que las pensiones privadas no son capaces de cubrir a los trabajadores de menor densidad de cotizaciones regulares. Sin embargo ¿cual es la situación de aquellos que si han cotizado con regularidad y sueldos elevados? En Chile su situación se conoce con exactitud. Por ejemplo, una médico que se cambio al sistema privado en 1981 y ha cotizado sin fallar un sólo mes y siempre por el tope, recibe al jubilar una pensión vitalicia de 423.000 pesos chilenos, menos de 700 dólares. Si ella hubiese permanecido en el antiguo sistema público de reparto como algunas de sus colegas lograron hacerlo, su jubilación hubiese sido de 865.000 pesos chilenos, poco menos de 1.400 dólares. En el caso de un hombre casado que ha cotizado asimismo por el tope y sin fallar un solo mes, su pensión vitalicia AFP resulta de 761.000 pesos chilenos. Casos reales como éstos hay miles actualmente en Chile. Es decir, las jubilaciones AFP resultan significativamente inferiores a las del antiguo sistema aún para los cotizantes ejemplares y peor en el caso de las mujeres.

La crisis ha borrado hasta el momento más de un cuarto del fondo total y casi la mitad de los fondos más riesgosos, y ha dejado en insolvencia a las principales aseguradoras

¡Y eso era antes de que la crisis borrara de un plumazo parte significativa del fondo de pensiones! Al momento de escribirse esa nota, la Superintendencia de Pensiones de Chile ha publicado las pérdidas de los fondos de pensiones al 30 de octubre del 2008. En doce meses las mismas alcanzan a 25.168 millones de dólares equivalentes al -26,7% del fondo total. En el caso del fondo A y B que son los más riesgosos, las pérdidas alcanzan a -45,07% y -34,17%, respectivamente.  Es decir, hasta el momento la crisis ha borrado más de un cuarto del fondo total y entre un tercio y casi la mitad en los fondos más riesgosos, que concentran a más de la mitad de los afiliados.

Adicionalmente, como dijo la Presidenta Fernández, las empresas pasan pero los gobiernos quedan. Nada más oportuno de recordar ahora, cuando las principales aseguradoras privadas del mundo han entrado en falencia^[3]. Ello ha dejado en la incertidumbre a millones de personas en todo el mundo que habían contratado seguros, entre ellas a centenares de miles de latino americanos que les han traspasado la propiedad de sus fondos previsionales a cambio de pensiones supuestamente vitalicias.

En el caso de Chile y Argentina una de las aseguradoras que tiene más presencia en el mercado de las pensiones privatizadas es la holandesa ING. La misma vio derrumbarse el precio de sus acciones en un 68,7% en un año y debió ser nacionalizada parcialmente por el gobierno de su país, el que le inyectó mas de 10.000 millones de Euros.

Otras de las aseguradoras que más han "expropiado"  fondos previsionales a cambio de la promesa de pensiones vitalicias - según la expresión que ellos utilizan cuando los gobiernos garantizan pensiones definidas - son Metlife y Principal, cuyas acciones han caído un -52,7% y un -63,1%, respectivamente, en el curso de un año.

Junto con ING, concentran más del 40% de las 280.000 pensiones vitalicias contratadas, que a su vez son más del 90% de las pensiones de vejez pagadas actualmente por el sistema privado en Chile. Cabe consignar que el Estado continúa actualmente pagando 796 mil pensiones del sistema antiguo y 533 mil pensiones solidarias, que cubren a más de 3 de cada 4 adultos mayores.

La privatización de las pensiones ha sido un saqueo, como ha dicho la Presidenta Fernández

La nacionalización de las AFJP argentinas ha permitido destapar la olla del enorme derroche de estas "administradoras." A costa de sus afiliados, naturalmente.

Un escándalo mayor ha resultado descubrir que los jefazos de las AFJP cobraban sueldos millonarios mientras se farreaban los ahorros de los afiliados en las ruletas financieras internacionales. Mas de un tercio de los 12.000 millones de dólares que cobraron por sus"servicios" se destinó a sueldos de sus principales ejecutivos y el segundo rubro de costos fueron las comisiones de su ejército de promotores. En Chile ocurre exactamente lo mismo.

En último año, en plena crisis y mientras perdían el 27% de los fondos de sus afiliados, ciento cincuenta ejecutivos de las AFJP se embolsaron 200 millones de pesos argentinos, equivalentes  a más de 60 millones de dólares aún al distorsionado tipo de cambio actual. Esa cifra equivale a 305.000 jubilaciones promedio. El gerente de la AFJP controlada por ING se embolsó en sólo seis meses del presente año 1,5 millones de pesos argentinos, unos 500 mil dólares al depreciado cambio actual. En Chile ocurre exactamente lo mismo.

El monto de los fondos de pensiones que se logró rescatar del desastre financiero fue de 80.000 millones de pesos argentinos, que al artificialmente depreciado tipo de cambio actual representa poco más de 24.000 millones de dólares. "El Mercurio" de Santiago ha llamado la atención que dicho fondo le otorgará al Estado el derecho a elegir directores en 40 empresas, sin arrugarse frente al hecho escandaloso que ese poder lo ostentaban hasta ahora un puñado de AFJP no sujetas a ningún control público. En Chile ocurre exactamente lo mismo.

La cifra más impactante, sin embargo, se refiere al flujo anual de cotizaciones del que se apropiaban las AFJP, que alcanza a 15.000 millones de pesos anuales, los que al distorsionado tipo de cambio actual representan nada menos que 4.500 millones de dólares por año - aparte de las comisiones y primas que cobraban las AFJP y aseguradoras.

En Chile ocurre exactamente lo mismo. Entre 1981 y 2006 las cotizaciones previsionales representaron 27.9 billones de pesos chilenos de este último año, equivalentes a más de 50.000 millones de dólares. En el mismo período las AFP y compañías de seguros relacionadas con la previsión de embolsaron un total neto de 9,3 billones de pesos chilenos, es decir, un peso de cada tres cotizados. Los otros dos pesos junto a todos sus gananciales se los prestaron a un puñado de grandes grupos económicos - la mitad de las inversiones de las AFP en los mercados financieros chilenos están en manos de sólo doce conglomerados, entre los cuales los dueños de las AFP ocupan una posición prominente ^[4].

He ahí la madre del cordero. Apoderarse de la inmensa cantidad de recursos que se descuentan sin falta a mes a mes a los salarios de los trabajadores es la verdadera causa del enorme interés de los grupos financieros en todo el mundo por privatización de la previsión. Como ha descrito brillantemente Robin Blackburn^[5] en el artículo que constituye una de las más completas revisiones de toda la saga de privatización de las pensiones, la misma constituyó el non plus ultra de la codicia desquiciada del capital financiero: nada menos que apoderarse directamente de una parte significativa de la masa de salarios mundial. Blackburn destaca por ejemplo el rol jugado por Larry Summers cuando como economista jefe del Banco Mundial encargó el famoso estudio que promovió la privatización de pensiones en todos los países emergentes^[6]. En muchos de ellos lo lograron, sin embargo, en la mayoría solo parcialmente. Los premios mayores - EE.UU., Europa, Brasil entre otros - no los consiguieron por el rechazo generalizado de la población. Solo en Chile han saboreado el premio completo a lo largo de más de un cuarto de siglo.

Como bien dijo la Presidenta Fernández, ha sido el gran saqueo. Por todos estos motivos no resulta sorprendente que la ley que nacionaliza las pensiones argentinas haya sido aprobada en el parlamento por abrumadoras mayorías. Han concurrido no solo los parlamentarios usualmente díscolos del partido de gobierno, sino que han sumado asimismo los de varios partidos opositores.

Parafraseando a Eric Hobsbawm, el capitalismo sin duda sobrevivirá a esta crisis. No así las AFP. Inevitablemente, será el fin no sólo de las AFJP argentinas, sino también de las AFORE mexicanas, ni las AFAP uruguayas, ni las AFP chilenas, bolivianas, peruanas y de muchos otros países latino americanos. Cuando todas estas siglas hayan seguido la misma suerte de las AFJP, millones de jubilados latino americanos y de muchos países del mundo agradecerán para siempre a la Presidenta Cristina Fernández.

Manuel Riesco

Noviembre 2008