TEORÍA Y PRÁCTICA CHILENA SOBRE EL RECONOCIMIENTO APOYO Y PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE PERSONAS SORDAS A LA LUZ DE LAS NORMAS DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: EXPERIENCIA DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASOCIACIÓN DE SORDOS DE CHILE/RED CHILE SORDOS PERÍODO 2013-2016.

ANATEL= Asociación Nacional de Canales de Televisión de señal abierta A.G.  

ARCATEL= Asociación Regional de Canales de Televisión de señal abierta A.G.

ASOCH = Asociación de Sordos de Chile.

CC= Closed Caption

CNTV= Consejo Nacional de Televisión.

CONVENCIÓN: Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

EEIB = Establecimiento de Educación Intercultural Bilingüe.

EER-PIE = Establecimiento de Educación Regular con Proyecto de Integración.  

LIOISPD =Ley 20.422

LSCH= Lengua de señas chilena.

NEE= Necesidades Educativas Especiales.

RCHS= Red Chile Sordos.

SENADIS= Servicio Nacional de la Discapacidad.

1. En el listado de cuestiones, y consecuentemente en las respuestas del Estado, hemos advertido la ausencia de toda referencia a la norma del artículo 30º de la Convención. Esta omisión debe ser corregida en cuanto a que su permanencia propicia el estado de vulneración de nuestra identidad lingüística y cultural así como el desconocimiento de la finalidad trazada por el bloque normativo Constitución/Convención sobre proporcionar a las personas Sordas el goce y ejercicio de todos los derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas, sin discriminación por motivos de discapacidad y con respeto a la identidad lingüística y cultural del los Sordos.

2. El reconocimiento de nuestra identidad lingüística y cultural constituye conditio sine qua non para el ejercicio de todos los derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas y sin discriminación por motivos de discapacidad. De esta manera el efectivo ejercicio de la igualdad ante la ley; la protección en situaciones de riesgo y emergencias; el acceso a la Justicia en general y al debido proceso en particular; la protección contra la explotación, violencia y abuso; la protección de la integridad física y mental; la vida independiente; la participación social; la libertad de expresión y de acceso a la información; el derecho a la educación; el derecho a la salud y el acceso a la generalidad de los servicios públicos y privados abiertos al público, depende total y definitivamente del efectivo respeto y promoción de la identidad lingüística y cultural específica de los Sordos.  

3. En Chile existen normas jurídicas vigentes que desconocen nuestra capacidad jurídica y autonomía de la voluntad; ante situación de riesgo y calamidad o alarma pública nunca tenemos acceso a instrucciones de la autoridad ni a la informaciones ni contenidos de la televisión de señal abierta en lengua de señas chilena; los Sordos somos una minoría muy expuesta a la explotación y el abuso por no conocer bien el mundo oyente y no acceder a los servicios públicos de protección resultando habitualmente dañados física y/o mentalmente; en total desamparo e impunidad del Estado y las familias; los espacios educativos y de formación para el trabajo así como los espacios laborales y los servicios públicos y privados no son accesibles en lengua de señas y conforme a la cultura de las personas Sordas.  

I. Cuestión nº 1, sobre el respeto a las libertades y derechos de los Sordos y de su dignidad inherente según el artículo 1º de la Convención. 

4. En este orden de cosas nos remitimos a lo expresado anteriormente a este Comité por nuestro representante señor Gustavo Vergara Navarro: “En Chile los Sordos y los no sordos no somos iguales ante la ley. En efecto diversas normas vigentes disponen una capitis deminutio máxima en el status jurídico de las personas Sordas, siendo las principales de estas normas discriminatorias y por ello inconstitucionales las siguientes: Código Civil. Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico de Tribunales[1].

5. La Convención en su artículo 1º reconoce el derecho de la PsD al respeto de nuestra dignidad inherente, la que en el caso de los Sordos comprende siempre el reconocimiento y respeto de nuestra identidad lingüística y cultural.

6. Sin embargo en el ordenamiento jurídico nacional aún tienen vigencia importantes normas que atentan en contra de nuestra dignidad de Personas Sordas. La práctica es que “en Chile los Sordos y los no sordos no somos iguales ante la ley. En efecto diversas normas vigentes disponen una capitis deminutio máxima en el status jurídico de las personas Sordas, siendo las principales de estas normas discriminatorias y por ello inconstitucionales las…que destinan a los Sordos a la categoría de absolutamente incapaces de celebrar actos o contratos junto con dementes, disipadores e impúberes y que no reconocen el valor de la lengua de señas chilena[2] como idioma de los Sordos.

7. Estas normas se caracterizan por utilizar palabras o  expresiones que indican una idea desfavorable o que rebajan la entidad de nuestra identidad lingüística y cultural toda vez que de ellas “… se desprende la degradación a que es sometida la lengua de señas chilena, disponiendo la ley que en Chile un extranjero no castellano parlante tiene derecho a un intérprete pero un Sordo chileno no tiene ese derecho[3], así como por las que En la misma línea discriminatoria…. prohíben a las personas Sordas ser jueces o notarios, situándolos nuevamente junto a personas dementes, prodigas, criminales y delincuentes, enemigos del Estado, fallidos y una vez más juntos a nuestros hermanos de lucha las personas ciegas[4].

8. Las principales normas vulneratorias de nuestra dignidad y derechos lingüísticos son las siguientes: a) Código Civil[5]. Artículo 342º. “Están sujetos a curaduría general los menores adultos; los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes; y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente”. Artículo 355º. “Puede asimismo nombrar curador, por testamento, a los menores adultos; y a los adultos de cualquiera edad que se hallan en estado de demencia, o son sordos o sordomudos que no entienden ni se dan a entender claramente. Artículo 469º. “La curaduría del sordo o sordomudo, que no puede darse a entender claramente y ha llegado a la pubertad, puede ser testamentaria, legítima o dativa”. Artículo 470º. “Los artículos 449, 457, 458 inciso 1º, 462, 463 y 464 se extienden al sordo o sordomudo que no pueda darse a entender claramente. Artículo 471º. “Los frutos de los bienes del sordo o sordomudo que no pueda darse a entender claramente, y en caso necesario, y con autorización judicial, los capitales, se emplearán especialmente en aliviar su condición y en procurarle la educación conveniente”. Artículo 472º. “Cesará la curaduría cuando el sordo o sordomudo se haya hecho capaz de entender y de ser entendido claramente, si él mismo lo solicitare, y tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus bienes; sobre lo cual tomará el juez los informes competentes”. Artículo 1012º. “No podrán ser testigos en un testamento solemne, otorgado en Chile: 1. Derogado; 2. Los menores de dieciocho años; 3. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia; 4. Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón; 5. Los ciegos; 6. Los sordos; 7. Los mudos; 8. Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 267, número 7º, y en general, los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos; 9. Los amanuenses del escribano que autorizare el Testamento; 10. Los extranjeros no domiciliados en Chile; 11. Las personas que no entiendan el idioma del testador; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1024. Dos a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorgue el testamento y uno a lo menos deberá saber leer y escribir, cuando sólo concurran tres testigos, y dos cuando concurrieren cinco”. Artículo 1447º. “Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Pero la incapacidad de las personas a que se refiere este inciso no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos, determinados por las leyes. Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”; b) Código de Procedimiento Civil[6]. Artículo 357º. “No son hábiles para declarar como testigos: 1°. Los menores de catorce años. Podrán, sin embargo, aceptarse las declaraciones sin previo juramento y estimarse como base para una presunción judicial, cuando tengan discernimiento suficiente; 2°. Los que se hallen en interdicción por causa de demencia; 3°. Los que al tiempo de declarar, o al de verificarse los hechos sobre que declaran, se hallen privados de la razón, por ebriedad u otra causa; 4°. Los que carezcan del sentido necesario para percibir los hechos declarados al tiempo de verificarse éstos; 5°. Los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente; 6°. Los que en el mismo juicio hayan sido cohechados, o hayan cohechado o intentado cohechar a otros, aun cuando no se les haya procesado criminalmente; 7°. Los vagos sin ocupación u oficio conocido; 8°. Los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido condenados por delito; y 9°. Los que hagan profesión de testificar en juicio”. Artículo 382º. “Si el testigo no supiere el idioma castellano, será examinado por medio de un intérprete mayor de dieciocho años, quien prometerá bajo juramento desempeñar bien y fielmente el cargo.  Por conducto del intérprete se interrogará al testigo y se recibirán sus contestaciones, las cuales serán consignadas en el idioma del testigo, si éste no entendiere absolutamente el castellano. En tal caso, se pondrá al pie de la declaración la traducción que de ella haga el intérprete. Si el testigo fuere sordo, las preguntas le serán dirigidas por escrito; y si fuere mudo, dará por escrito sus contestaciones. Si no fuere posible proceder de esta manera, la declaración del testigo será recibida por intermedio de una o más personas que puedan entenderse con él por medio de la lengua de señas, por signos, o que comprendan a los sordos o sordomudos. Estas personas prestarán previamente el juramento de que trata el inciso primero”; c) Código Orgánico de Tribunales[7]. Artículo 256º. “No pueden ser jueces: 1° Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia o prodigalidad; 2° Los sordos; 3° Los mudos; 4° Los ciegos; 5º Los que de conformidad a la ley procesal penal, se hallaren acusados por crimen o simple delito o estuvieren acogidos a la suspensión condicional del procedimiento; 6° Los que hubieren sido condenados por crimen o simple delito. Esta incapacidad no comprende a los condenados por delito contra la seguridad interior del Estado; 7° Los fallidos, a menos que hayan sido rehabilitados en conformidad a la ley; y 8° Los que hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores”. Artículo 464º. “No pueden ser fiscales judiciales, defensores ni relatores los que no pueden ser jueces de letras”. Artículo 465º. “No pueden ser notarios: 1° Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia o prodigalidad; 2° Los sordos, los ciegos y los mudos; 3° Los que se hallaren procesados por crimen o simple delito; y 4° Los que estuvieren sufriendo la pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos”.

9. El Estado tiene el deber general de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las PsD y promover el respeto a su dignidad inherente; y el deber específico de modificar o derogar normas vigentes que constituyan discriminación por motivos de discapacidad.  

10. Preguntas.

¿Está trabajando el Estado en la implementación de un plan central, general y nacional que oriente la adecuación del conjunto del ordenamiento jurídico en orden a eliminar las disposiciones discriminatorias por motivos de discapacidad?;

¿Está trabajando el Estado en la implementación de un plan central, general y nacional que oriente la adecuación del conjunto del ordenamiento jurídico en orden a reconocer adecuadamente la singularidad cultural y lingüística de los Sordos?

11. Recomendaciones. Para la certificación de las normas nacionales con el modelo de derechos humanos propuestos por la Convención se recomienda al Estado seguir el diseño de las normas que reconocen y promueven adecuadamente el respeto a la singularidad cultural y lingüística de los Sordos, tales como los siguientes ejemplos: 1) CÓDIGO CIVIL, Artículo 1019º. “El ciego, el sordo o el sordomudo que puedan darse a entender claramente, aunque no por escrito, sólo podrán testar nuncupativamente y ante escribano o funcionario que haga las veces de tal. En el caso del ciego, el testamento deberá leerse en voz alta dos veces: la primera por el escribano o funcionario, y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Tratándose del sordo o del sordomudo, la primera y la segunda lectura deberán efectuarse, además, ante un perito o especialista en lengua de señas, quien deberá, en forma simultánea, dar a conocer al otorgante el contenido de la misma. Deberá hacerse mención especial de estas solemnidades en el testamento”; 2) LEY DE MATRIMONIO CIVIL[8], Artículo 5º. “No podrán contraer matrimonio: 1º Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto; 2° Los que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil vigente, a menos que el matrimonio lo celebre con su conviviente civil; 3º Los menores de dieciséis años; 4º Los que se hallaren privados del uso de razón y los que por un trastorno o anomalía psíquica, fehacientemente diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio; 5º Los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio; y 6º Los que no pudieren expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, escrita o por medio de lenguaje de señas”; 3) CÓDIGO PROCESAL PENAL, Artículo 98º sobre la declaración del imputado como medio de defensa: “El acusado sordo o que no pudiere entender el idioma castellano será asistido de un intérprete que le comunicará el contenido de los actos del juicio”; 4) LEY SOBRE ACUERDO DE UNIÓN CIVIL[9] Artículo 5°.- respecto de sus requisitos de validez y prohibiciones, lo siguiente:“los contrayentes deberán declarar, bajo juramento o promesa, por escrito, oralmente o por lenguaje de señas acerca del hecho de no encontrarse ligados por vínculo matrimonial no disuelto o un acuerdo de unión civil vigente.”[10]

II. Cuestión nº2 sobre obligaciones generales del Estado, cumplimiento LIOISPD. 

12. Por la Convención el Estado se obliga a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las PsD sin discriminación por motivos de discapacidad y para ello se obliga a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas o de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención, incluyendo en este concepto el cumplimiento de la LIOISPD y sus Reglamentos.  

13. Sobre el avance en el cumplimiento progresivo de la ley 20.422, reconocemos el espacio de participación ciudadana que ha significado el nombramiento de dirigentes sociales personas con discapacidad como delegados de la Comisión Asesora Presidencial para la elaboración del Plan Nacional de la Discapacidad. En dicha instancia nuestra voluntad ha sido representada tanto por los mismos comisionados PsD, como por los expertos y profesionales asesores invitados exponer antes las subcomisiones de trabajo.

14. Sin embargo en relación a la norma del artículo 4º de la ley 20.422 acusamos la falta de programas sociales en beneficio de las personas con discapacidad y para el fortalecimiento de nuestras organizaciones de la sociedad civil, situación ampliamente evidenciada por la debilidad económica, la falta de capacitación en gestión social y de infraestructura que adolecen las organizaciones de la sociedad civil por falta de apoyo del Estado.  

15. También representamos ante los miembros del Comité la contradicción existente entre  la Convención, la LIOISPD y uno de sus reglamentos. Por su artículo 25º,  del título IV sobre “medidas para la igualdad de oportunidades”, párrafo 1º “medidas de accesibilidad”, la LIOISPD establece la obligación de los canales de televisión de implementar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación; pero al mismo tiempo circunscribe que la aplicación de la norma de accesibilidad únicamente procederá “en los casos que corresponda según lo determine el respectivo reglamento”.

16. Dicha restricción legal a la aplicación de la norma del artículo 21º de la Convención es ampliamente desarrollada por el Reglamento[11] Decreto 32º, norma reglamentaria que entre sus varias restricciones a la aplicación de la norma de accesibilidad destacan las del artículo 2º que consagra el sistema de turnos creado por ANATEL; artículo 3º que establece 7 categorías de programación exceptuada de la obligación de aplicar mecanismos de comunicación audiovisual

17. Respecto del sesgo de programación no excluida de la norma de accesibilidad, el Reglamento por su artículo 4º establece un plazo de 3 años para dar cumplimiento progresivo a la obligación de implementar los mecanismos de comunicación audiovisual y que es el siguiente: a) al mes de febrero de 2013 el 33% de los programas del artículo 3º; b) al mes de febrero de 2014 el 66% de los programas del artículo 3º; c) al mes de febrero de 2015 el 100% de los programas del artículo 3º.    

18. El resultado a la fecha de la aplicación en Chile de la norma del artículo 21º de la Convención mediante la LIOISPD y el Reglamento del artículo 25º es que los Sordos tenemos acceso a 90 horas anuales de programación accesible en lengua de señas chilena, lo que significa que en la práctica accedemos al 1,2% de la programación total anual de cada concesionaria de televisión de señal nacional abierta.[12] 

19.. De esta manera se incumple la obligación de no frustrar el objeto y fin de la Convención, toda vez que sus normas devienen en letra muerta por la  aplicación de la norma legal y reglamentaria. De esta manera la norma del artículo 21º de la Convención sobre Libertad de Expresión, de Opinión y de Acceso a la Información en Chile no tiene el efecto de proporcionar adecuada y suficientemente el acceso a la información y demás contenidos de la televisión a las personas Sordas. Para evitar cualquier confusión o que otros se atribuyan la facultad de elegir por nosotros, señalamos a éste Comité que la comunidad Sorda ha elegido, elige y elegirá siempre como formato accesible de comunicación al que hacen referencia las letras b) y e) del mismo artículo, esto es la lengua de señas chilena.

20.. La situación de colisión normativa entre la Convención, la ley y el reglamento es a todas luces indebida, esto en cuanto a: a) que las normas de la Convención tienen mayor jerarquía normativa que la ley y el reglamento; b) que las normas internas del Estado no pueden producir ni justificar el incumplimiento de las normas de un tratado[13]; c)  que toda aplicación e interpretación de las normas de un tratado debe hacerse de buena fe y teniendo en cuenta su objeto y fin[14] que en la especie no es otro que el de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las PsD.    De esta manera evidenciamos a éste Comité el incumplimiento del Estado chileno su obligación de adoptar medidas legislativas y administrativas que produzcan como resultado práctico hacer efectivos los derechos que la Convención reconoce a las PsD.

21. Preguntas. 

¿Si la ley 20.422 fue implementada como resultado de la Convención y esta no ha sido readecuada teniendo aún muchos vacíos y reglamentos que le contradicen, qué espera el Estado para hacer esas readecuaciones y llevarla al estándar de accesibilidad que establece la Convención?.

¿Si en beneficio de las personas con discapacidad el Estado creo el Servicio Nacional de la Discapacidad sin facultades suficientes para fiscalizar, qué espera el Estado para dar soluciones reales de protección  a las personas con discapacidad?

¿Cómo piensa cambiar la situación de que los tribunales de Justicia y otros órganos del Estado desconocen la Convención aplicando en fallos normas reglamentarias y no las de rango constitucional en virtud del inciso segundo del artículo 5º de la Constitución?

¿La inoperatividad de la Convención en el sistema estatal chileno debe hacer presumir que se ratificó sin estar preparados seriamente para cumplir lo pactado?

III. Cuestión nº4 sobre procedimientos de consulta con la sociedad civil según el artículo 4º de la Convención.

 

22. El Estado tiene la obligación de consultar y colaborar estrecha y activamente con las organizaciones sociales que representan a las PsD en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención.

23.. La LIOISPD en su artículo 3º contempla entre sus principios rectores a la participación y el diálogo social, pero en Chile, para el diseño y la adopción de políticas públicas en cuestiones que nos afectan como PsD no existen procedimientos vinculantes ni permanentes de consulta y participación con las organizaciones sociales de la sociedad civil. Ejemplo de ello, entre otros, es que nuestras organizaciones sociales no participaron del proceso de discusión y generación de la misma LIOISPD y de ninguno de sus reglamentos.  Además señalamos desconocer el funcionamiento de Consejo Consultivo de la Discapacidad.

24. Lamentablemente, por nuestra precaria situación, aunque nos invitaran a participar a la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas sobre cuestiones que nos conciernen, no podríamos asumir un rol activo apropiadamente por la falta de proyectos de financiamiento operacional, por la falta de asesoría legal, por falta de capacitación a nuestros líderes sociales y por la falta de equipamiento e infraestructura para funcionar.  

25.. Es un hecho de notorio y público conocimiento la falta infraestructura, equipamiento, financiamiento operacional y de capacitación a líderes sociales en materias legales y administrativas; así como falta un régimen de fueros y permisos laborales a quienes desempeñan cargo de dirección en las organizaciones sociales de nuestra comunidad.

26. En consecuencia de lo anterior resulta que el Estado para cumplir su obligación de consultar y participar estrecha y activamente con las organizaciones de la sociedad civil, primero debe fomentar el desarrollo y apoyar a estas instituciones, destinándoles recursos económicos, sedes sociales, equipamiento y capacitación a sus líderes en temas relacionados con las políticas y planes dirigidos a las PsD.

27. Preguntas.

¿Qué políticas públicas están destinadas y operativas actualmente en Chile para fortalecer efectivamente las organizaciones sociales y cuál es el presupuesto destinado al apoyo de sus gastos operativos, de representación y de sede social?  

¿Desde el año 2008 a la fecha el Estado no ha diseñado una Política Pública clara y consecuente en materia de discapacidad, que espera para hacerla?

¿Qué porcentaje del presupuesto de la Nación está destinado a las discapacidades en general y a los Sordos en particular en Chile?  

¿Qué porcentaje del presupuesto nacional está destinado a las discapacidades en general y a los Sordos en particular en los países miembros de la O.E.C.D.?  

¿Tienen indicadores que cuantifiquen de cuánto le falta a Chile para alcanzar el estándar de accesibilidad de los países de la O.E.C.D.?

IV. Cuestión nº6 sobre aplicación de ajustes razonables en distintos ámbitos según el artículo 8º de la LIOISPD en relación al modelo establecido por la Convención.

 

28.. El artículo 2º de la Convención señala que es ajuste razonable toda modificación o adaptación necesaria y adecuada requerida por las PsD para el goce y ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás. En este mismo sentido se expresa el artículo 8º inciso tercero de la LIOISPD señalando que es ajuste necesario toda adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las PsD de forma que en la práctica les faciliten la accesibilidad y participación en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.  

En el caso específico de las personas Sordas, el reconocimiento y promoción de nuestra identidad lingüística y cultural constituye conditio sine qua non para remover las barreras de comunicación y producir en la práctica el goce y ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás. Para ello resulta indispensable la formación y ofrecimiento oportuno y suficiente del ajuste razonable “interpretación en lengua de señas chilena” por un intérprete con competencias  reconocidas y certificadas por la comunidad Sorda nacional.

29. Sin embargo, en Chile el Estado no toma las medidas necesarias para asegurar que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a la Convención, así como para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad, tanto por actos como por omisiones, incluida la no implementación de ajustes razonables.  

30. La no implementación adecuada, suficiente y oportuna de ajustes razonables en los distintos ámbitos de la vida resulta en el caso de las PsD en la privación del derecho al ejercicio pleno en igualdad de condiciones con las demás de los derechos y libertades reconocidos por el sistema de tratados de derechos humanos. Además en nuestro caso resulta la vulneración de nuestra identidad cultural y lingüística específica de personas Sordas, derecho expresa y ampliamente reconocido por la Convención.  

31. En la práctica nacional la implementación de ajustes razonables para las personas Sordas, en las áreas más relevantes sucede así:

a) Educación: el financiamiento de horas de intérprete en lengua de señas para los estudiantes Sordos es escaso e insuficiente; los EEIB están al borde de la extinción producto del régimen del Reglamento decreto 86/1990.

b) Salud: no existe acceso en lengua de señas a la atención de salud pública ni privada. Los sitios web de los servicios no son una herramienta útil para acceder a la información.

c) Inclusión laboral: no existen ajustes razonables en el mercado laboral, el Estado casi no contrata a PsD como funcionarios públicos.

d) Vivienda: En Chile se ha consolidado el déficit habitacional en la comunidad Sorda. Producto de la falta de acceso a la educación y el trabajo no somos sujetos de créditos para la compra de viviendas y no existen para nosotros subsidios especiales para arrendar o comprar una vivienda. La realidad es que los Sordos en un alto porcentaje vivimos de allegados o vivimos en viviendas de malas condiciones siendo muy escaso el porcentaje de Sordos propietarios de sus viviendas.

e) Acceso a la Justicia: en Chile los Sordos no accedemos a procedimientos judiciales en lengua de señas chilena. Tradicionalmente ningún poder del Estado ni sus servicios  han sido proporcionados en formato accesible con ajustes razonables para los Sordos. Es así como en Chile a nuestra comunidad se le desconoce y vulnera la garantía al debido proceso toda vez que en sede penal, civil, laboral, de familia y demás, actuando ya sea como imputados, querellantes, querellados, demandantes, demandados, requirentes, absolventes o testigos, enfrentamos procedimientos que no contemplan la participación de un intérprete en lengua de señas chilena certificado por la comunidad.

32.  Es deber del Estado identificar las barreras y adoptar medidas adecuadas, suficientes y oportunas para removerlas, debiendo para ello fiscalizar y sancionar cuando corresponda que ninguna entidad pública o privada o cualquier persona en general discrimine por motivos de discapacidad.

V. Cuestión nº7 sobre igualdad y no discriminación según el artículo 5º de la Convención.  

33. Por la Convención el Estado reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.  

34. Como se evidencia mediante el presente informe son múltiples los ámbitos de la vida en dónde los Sordos no ejercemos plenamente en igualdad de condiciones con las demás personas de nuestros derechos y no contamos con igual protección legal respecto de las vulneraciones denuncias. Específicamente respecto del ejercicio de acciones judiciales para la defensa y protección de nuestra dignidad y derecho hemos fracasado reiteradamente en el intento de obtener amparo de autoridad en contra de hecho vulneratorios.

35. El efecto de esta situación no es otra sino el régimen de apartheid social al que históricamente hemos sido condenados los Sordos por causa de nuestra discapacidad y nuestras capacidades diferentes.  

36. Se evidencia ante el Comité la falta de igual protección legal ante la vulneración de derechos mediante la exposición de dos casos diferentes: el primero relativo al ejercicio de la acción del artículo 40º bis de la ley 18.838 sobre deber de correcto funcionamiento de las concesionarias de televisión; y el segundo relativo al ejercicio de la acción del artículo 20º de la Constitución.

37. Caso 1 Acción del artículo 40º bis de la Ley 18.838, “Denuncia a favor de Javier Candía versus Denuncia a favor de la comunidad Sorda de Chile”. Durante el año 2014 se presentaron 2 denuncias ante el CNTV denunciando falta al correcto funcionamiento por vulneración de la dignidad de las PsD, alegándose hechos similares e invocando las mismas fuentes normativas, el CNTV decide proteger a un denunciante y desamparar al otro.

En efecto, Gustavo Vergara Navarro por la Asociación de Sordos de Chile interpuso conjuntamente con el Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS, denuncias[15] por falta al correcto funcionamiento en contra de la concesionaria Red Televisiva Megavisión S.A. por emitir contenido vulneratorio de la dignidad de las personas Sordas, denunciando hechos que según afirma constituyen “una denigración de las personas al exhibirlas como seres incapaces de comunicarse y de actitudes absurdas e irracionales” y “que se transgrede la seriedad y respeto  con que debe ser tenida la lengua de señas chilena, toda vez que es lengua propia, base de nuestra cultural, identidad individual y colectiva; y se denigra la valiosa y compleja labor de los intérpretes en lengua de señas

Dicha denuncia es declarada “sin lugar” por el Honorable Consejo argumentando: Considerando Quinto “Que, los bienes jurídicamente tutelados, que componen el acervo substantivo del principio de correcto funcionamiento, han sido señalados por el legislador en el inciso tercero del Art.1º de la Ley nº 18.838; a saber: los valores morales y culturales propios de la Nación; la dignidad de las personas; la protección de la familia; el pluralismo; la democracia; la paz; la protección del medio ambiente; la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro del marco valórico precedentemente indicado..”, en lo resolutivo decide “El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por una mayoría constituida por los consejeros Genaro Arriagada, María de los Ángeles Covarrubias, Andrés Egaña, Gastón Gómez, Roberto Guerrero y Hernán Viguera, acordó declarar sin lugar las denuncias Nrs 832/2014, 831/2014 y 15.690/2014, presentadas por el Servicio Nacional de la Discapacidad, la Asociación de Sordos de Chile y un ciudadano particular, respectivamente, en contra de Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa Morandé con Compañía, el día 2 de mayo de 2014, por no configurarse infracción a la normativa que rige el contenido de las emisiones de televisión; y archivar los antecedentes. El Presidente Oscar Reyes y las consejeras María Elena Hermosilla y Esperanza Silva estuvieron por formular cargo a la concesionaria”.

En cambio en el caso de Javier Candía, por acuerdo del Consejo, adoptado por la unanimidad de sus miembros en sesión ordinaria del día 14 de abril de 2014, “acordó formular cargo a la Red Televisiva Megavisión S.A. por infracción al artículo 1º de la ley 18.838, que se configuraría por la exhibición del noticiario Ahora Noticias, el día 11 de marzo de 2014, donde se vulneraría la dignidad de las personas”.

Esta decisión del Consejo fue fundamentada de la siguiente manera: considerando 2º “…los contenidos audiovisuales denunciados corresponden tanto en el caso de Javier Candía (secuencia 1),……a una sección denominada El Ojo Indiscreto del Cambio de Mando, que comprende una nota periodística …Una de tales situaciones está referida a don Javier Candía, actual asesor de la diputada Camila Vallejos, cuyo aspecto y discapacidad visual son utilizadas como pretexto, para burlarse de él y cuestionar sus capacidades para desempeñar las labores de su cargo”; considerando 3º “Que, la Constitución y la ley han impuesto a los servicios de televisión la obligación de funcionar correctamente –Arts.19ºN12ºInc6º de la Carta Fundamental y 1º de la ley 18.838-“; considerando 4º “Que, la referida obligación de los servicios de televisión de funcionar correctamente implica, de su parte, el disponer permanentemente la adecuación del contenido de sus emisiones a las exigencias que plantee el respeto de aquellos bienes jurídicamente tutelados, que integran el acervo substantivo del principio del correcto funcionamiento de los servicios de televisión”; considerando 5º “Que, los bienes jurídicamente tutelados, que componen el acervo substantivo del principio del correcto funcionamiento, han sido señalados por el legislador en el inciso tercero del Art.1º de la ley 18.838; entre ellos se cuenta la dignidad de la persona humana”; considerando 9º “Que, de lo relacionado en los Considerandos a éste precedentes, resulta que la emisión objeto de control en estos autos guardaría una abierta contrariedad con el Art.1º de la ley 18.838, en razón de vulnerar sus contenidos la dignidad de la persona, infringiendo así el correcto funcionamiento de los servicios de televisión; por lo que, el Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los Consejeros presentes, acordó formular cargo a la Red Televisiva Megavisión S.A. por infracción al artículo 1º de la ley 18.838, que se configuraría por la exhibición del noticiario Ahora Noticias, el día 11 de marzo de 2014, donde se vulneraría la dignidad de las personas”.

En la especie se aprecia que ante situaciones fácticas análogas alegadas fundándose en los mismos cuerpos normativos el Consejo Nacional de Televisión CNTV presenta inequidad en sus criterios, condenando en un caso y dejando en desamparo a la comunidad de personas Sordas en el otro.  

38. Caso 2. Acción del artículo 20º de la Constitución, Gustavo Vergara Navarro deduce acción de protección[16] de garantías constitucionales ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la concesionaria de televisión de señal nacional abierta Chilevisión S.A. por omisión en la implementación de ajuste razonable recuadro de intérprete en las transmisiones de un festival de la Canción. Por resolución de 24 de febrero la Corte de Apelaciones de Valparaíso se declara incompetente territorialmente y remite los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, ro, de ingreso 14610-2015, la que a su vez mediante resolución de fecha 26 de febrero de 2015la declara inadmisible señalando “Vistos y teniendo presente: 1.- Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales;  2.- Que los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Corte exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar, por lo que no será admitida a tramitación”.        

39. El Estado, a través de sus órganos debe proporcionar a todas las personas la misma protección de sus derechos, no hacerlo es una abierta contravención a lo dispuesto en el artículo 5º de la Convención, como resulta en los casos presentados en que el CNTV decide amparar la dignidad del señor Candía pero decide dejar en el más absoluto desamparo la dignidad de la comunidad Sorda. En esta misma sendera de desamparo queda relegado el derecho de los Sordos al respeto y promoción de su identidad cultural y específica que no es considerado por la Corte de Apelaciones de Santiago como bien jurídico tutelado por la acción del artículo 20º de la Constitución. En Chile, el derecho a la identidad cultural y lingüística de los Sordos y el derecho a la igualdad y no discriminación no son protegidas ni por la acción especial de la ley 18.838 ni por la acción del artículo 20º de la Constitución.

40. Preguntas.

¿Qué consecuencias creen que tendrá en la valoración del Estado de Derecho en Chile el desconocimiento del carácter de justiciables de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de los Sordos chilenos?

¿Cómo se explica la inversión de jerarquías normativas en materia de accesibilidad a los contenidos de la televisión por los Sordos en que un reglamento tiene mayor rango y deroga normas constitucionales y de rango constitucional?

VI. Cuestión nº 8 igualdad de oportunidades para niños y niñas Sordos.  

 

41. Por su artículo 24º la Convención consagra el derecho de las niñas y niños Sordos a acceder a la educación en la lengua y medios de comunicación más apropiados y obliga al Estado a facilitar el aprendizaje en lengua de señas chilena y con promoción de la identidad lingüística y cultural de las personas Sordas.

42. Como expresamos en el apartado educación, producto del régimen reglamentario vigente en Chile en materia de educación, las niñas y niños Sordos son condenados al semilingüismo y a la privación de espacios educativos con cultura y lengua de los Sordos.  

43. Esta privación como se expresa, constituye la más grosera denegación de identidad personal y colectiva y constituye una barrera infranqueable para acceder a un sistema educativo que proporcione al educando Sordo las herramientas síquicas, intelectuales, sociales y emocionales que le permitan alcanzar su máximo desarrollo posible.

VII. Cuestión nº12 sobre accesibilidad según el artículo 9º de la Convención.  

 

44. El Estado es obligado a ofrecer formas de asistencia humana a las PsD incluidos los servicios de intérpretes profesionales de la lengua de señas para facilitar el acceso a edificio, bienes y servicios abiertos al público.

45. Como informan nuestras organizaciones sociales, sabemos que en todo el territorio de la República existe casi total carencia de intérpretes en lengua de señas para todo tipo de servicios públicos y privados abiertos al público.

46. Dicha situación produce el fenómeno de apartheid social de los Sordos, ya que no accedemos a los servicios en general y a la vida social por no contar con intérpretes en lengua de señas.  

47. Esta barrera idiomática está presente a diario en todos los ámbitos del quehacer humano, desde la educación y la salud hasta el acceso al debido proceso judicial en lengua de señas.

48. El Estado no se ha hecho dotar de organismos ni de mecanismos de fiscalización y sanción para producir la debida y oportuna implementación de ajustes razonables. Prueba de este vacío son las resoluciones de CNTV nº 165, 166, 167 y 168 de 2014 y de SENADIS Ord nº1760/2014, todas por las cuales ambos organismos declarar no tener competencia para fiscalizar ni sancionar a los canales de televisión que discriminan a los Sordos por motivos de discapacidad al denegar la implementación del ajuste razonable “recuadro de intérprete en lengua de señas chilena” en el 98,8% de su programación anual.

49. Recomendaciones. Sobre el particular nos remitimos a lo ya expresado a este Comité mediante escrito de fecha 20 de diciembre. Se propone al Estado lo siguiente:

a) implementación del ajuste razonable de “interpretación en lengua de señas” con intérpretes reconocidos y certificados por la comunidad.

b) capacitar a funcionarios y empleados en lengua de señas chilena en centro de estudio con profesores Sordos.

c) contratar personas Sordas como funcionarios de planta o permanentes, en empleos dignos y en conformidad a sus necesidades especiales y capacidades diferentes.

d) capacitar en toma de conciencia sobre la discapacidad y derechos lingüísticos y culturales de los Sordos a los directores, jefes de servicios y demás cargos con facultades de dirección y administración en alguna entidad reconocida y ligada a las organizaciones sociales de Sordos

VIII. Cuestión nº 14 sobre situaciones de riesgo y emergencias humanitarias según el artículo 11º de la Convención.  

 

50. El Estado por la Convención es obligado a garantizar la seguridad y protección de las PsD en situaciones de riesgo, conflicto armado y desastres naturales.

51. En la práctica, en Chile los Sordos, ante terremotos comunes, megaterremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y otros, jamás hemos tenido acceso a informaciones inmediatas en lengua de señas chilena, quedando privados de toda información en situaciones de riesgo vital.  

52. Por causa de nuestra discapacidad auditiva no accedemos a las informaciones de la radiodifusión y por causa de nuestra capacidad lingüística diferente, como personas visuales no accedemos a los medios escritos fluidamente. Por defecto sólo queda la televisión como el medio de comunicación masivo al que podríamos acceder mayormente, pero las concesionarias de televisión, con la connivencia del Estado, mezquina y vilmente se niegan sistemáticamente a incorporar contenidos accesibles con recuadro de intérprete en lengua de señas chilena.  

53. Está situación de apartheid y exposición al peligro mediante la desinformación que sufrimos los Sordos en Chile es de público y notorio conocimiento y profundamente resentido por nuestra comunidad. A mayor abundamiento consultar en www.pjud.cl las acciones deducidas por Sordos en contra de los canales de televisión por discriminación: a) Autos de protección “Molina Toledo Pamela y Ortiz Torres Solange con Canal 4 La Red, Red Televisiva Megavisión S.A., Red de Televisión Chilevisión S.A., Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión”, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rol de ingreso nº 5527-2001 y nº 5528-2001; b) Autos de protección “Muñoz Paredes Christian con Televisión Nacional de Chile, Red Televisiva Megavisión S.A., Red de Televisión Chilevisión S.A. y Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión”, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rol de ingreso nº 1112-2010; c) Autos de Protección “Gustavo Miguel Vergara Navarro con Red de Televisión Chilevisión S.A.” Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso rol de ingreso nº 558-2015 e Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rol de ingreso nº 14610-2015; d) Autos de Protección “Gustavo Miguel Vergara Navarro con Televisión Nacional de Chile, Red Televisiva Megavisión S.A., Red de Televisión Chilevisión S.A., Canal 13 S.A.” Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rol de ingreso 21223-2015; e) Denuncia interpuesta por Gustavo Miguel Navarro presidente de la Asociación de Sordos de Chile ante el Consejo Nacional de Televisión, rol de ingreso 175/2014/CNTV en contra de Televisión Nacional de Chile, Red Televisiva Megavisión S.A., Red de Televisión Chilevisión S.A., Canala 13 S.A.

54. Todas las acciones antes señaladas deducidas por los Sordos para obtener amparo, fueron rechazadas por la Corte de Apelaciones de Santiago y por la Corte Suprema, a su vez que tanto el Consejo Nacional de Televisión[17] como el Servicio Nacional de la Discapacidad[18] se han declarado incompetentes en la materia.  

55.. El Poder Judicial chileno ha desestimado y rechazado todas y cada una de las acciones deducidas por los Sordos requiriendo su protección y restablecimiento del Derecho, validando el sistema de turnos auto fabricado a la medida por ANATEL y sus canales asociados, mediante el denominado ACUERDO 2002 con el que se ha tomado de rehén la voluntad de la comunidad Sorda con la connivencia de los tribunales de Justicia y en directo desmedro de la aplicación de las normas de la Convención en la materia.

56.. Este mismo sistema de turnos de ANATEL y los Canales es el que sirvió de base estructural para el diseño e implementación del reglamento del artículo 25º de la ley 20.422, sucediendo nuevamente que con la connivencia entre el Estado y los particulares discriminadores los Sordos accedemos a 90 horas de programación anual en lengua de señas y no podemos optar por el canal de nuestra preferencia.

57.. En Chile el acceso a los contenidos de la televisión es dirigido y organizado por los canales de televisión asociados a ANATEL, quienes generan las reglas del área según la medida de sus intereses y con la completa connivencia de los órganos del Estado que deberían en cambio cumplir y hacer cumplir en la materia las normas de la Convención, las que para pesar de la comunidad Sorda resultan en Chile ser sólo letra muerta.  

58.. Por último cabe precisar que el Consejo Nacional de Televisión no fiscaliza el cumplimiento de la Convención, por el contrario, se ha declarado incompetente en el caso antes expuesto o simplemente no hace nada al respecto.

59. Recomendaciones. Para la norma del artículo 11º de la Convención, sobre situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, se propone:

a) todas las informaciones de la televisión sobre estos eventos sean completa e íntegramente emitidas y transmitida con recuadro de intérprete en lengua de señas chilena.

b) capacitar a funcionarios y empleados de los servicios de información, de administración de crisis y de socorro a la comunidad, en lengua de señas chilena en centro de estudio con profesores Sordos.

c) contratar personas Sordas como funcionarios de planta o permanentes, en empleos dignos y en conformidad a sus necesidades especiales y capacidades diferentes.

d) capacitar en toma de conciencia sobre la discapacidad y derechos lingüísticos y culturales de los Sordos a los directores, jefes de servicios y demás cargos con facultades de dirección y administración en alguna entidad reconocida y ligada a las organizaciones sociales de Sordos.

 

IX. Cuestión nº 15, sobre la igualdad ante la ley según el artículo 12º de la Convención. 

60. Por la Convención las PsD tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas y el Estado el deber adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho.

61.. El ya referido anteriormente  artículo 1447º del Código Civil contiene un efecto de capitis deminutio máxima en contra de las personas Sordas que no se den a entender claramente, esto es, aquellas que no se comporten y comuniquen en la forma en que los oyentes lo hacen. Otras normas procesales civiles enunciadas anteriormente también contienen el doble efecto de desconocer la capacidad jurídica, en este caso capacidad procesal, al mismo tiempo que vulneran la identidad cultural y lingüística de los Sordos consagrada en el artículo 30º y otros relacionados de la Convención.

62. Por la Convención el Estado tiene el deber de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos que se les reconoce a las PsD, así como el deber de modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas discriminatorias contra las PsD. Respecto de la preocupaciones de la comunidad Sorda, el asunto relativo a los sistemas de sustitución de voluntad, sin dejar de ser importante, no es ninguna de las prioridades de nuestra comunidad en cuanto a que es el diario apartheid lingüístico a que nos aparta el sistema social de cultura oyente la principal de nuestras preocupación en salud, educación, justicia, vivienda, trabajo  y servicios en general es la falta de acceso en lengua de señas chilena.  

63. Preguntas. . 

¿Cómo puede explicar el Estado el hecho de que por un lado aspire a cumplir la Convención y por otro dicte reglamentos que dejan sin efecto sus normas?

¿Podría el Estado aportar información sobre cuántas horas al día, mes y año, de transmisión televisiva los canales nacionales de televisión abierta ofrecen en formato accesible para los Sordos, esto es, con el ajuste recuadro de intérprete en lengua de señas chilena?.

¿Cómo podría demostrar que el sistema de integración escolar no es contrario al reconocimiento y apoyo que el Estado debe por la Convención a la identidad cultural y lingüística de los Sordos?.

¿Cómo piensa el Estado fortalecer y apoyar con recursos y capacitaciones a los dirigentes sociales de las organizaciones de la sociedad civil?

64. Recomendaciones. Sobre la norma del artículo 12ª de la Convención, sobre igual reconocimiento ante la ley, se propone:

a) derogar o modificar las normas infraconstitucionales que corresponda para que sean estas conforme a los principios de la Convención en cuanto a la dignidad de las personas con discapacidad y derechos lingüísticos y culturales de los Sordos.

b) Expresar en la Constitución Política de la República los derechos lingüísticos y culturales de los Sordos.

c) capacitar en toma de conciencia sobre la discapacidad y derechos lingüísticos y culturales de los Sordos a los senadores y diputados en alguna entidad reconocida y ligada a las organizaciones sociales de Sordos.

 

X. Cuestión nº 16 sobre acceso a la Justicia según el artículo 13º de la Convención. 

65.. Por la Convención se expresa el derecho de las PsD de acceder en igualdad de condiciones al debido proceso judicial mediante la implementación de los ajustes necesarios correspondientes a sus necesidades especiales y capacidades diferentes.  

66.  Esta norma en Chile es letra muerta, todas vez que los Sordos que llevamos a juicio o somos llevados a juicio nunca contamos con la actuación de un intérprete en lengua de señas chilena ante el Tribunal durante las respectivas audiencias preparatorias o de juicio u otra cualquiera actuación o diligencia jurisdiccional. En la práctica lo que suele suceder es que el juez procede a hablar más lento y más alto para que el Sordo lo oiga, como ello evidentemente no funciona, el juez procede a designar en el momento a cualquiera persona presente que entienda algo de lengua de señas para que oficie como intérprete, recayendo esta responsabilidad generalmente en familiares oyente o el mismo abogado de la persona Sorda.

67.. No merece mayor explicación ni desarrollo el hecho de que sin un intérprete calificado, los Sordos vemos vulnerado nuestro derecho al debido proceso. Esta grave situación sucede todos los días, en todo Chile y en juicios en sede penal, civil, de familia, laboral, tributario, policía local y cualquiera otra sede jurisdiccional.

68. Afortunadamente, gracias al fuerte  compromiso con el respeto a la dignidad e identidad cultural y lingüística de los Sordos del ex Fiscal Nacional señor Sabas Chahúan Sarras, del actual Fiscal Nacional señor Jorge Abbott Charme y del ex Presidente de la Corte Suprema señor Sergio Muñoz Gajardo, con fecha 27 de octubre de 2014 y 09 de diciembre de 2015 respectivamente, se logró la suscripción de un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre dicha entidades y la Asociación de Sordos de Chile/RED CHILE SORDOS, instrumentos que tienen por finalidad la contratación de intérpretes certificados por la comunidad Sorda para que oficien como tales en juicio en que alguna de las partes sea persona Sorda.  

69. Por el Convenio con la Excelentísima Corte Suprema se ha establecido una muy interesante herramienta que puede marcar la diferencia para siempre en cuanto a la accesibilidad a la Justicia y que consiste en que ésta, en el ejercicio de sus facultades económicas proceda a “la generación y tramitación de un proyecto de Auto Acordado con el objeto de establecer medidas de orden general que especifiquen, centralicen y unifiquen todas las normas de carácter vinculante relativas a generar la toma de conciencia de las autoridades y funcionarios del Poder Judicial así como para generar las condiciones de accesibilidad física y de servicios que requieren los distintos tipos de discapacidad y sus necesidades especiales[19].

70. También destacamos las sucesivas capacitaciones a funcionarios realizadas por Carabineros de Chile con la Academia de Lengua de Señas ESILENSE/ASOCH, centro de estudio y enseñanza de la lengua de señas chilena dirigida por PsD y con profesores Sordos hablantes nativos de la LSCH.

71. Así mismo declaramos no tener conocimiento de ninguna otra acción útil por parte del Estado para lograr el acceso al debido proceso en igualdad de condiciones con las demás; y que no puede existir capacitación útil y verdadera a los funcionarios judiciales sobre cuestiones de las PsD que no sean impartidas por las organizaciones sociales y personas vinculadas a la comunidad de PsD.

72. Recomendaciones. Sobre la norma del artículo 13º de la Convención se propone al Estado:

a) Dar pleno cumplimiento a los Convenios de Colaboración Interinstitucional destinando recursos y apoyando a la organizaciones sociales en la ejecución de dicha finalidad.

b) Replicar este modelo de desarrollo conjunto con la sociedad civil en los organismos estatales que corresponde.

c) capacitar en toma de conciencia sobre la discapacidad y derechos lingüísticos y culturales de los Sordos a los ministros, jueces, jefes de servicios y demás cargos en alguna entidad reconocida y ligada a las organizaciones sociales de Sordos..  

XI. Cuestión nº 23 sobre libertad de expresión y acceso a la información según el artículo 21º de la Convención.

73. En Chile han existido diversos intentos gubernamentales y de centros de estudios de conferir algún grado de certificación de competencias en la enseñanza de la lengua de señas chilena y de competencias para cumplir la función de intérprete castellano/lengua de señas chilena/castellano. Dichos intentos, al igual que toda acción o decisión adoptada sobre cosas de los Sordos sin la participación de los Sordos, están destinados a fracasar.

74. Esto es así porque sencillamente lengua y cultura son una misma cosa. La comunidad Sorda es fuente y destino de la lengua de señas, ésta existe y persiste en el tiempo por sus hablantes, su conservación y máximo desarrollo así como su existencia misma están condicionadas a la existencia de la comunidad Sorda. Por ello nadie es más idóneo para enseñar la lengua de señas que un Sordo que ha cultivado su habla; y nadie es más idóneo para dar cuenta de la calidad de un intérprete que la comunidad Sorda a través de las organizaciones sociales que las representan.

75. Tal es el exitoso caso del emprendimiento social liderado por Gustavo Vergara Navarro en su calidad de Presidente de la Asociación de Sordos de Chile y representante de la Red Chile Sordos, consistente en la implementación del sistema de certificación de intérpretes para la formación de la Nómina Oficial de Intérpretes del artículo 2º del Estatuto 2012 de la Asociación de Sordos de Chile.

76. En la generación de este sistema de certificación han participado profesionales especialistas, directores de colegios, líderes sociales, representantes de las asociaciones de intérpretes del país y profesores Sordos de lengua de señas y actualmente hay 17 intérpretes certificados por la Comunidad Sorda.  

77. El sistema de certificación de intérpretes de la comunidad Sorda cuenta con amplio reconocimiento por parte de importantes instituciones públicas, tales como la Fiscalía Nacional y la Corte Suprema de Justicia, entidades que han confiado en nuestros procesos de acreditación de nivel de conocimiento de la lengua de señas chilena, de competencias en la interpretación lengua de señas chilena/castellano y de reconocimiento de la participación del intérprete con la comunidad Sorda.

78. En este sentido destacamos que SENADIS siempre ha reconocido y apoyado la identidad cultural y lingüística de los Sordos; prueba de ello es que hemos sido invitados a participar activa y efectiva en el proceso de levantamiento de perfiles para la certificación por competencias del sistema Chile Valora; proceso de desarrollo social que abrazamos con mucho interés especialmente con miras a incorporar dichos procesos de gestión de calidad en la prestación de servicios académicos y de investigación para el desarrollo de nuestra lengua materna y los procesos de certificación de intérpretes.

79. Sin embargo vemos con preocupación la posibilidad de que se llegue a considerar de alguna manera que las organizaciones sociales que representan a las personas Sordas no son hábiles por sí solas para otorgar una certificación de calidad en interpretación en lengua de señas; o peor aún, que se pretenda designar una institución académica que certifique por sí misma asuntos que son propios de la comunidad Sorda.  

 

XII. Cuestión nº 24 sobre libertad de expresión y acceso a la información según el artículo 21º de la Convención.

80. La LIOISPD y su reglamento garantiza a la comunidad Sorda de Chile el acceso en lenguas de señas chilena a aproximadamente un 1,2% anual de la información y demás contenidos de la transmisión televisiva nacional de señal abierta, incluidas las informaciones y contenidos. Sobre el restante 98,8% de la programación anual de los canales de televisión rigen las normas auto diseñadas por ANATEL.

81.  No puede entenderse el ejercicio en igualdad de condiciones y sin discriminación de la Libertad de Expresión, de Opinión y de Acceso a la Información, por nuestra comunidad sin tener presente que  “la Comunidad de Personas Sordas es una minoría lingüística nativa de Chile que tiene como lengua materna y oficial a la lengua de señas chilena, idioma que es a la misma vez su creación intelectual, técnico-artística y elemento esencial de nuestra identidad cultural personal y colectiva”.[20] 

82.  El ordenamiento jurídico chileno consagra el principio de igualdad y no discriminación en el ejercicio de la Libertad de Expresión, de Opinión y de Acceso a la Información. Por sus normas aplicables en la materia prohíbe a las personas y organizaciones públicas y privadas discriminar por acción u omisión por motivos de discapacidad; Se obliga al Estado a asegurar la implementación de ajustes razonables y el diseño universal para los bienes y servicios abiertos al público o de uso público; Se reconoce el derecho de la comunidad Sorda de elegir la forma de comunicación para el ejercicio de la Libertad de Expresión; y se reconoce a la lengua de señas como idioma de los Sordos obligando al Estado a promover su conocimiento y utilización. En cuanto a la programación de televisión que debe ser o hacerse accesible a los Sordos se observa una grave incongruencia entre las normas de rango superior que establecen que todos los servicios televisivos deben ser accesibles a las personas con discapacidad y las normas de rango inferior que establecen que sólo deben ser o hacerse accesibles un restringido segmento de la programación.  

a)  Marco normativo.

83. Normas de la Constitución Política de la República de Chile, artículo 1º: inciso 1 “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, inciso 4 “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respecto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”; artículo 19º número 2 “Igualdad ante la ley, en Chile no hay persona ni grupos privilegiados” y número 12 “La Constitución asegura a todas las personas: la libertad de emitir opinión y la de informar, sin cesura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”.

84. Normas de la Convención, de rango constitucional: artículo 4º párrafo 1 letra e) “tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad”; artículo 5º número 3 “a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables”; artículo 9º número 2 letra b) “asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad”;  artículo 21º “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir, y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2º”, artículo 21 letra a) “facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad”; artículo 21º letra b) “aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas…..y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales”; artículo 21º letra d) “alentar a los medios de comunicación…, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad”; artículo 21º letra e) “reconocer y promover la utilización de la lengua de señas”; artículo 30º número 4 “las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los Sordos”.

85. Normas de rango legal: Ley 18.838, artículo 1º: inciso primero “El Consejo Nacional de Televisión….es la institución autónoma de rango constitucional creada por el inciso sexto del numeral 12 del artículo 19º de la Constitución Política de la República, cuya misión es velar por el correcto funcionamiento de todos los servicios de televisión que operan u operen a futuro, en el territorio nacional”; inciso 4 “Se entenderá por correcto funcionamiento de estos servicios el permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”; inciso 6 “asimismo, se entenderá que el correcto funcionamiento de esos servicios comprende el acceso público a su propuesta programática…”; inciso 8 “También se podrá considerar correcto funcionamiento, entre otras cosas, la incorporación de facilidades de acceso a las transmisiones para personas con necesidades físicas especiales, la transmisión de campañas de utilidad pública a que hace referencia la letra m) del art 12 y la difusión de programación de carácter educativo, cultural o de interés nacional”; artículo 12º “El Consejo Nacional de Televisión tendrá las siguientes funciones y atribuciones: letra a) “velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión se ajusten estrictamente al correcto funcionamiento, que se establece en el artículo 1º de esta ley”,  letra  i) “aplicar, a los concesionarios de radiodifusión televisiva y de servicios limitados de televisión, las sanciones que correspondan, en conformidad a las normas de esta ley””, letra m) “Dictar normas generales y obligatorias para los concesionarios y permisionarios de servicios limitados de televisión, relativas a la obligación de transmitir campañas de utilidad o interés público. Se entenderá por campaña de interés público, aquellas transmisiones diseñadas por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que se han de emitir con el objeto de proteger a la población y difundir el respeto y promoción de los derechos de las personas. Las campañas de interés público podrán tener carácter nacional o regional y deberán ser transmitidas con subtitulado y lenguaje de señas de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la ley 20.422”; artículo 33º “La infracciones a las normas de la presente ley y a las que el Consejo dicte en uso de las facultades que se le conceden, serán sancionadas, según la gravedad de la infracción, con: 1. Amonestación; 2. Multa…; 3. Suspensión de las transmisiones; 4. Caducidad de la concesión. Esta sólo procederá en los siguientes casos, letra d) número 3 “Infracción de los establecido en el artículo 1º de esta ley”.  Ley 20.422, artículo 1º “El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad”; artículo 3º “En la aplicación de esta ley deberá darse cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social”; artículo 7º “Se entiende por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social”; Título IV sobre medidas para la igualdad de oportunidades, párrafo 1º, artículo 25º, inciso primero “Los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los Ministerios de Planificación, de Transportes y Telecomunicaciones, y Secretaría General de Gobierno”; inciso 2 “Toda campaña de servicio público financiada con fondos públicos, la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas”; artículo 26º “Se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad Sorda”.

86. Normas de rango reglamentario: El reglamento del artículo 25º conforme al artículo 1º  transitorio de la Ley 20.422, debió ser dictado a mas tardar durante el mes de Agosto de 2010; pero el Decreto 32º del Ministerio de Planificación fue promulgado recién el 10 de marzo de 2011;  y peor aún, el Reglamento tardíamente promulgado estuvo injustificadamente un año sin ser publicado en el Diario Oficial, entrando en vigencia mediante su publicación recién el 04 de febrero de 2012.

En su artículo 1° establece los sujetos obligados por la norma: “Los canales de la televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, de acuerdo a la normativa vigente, que emitan o transmitan sus contenidos en Chile, y que sean titulares de concesiones y permisos que, considerados en su conjunto, contemplen cualquier nivel de cobertura, de conformidad a la zona de servicio de sus concesiones y permisos en un 50% o más de las regiones del país, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual en su programación, de acuerdo a lo indicado en el artículo 3° del presente reglamento, para posibilitar a la población con discapacidad auditiva el acceso a dicha programación”.

Por su artículo 2º se concede a las concesionarias de televisión la facultad de utilizar indistintamente el mecanismo de comunicación audiovisual, -que permitan atender y reconocer las singularidades funcionales y culturales que presentan las personas con discapacidad-, señalando a modo de ejemplo al sistema de subtitulado oculto y a la lengua de señas chilena.  

También en el artículo 2º se consagra el sistema de turnos que consiste en que cada una de las concesionarias nacionales de televisión utiliza el sistema de recuadro de intérprete en lengua de señas chilena por tres meses en un año y sólo respecto del noticiario central (horario prime) que transmitido diariamente dura en promedio 1 hora.

El artículo 3º establece 7 categorías de programación exceptuada de la obligación de aplicar mecanismos de comunicación audiovisual: a) la que no haya sido realizada por ellos mismo o para ellos por un tercero; b) la transmitida entre las 01:00 y 06:00 horas; c) la transmitida en otro idioma distinto del castellano; d) la que tenga contenido principalmente de carácter musical; e) la dirigida a menores de 4 años de edad; f) la que tenga contenido principalmente de carácter deportivo; g) la producida, grabada, editada o post producida en fecha anterior a la entrada en vigencia del Reglamento.

En su artículo 4º el Reglamento establece el plazo de 3 años para dar cumplimiento a la obligación de implementar los mecanismos de comunicación audiovisual, pero sólo respecto de la programación expresada en el artículo 3º, esto es “la programación que haya sido realizada, esto es, producida, grabada, editada y postproducida íntegramente por ellos mismos o a través de terceros contratados al efecto”. De este sesgo de programación se fija la progresión siguiente: a) al mes de febrero de 2013 el 33% de los programas del artículo 3º; b) al mes de febrero de 2014 el 66% de los programas del artículo 3º; c) al mes de febrero de 2015 el 100% de los programas del artículo 3º.    

En el artículo 5º se establece el deber de las concesionarias de informar al Consejo Nacional de Televisión sobre la implementación de mecanismos de comunicación audiovisual respecto del sesgo de programación que delimita el artículo 3º del Reglamento. En el mismo artículo se establece el deber de las concesionarias de informar al Consejo Nacional de Televisión un plan de cumplimiento de la progresión del artículo 4º sobre la implementación de mecanismos de comunicación audiovisual respecto del sesgo de programación que delimita el artículo 3º del Reglamento.

87. En cuanto a la fiscalización de su cumplimiento el artículo 6º establece: “el Servicio Nacional de la Discapacidad velará por el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, conforme se dispone en el artículo 62º j de la Ley 20.422”, norma que en relación a las funciones que corresponden a SENADIS señala: “velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley”.  

b) La práctica chilena.  

88. Hechos. En Chile el 1,2% de la programación anual de las concesionarias de televisión es accesible en lengua de señas chilena, mientras que el mecanismo auxiliar closed caption es escaso y de muy mala calidad.  

89. Sobre la programación de la televisión accesible en lengua de señas chilena, en autos sobre protección “Gustavo Vergara Navarro con Televisión Nacional y otros” el recurrente señala: “En un año, con el sistema de turnos rotativos trimestrales entre las concesionarias, se obtiene que del total de su programación sólo el 1,2% al año es accesible en lengua de señas chilena. En los números esta tasa de “accesibilidad” o más bien de “no accesibilidad” se infiere en base a los siguientes datos y razonamientos : a) en promedio, por día, las concesionarias emiten y transmiten 20 horas con 23 minutos de programación aproximadamente; b) considerando que transmiten todos los días del año obtenemos anualmente un total de 7.442 horas de programación aproximadamente; c) la programación accesible mediante el recuadro de intérprete en lengua de señas chilena está relegado únicamente a 1 hora diaria, aproximadamente, y que corresponde al noticiario central de cada concesionaria, pero solo por el lapso de 3 meses por cada año;  d) entonces concluimos que anualmente cada una de las concesionarias emite o transmite en formato accesible para las personas Sordas mediante el “recuadro de intérprete en lengua de señas chilena” un total de 90 horas anuales, lo que representa el 1,2% del total de su programación anual aproximadamente”.[21] 

90. Esta privación indebida ha sido denunciada por nuestra comunidad en múltiples oportunidades, por distintos medios y en diversas instancias, acción social de la que el recurrente da cuenta de la siguiente manera: “No obstante las reiteradas y públicas manifestaciones de voluntad que nuestra comunidad ha realizado permanentemente a las concesionarias de televisión y autoridades competentes en la materia; históricamente y hasta la fecha las concesionarias insisten en discriminar a la población Sorda no haciendo accesibles en lengua de señas los contenidos de su programación. Especialmente sensible resultan los recientes hechos discriminatorios que expongo a V.S.I.: a) Todas las jornadas del LVI Festival de la Canción de Viña del Mar 2015 fueron transmitidas por la concesionaria CHILEVISIÓN con accesibilidad solo para la teleaudiencia oyente y no para la teleaudiencia Sorda; b) Los servicios informativos especiales sobre la emergencia provocada por la erupción del volcán Villarrica del pasado martes 03 de marzo de 2015  fueron transmitidas por todas las concesionarias recurridas en formato accesible sólo para la población oyente y no para la población Sorda; c) todas las transmisiones informativas sobre la audiencia de formalización de la investigación en el Caso Penta, desarrolladas desde el día miércoles 04 de marzo y hasta el sábado 07 de marzo de 2015, fueron transmitidas por las concesionarias recurridas en formato accesibles sólo para la población oyente y no accesible para la población Sorda; d) las transmisiones informativas especiales realizadas con ocasión del nuevo incendio que afecta a las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar el recién pasado viernes 13 de marzo han sido emitidas y transmitidas por las concesionarias recurridas sólo en formato accesible sólo para la población oyente y no para la población Sorda, comunidad de chilenos con discapacidad auditiva y capacidades comunicacionales diferentes que nuevamente se ve vulnerada en su dignidad e impedida del ejercicio en igualdad de oportunidades de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.[22]

91. Sobre la programación accesible a través de otros mecanismos de comunicación audiovisual, la legislación nacional aplicable en la materia equipara como equivalentes a  los mecanismos de comunicación audiovisual “closed caption” y “generador de caracteres” con el de “recuadro de intérprete en lengua de señas chilena”, entregando a los servicios de televisión a facultad de elegir discrecionalmente cualquiera de ellos según le parezca más adecuado, desconociendo el derecho a la identidad cultural y lingüística de nuestra comunidad como se hace constar en el numeral 13 de la acción de protección Gustavo Vergara Navarro con TVN y otros: “En este sentido cabe señalar a vuestras Señorías Ilustrísimas que la lengua de señas chilena es un idioma diferente al castellano, diferencia que se constata en elementos esenciales de todo lenguaje tales como: a) el orden y estructura gramatical; y b) su formato de comunicación. En efecto la información proporcionada en lengua castellana, por medios escritos o hablados, resulta lejana y escasamente comprensible por las personas Sordas toda vez que nuestro medio natural de recepción de información es el formato visual, gestual e icónico representativo y representado por el conjunto de signos que concatenados según la estructura gramatical propia de la lengua de señas expresa el sentir y el pensar de nuestra comunidad y constituye la principal vía de acceso a las ideas y sentires del resto de las personas”. Por otra parte la medida auxiliar de subtitulado oculto es de baja calidad y solo está disponible en algunos televisores que cuentan con dicha tecnología; y además sólo está disponible en la señal SD standard definition de la señal de televisión de libre recepción, mientras que la señal HD high definition carece totalmente de ella. El sistema de closed caption es castellano escrito, mal escrito pero aunque estuviese bien escrito siempre será una lengua ajena para los Sordos. Además con el estado actual de cosas se persevera en la invisibilización de las personas con discapacidad impidiendo cualquier avance significativo en el proceso social de toma de conciencia sobre las necesidades especiales y capacidades diferentes de las personas con discapacidad.  

92. Sobre la singularidad de la comunidad Sorda, nuestras necesidades especiales y capacidades diferentes, hemos señalado que “Las personas con discapacidad auditiva es el género, y las personas Sordas una de sus especies” a lo que se agregamos “siguiendo en esta materia el planteamiento de la WORLD FEDERATION OF THE DEAF, denominamos “sordo” con minúscula a las personas que teniendo al castellano como lengua materna y  perteneciendo a la cultura oyente, por causas sobrevinientes naturales o accidentales, han resultado privadas total o parcialmente del sentido de la audición; mientras que denominamos “Sordo” con mayúscula a las personas con discapacidad auditiva que tienen a la lengua de señas chilena como lengua materna y que tienen cultura de persona Sorda”.[23]  Siguiendo este orden de ideas resulta que para nuestra comunidad Sorda la interpretación en lengua de señas chilena constituye conditio sine qua non para el pleno acceso a los contenidos de la televisión, teniendo en consecuencia para nosotros distintos efectos de accesibilidad y de utilidad los mecanismos de comunicación audiovisual comprendidos por la ley y su reglamento: “los sordos o personas con discapacidad auditiva propiamente tales, al ser sujetos castellano-parlantes y pertenecer a la cultura oyente tienen necesidades de accesibilidad especiales y diferentes a la de los Sordos toda vez que pueden acceder eficazmente a los contenidos de la televisión mediante los ajustes razonables: a) generador de caracteres; b) y subtitulado oculto, toda vez que ambos ajustes razonables o medidas de accesibilidad no son otra cosa que la presentación en castellano escrito de la información dada en castellano hablado”, a lo que agrega, “En cambio los Sordos, al ser sujetos lengua de señas chilena-parlantes y pertenecer a la cultura Sorda, no pueden acceder eficazmente a los contenidos de la televisión mediante los ajustes razonables o medidas de accesibilidad que transforman la palabra hablada a palabra escrita, porque ambos formatos respecto de ellos no tienen la virtud o efecto de hacer accesible los contenidos de la televisión: el primer formato, la palabra hablada, no produce el efecto de “accesibilidad” por causa de la discapacidad “falta del sentido de la audición”; mientras que el segundo formato, la palaba escrita, no produce el efecto de “accesibilidad” por causa de ser un idioma diferente al idioma de los Sordos, ya que dicha lengua, expresada mediante formato hablado o formato escrito, es igualmente expresada por un medio y un modo diferentes y con una estructura gramatical completamente distinta”.[24] 

c)  Resultado de accesibilidad a la programación de la televisión por el sistema de la ley 20.422 y del reglamento del decreto 32/2012. 

93. En virtud de lo antes expuesto evidenciamos ante este Comité que en Chile los Sordos somos permanente e impunemente privados del ejercicio de la Libertad de Expresión, de Opinión y de Acceso a la Información en igualdad de condiciones con las demás.  

94. Programación Accesible. El sistema impuesto por la ley 20.422 y su reglamento del artículo 25º, en pretendido cumplimiento de la Convención, tiene como resultado práctico el hecho de que en Chile, cada concesionaria nacional de televisión emite 90 horas en un año de programación con contenidos accesible en lengua de señas chilena, lo que representa sólo el 1,2% del total de horas transmitidas anualmente por cada concesionaria de televisión[25]. Este es el resultado del sistema de turnos trimestrales acordado el 2002 entre las concesionarias de televisión nacional de señal abierta y su asociación gremial ANATEL, acto al que fueron invitados a firmar 9 personas sordas que comparecieron personalmente y sin representar a nuestras organizaciones sociales. Sin embargo, en su oportunidad este acuerdo constituyó un avance por el cual se logró pasar de un 0% de programación accesible en lengua de señas chilena a un 1,2% anual antes mencionado.

95. Sistema de Turnos. Lamentablemente para nuestra comunidad, el Estado ha validado el Acuerdo Anatel 2002, recogiendo en la legislación que pretende dar cumplimiento a la Convención la figura del “sistema de turnos”, según se dispone en el artículo 2º del Reglamento, “la utilización de la lengua de señas estará sujeta a un sistema de turnos que será informado al Consejo Nacional de Televisión por los canales de la televisión abierta y los proveedores de televisión por cable a que se refiere el artículo 1°, de manera de asegurar que dicho mecanismo de comunicación audiovisual se encuentre permanentemente disponible en, a lo menos, uno de los noticiarios centrales que diariamente sean transmitidos o emitidos. El canal de televisión abierta y el proveedor de televisión por cable que esté utilizando el lenguaje de señas se eximirá, respecto de dicha programación, de la utilización del subtitulado oculto”. De esta manera, y a diferencia de los oyentes, los consumidores Sordos somos tomados rehenes por la concesionaria que por turno implementa el recuadro de intérprete en su noticiario central durante 3 meses al año.

96. Imposición de medios auxiliares y vulneración de la identidad cultural y lingüística de los sordos: cc vs lsch. Los sordos tenemos al castellano como segunda lengua, puesto que somos hablantes naturales o nativos de la lengua de señas chilena. El Estado de vulneración de los derechos lingüísticos, culturales y autonomía de las personas con discapacidad para la toma de decisiones se evidencia así “También responde a esta cultura vulneratoria de derechos de los Sordos el hecho de que la industria de la televisión concesionaria de señal abierta de televisión ha logrado imponer en la opinión pública, o al menos en la  opinión de las autoridades, de que el sistema de subtitulado oculto tiene las mismas cualidades que la lengua de señas como medio de comunicación y recepción de información para la comunidad Sorda. Este planteamiento que desconoce y vulnera la voluntad de la comunidad Sorda ha sido recogido por normas de menor rango reglamentario que se oponen abiertamente a superiores normas constitucionales y de rango constitucional relativas a la garantía del pleno ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”[26],

97. La población oyente como grupo privilegiado. De las omisiones de las concesionarias antes descritas se consolida un estado de cosas que en los hechos produce un status privilegiado para las personas oyentes quienes son beneficiados con el acceso en formato accesible de todos los contenidos de la televisión. Una señal de televisión sin sonido es para los oyentes tan inútil como para los sordos es la señal sin interpretación en lengua de señas. En efecto, las concesionarias recurridas vulneran permanentemente la norma constitucional del número 2 del artículo 19º de la Carta Magna, toda vez que incurren en un acto de discriminación contra las personas Sordas al disponer de medios idóneos y suficientes para ofrecer en formato accesible a la población oyente los contenidos de su programación, pero no hace el mismo esfuerzo respecto de la población Sorda, a quienes por destinárseles una señal escasamente accesible no tiene acceso a sus contenidos resultando en definitiva excluida y discriminada por omitir las concesionarias la implementación de la medida de accesibilidad consisten en recuadro de intérprete en lengua de señas chilena”.[27]

98. Omisión discriminatoria por motivos de discapacidad, “Consecuencia directa de esta discriminación por motivos de discapacidad es la vulneración de la norma del número 12 del artículo 19º de la Constitución relativa  a la Libertad de Expresión y de Opinión y de Acceso a la Información, norma complementada para el caso particular de las personas con discapacidad por las normas de los artículos 21º y 30º de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, toda vez que las personas Sordas de Chile resultamos privadas por omisión arbitraria del acceso a la información contenida en la programación de las concesionarias recurridas. Sin interpretación en lengua de señas chilena de los contenidos de la televisión estos no son verdaderamente accesibles a los Sordos quienes resultan marginados de parte importante del acontecer nacional y vida cultural de la Nación”.[28]   

99. Falta al deber de correcto funcionamiento. Adicionalmente este régimen de apartheid lingüístico constituye una clara vulneración del deber de correcto funcionamiento que la Constitución y la ley impone a las concesionarias de televisión, el recurrente señala: “Sobre el particular cabe hacer presente a V.S.I. la norma de rango constitucional contenida en el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que precisa la figura especial de discriminación por motivos de discapacidad consistente en la denegación de implementación de la medida de accesibilidad, que según dispone el mismo instrumento en la letra b) de su artículo 21º “elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales”. Todo acto de discriminación menoscaba la dignidad de las personas y por ello constituye una vulneración al deber de correcto funcionamiento de los servicios de televisión. Las concesionarias de televisión en su calidad de tal son sujetos obligados por las normas que consagran el principio de correcto funcionamiento de los servicios de televisión que operan en el territorio nacional, deber que impuesto por  el número 12 del artículo 19º de la Constitución Política de la República es precisado en su alcance y contenido por el artículo 1º de la ley 18.838, norma legal que dispone el deber de respetar en la programación televisiva valores tales como la democracia, la libertad, el pluralismo y la atención a las necesidades especiales de las personas con discapacidad y respeto a los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En consecuencia de lo antes expuesto la falta de implementación de la medida de accesibilidad “Recuadro de Intérprete en Lengua de Señas Chilena”, representa un acto de discriminación por motivos de discapacidad, ilícito que a la vez es contrario y vulneratorio de derechos de las personas Sordas y del deber de correcto funcionamiento de los servicios de televisión”. [29]

100. Desamparo y desconocimiento de la voluntad de la comunidad sorda. A su vez, por el Acuerdo 2002 ANATEL sus canales asociados han pretendido haber capturado y hecho suya el conocimiento y expresión de la voluntad de nuestra comunidad Sorda.

Por otro lado, es preocupante el hecho de que ninguna de las acciones constitucionales y legales ejercidas ha obtenido la aplicación de las normas de la Convención y consecuentemente han dejado en el más absoluto desamparo nuestros derechos como personas con discapacidad. [

101. Falta de participación como sociedad civil. En la discusión y generación de este andamiaje jurídico formado por la ley 20.422 y sus reglamentos la comunidad Sorda no fue consultada ni hubo participación de ninguna especie con la autoridad.  Como comunidad tampoco participamos en la discusión y generación de la ley 20.750 sobre introducción de la televisión digital terrestre.

102. Convenio de colaboración interinstitucional con la Asociación de Canales Regionales de Televisión de señal abierta ARCATEL. Afortunadamente dentro de este sombrío panorama de abuso y discriminación asoma como luz de esperanza el acuerdo de colaboración interinstitucional suscrito el 25 de noviembre de 2015 por la Asociación de Sordos de Chile con la Asociación Regional de Canales de Televisión de señal abierta ARCATEL, cuya finalidad es aunar esfuerzos y coordinar acciones para lograr la plena inclusión social de las PsD y proporcionar programación accesible en lengua de señas para la comunidad Sorda.  

103. Permanente estado de vulneración. Tal conjunción de elementos produce que en Chile los Sordos no accedemos en igualdad de condiciones con las demás personas a los contenidos de la televisión, ya que la población oyente accede al 100% de las 7.442 horas aproximadas de transmisiones anuales de cada una de las concesionarias, mientras que los Sordos accedemos sólo a un 1,2% de ellas; asimismo el sistema de turnos nos priva de la libertad de elegir el noticiario por el cual a cada persona Sorda le gustaría informarse; también se ignora nuestra voluntad de elegir al recuadro de intérprete en lengua de señas chilena como ajuste razonable y se nos impone el sistema de subtitulado oculto como adecuado y suficiente contrariando nuestras manifestaciones de voluntad; se consagra a la población oyente como grupo privilegiado; se nos discrimina por motivos de discapacidad; respecto de nuestra comunidad se vulnera el deber de correcto funcionamiento de las concesionarias; y se nos ha marginado de todo proceso de discusión y adopción de normas relativas a asuntos que nos interesan y afectan directamente. Por este concepto en Chile los Sordos sufrimos privación del ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información.

104. Preguntas.

¿Si la ley 20.422 fue implementada como resultado de la Convención y esta no ha sido readecuada teniendo aún muchos vacíos y reglamentos que le contradicen, qué espera el Estado para hacer esas readecuaciones y llevarla al estándar de accesibilidad que establece la Convención?

¿Si en beneficio de las personas con discapacidad el Estado creo el Servicio Nacional de la Discapacidad sin facultades suficientes para fiscalizar, qué espera el Estado para dar soluciones reales de protección  a las personas con discapacidad?

¿Por qué los órganos del Estado desconocen la convención aplicando en fallos normas reglamentarias y no las de rango constitucional en virtud del inciso segundo del artículo 5º de la Constitución?

¿Cómo se explica la inversión de jerarquías normativas en materia de accesibilidad a los contenidos de la televisión por los Sordos en que un reglamento tiene mayor rango y deroga normas constitucionales y de rango constitucional?

105. Recomendaciones. Sobre el particular nos remitimos a lo ya expresado a este Comité mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2015 respecto del artículo 21º de la Convención, sobre Libertad de Expresión y de Opinión y Acceso a la Información, se propone al Estado lo siguiente:

a) establecer mecanismos de control y sanciones sobre cumplimiento de accesibilidad en lengua de señas chilena a toda la programación de las concesionarias de televisión.  

b) capacitar a funcionarios y empleados de las concesionarias de televisión en lengua de señas chilena en centro de estudio con profesores Sordos.

c) contratar personas Sordas como funcionarios de planta o permanentes, en empleos dignos y en conformidad a sus necesidades especiales y capacidades diferentes.

d) derogar o modificar las normas legales y reglamentarias que sean contrarias a la dignidad de los Sordos y a la eficacia de sus derechos de accesibilidad, lingüísticos y culturales.

e) promover valores positivos y valoración de la diversidad mediante la incorporación en sus contenidos de la temática de la discapacidad con actores con discapacidad o personas con discapacidad en conformidad a sus necesidades especiales y capacidades diferentes.

f) capacitar en toma de conciencia sobre la discapacidad y derechos lingüísticos y culturales de los Sordos a los ejecutivos, directores y demás cargos con facultades de dirección y administración en alguna entidad reconocida y ligada a las organizaciones sociales de Sordos.

g) Reformar el artículo 1º de la ley 18.838 y demás pertinentes, con el objeto de obtener una protección incuestionable contra la  discriminación por omisión de ajuste razonable elegido por los Sordos (recuadro de intérprete certificado por la comunidad) por parte de las concesionarias, mediante su expresa determinación como falta al correcto funcionamiento definido en la misma ley.

h) hacer efectivo un sistema de fiscalización y sanciones por incumplimiento de ofrecer programación accesible en lengua de señas, con autoridad empoderada y con un régimen de sanciones pecuniarias aportadas a un fondo solidario destinado al apoyo económico y desarrollo de las organizaciones sociales de Sordos.

XIII. Cuestión nº 26 sobre el Derecho a la Educación según el artículo 24º de la Convención.

106. En Chile se aplican planes de integración académica que pretendiendo cumplir la Convención resultan en la práctica en la alienación cultural y condena al semilinguismo del educando Sordo provocando la desaparación de los espacios educativos con cultural y lengua de los Sordos. Además las instituciones de educación superior exigen a los postulantes Sordos requisitos que a los demás no.

107. Para exponer a los miembros del Comité este estado de vulneración, nos remitimos a lo expresado sobre el particular ante la Comisión Asesora Presidencial para el Diseño del Plan Nacional por la Educadora y Directora de EIB señora María Teresa Hidalgo[30]  “el certificado de defunción a las EEIB se emitió junto con la publicación del Decreto 86º de 1990 del Ministerio de Educación, puesto que aprueba planes y programas de estudio para atender niños con trastorno de la comunicación, es decir, contextualiza a los educandos sordos en un espacio educativo construido desde la visión clínica de la sordera, que lejos de atender sus necesidades educativas especiales como personas con discapacidad auditiva y lengua de señas chilenas parlantes los aliena de su dignidad e identidad lingüística y cultural”; a lo que agrega “Este orden de cosas podía entenderse en aquellas épocas en que por ignorancia se desconocían los aportes de la lengua de señas para la formación mental y espiritual de las personas Sordas, pero es inaceptable en el contexto de las sociedades modernas”; y finalmente concluye “En Chile la visión rehabilitatoria en educación tiene plena vigencia mediante el Decreto 86º que sigue privando a los educandos Sordos en todos los niveles de acceder a un currículo común. Esto es así a tal extremo que al educando Sordos que no habla oralmente es derivado a talleres laborales como último intento educativo, todo sin consultar la voluntad del afectado”.

108. Por la Constitución Política de la República, artículo 19º números 10 y 11, el Estado reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la Educación y la libertad de enseñanza, norma complementada por la  Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24º, que para el caso de las personas Sordas precisa que este derecho debe ser ejercido plenamente, sin discriminación por motivos discapacidad, sobre la base de la igualdad de oportunidades, con acceso general a un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, en lengua de señas chilena y con promoción de la identidad lingüística y cultural de las personas Sordas; todo con miras a desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, la autoestima, desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad a fin de propiciar su participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. La ley LIOISPD, artículos 34º y 39º, establece la obligación de las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior de contar con planes para atender las necesidades educativas especiales de las PsD y que faciliten su acceso a los materiales y contenidos de estudio y medios de enseñanza para que puedan cursar las carreras que libremente elijan.  

109. . La normativa reglamentaria vigente en Chile en materia de educación no permite a los educandos Sordos de los Establecimientos de Educación Intercultural Bilingüe Lengua de Señas Chilena/Castellano (EEIB), el acceso a un currículo común con los demás estudiantes, constituyendo una barrera para la continuidad de estudios medios y superiores.

Las familias y padres oyentes de educandos Sordos se niegan a reconocer su condición de PsD y tienden a ser contrarios al reconocimiento de la identidad cultural y lingüística de sus hijos con discapacidad auditiva. Esta situación se agrava aún más al constatar los padres oyentes de hijos sordos que el Estado destina recursos y profesionales, fonoaudiólogos y educadores especiales por ejemplo, a los EER-PIE, decidiendo entonces migrar a ese sistema “en busca de la normalidad académica[31] privando a sus hijos Sordos del acceso a un espacio educativo de cultura Sorda que imparte la enseñanza en lengua de señas chilena como primera lengua y con el castellano como segunda lengua.  

El Estado no destina a los EEIB los mismos recursos económicos y profesionales de apoyo que los que destina a los Establecimientos de Educación Regular con Proyectos de Integración (EER-PIE), provocando mediante dicha política la sostenida y progresiva baja en la matrícula de los EEIB, los que actualmente ya no alcanzan a financiar sus operaciones y se encuentran destinados a desaparecer en corto tiempo.

110. La carencia de currículo común de los educandos Sordos de las EEIB vulnera nuestro derecho a recibir educación en nuestra lengua materna y nos priva de la posibilidad de alcanzar nuestra mayor realización espiritual y material posible mediante la educación. La falta de recursos económicos y de apoyos que por el sistema vigente sufren las EEIB las ahoga económicamente y las sitúa al borde de la extinción, extinguiendo junto con ellas a una de las principales fuentes de relaciones sociales por las que se construye la sociedad civil Sorda y sus organizaciones sociales. Todo lo anterior resulta finalmente en la más abierta y total vulneración de nuestro derecho a recibir educación en todas las etapas en nuestra lengua materna.

111. Para evidenciar a este Comité la situación en Chile de los educandos Sordos se acompaña como anexo de este informe el Pliego Petitorio que con fecha 10 de noviembre de 2014 un colectivo de Directores de EEIB de la comunidad Sorda de Chile presentaron al entonces Ministro de Educación señor Nicolás Eyzaguirre solicitando la derogación del Decreto nº86/1990 que impone un sistema que produce que una importante mayoría de educandos sordos afectados por el semilingüismo deserten del sistema educativo tras fracasar en los Proyectos de Integración o por no alcanzar los estándares para optar a la educación superior.

112. De la situación evidenciada a este Comité, resultan los perjuicios y amputaciones personales y sociales contra las personas Sordas quienes resultamos dañados para el resto de nuestras vidas por la limitación en el desarrollo intelectual, espiritual y económico, toda vez que el régimen reglamentario vigente en Chile nos significa lo siguiente: a) los educandos Sordos ingresan a EER con y sin PIE sin las herramientas lingüísticas indispensables para acceder a un currículum de educación básica, media y superior, perjudicando irreversiblemente la capacidad de aprendizaje a temprana edad formando el fenómeno del “semilingüismo”; b) se vulnera nuestro derecho a la identidad cultural y lingüística de los Sordos consolidando el irreversible fenómeno del “semilingüismo” c) se nos priva del derecho a acceder a una educación de calidad en nuestra propia lengua incluida la facultad arbitraria que la ley da a los padres oyentes para privar al educando Sordo de la educación en lengua de señas y con cultura sorda; d) se limita y condiciona nuestra cosmovisión por ser una barrera entre los Sordos y el contacto con nuestra cultura; e) se impide la adecuada formación y consolidación de nuestra identidad personal y colectiva.

113. Los EEIB son el espacio educativo que mejor atiende las NEE de los educandos sordos. Los EEIB están en el centro de nuestra comunidad y son fuente de nuestras organizaciones sociales, en ellos los Sordos se conocen, se vinculan y dan vida y desarrollo a la lengua de señas. Es por esto que los EEIB son los espacios educativos que por antonomasia suprimen efectivamente la barrera de acceso a la cultura y lengua propias de los Sordos. Proporcionan al educando Sordo un contexto y espacio educativo correspondientes a nuestra dignidad como seres humanos con discapacidad auditiva, a formar nuestras mentes con los elementos de la realidad ordenados según nuestra cosmovisión que forma nuestra cultura, lengua e identidad individual y colectiva.  

La “satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje” es un concepto que desde 1990[32] , se está viene desarrollando y que implica contextualizar al educando en espacio educativo que haga posible lograr la razón de ser de la acción educativa, esto es, que los estudiantes aprendan; y para que las escuelas puedan cumplir esta misión, deben planificar los medios y métodos para desarrollar cuatro aprendizajes fundamentales: 1. aprender a conocer; 2. aprender a hacer; 3. aprender a vivir juntos; 4. aprender a ser. Para lograrlo se requiere la adecuada, suficiente y oportuna implementación de planes y medidas de accesibilidad académica. Cabe señalar en este sentido que para estudiantes con discapacidad física, discapacidad mental o discapacidad sensorial (ceguera), estas medidas difieren de las que requiere un estudiante Sordo, ya que no son de acceso a espacios físicos,  sino que se relacionan con el desarrollo de un idioma que medie los aprendizajes curriculares. Por ello se deben generar situaciones didácticas y experiencias enriquecidas con mucho refuerzo visual, a fin de generar un contexto educativo accesible a la información, situación que se logra con la utilización de estrategias visuales de enseñanza y utilizando la Lengua de Señas como vehículo de trasmisión de información.

Muy por el contrario las instituciones regulares de educación entregan la información esencialmente en formato oral y escrito, por lo que se expone y exige a un Sordo rendir académicamente en un currículo académico en una lengua en que no se es competente.

Aparece entonces evidenciado el elemento clave que decide el ejercicio del derecho a la educación de los Sordos o la privación de él. Este elemento es el hecho de que sólo los EEIB tienen un enfoque educativo que promueve el contacto temprano de un niño sordo con la comunidad sorda su cultura y su lengua que facilitan el acceso al desarrollo lingüístico natural en la lengua de señas y a través de ella acceder a experiencias de aprendizaje que contribuyan a su desarrollo identitario y social. Para ello se requiere de programas especiales de enseñanza del castellano como segunda lengua, aspecto que compone la otra característica esencial de los EEIB.

114. Aparece como recurso importante, recomendado por el Ministerio de Educación en Proyectos de Integración de estudiantes sordos, la figura del intérprete. Al respecto cabe señalar que  en Chile aún no existe la formación profesional para intérpretes de Lengua de Señas y que si bien por su intermediación el Sordo accede a la información, se priva de la experiencia personal directa en el proceso educativo y resulta afectado gravemente su proceso de consolidación  identitario, a no estar entre pares. Cuando quien interpreta para la persona Sorda, no es competente, se está vulnerando el derecho a la información, más que entregando un  apoyo. También es necesario tener en cuenta que en muchos establecimientos al no tener claro la función del intérprete, terminan dejando en sus manos las explicaciones que debe hacer un docente.

115. Todo lo anterior, son riesgos que no suceden en entornos de educación bilingüe, ventajas que se suman a las siguientes:

a) es afín a la singularidad de las personas Sordas;

b) evita el peligro del semilingüismo. El educando Sordo termina como alguien competente en dos lenguas y no como mal hablante del castellano. Con ello se puede atentar contra la dignidad y los derechos a recibir educación en su propia lengua;

c) estimula la programación neurolingüística de los infantes Sordos. De esto depende privar o no al educando del máximo momento de preparación para el aprendizaje. Si no se consolida y estimula, no se logran las competencias;

d) fortalece la identidad individual de la persona. La depresión es un grave problema entre las personas Sordas que aparece cuando ven restringidas sus posibilidades comunicativas con el entorno;

e) permite generar vínculos sociales que morigeran el desapego con el grupo familiar de cultura oyente;

f) otorga herramientas para operar en la cultura castellano-parlante;

g) fomenta la interrelación con sus pares, fortaleciendo el proceso de identidad individual y colectiva;

h) fortalece la comunidad Sorda, sus organizaciones sociales y el desarrollo y mantención de la lengua natural de las personas Sordas.

116. El derecho a la Educación es ejercido por los educandos Sordos plenamente, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, en los espacios educativos en los que accedan genuina y suficientemente a la formación y sociabilización en su lengua materna y cultura sorda. El modelo de la Escuela Intercultural Bilingüe es un modelo de escuela inclusiva que forma a los educandos Sordos en los contenidos oficiales del Estado mediante su enseñanza en lengua de señas chilena con profesores profesionales con mención en lengua de señas chilena y formación en cultura Sorda.

Lamentablemente en Chile la Política de Integración del Gobierno, que no hace distinción respecto a la situación singular de las personas Sordas coloca en un escenario crítico  a los EEIB.

Las políticas nacionales para la primera infancia promueven también para los niños Sordos, una integración temprana en Jardines infantiles, desconociendo las graves implicancias emocionales y cognitivas que tiene el postergar el contacto con la Comunidad Sorda y el retraso en la adquisición de su lengua natural.

Las escuelas para sordos que actualmente existen, como consecuencia de las políticas de integración, y el desconocimiento de las ventajas de ser bilingüe, especialmente en el caso de las personas sordas, ven mermada su matrícula ante el éxodo de estudiantes hacia escuelas regulares, generando el riesgo de desaparecer, como espacio promotor de la Cultura Sorda y red de apoyo afectivo para los estudiantes.

Al no contar con los apoyos indispensables, las expectativas de una educación regular de calidad, se transforma en un serio problema para el acceso curricular, restándole oportunidades para la continuidad de estudios.

117. Por último no podemos dejar de hacer presente nuestra preocupación por las exigencias irregulares y dificultades que encuentra los estudiantes Sordos cuando pretenden incorporarse a un establecimiento de educación superior. Ejemplo de ello es la situación de discriminación sufrida por la estudiante Almendra Chamorro en su intento de obtener matrícula en el instituto AIEP, institución que mediante su jefa de carrera de Enfermería, negó la matrícula por motivos de discapacidad y le dio un trato denigrante por su condición de Sorda. Dicha vulneración ha motivado la interposición de acción de protección a favor de la estudiante, acción presentada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rol de ingreso nº11673-2016 caratulado “Gustavo Vergara Navarro con Instituto Profesional AIEP SpA, acción patrocinada y tramitada por los abogados Cristóbal Toro Cortés y Álvaro Jofré Contreras.  

En la acción de protección se da cuenta de lo siguiente:

Con fecha  12 de enero del presente año, la afectada -doña Almendra Chamorro Oyarzún ya individualizada, acompañada de personas de su entorno familiar e intérprete en lengua de señas chilena, concurrió a la sede Bellavista de la recurrida- Instituto AIEP- ubicada en Avenida Bellavista número 0121, comuna de Providencia, Santiago, con el objeto de matricularse en dicha casa de estudios para el primer año de la carrera de Técnico en Enfermería.

En dicha oportunidad, concurrió con los documentos que se exigen como únicos requisitos para la matrícula según el artículo 9º del Reglamento Interno A.I.E.P. sobre proceso de admisión, publicado por Decreto 9/2013-AIEP, documentos que son los siguientes: a) Licencia de Enseñanza Media; b) Cédula de Identidad; c) y antecedentes que acrediten capacidad de pago de su aceptante Claudia Alzamora Ubeda, quien además actúo como intérprete en lengua de señas chilena en la ocasión para doña Almendra Chamorro.  

Luego de hacer la espera junto a todos los demás postulantes, fue atendida en mesón por un funcionario de A.I.E.P., cuya identidad desconocemos, y quien luego de constatar mediante pregunta directa sobre la discapacidad auditiva de la afectada, dio término a la atención argumentando que no tenía facultad para matricular a una persona que no oye y que para ello debía solicitar una entrevista con la Jefa de carrera de Salud régimen diurno, doña Claudina Alonso Salgado.

Esta entrevista especial, que no aparece entre los requisitos de matrícula exigidos por la institución a sus postulantes, fue realizada el día miércoles 13 de enero del presente año a las 17:00 horas aproximadamente, en la oficina de doña Claudina Alonso Salgado, quien en dicha oportunidad de inmediato se negó rotundamente a matricular a Almendra Chamorro fundando dicha negativa en que la postulante “no puede ingresar aquí porque es una  discapacitada” y  “que no es culpa mía porque la Comisión la reprobará por su patología”.

Acto seguido, la autoridad académica se paró de su escritorio y caminó situándose a la espalda de Almendra Chamorro, simulando a viva voz y con desgarbo el ruido de una sirena de vehículo de emergencia -como la de una ambulancia- interpelando a la intérprete que la acompañaba preguntándole “¿y ella que haría en este caso?”.

Luego de todo esto la afectada Almendra Chamorro,  expresó a nuestra entidad su profundo dolor por la discriminación de negársele el acceso a la educación en igualdad de condiciones con las demás personas y por sentirse denigrada y humillada por la ridiculización a que fue sometida por la Jefa de Carrera de Técnico en enfermería doña  Claudina Alonso Salgado por causa de su discapacidad auditiva, lo que motiva la interposición de la presente acción constitucional”.

118. Preguntas.

Siendo los propósitos de los EEIB absolutamente similares a las misiones y visiones institucionales de cualquier establecimiento educacional que actualmente imparte educación bilingüe, con reconocimiento del Ministerio de Educación, haciendo énfasis en algún idioma, por ejemplo los colegios alemán, inglés, italiano, hebreo, etc,, ¿por qué aproximadamente 500 de ellos tienen una enseñanza bilingüe, reconocida por el Ministerio de Educación, (MINEDUC, 2015) mientras que los EEIB no lo tienen?, ¿por qué los estudiantes sordos deben ser la excepción?.

¿Mediante que acciones concretas han pensado fortalecer la cultura Sorda de manera similar a lo que han hecho con otras culturas en Chile?  

¿De qué manera el Estado de Chile incentivará la continuidad de estudios en educación superior mediante algún apoyo a las instituciones que están haciendo esfuerzos por costear los apoyos que requieren?

¿Cómo piensa aportar al fortalecimiento de los establecimientos educacionales de proyecto Intercultural Bilingüe?

119. Recomendaciones. Sobre la norma del artículo 24º sobre derecho a la educación al Estado proponemos:

a) Reconocer en todos los ciclos de la educación los currículos de las escuelas interculturales bilingües como el espacio de educación más adecuado para las personas de cultura Sorda y hablantes de lengua de señas chilena.

b) Fortalecer las escuelas interculturales bilingües mediante la asesoría y financiamiento con aportes públicos.

c) proteger y adoptar medidas para el efectivo ejercicio del derecho a la educación en la lengua materna.

d) derogar o modificar las normas legales y reglamentarias que sean contrarias al derecho a la educación en la lengua materna y la cultura de los Sordos.  

e) destinar financiamiento público para la contratación de intérpretes de aula reconocidos y certificados por la comunidad Sorda.

f) destinar financiamiento público para la contratación de profesores de lengua de señas chilena personas Sordas para la capacitación a profesionales y personal de educación en todos los niveles.  

g) capacitar en toma de conciencia sobre la discapacidad y derechos lingüísticos y culturales de los Sordos a los  directores, profesores y demás cargos con facultades de dirección y administración en alguna entidad reconocida y ligada a las organizaciones sociales de Sordos.

XIV. Cuestión nº 34 sobre seguimiento y aplicación nacional de la Convención.

120. Sobre la designación del ente gubernamental encargado de la aplicación de la Convención, por la ley 20.422, específicamente su artículo 62º letra j) se designa como tal al Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, encomendándole la misión de “velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad” otorgándole para tal finalidad únicamente la facultad de “Denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causan en que estén afectados los intereses de las personas con discapacidad…”.  

121. En la especie, la inexistencia en Chile de una entidad gubernamental con facultades fiscalizadoras y sancionatorias en materia de derechos e intereses de las PsD, en la práctica priva del carácter de ejecutables a los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de la comunidad Sorda y demás PsD

122. De lo anterior resulta que las PsD nos encontramos en Chile en un régimen de desamparo y vulneración, toda vez que no existe una entidad con facultades legales para hacer cumplir en la práctica las normas de la Convención en Chile. SENADIS que es el organismo encargado de hacer cumplir la Convención para ello tiene las mismas facultades que cualquier particular interesado.  En este mismo sentido damos cuenta al Comité de que nuestras organizaciones sociales no han participado en la discusión y generación de las normas de la ley LIOISPD.  

123. Prueba de lo anterior son las resoluciones de autoridades nacionales acompañadas en el anexo de este informe y que son las siguientes: a) Resoluciones del Consejo Nacional del Televisión, CNTV, ORD números 165, 166, 167 y 168, todas de fecha 24 de marzo de 2014, por la que se declara incompetente de conocer sobre denuncia 175/2014 por vulneración de derechos de las personas Sordas por no implementación de medidas de accesibilidad; b) Resolución del Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, ORD Nº001760 de fecha 16 de abril de 2014, por la que el Director de dicho Servicio responde oficio CNTV ORD Nº174 de fecha 26 de marzo de 2014, señalando que SENADIS carece de facultades fiscalizadores y sancionatorias en materia de vulneración de derechos de la comunidad de Personas Sordas por no implementación de medidas de accesibilidad.

124. Según la Convención el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas y administrativas y toda otra pertinente para hacer efectivos los derechos reconocidos por la Convención. Así mismo la Convención de Viene sobre el Derecho de los Tratados de 1969, sobre la observancia, aplicación e interpretación de los tratados, establece que los Estados deben cumplirlos de buena fe y que no podrán invocar las disposiciones de su derecho interno, o la falta de ellas como es en la especie, como justificación del incumplimiento de un tratado. También por la Convención se establece el deber del Estado de celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las organizaciones que representan a las PsD, situación que en la práctica chilena no ha ocurrido ni para la discusión y generación de la LIOISPD ni de sus reglamentos como tampoco respecto de la creación de la anunciada Subsecretaría de la Discapacidad. No obstante y sin perjuicio de lo anterior damos cuenta del permanente acceso y directa comunicación que a nuestros líderes sociales dispensan tanto el Director Nacional del SENADIS señor Daniel Concha, así como el Ministro de Desarrollo Social señor Marcos Barraza.  

Esto es cuanto podemos informar al Comité las organizaciones sociales de personas Sordas, que conformamos la RED CHILE SORDOS: 1. ORGANIZACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS SORDOS DE ARICA, ciudad de Arica, XV Región de Arica y Parinacota, rut: 73.565.900-6; 2. ORGANIZACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS SORDOS DE IQUIQUE, ciudad de Iquique, I Región de Tarapacá, rut: 75.289.400-0; 3. AGRUPACIÓN DE SORDOS DE ANTOFAGASTA, ciudad de Antofagasta, II Región Antofagasta, rut: 65.021.057-3; 4. Organización Comunitaria Funcional AGRUPACIÓN DE SORDOS DEL LOA, ASOLOA, ciudad de Calama, II Región de Antofagasta; 5. AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS DE LA SERENA, ciudad de La Serena, IV Región de Coquimbo, rut: 65.037.710-9; 6. AGRUPACIÓN COMUNITARIA DE CARÁCTER FUNCIONAL ALTAVOZ, ciudad de Valparaíso, V Región de Valparaíso, rut en trámite; 7. AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS PROVINCIA DEL MARGA MARGA, ciudad de Quilpué, V Región de Valparaíso, rut: 65.081.067-8; 8. AGRUPACIÓN DE AMIGOS CON PROBLEMAS AUDITIVOS AYSOR, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, rut: 65.064.393-3; 9. AGRUPACIÓN DE SORDOS DE RANCAGUA, ciudad de Rancagua, VI Región de O`Higgins, rut: en trámite; 10. AGRUPACIÓN DE SORDOS DE SAN FERNANDO, ciudad de San Fernando, VI Región de O`Higgins, rut: 65.063.128-5;  11. AGRUPACIÓN DE SORDOS DE CURICÓ, ciudad de Curicó, VII Región del Maule, rut: 65.012.829-K; 12. AGRUPACIÓN DE SORDOS DE LINARES, ciudad de Linares, VII Región del Maule, rut: en trámite; 13. AGRUPACIÓN DE SORDOS MUDOS DE TALCA, ciudad de Talca, VII Región del Maule, rut: 65.691.610-9; 14. CENTRO CULTURAL NUESTRAS MANOS, ciudad de Concepción, VIII Región del Bío Bío, rut: 65.043.424-2; 15. ASOCIACIÓN REGIONAL DE SORDOMUDOS DE CONCEPCIÓN, ciudad de Concepción, VIII Región del Bío Bío, rut: 71.216.300-3; 16. AGRUPACIÓN INTEGRAL DE SORDOS MUDOS DE CONCEPCIÓN, ciudad de Concepción, VIII Región del Bío Bío, rut: 73.161.900-K;  17. AGRUPACIÓN SOLIDARIA DE SORDOS DE VALDIVIA, ciudad de Valdivia, XIV Región de Los Ríos, rut: 65.857.240-7; 18. CLUB CULTURAL DE SORDOS, ciudad de Puerto Montt, X Región de Los Lagos, rut: 65.020.034-9; 19. AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS FAMILIARES Y AMIGOS CAMINANDO EN EL SILENCIO, ciudad de Castro, X Región de Los Lagos, rut: 65.030.979-0; 20. AGRUPACIÓN ENTRE EL SILENCIO Y EL RUIDO DE COYHAIQUE, ASCOY, ciudad de Coyhaique, XI Región de Aysén, rut: 65.819.500-K; 21. AGRUPACIÓN DE SORDOS DE PUNTA ARENAS, ciudad de Punta Arenas, XII Región de Magallanes y Antártica, rut: 65.145.470-0; 22. ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES Y GUÍAS-INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS CHILENA DE CHILE, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, rut: en trámite; 23. AGRUPACIÓN DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS DE LA QUINTA REGIÓN, ciudad de Valparaíso, V Región de Valparaíso, rut en trámite;  24. ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES Y GUÍAS INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS CHILENA DE LA REGIÓN METROPOLITANA, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, rut: 65.083.171-3; 25. ASOCIACIÓN DE SORDOS DE CHILE®, ASOCH®, rut: 82.658.100-K, afiliada a la World Federation of the Deaf.

Redacción y asesoría técnica de este Informe: abogado Álvaro Jofré Contreras, alvarojofrecontreras@gmail.com, asoch.chile@gmail.com, www.asoch.cl.

Santiago de Chile, marzo de 2016.

DOCUMENTOS Y JURISPRUDENCIA CONSULTADA.

1. Pliego petitorio presentado ante el Ministro de Educación señor Nicolás Eyzaguirre con fecha 10 de noviembre de 2014 por 11 Directores de Escuelas Interculturales Bilingües para estudiantes Sordos. (Adjunto)

2. Acción de Protección de Garantías Constitucionales caratulado “Gustavo Miguel Vergara Navarro con Televisión Nacional de Chile y otros”, rol de ingreso Corte de Apelaciones de Santiago 21223-2015.

3. Sentencia del 30 de abril de 2015 de la Quinta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelacione de Santiago sobre Protección 21223-2015.

4. Recurso de Apelación contra la sentencia de 30 de Abril de 2015 en autos sobre protección “Gustavo Miguel Vergara Navarro con Televisión Nacional de Chile y otros”, ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, rol ingreso 6608-2015.

5. Sentencia del 30 de julio de 2015 de la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.

6. Denuncia nº175/2014 presentada ante el Consejo Nacional de Televisión con fecha 31 de enero de 2015 por Gustavo Miguel Vergara Navarro en contra de concesionarias nacionales de señal de televisión abierta TVN, MEGA, Chilevisión y Canal 13 por falta al correcto funcionamiento del artículo 1º de la ley 18.838 por discriminación por motivos de discapacidad.

7. Resolución del Consejo Nacional del Televisión, CNTV, ORD Nº165 de fecha 24 de marzo de 2014, por la que se declara incompetente de conocer sobre denuncia de vulneración de derechos de las personas Sordas por no implementación de medidas de accesibilidad en el caso A00-14-47-TVN.

8. Resolución del Consejo Nacional del Televisión, CNTV, ORD Nº166 de fecha 24 de marzo de 2014, por la que se declara incompetente de conocer sobre denuncia de vulneración de derechos de las personas Sordas por no implementación de medidas de accesibilidad en el caso A00-14-48-MEGA.

9. Resolución del Consejo Nacional del Televisión, CNTV, ORD Nº167 de fecha 24 de marzo de 2014, por la que se declara incompetente de conocer sobre denuncia de vulneración de derechos de las personas Sordas por no implementación de medidas de accesibilidad en el caso A00-14-49-CHV.

10. Resolución del Consejo Nacional del Televisión, CNTV, ORD Nº168 de fecha 24 de marzo de 2014, por la que se declara incompetente de conocer sobre denuncia de vulneración de derechos de las personas Sordas por no implementación de medidas de accesibilidad en el caso A00-14-50-Canal 13.

11. Respuesta del Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, ORD Nº001760 de fecha 16 de abril de 2014, por la que el Director de dicho Servicio responde ORD Nº174 de fecha 26 de marzo de 2014 del Consejo Nacional de Televisión, señalando que dicho SENADIS carece de facultades fiscalizadores y sancionatorias en materia de vulneración de derechos de la comunidad de Personas Sordas por no implementación de medidas de accesibilidad.

12. Recurso de reposición y recurso jerárquico interpuesto por Gustavo Miguel Vergara Navarro ante el Consejo Nacional de Televisión, rol de ingreso Nº509 contra las resoluciones CNTV, ORD Nº168 de fecha 24 de marzo de 2014; CNTV, ORD Nº166 de fecha 24 de marzo de 2014; CNTV, ORD Nº167 de fecha 24 de marzo de 2014; CNTV, ORD Nº165 de fecha 24 de marzo de 2014.

13. Resolución del Consejo Nacional de Televisión CNTV ORD nº399 de fecha 07 de julio de 2014 sobre recurso de reposición y jerárquico nº509/2014.  

14. Denuncia presentada ante el Consejo Nacional de Televisión con fecha 14 de mayo de 2014 por Gustavo Miguel Vergara Navarro y por el Servicio Nacional de la Discapacidad, rol de ingreso CNTV Nº831/2014, en contra de la concesionaria nacional de señal de televisión abierta RED TELEVISIVA MEGAVISIÓN S.A. por falta al correcto funcionamiento del artículo 1º de la ley 18.838 por discriminación por motivos de discapacidad.

15. Resolución del Consejo Nacional del Televisión, CNTV, ORD Nº382 de fecha 02 de julio de 2014, por la que desestima denuncia nº831/2014.

16. Acción de Protección de Garantías Constitucionales caratulado “Gustavo Miguel Vergara Navarro con Instituto Profesional AIEP SpA”, rol de ingreso Corte de Apelaciones de Santiago nº11673-2016.

17. Estatuto 2012 de la Asociación de Sordos de Chile.

DOCTRINA

1. Hugo Llanos Mansilla, Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público, Tomo I Introducción y Fuentes. Editorial Jurídica de Chile. Cuarta Edición, año 2009, Santiago de Chile. ISBN 978-956-10-1959-1.

2. Hugo Llanos Mansilla, Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público, Tomo III La Persona Humana ante el DerechoI Internacional. Editorial Jurídica de Chile. Primera Edición, año 2008, Santiago de Chile. ISBN 978-956-10-1882-2.  

OTROS.

1. Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, del señor Álvaro Jofré Contreras. Profesor guía señor  Hugo Llanos Mansilla. Universidad Central de Chile, Santiago de Chile, marzo de 2013.


[1] Gustavo Vergara Navarro, numeral 10 de la Presentación al Comité de fecha 25 de agosto de 2015.

[2] Ídem supra.

[3] Ídem supra.

[4] Ídem supra.

[5] Última versión del Código Civil de fecha 22 de octubre de 2015.

[6] Última versión del Código de Procedimiento Civil de fecha 22 de octubre de 2015.

[7] Última versión 04 de febrero de 2016.

[8] Ley 19.947.

[9] Ley 20.830.

[10] Numeral 10 de la Presentación ASOCH/RCHS al Comité de fecha 25 de agosto de 2015.

[11] También denominado como “Reglamento del Artículo 25º de la LIOISPD”.

[12] Numeral 3.1. Recurso de Apelación en autos sobre Protección 21223-2015 caratulado “Gustavo Miguel Vergara Navarro con Televisión Nacional de Chile y otros”.

[13] Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 1969, artículo 27º.

[14] Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 1969, artículos 26º y 31º.

[15] Asociación de Sordos de Chile, denuncia nº831/2014/ CNTV de fecha 14 de mayo de 2014. Servicio Nacional de la Discapacidad, denuncia nº832/2014/ CNTV de fecha 14 de mayo de 2014.

[16] Acción de Protección rol ingreso 558-2015 caratulado “Asociación de Sordomudos de Chile contra Red Televisiva Chilevisión S.A.

[17] CNTV se declara incompetente para adoptar medidas en la materia mediante resoluciones nº 165, 166, 167 y 168 todas de fecha 24 de marzo de 2014.

[18] SENADIS se declara incompente para adoptar medidas en la materia mediante resolución  ORD Nº001760 de fecha 16 de abril de 2014, por la que el Director de dicho Servicio responde ORD Nº174 de fecha 26 de marzo de 2014 del Consejo Nacional de Televisión

[19] Cláusula 3º letra e) del Convenio de Colaboración Interinstitucional del 09 de diciembre de 2015.

[20] Numeral 13, ídem supra.

[21] Numeral 3.1 de la Apelación en autos de Protección 21.223-2015, I.C.A. Santiago.

[22] Numeral 1 de la Acción de Protección de Garantías Constitucionales, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rol de ingreso 21.223-2015, caratulado “Vergara Navarro con Televisión Nacional de Chile y otros”.  

[23] Numeral 3.5.1., ídem supra.

[24] Numeral 3.5.2, ídem supra.

[25] Protección “Gustavo Miguel Vergara Navarro con Televisión Nacional de Chile y otros”, ingreso nº 21223/2015 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

[26] Numeral 6, ídem supra.

[27] Numeral 4, ídem supra.

[28] Numeral 3, ídem supra.

[29] Numeral 6,ídem supra.

[30] Mg. María Teresa Hidalgo. Educadora Diferencial Directora del EEIB Centro de Estudios y Capacitación para Sordos de Valparaíso.

[31] Pliego petitorio presentado ante el Ministro de Educación señor Nicolás Eyzaguirre con fecha 10 de noviembre de 2014 por 11 Directores de Escuelas Interculturales Bilingües para estudiantes Sordos.

[32] Año de la  Conferencia Mundial “Educación para Todos”.