La Construcción de Vida Digna
Vida digna consiste en tener las condiciones materiales y espirituales para trabajar, conocer, entender y ser parte del mundo de hoy, de la historia propia y la de los demás, ser parte del desarrollo de las capacidades para desplegar la libertad personal en el seno de nuestra colectividad.
Vida digna implica empleo permanente e ingresos regulares y suficientes. Y de manera específica vida digna es desarrollo humano integral, como derecho del individuo y de la comunidad y como obligación del Estado en todos sus niveles, para procurar que tod@ ciudadan@, en colectividad, acceda en condiciones de igualdad, durante todas las etapas de su vida al trabajo, la salud, educación, seguridad ciudadana, vivienda y servicios básicos en un medio ambiente sano y sostenible.
Vida digna es expandir el ideario igualitario a todas las relaciones sociales jerárquicas: igualdad económica, igualdad social, igualdad de género, igualdad entre opciones sexuales, igualdad entre culturas, igualdad de oportunidades. Estos derechos pertenecen al individuo pero no se ejercen sino en sociedad. La igualdad es, a la vez un asunto particular y colectivo.
Vida digna consiste en hacer de la libertad una costumbre cotidiana. Ser libre es autodeterminación colectiva e individual. Es la facultad material y jurídica de realizar o no ciertas acciones sin ser impedidos por el prójimo, por la sociedad, o por el poder estatal; es la capacidad de dotarse de normas de convivencia. Es respetar la diferencia, la pluralidad; es tolerancia.
El Movimiento Sin Miedo entiende y define la vida digna como:
“Aquella que se desarrolla en base a iguales oportunidades, posibilidades y condiciones, para que tod@ Bolivian@ goce durante todas las etapas de su vida, en colectividad y con garantía del Estado y del Gobierno, del ejercicio efectivo de sus derechos y obligaciones, con el objeto de satisfacer sus necesidades materiales, mentales, espirituales y ambientales en libertad e igualdad.”
Esta definición de Vida Digna señala al Estado, expresado en el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, como garante. Las condiciones básicas para que cada individuo se desarrolle y satisfaga sus necesidades no pueden ser resultado solamente del esfuerzo individual o colectivo; es imprescindible el involucramiento pleno de todos los niveles de gobierno. Es evidente, que para cumplir ese ideal son necesarios recursos, tanto para el individuo a través de un trabajo digno, como recursos estatales, es por ello que la Construcción Económico Productiva está enfocada en obtener estos recursos de manera sostenida, sostenible y garantizándolos para las siguientes generaciones.
En este sentido, los gobiernos de todos los niveles estatales, pero de manera primordial del gobierno central, deben asumir la obligación, y por lo tanto su responsabilidad, de brindar a los ciudadanos bolivianos y bolivianas, durante todo el ciclo de vida:
El país, los últimos 8 años, ha experimentado un incremento de sus recursos disponibles por más de 3 veces de lo que disponía en el periodo anterior; sin embargo la evolución del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la desigualdad, son las muestras más fehacientes del fracaso y de la precariedad de las políticas gubernamentales.
Bolivia es considerado como país de desarrollo humano medio, según el IDH calculado por el PNUD el 2012, Bolivia se ubica en el puesto 108 entre los 186 países para los que se dispone de datos comparables, con un valor de 0,675. Este valor, tan solo registra un incremento de un 0,596% respecto al año 2011 que era 0.671, muy por debajo del crecimiento de 0,75% del IDH boliviano en la década anterior. Bolivia se sitúa por debajo de la media regional que es de 0,741, y en Sudamérica solo por encima de Paraguay, por lo que somos penúltimos. En la posición que nos encontramos y con el actual crecimiento del IDH, si los otros países latinoamericanos congelarían su IDH, recién alcanzaríamos la media de Latinoamérica en 15 años.
Recordemos que el IDH expresa el nivel de bienestar a través de una media compuesta de tres dimensiones básicas: salud, educación e ingresos. En estas tres dimensiones los valores obtenidos fueron: esperanza de vida de 66,9 años; la escolaridad promedio de la población, 9,2 años; y el ingreso per cápita, 4.444 dólares.
Es evidente que de los tres criterios para el cálculo del IDH el único que ha tenido una mejora ha sido el del Producto Nacional Bruto per Cápita, gracias a los ingresos extraordinarios por hidrocarburos y minerales. Pero cuando analizamos los componentes del IDH en salud y educación, la situación es dramática. La esperanza de vida al nacer pasó de 66,6 años el 2011 a 66,9 años el 2012, o sea se incrementó la esperanza de vida a un ritmo menor a los 3,6 meses durante el 2012 o menos del 0,45%. El promedio de esperanza de vida en Latinoamérica es de 74 años y una vez más, si los países de la región no mejoraran la esperanza de vida al nacer, alcanzaríamos la media en prácticamente 24 años. Pero lo peor está en educación, donde los dos parámetros de medición se encuentran estancados: De acuerdo al PNUD, las tres últimas gestiones (2010, 2011 y 2012) se mantienen “estancados”, los años promedio de escolaridad en 9,2 años y los años esperados de escolaridad en 13,5 años. Lo más alarmante, de los años esperados de escolaridad, es que de acuerdo al mismo informe (PNUD), estábamos mejor el 2005 con 14,3 años e incluso el 2000 con 13,7 años.
Las políticas de redistribución de ingreso son un fracaso, tal y como lo muestra el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la desigualdad, índice que disminuye cuando encuentra desigualdad ya sea en salud, educación o el ingreso; en nuestro caso la desigualdad reduce el IDH de 0,675 a sólo 0,444 teniendo una pérdida global del 34,2%, pérdida sólo superada por algunos países africanos y Haití.
La gran desigualdad existente en la distribución de los ingresos entre los bolivianos se expresa en su coeficiente de Gini[1], en Bolivia es de 56,3, la que muestra mayor desigualdad en Sudamérica. En este sentido, la desatención del Estado en la generación de empleos dignos, salud y educación son las mayores determinantes de la vulnerabilidad y pobreza en nuestro país.
En cuanto al empleo, lograr un trabajo digno para tod@s l@s bolivin@s y erradicar el hambre en todo el territorio nacional es una condición básica para que cada bolivian@ disfrute de una Vida Digna, y si bien ambos objetivos deberían ser una directa consecuencia de la Construcción Económico Productiva, un gobierno responsable no debe esperar que las condiciones mejoren por inercia sino debe generar políticas públicas y verificar que así suceda. En este sentido, para el MSM es imperativo tener políticas que permitan mejorar continuamente las condiciones de empleo tanto para cualificarlo, cuanto para que la retribución al esfuerzo de l@s bolivian@s les permita cubrir sus necesidades.
La precariedad de nuestras condiciones laborales, podemos verla en el cuenta propismo y la informalidad que alcanzaron más del 82% de la población, en nuestro salario mínimo que, pese a los incrementos anuales, su poder adquisitivo se ha visto fuertemente reducido por los elevados índices de inflación, sobre todo en alimentos, lo que afecta más a la gente que solo logra generar estos mínimos ingresos. Además la gran debilidad histórica del Estado boliviano ha sido su falta de capacidad para hacer cumplir sus leyes, particularmente la Ley General del Trabajo, es decir que se cumpla con los beneficios y obligaciones que están descritos en la Ley. No se cuenta con información oficial detallada al respecto lo cual es grave, puesto que cada desempleado o subempleado, mas que ser una simple estadística, representa a una familia que no puede cubrir sus necesidades básicas o que se encuentra en un estado de vulnerabilidad permanente. Todo esto tiene serias consecuencias en la lucha contra el hambre, mejora de la calidad de vida de la gente y en el aparato productivo del país.
Esta realidad muestra una clara falta de condiciones básicas para que la mayoría de l@s bolivian@s puedan alcanzar una vida digna y es la razón principal porque una buena parte de nuestros coterráneos haya migrado a países vecinos, Europa, Estados Unidos y hasta el Asía, en busca de mejores oportunidades para alcanzar un empleo y vida digna. Romper esta tendencia requiere de mucho esfuerzo tanto del Estado como de la Sociedad, tal y como lo describimos en la Construcción Económico Productiva, pero además el Estado y la Sociedad en su conjunto deben asumir la responsabilidad de lograr que cada bolivian@ tenga la capacidad de generar ingresos suficientes por medio de un trabajo permanente.
La Vivienda y los Servicios Básicos son un pilar fundamental del hogar, en el se desenvuelve la vida de cualquier familia, además son derechos consagrados en la Constitución Política del Estado y por lo tanto obligación del Estado brindarlos para tod@s l@s bolivian@s. Una vivienda digna y Servicios Básicos adecuados, son imprescindibles tanto para mejorar la calidad de vidas urbana y rural, cuanto para brindar medios productivos a través del acceso a crédito, riego, transporte y telecomunicaciones que son esenciales para el desarrollo económico.
La construcción de viviendas, además de ser la base material de los hogares y las familias es una importante actividad económica que utiliza mucha mano de obra, materiales y genera bienes de capital para la población. El déficit habitacional, calculado por la Cámara Nacional de la Construcción, solo en el eje troncal alcanzaría las 300.000 viviendas. Si bien en los últimos años ha habido un “bum” de la construcción, las soluciones habitacionales priorizadas por los agentes privados fueron para clase media alta y alta, por lo que el déficit para los sectores populares y el área rural si no creció al menos se mantiene.
El gobierno ha fracasado sistemáticamente en todos sus planes de vivienda, no ha podido generar y menos ejecutar un programa de vivienda con el éxito esperado. Teóricamente entre 2006 y 2011 habría construido 36.504 viviendas, sin embargo, existen denuncias públicas afirmando que éste número estaría inflado, ocultando la baja ejecución y la mala calidad de las viviendas construidas, consecuencia de la corrupción que rodeó sus adjudicaciones, lo que ha provocado que más de 30 empresas sean demandadas por diversos incumplimientos.
El Movimiento Sin Miedo es conciente de la necesidad que representa la vivienda para l@s bolivian@s, siendo la construcción de viviendas una actividad que tiene directos efectos positivos para la población beneficiada, generando un círculo virtuoso entre la mejora de la calidad de vida de sus dueños y efectos económicos positivos como el acceso al crédito. Es por ello que el diseño de los futuros planes de vivienda y urbanísticos, serán elaborados con la concurrencia activa de los gobiernos autónomos, a partir de las necesidades locales y las capacidades constructivas de la zona.
Los servicios básicos, especialmente agua potable y alcantarillado, también definidos como derechos fundamentales en la Constitución Política, recién desde mediados del 2011 han merecido la asignación de recursos del gobierno central; algo más de 200 millones de dólares para las dos primeras fases del programa “Mi Agua”, que están demoradas y con problemas técnicos en la ejecución a cargo de municipios con clara orientación masista, a los que se está asignando cuotas de 300.000 dólares, de alcance estrictamente local, dejando de lado proyectos integrales, integrados y estructurantes. De acuerdo con la "Construcción Autonómica", los Servicios Básicos deben pasar a ser atribución de los municipios, lo que no significa que las gobernaciones y el gobierno central se eximan de responsabilidad, pero deben jugar un rol diferente, dando asistencia técnica, canalizando créditos, viabilizando proyectos concurrentes y generando programas departamentales y nacionales.
Debido a que los servicios básicos son además medios productivos para la población civil a través del riego, energía, telecomunicaciones, transporte y otros servicios en el área rural y urbana, será prioridad y contará con especial coordinación entre los gobiernos autónomos y la sociedad civil a través de los Consejos Productivos tanto departamentales como locales, para que además del esfuerzo inicial se consolide la sostenibilidad de los servicios.
A partir de los 70s, desde los gremios médicos, se planteó la construcción de un Sistema Único de Salud (SUS). Posteriormente, desde los 80s, los diferentes gobiernos, incorporan en sus propuestas la construcción de un Sistema de Salud con Seguros Universales, constituyéndose en un objetivo estratégico del sector.
Factores económicos, que se manifestaban en crecimientos modestos del PIB y déficit fiscales recurrentes, impidieron el logro de este objetivo.
Durante los últimos ocho años, con el crecimiento en cuatro veces de los ingresos del Estado, por el incremento de los precios de las materias primas que exporta nuestro país, pudo construirse un sistema de salud inclusivo, con un Seguro de Acceso Universal y cumplir los compromisos con los “Objetivos Del Milenio” (ODM). Lamentablemente, un breve análisis de estos indicadores nos muestra que no podremos cumplir estos compromisos; la Tasa de Mortalidad de la Niñez de 63 por mil nacidos vivos (NV), para el 2015 debía descender a 43,1 por mil NV, esta brecha de 19,9 puntos en tres años no es alcanzable con el sistema actual. La Tasa de Mortalidad Infantil de 50 por mil NV (ENDSA2008) para el 2015, debía descender a 27 por mil NV, la Razón de Muerte Materna (RMM) debía alcanzar el 2015 a 104 por 100.000 NV y hoy se encuentra en 229 por 100.000 NV. Finalmente, el porcentaje de niños vacunados con tercera dosis de Pentavalente debe alcanzar al 2015 el 95%, hoy se encuentra en el 85%. Estas metas que no se cumplirán son el resultado de estos ocho años perdidos en salud.
Frente a un panorama de abandono del gobierno a este sector, demostrado en los fracasos de reformas, pero sobre todo en el mínimo esfuerzo fiscal del gobierno, de apenas el 5% del PIB en salud, el Movimiento Sin Miedo propone una transformación del Sistema de Salud para construir en el menor tiempo posible el Sistema Boliviano de Salud, que cumpla con la universalidad, equilibrando la calidad de los servicios tanto en los centros urbanos como rurales, que sea gratuito, pero sobre todo que cubra las necesidades de la población. Esto surge como la alternativa frente a las constantes e inviables propuestas gubernamentales que no encuentran un sustento técnico, que plantean la creación de un Sistema Único de Salud, bajo la perspectiva obsoleta de un solo modelo de Financiamiento, de Gestión y de Atención, abandonando la pluralidad que puede adquirir el sistema. Esto implicaría además, la desaparición del Seguro Social de Corto Plazo o del Sector Público puesto que serían absorbidos por el Sistema Único, desconociendo la realidad sanitaria del país que va más allá de ocho o seis horas de trabajo. Es por esto, que desde el Movimiento Sin Miedo planteamos la transformación de la Salud, comenzando por un cambio verdadero de voluntad política gubernamental, que deberá expresarse primero en el incremento progresivo del presupuesto del sector hasta un mínimo de 10% del PIB y, segundo, en la implementación de una profunda reforma institucional para la construcción de un nuevo sistema boliviano de salud, basado en seis ejes:
No se puede pensar en una reforma del sistema de la salud para que sea universal y gratuito con las instituciones totalmente desagregadas, como se encuentra en la actualidad. Para darle al sistema de salud la eficiencia, eficacia y calidad necesarias, éste debe integrar a todos los actores que en la actualidad brindan los servicios de salud, de manera que éstos no pierdan su independencia pero que tampoco actúen bajo intereses individuales y alejados de las políticas y objetivos nacionales.
La implementación de este seguro requiere de una transformación del modelo de gestión y especialmente del modelo de financiamiento de manera que pueda garantizar su ejecución. Para ello, se diseñará e implementará un esquema denominado de múltiples prestadores. Múltiples prestadores que podrán ser públicos o privados con o sin fines de lucro. Este enfoque significa utilizar toda la capacidad sanitaria instalada en el país. Para alcanzar este objetivo crearemos dos fondos de administración de los recursos destinados a salud.
Este fondo estará basado en el financiamiento a través de impuestos. Se creará este fondo con recursos del TGN, Coparticipación Tributaria, IDH, cuenta HIPC, impuestos específicos destinados a programas de promoción y prevención de las principales patologías del país.
Para el uso de los recursos de este fondo, construiremos un paquete básico de prestaciones, para todos los ciudadanos no cubiertos por las cajas de salud. Este fondo debe cumplir el fin de ir fusionando paulatinamente, los actuales Seguros Públicos (SUMI, SSPAM). El Paquete básico de prestaciones, corresponderá al perfil epidemiológico y las tasas de morbilidad del país y sus regiones, tomando como criterios priorizadores, aquellas afecciones que tengan mayor impacto en las poblaciones mas vulnerables como mujeres, niños o ancianos, o puedan generar discapacidades temporales o permanentes. Las prestaciones serán incrementadas paulatinamente en número y en complejidad tendiendo a cubrir todas las afectaciones de la población.
Estas prestaciones serán otorgadas obligatoriamente en todo el Sector Público y, bajo el concepto de múltiples prestadores, las instituciones y organizaciones privadas con y sin fines de lucro, también estarán obligadas a otorgar prestaciones en función de su capacidad instalada y de su acreditación técnica. Para otorgar las prestaciones, cada patología deberá tener un costo de tratamiento. Por lo tanto, las prestaciones deberán ser otorgadas en función de las normas de diagnóstico y tratamiento y de protocolos de atención que serán actualizados periódicamente.
Este fondo deberá ser constituido y financiado en base a las cotizaciones de los trabajadores. Este es el modelo de las Cajas de Salud, cuyos recursos tiene origen en las cotizaciones de sus asegurados. Este fondo deberá administrar los recursos de todas las Cajas de Salud.
Esto implica una completa reingeniería de las Cajas de Salud, especialmente de la Caja Nacional de Salud, en sus medios de financiamiento, costos, modelos de gestión y atención, para lograr modificar la cantidad y proporción de personal médico y administrativo, determinar la prima media, conocer el costo de las prestaciones y otros estudios necesarios para garantizar una atención óptima.
Para lograr este objetivo, incrementaremos el presupuesto de salud del 5% actual hasta alcanzar el 10% del PIB que es el promedio que tienen los países con seguros de cobertura universal, garantizando un gasto per-cápita en salud en Bolivia que en cinco años de gestión alcance por lo menos al 60% del promedio de nuestros vecinos, que en 2011 fue de $us. 749 cuando el nuestro solo alcanzó a $us. 118 $us.
Para garantizar la implementación del Seguro Universal y el desarrollo de los programas sanitarios, es necesario construir un nuevo modelo sanitario. Esto significa una transformación de los actuales modelos de gestión, atención y niveles de atención. Este modelo, debe ser autonómico y para su desarrollo modificaremos la Ley Marco de Autonomías que establece actualmente competencias exclusivas y concurrentes en el nivel central y en los niveles autónomos departamentales, municipales, e indígena originarios, pero no plantea fuentes de financiamiento para estas competencias, como tampoco plantea una profundización clara de la descentralización de los recursos, sobre todo los humanos, ni herramientas para encarar los perfiles epidemiológicos locales y regionales.
El modelo de gestión que planteamos, al margen de tener competencias exclusivas y concurrentes en los niveles nacionales, departamentales, municipales e indígena originario, deberá desarrollarse en base a una progresiva municipalización de la gestión de salud del Sector Público para su consolidación en “Municipios Saludables”, específicamente para la promoción y prevención en función de las determinantes de salud locales.
El modelo de atención del país, en principio, deberá desarrollar la atención primaria de salud, donde el componente de salud familiar y comunitaria debe ser parte del mismo pero basado en la evidencia, o sea en la “Medicina Basada en la Evidencia (MBE)”, esto significa construir un sistema integrado de atención integral y continuo, con el que brindaremos y tendremos una Red de Servicios disponibles y suficientes para responder a las necesidades de salud de la población, garantizando la promoción, prevención, diagnóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora y paliativa, y apoyo para el autocuidado.
Implementaremos un sistema integral, como una función de todo el sistema de salud, para garantizar la prevención, la atención primaria, secundaria, terciaria y paliativa. Con sistemas de referencia y contrarreferencia; en este enfoque, la familia y la comunidad son los ejes principales de la planificación y la intervención del sistema.
En los Niveles de atención, como parte de la construcción del nuevo Modelo Sanitario, crearemos y fortaleceremos las redes intermunicipales funcionales de Salud. Para construir estas redes es imprescindible realizar la conversión de todos los puestos de salud, que hoy no tienen ninguna capacidad resolutiva, en Centros de Salud con o sin camas, como puerta de entrada al Sistema Integral, y que los centros de salud sean trasformados en policlínicos con especialidades básicas y de atención permanente y continua, incorporando acciones como la coordinación intersectorial y concurrente para encarar los determinantes de la salud, en la promoción y en el control de factores de riesgo; en la prevención de enfermedades con énfasis en la pesquisa oportuna o el diagnóstico precoz de éstas; en la resolución integral de los problemas de salud en forma ambulatoria, incorporando mecanismos de financiamiento que incentiven el trabajo colaborativo de distintos sectores, establecimientos y el uso racional de tecnologías sanitarias con eficacia y efectividad científicamente demostrada, maximizando el impacto sanitario.
Para ello, planteamos que todos los municipios mayores a 2.000 habitantes que hoy tienen solo puestos de salud, asuman la obligación de convertirlos en Centros de Salud en función de la densidad poblacional. Del mismo modo, los hospitales de Segundo Nivel deberán convertirse en Hospitales Resolutivos de las redes integradas de salud, y estos Hospitales Resolutivos deben interactuar en red, fortaleciendo en cada uno de ellos una especialidad de acuerdo al perfil epidemiológico. Conformadas así las redes municipales o metropolitanas de establecimientos de segundo nivel, se creará una Gerencia de Redes, mejorando la capacidad resolutiva de los existentes y construyendo nuevos hospitales en función de la estructuración de estas redes, descentralizando la gestión hasta los hospitales de Tercer Nivel para otorgarles autonomía de gestión.
El rol de los Hospitales de Tercer Nivel en este modelo de atención, será contribuir a la resolución de problemas requeridos desde las redes, en base al tipo de actividades, nivel de complejidad y especialidades que la propia red le defina, en atención abierta y cerrada, incluida la atención de urgencia.
En los conglomerados urbanos del eje central implementaremos tres redes metropolitanas de salud:
Uno de los desafíos del presente siglo es el ejercicio de la Rectoría por parte de los ministerios de Salud; esto significa fortalecer las tres funciones que hoy ejercen casi todas las instituciones rectoras de la salud: Modulación, Regulación y Fiscalización. Estas funciones solo pueden ser ejercidas en un Estado Democrático que tenga una Institucionalidad sólida.
Esta Rectoría apareja implementar la separación de funciones, donde la modulación supone establecer normas y procedimientos para un accionar coordinado de todos los actores de la salud. Esto implica garantizar un accionar eficiente evitando la duplicidad de funciones y articulando a todos los prestadores de salud, bajo el enfoque de múltiples prestadores.
Producto de la globalización y el desarrollo técnico-científico, se han generado en el mercado sanitario mundial una incontable cantidad de bienes y servicios, muchos de ellos de gran utilidad diagnóstica y terapéutica, pero también muchos otros de dudoso efecto terapéutico o cuyos efectos secundarios pueden ser nocivos para la salud. En este contexto, es fundamental el rol regulador que tendrá el Ministerio de Salud sobre la oferta de bienes y servicios sanitarios, para ello el rol regulador deberá revisar la oferta mundial de medicinas, tecnologías y terapias para su utilización en el país.
Asimismo, para garantizar la adecuada y eficiente prestación de servicios de salud con calidad de atención y calidez, fortaleceremos la fiscalización del funcionamiento de todos los Servicios Públicos y Privados. Para lograr implementar estas competencias generaremos y reclutaremos los Recursos Humanos mejor calificados, seleccionados por méritos académicos y profesionales, convirtiendo al Ministerio de Salud en una Institución de referencia técnica de calidad, eficaz, eficiente y despartidizada.
En el presente existen en Bolivia cinco Institutos Nacionales de Salud: el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), el de Laboratorios de Salud (INLASA), el de Medicina Nuclear (INAMEN), el de Biología de Altura (IBBA), y el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP). Además tenemos, los Institutos Clínicos Especializados (Gastroenterológico, Oftalmológico y del Tórax), que componen el incipiente cuarto nivel de atención.
Los actuales avances científicos, tecnológicos, de integración y acceso al conocimiento hacen imprescindible crear y estructurar instituciones receptoras de estos avances científicos. Del mismo modo, se debe buscar la integración de la medicina tradicional, para que sus conocimientos y buenas prácticas estén al servicio de la sociedad. El conjunto de estas instituciones debe conformar el nuevo Instituto Nacional de Salud.
Este Instituto, tendrá como uno de sus roles principales apoyar y fortalecer al Ministerio de Salud en su función de Rectoría y a la red de servicios en el ejercicio y desarrollo de su capacidad resolutiva. Para ello, tendrá como funciones principales desarrollar la investigación sanitaria, estudiar y analizar el impacto de las políticas de salud en la población; normará, evaluará y fiscalizará el desempeño de la red de laboratorios, calidad de los medicamentos, vacunas y otros; dirigirá investigaciones aplicadas en función de los perfiles epidemiológicos regionales, y el impacto de las patologías prevalentes en el territorio nacional. Deberá determinar el costo de prestaciones médico-quirúrgicas a nivel regional, inicialmente, y a nivel local definirá los paquetes de prestaciones en función del perfil epidemiológico y la carga de enfermedad, debiendo actualizar periódicamente las normas de diagnóstico y tratamiento, los protocolos de atención, de acuerdo a los avances científicos y la Asistencia Sanitaria Basadas en la Evidencia.
Deberá coordinar con las instituciones académicas la capacitación de recursos humanos en áreas de investigación; por ello, el Instituto Nacional de Salud, será el ámbito que permitirá movilizar el potencial creativo y científico del personal sanitario para producir, utilizar y desarrollar innovaciones tecnológicas y conocimientos sanitarios al servicio del Sistema Boliviano de Salud. El Instituto tendrá la participación de Instituciones Públicas y Privadas, de Sociedades Científicas, de los Colegios de Profesionales, Universidades Públicas, Centros de Investigación, y Organismos Internacionales especializados en el Ámbito sanitario.
La participación de la sociedad en la implementación de las Políticas de Salud es uno de los componentes esenciales de la Salud Pública, especialmente a partir del análisis de las determinantes de salud en el proceso salud/enfermedad y las diferentes cosmovisiones, que hoy son ejes de la medicina social.
Este enfoque se inicia con la visión respecto a la influencia que tiene el modo de vida en la génesis de las enfermedades; ello influyó para que se pusiera la atención en el medio laboral, en la vivienda, en la higiene y en el hambre, asumiendo así la importancia del papel que juega en la salud y la enfermedad, la calidad de las condiciones de vida. Todos estos factores hoy se denominan determinantes de salud y por ello se prioriza los componentes de promoción y la prevención. En nuestro continente, la otra vertiente es la Medicina Tradicional Indígena Indo-americana, que es definida como el conjunto de sistemas médicos presentes en Indoamérica, originados en las cosmovisiones indígenas prehispánicas, las cuales poseen entre sí muchas semejanzas en su concepción y en las prácticas de atención de la salud-enfermedad.
Para implementar este eje, desarrollaremos alianzas entre las Instituciones Públicas y Privadas, especialmente con las Organizaciones Sociales. Esto será necesario para formalizar e incluir prácticas de la medicina tradicional, que el Estado tenga la capacidad de regularla y de certificar la profesionalidad de sus practicantes. Todo esto, deberá contribuir a la generación y aplicación de políticas de salud, especialmente de promoción y prevención, respetando y complementando las diferentes cosmovisiones existentes en el país, cuya meta sea crear una conciencia sanitaria especialmente en la generaciones jóvenes, en la perspectiva del municipio saludable.
No se puede construir un Sistema de Salud, si éste no cuenta con Recursos Humanos capacitados, debiendo el Estado garantizar su estabilidad laboral, remuneración adecuada y capacitación continua.
Para garantizar el desarrollo de los recursos humanos y su capacitación permanente planteamos la implementación de la Carrera Sanitaria y el Escalafón de Ascensos, desde los cargos de base, hasta las direcciones nacionales. En acuerdo con las Universidades Públicas y Privadas deberá establecerse las necesidades y requerimientos de Recursos Humanos, para evitar la sobre-oferta en algunas áreas del sector y superar el déficit en otras, especialmente las de tecnología médica.
Debe dividirse la carrera sanitaria en dos áreas, el Área Clínica, desde cargos de base hasta jefaturas de servicios y de áreas, dirección de hospitales, de institutos y centros de investigación, y se debe implementar un escalafón, con evaluaciones periódicas y exámenes quinquenales para cada nivel. Es imprescindible premiar salarialmente al profesional que se supera y demuestra haberse capacitado más. Y el Área Sanitaria Técnico Administrativa, donde la carrera será desde cargos de base hasta direcciones generales y gerencias médicas con las mismas modalidades de exámenes de ascenso de carácter quinquenal.
La capacitación debe ser permanente y continua. Se debe establecer bajo la dirección del Instituto Nacional de Salud, la creación e implementación del sistema de formación de Recursos Humanos de carácter multidisciplinario en coordinación con las instituciones de enseñanza, como universidades, institutos técnicos y otros.
En el caso de la inequitativa distribución del personal de salud, es necesario realizar una reingeniería siguiendo el Modelo Sanitario Autonómico, garantizando la transferencia de profesionales, ítems y presupuesto, dependientes del nivel central (Ministerio de Salud y SEDES) a los gobiernos autónomos municipales y las autonomías indígenas, para lograr que en estos últimos ejerzan efectivamente la administración de los servicios de salud.
De acuerdo a los indicadores de producción y perfil epidemiológico de cada establecimiento de salud, se debe realizar una adecuada distribución de los Recursos Humanos calificados con lo que se logrará una atención de calidad a los usuarios de los servicios. Esto debe ir acompañado de una planilla salarial que le permita una vida digna al profesional de salud, pero además un ingreso equitativo que premie la superación.
Es imperativo incentivar tanto el trabajo en el área rural como en fronteras, para que l@s bolivian@s que viven en estas áreas cuenten con profesionales capaces pero que además les permita a estos profesionales permanecer en estas áreas sin que el sacrificio económico que actualmente representa, sea un incentivo para volver a los centros urbanos, para ello se deben implementar becas, especializaciones y otros.
La propuesta que el Movimiento Sin Miedo presenta, no es sólo pedagógico-didáctica, sino de transformación educativa, basada en la construcción de un país democrático.
Hoy estamos después de ocho años de un gobierno que efectuó un manejo irresponsable e ineficiente de los recursos, que ha reducido la inversión en educación del 12% en 2006 al 7.7% el 2012, y donde los recursos económicos asignados no significan inversión, sino gasto corriente puesto que se triplicaron los funcionarios en la administración pública central y departamental respecto a la gestión 2005. Las agencias internacionales han dejado de invertir en educación por el doble discurso, la demagogia y el manejo económico arbitrario; es por ello que el 2014 no habrá recursos de cooperación en el Ministerio de Educación, y se reducirá aún más su presupuesto.
Es necesario un correcto diagnóstico sobre las deficiencias del servicio educativo y proponer las soluciones. Para contar con un exacto diagnóstico deben fijarse criterios de la calidad de la educación, como los siguientes: ausencia de modelo educativo y modelo pedagógico; formación deficiente del docente y su desempeño tradicional; falta de recursos pedagógicos y equipamiento; rezago tecnológico e inexistente aplicación de Tecnologías de la Información (TICs); ausencia de aulas virtuales en la educación escolarizada; infraestructura educativa deficitaria y deficiente; escalafón docente; estructura curricular enciclopédica. La mala calidad del servicio educativo se percibe en los estudiantes que carecen de sólidos conocimientos en las asignaturas fundamentales, especialmente en matemáticas que debería expresar un razonamiento lógico, formal, propositivo, y lenguaje que debería desarrollar la expresión, lectura, comprensión y producción.
Por lo mismo una Transformación Educativa con Calidad, debe ser encarada urgentemente como compromiso político, expresado en un presupuesto de al menos 10% del Producto Interno Bruto (PIB), que sea capaz de brindar a la población la oportunidad de adquirir conocimientos y capacidades para conseguir mejores ingresos a través de trabajos mejor remunerados, emprender sus propias iniciativas productivas o desarrollar sus talentos artísticos o deportivos profesionalizados, para coadyuvar al desarrollo nacional.
Nuestra propuesta para la Transformación Educativa con Calidad, tiene seis ejes fundamentales:
La Calidad de la Educación implica que la infraestructura, los insumos, los profesores y sus métodos pedagógicos generen habilidades y conocimientos que sean medibles y comparables dentro y fuera del país. Esta línea base debe medirse para obtener un diagnóstico adecuado para saber como alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo plazo, sin perder de vista que vivimos en un país que reivindica lo indígena-originario junto a los avances de la ciencia y la tecnología en un mundo globalizado y altamente tecnologizado.
No es posible llevar un proceso transformación la educación sin referentes de calidad, y para ello el Movimiento Sin Miedo desarrollar propone cinco dimensiones consideradas como espacios dinámicos, de tensiones y fuerzas sociales propias de un país diverso tanto cultural, lingüístico, como socio-económico y ecológico:
La calidad educativa del sistema requiere una reingeniería del Sistema de información Educativa (SIE) en coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que aporte información confiable, oportuna y pertinente para la toma de decisiones. Los datos del SIE del Ministerio de Educación, actualmente, no son válidos ni fiables porque están al servicio del gobierno quien los tergiversa y manipula, por lo que son necesarias instituciones imparciales.
Requerimos información confiable sobre indicadores de calidad educativa, y mejor si existieran estadísticas de gestiones pasadas con las que se pueda comparar:
La medición y evaluación pedagógicas es cuanti-cualitativas en el marco del modelo educativo. Los resultados del aprendizaje obtenidos por los estudiantes son producto tanto del desempeño docente, como de la participación activa de los padres de familia e incluso de otros actores sociales. Por ello el nuevo enfoque será aprender antes que enseñar debiendo la dimensión pedagógica comprender::
Favorece la evaluación de factores asociados a la personalidad, conducta, valores, capacidad de liderazgo de profesores y estudiantes, sociabilidad, sensibilidad y competencias básicas desarrolladas para desenvolverse en la comunidad educativa y fuera de ella. Esta dimensión apareja:
Mide el desarrollo de habilidades y potencialidades seleccionadas, acorde a las edades cronológicas en relación con la creatividad, producción y capacidad de resolución de conflictos; el desempeño docente en función de los resultados conseguidos por los estudiantes y su impacto en la comunidad. Esta dimensión implica:
Sin ser decisivos, son sin embargo muy importantes los insumos y materiales educativos en la calidad educativa. Entre ellos:
El currículo, es el conjunto de competencias básicas, contenidos, metodologías y criterios de evaluación, debidamente planificados, es el mecanismo a través del cual se concreta la educación. La estructura curricular debe comprender dos bloques:
Esta estructura curricular debe articularse con los siguientes componentes:
Políticos; democracia, transformación, identidad nacional, valores ético y morales, estudio crítico y reflexivo de la historia nacional. Productivos; basados en el trabajo comunitario como un proceso de formación de hábitos de vida, de trabajo, disciplina y autonomía del sujeto, necesarios para el desarrollo socio-económico de la comunidad y que genere vocaciones productivas en la población. Integrales; una educación integral y de la vida, no de preparación para la vida porque no es un preámbulo para insertarse en una sociedad cuyos fundamentos y praxis están relacionadas con la acción y reflexión. Científicos; La ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación pedagógico-didácticas son componentes fundamentales que atraviesan la formación de los estudiantes de manera armónica e integral, evitando toda posición etnocentrista. Deportivos: Los deportes deben inculcarse como un modelo de disciplina personal y de manera general como parte del esparcimiento. El modelo educativo deberá seleccionar los talentos a temprana edad y enfocar la profesionalización tanto para la competencia como para la transmisión del conocimiento de las disciplinas deportivas en centros especializados de alto rendimiento.
La educación es un hecho político y un proyecto social para la transformación, por lo mismo, se requiere que esta visión incida plenamente en lo pedagógico innovador y lo pedagógico innovador en lo político, para generar una teoría y práctica dialécticas, es decir, una educación y pedagogía que no se subordinen a intereses privilegiados, sino que sea una pedagogía de la rebeldía a todo orden social injusto, discriminador y excluyente.
Los procesos educativos en el aula dejarán de ser “bancarios” para emprender procesos de enseñanza creativos, activos e innovadores. Este propósito requiere de profesores que descubran cómo aprenden sus estudiantes, de tal manera que la enseñanza responda a este fin. Mucho se ha escrito sobre la enseñanza, poco del aprendizaje, pero con base a investigaciones válidas y fiables de teorías de la enseñanza, los profesores con la comunidad tendremos que construir una auténtica pedagogía nacional y plurinacional.
El modelo educativo cuenta con procesos de extensión a la comunidad y viceversa, a través de proyectos comunitarios que se articularán con los de los gobiernos departamentales y municipales, coadyuvando de esta manera a una educación en la vida y con motivo del desarrollo de la comunidad.
La construcción del currículo nacional involucra a los profesores, estudiantes, a la sociedad organizada, así como sus concreciones curriculares se adecuarán a las regiones, departamentos, municipios y pueblos originarios.
La gestión educativa escolar no sólo es administrativa, sino, principalmente, pedagógica. La escuela es la unidad básica del sistema educativo, que actualmente funciona aislada e independiente una de otra; incluso en los mismos espacios en diferentes turnos sin lograr interrelacionarse pedagógica ni administrativamente; tienen relativa autonomía de gestión bajo la dirección de un director nombrado políticamente, pese a las convocatorias públicas cuyos resultados son desconocidos, por la ausencia de un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación.
Postulamos fortalecer las unidades educativas públicas y de convenio, asegurándoles autonomía, institucionalidad, calidad de aprendizaje mejora sustancial del desempeño y calidad profesional de los profesores, en el marco de una nueva organización que favorezca el principio de escuela activa, productiva y comunitaria; no como unidades educativas aisladas, sino como redes interrelacionadas con un director y subdirectores pedagógico-curriculares, que ejerzan liderazgo orientado a facilitar la coordinación e integración de los espacios y procesos institucionales locales, departamentales, regionales y nacional. En las escuelas rurales se mejorará el funcionamiento de los núcleos con el acompañamiento de los subdirectores pedagógico-curriculares, de tal manera que el equipamiento beneficie a la red y núcleo, y la capacitación docente se realice en las redes y núcleos en función de los requerimientos detectados. Tanto las redes como los núcleos tendrán el seguimiento, monitoreo y evaluación de los directores distritales de educación, cuyos roles y funciones serán reasignados, porque actualmente brillan por su ausencia, dada su condición político partidaria.
Es un aspecto esencial en el proceso de formación de los estudiantes; enfoca su acción en lograr que los educandos aprendan y desarrollen sus capacidades y habilidades necesarias para su desempeño social, profesional y personal. Con este propósito es fundamental el diseño y actualización permanente de planes de estudios; estrategias de articulación entre niveles, grados y áreas; de las metodologías de enseñanza y de aprendizaje; el desarrollo de proyectos educativos, de procesos de investigación; del sistema de evaluación de los estudiantes; la organización y el clima del aula.
Comprende los sistemas de información y registro de los estudiantes (RUDEPI, RUDE), la administración de los recursos humanos y físicos, y los diversos trámites en las departamentales de educación, que estarán a cargo de un director de la red y/o núcleo elegido en base a exámenes de competencia, de méritos y desempeño profesional transparentes e institucionales porque es una pieza fundamental para el mejoramiento de la organización y funcionamiento institucional, la ejecución y la evaluación de acciones mediante el uso efectivo de los recursos.
La administración escolar no ha cambiado desde los años ’50. Esta obsolescencia crea problemas en la implementación de innovaciones pedagógicas, en la articulación de la teoría con la práctica como medio didáctico para aprender, del estudio con el trabajo social comunitario; de conectar el trabajo con las capacidades intelectuales como fundamento del conocimiento científico en beneficio de una sociedad productiva.
El cumplimiento de los 200 días hábiles de trabajo no es sinónimo de cumplimiento y calidad educativa, como nos quiere hacer creer este gobierno, sino un dato administrativo más, que debe ir aparejado con la medición y evaluación de la calidad. El calendario escolar responderá a las necesidades socio-económicas de las áreas urbano/rural y sus variaciones contextuales. Los horarios mosaicos rígidos y las puertas herméticamente cerradas se cambiarán por espacios abiertos, flexibles y de participación democrática.
La creación de internados y la reorganización de los que existen para estudiantes que viven en distritos o regiones alejadas y dispersas, es una obligación porque el propósito es que la educación llegue con la misma calidad a tod@s l@s bolivian@s.
Autonomía, descentralización y gestión educativa forman parte de la política educativa a impulsar en el país, para favorecer mayores niveles de participación en la transformación y mejora de la calidad educativa, empoderamiento de los actores sociales locales, tolerancia, pluralismo, fortalecimiento de las instituciones locales, redistribución de los recursos acorde a las necesidades locales para evitar inequidades, así como control social y uso adecuado de los mismos. El proceso requiere de estudios previos, de planificación, regulación, administración y financiamiento.
El rol del gobierno central en el marco de las autonomías no disminuye sus responsabilidades, sino que se re-conceptualiza, otorgando mayor poder al ámbito local, proceso que requiere no sólo de estudios sobre la economía, pobreza y educación, sino de un marco legal que redimensione los roles y funciones de autoridades locales y departamentales.
La descentralización en el país es sólo discurso porque en los hechos se ha centralizado aún más el poder y los recursos económicos, sobre todo en el Ministerio de Educación; este es un aspecto que se requiere superar para posibilitar la redistribución de recursos, toma de decisiones político administrativas e incluso pedagógicas en el ámbito departamental y distrital, al mismo tiempo, que se crean mecanismos de evaluación del desempeño y resultados con calidad.
La formación docente es uno de los pilares de la transformación de la educación. Sin maestros y maestras adecuadamente formados, continuamente capacitados y permanentemente actualizados en una visión educativa liberadora, crítica y reflexiva, es prácticamente imposible la transformación educativa. El éxito o fracaso de un sistema educativo no depende sólo de infraestructuras modernas, equipamiento, ni de buenos currículos, sino de la calidad del desempeño docente, y este es uno de los factores críticos a superar. No es posible pensar en la mejora de la calidad, sin planificar el desarrollo profesional del docente en sus dos etapas: formación inicial y permanente.
El acceso a la formación docente es cada vez menos exigente, debido a la falta de identificación de conocimientos, aptitudes y valores básicos en los postulantes, a pesar de la masividad de los mismos en cada gestión, especialmente por la oferta de trabajo seguro al egreso. Pese a ello, la docencia no es atractiva para los jóvenes con mayores expectativas profesionales.
La transformación de la formación docente inicial tiene dos aspectos fundamentales: 1) una propuesta pedagógica innovadora, y 2) nuevas formas de organización adecuada a las exigencias actuales. No existen modelos estandarizados a implementarse independientes de la realidad. Planteamos la necesidad de establecer un debate nacional, departamental y local sobre el tipo de maestro que se quiere formar en un enfoque participativo de abajo hacia arriba y desde el interior de las escuelas de formación de profesores, a fin de que estas instituciones lidericen su transformación, sin imposiciones ni “alianzas” demagógicas que han llevado a la formación docente a un profundo retroceso en estos ocho años.
Cabe indicar que la prioridad en los niveles inicial y primario será lo pedagógico-didáctico que organiza y articula los conocimientos, habilidades y actitudes. En el nivel secundario el proceso será inverso, el desafío es construir una pedagogía auténticamente nacional que favorezca la mejora de la calidad educativa; asícomo, determinar las modalidades y especialidades tanto para el área rural y urbana que propicien la movilidad social sin interferencias, exclusión y discriminación.
Las Escuelas de Formación de maestras y maestros se organizarán en redes, una por departamento, las otras como unidades académicas en concordancia con las necesidades de formación docente inicial por niveles, especialidades y modalidades a nivel local, departamental y nacional, para evitar mayor desocupación de profesores egresados, que superan actualmente los 20.000.
La formación inicial, continua y permanente estará articulada a la innovación pedagógico/didáctica y a una sólida formación académica de los profesores. Hoy en día, sólo se los capacita en la comprensión del currículo base y su aplicación que, obviamente, no trasciende la domesticación y la información disciplinaria que luego reproducen. Necesitamos docentes creativos, constructores de realidades, productores de conocimientos fruto de experiencias y reflexiones epistémicas, críticas, que les permita comprender las teorías que requieren construir, articuladas a las necesidades históricas de nuestro país.
La educación superior universitaria, técnico-tecnológica no se ha modificado a excepción de la creación improvisada de tres universidades indígenas cuyos resultados no se los conoce, a pesar de que las primeras promociones deberían ya estar egresando. Necesitamos hacer un estudio de mercado laboral; no se puede seguir formando profesionales desocupados, que llevados por la frustración y la desesperanza acaben en actividades laborales eventuales o precarias; o busquen emigrar para someterse a trabajos subalternos en el exterior o, finalmente, estemos impulsando la fuga de cerebros valiosos por falta de oportunidades, y por la desvalorización de lo profesional, porque en ocho años de gobierno no se han creado fuentes de trabajo, y se ha retrocedido en todos los ámbitos educativos.
Los estudios del mercado laboral nos podrán señalar la sobre oferta y las necesidades profesionales reales que tiene Bolivia; no es que al estudiante le parezca acertado estudiar determinada carrera al margen de los requerimientos sociales y económicos, sino detectar nuestras necesidades para evitar la contratación permanente de expertos extranjeros; sabemos que requerimos técnicos, ingenieros y científicos de diversa especialidad para que impacten en la economía, pero no hacemos nada por incentivar en los jóvenes la elección de estas carreras, debido a que nuestro sistema educativo es pésimo, los estudiantes tienen pánico a las ciencias exactas por las metodologías de enseñanza inadecuadas y, en general por la mala formación docente.
Necesitamos, desde el Estado, mayor inversión en investigación; impulsar la innovación y la modernización del país para incentivar el estudio de carreras vinculadas con las técnicas, las ingenierías, la ciencias y las tecnologías que nos permitan saltos cualitativos en la producción, agregación de valor y comercialización de nuestros productos para que no exportemos madera, sino muebles, que no exportemos litio, sino baterías, productos farmacéuticos, caucho sintético, pirocerámica de aplicabilidad en la industria aeroespacial, etc. Ello dará lugar a un viraje en las necesidades de formación de profesionales, motivará a las universidades establecer Centros Pilotos de Formación Técnica-Tecnológica y convenios con universidades de fuera del País, todo esto acorde con las ofertas del mercado laboral, y sobre todo articuladas a las nuevas técnicas y tecnología para el trabajo. No basta conocer las nuevas tecnologías, sino aplicarlas en contextos concretos de trabajo. No se pretende proponer recetas para el cambio del Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional, sino cambiar radicalmente las estructuras socio económicas del país.
El concepto de seguridad ciudadana, como derecho y demanda de la población a no estar expuesta a hechos de violencia originados en la propia sociedad o en la acción del Estado y sus agentes, debe contextualizarse dentro del concepto de Seguridad Humana, que supone la construcción de una vida cotidiana sin miedo y en condiciones para el desarrollo pleno e integral de los Derechos Humanos.
La violencia, factor principal de inseguridad en la sociedad, es un fenómeno emergente de actos y hechos que se producen en la sociedad, especialmente identificados con el agravamiento de la delincuencia y sus formas violentas y mafiosas, pero también es un fenómeno institucional y estructural vinculado con la situación de pobreza, exclusión y marginalidad de amplios sectores sociales, y con instituciones públicas, como el sistema de justicia penal, el régimen penitenciario y las acciones policiales donde recurrentemente se producen violaciones a los derechos humanos.
El incremento real de las conductas delictivas, especialmente las de configuración violenta contra la vida, la integridad física y sexual, contra los niños y niñas, y las de connotaciones mafiosas y bandoleristas, son componentes agravados de inseguridad ciudadana que han proliferado peligrosamente en el país y que, junto a la alarma ciudadana, hasta ahora solo han tenido respuestas gubernamentales represivas y coyunturales, sin adelantarse en políticas públicas estructurales de protección del núcleo familiar que, carente de ingresos económicos suficientes, se ha desestructurado y sufre una extendida crisis, especialmente en los hogares de bajos ingresos, donde todos sus miembros, de todas las edades, tienen que trabajar para la subsistencia diaria.
El narcotráfico, la fabricación y comercialización de drogas, especialmente cocaína, aparece en el centro del agravamiento de la delincuencia violenta, mafiosa e impune que está generalizando la inseguridad ciudadana en nuestro país. El “negocio” de la droga, genera redes delictivas cada vez más extendidas, en la sociedad y el estado, que multiplican los crímenes violentos, los ajuste de cuentas, la aparición de sicarios, el bandolerismo, el secuestro y trata de personas, el lavado de dinero, el control delictivos de los recintos penitenciarios y la penetración de estructuras policiales y gubernamentales, lo que agravan, con la impunidad, el estado de indefensión y la inseguridad ciudadanas.
Los organismos policiales aparecen cada vez más impotentes frente al crimen organizado y mafioso, y frente a ello la sociedad o tiende a retraerse acudiendo a mecanismos parapoliciales privados, o a “defenderse” ejecutando acciones punitivas por “mano propia”, también delictivas y violentas que generan a su vez una peligrosa espiral violentista en el seno de la comunidad.
A ello hay que agregar la violencia doméstica, que tiene como victimas a las mujeres y a l@s niñ@s que, de manera cotidiana, no solo son objeto de maltrato, sino de crímenes aberrantes, asesinatos, violaciones y feminicidios, practicados en los entornos familiares. Los datos recientes dan cuenta del asesinato de al menos 90 mujeres en los últimos 10 meses del año 2013, junto a repetidos casos de menores violadas y/o asesinadas por sus parientes cercanos, lo que claramente está reflejando esa peligrosa crisis de los núcleos familiares con una altísima incidencia en la inseguridad ciudadana.
El mayor consumo de alcohol, la drogadicción, el pandillerismo y la degradación del espacio publico, son otros de los tantos factores asociados que perturban la tranquilidad y la convivencia pacífica entre la población especialmente joven que, a su vez, carece de oportunidades de estudio, capacitación, esparcimiento y empleo.
BASES PARA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL
Frente a este panorama, está claro que el país y su población requieren de una estrategia integral de seguridad ciudadana, donde junto al encaramiento de los factores estructurales que generan la delincuencia, se desplieguen acciones en y desde el Estado y con la sociedad, que reviertan progresivamente la actual situación de inseguridad, de acuerdo con las siguientes BASES:
[1] El Índice de Gini en honor al estadístico Corrado Gini, mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa donde el Índice de Gini sería 0