AL CONGRESO DE DIPUTADOS
A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

El principio democrático de la separación entre las religiones y Estado, de sus ámbitos, fines y funciones, exige de las instituciones públicas su entera independencia con respecto a intereses privados, neutralidad ideológica y trato de igualdad para el conjunto de la ciudadanía, sin privilegio ni discriminación por razones de las particulares convicciones, sean religiosas o no.

Los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede firmados por el Estado español en 1976 y 1979, en continuidad y actualización del Concordato de 1953, vulneran ese principio amparando legalmente la financiación de la Iglesia católica con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo.

En modo alguno cabe esperar que una nueva ley educativa de carácter democrático pueda garantizar la laicidad exigida del marco escolar para el respeto al derecho y formación de la libre conciencia del alumnado, de mantenerse la vigencia de dichos Acuerdos y los posteriormente firmados con otras confesiones religiosas.

Por ello, los abajo firmantes, demandamos que el pleno del Congreso, en representación de la voluntad democrática y de la soberanía popular, presente a debate y se pronuncie por la DENUNCIA y DEROGACIÓN de los mencionados Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como de los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato.

YA SOMOS  49.553 FIRMANTES

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