Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo

Cómo el Sistema de AFP Discrimina a las Mujeres Chilenas y Cómo Corregirlo

El presente informe se complementa con:

Anexo 1: Cuadros, gráficos y documentos adjuntos

Anexo 2: Metodología de cálculo y Propuestas para otorgar pensiones iguales a mujeres y hombres con fondos iguales a la edad legal de jubilar

CENDA

versión: Mayo 2011


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Ford y ONU Mujer

 

 

 

 

 

 

Prepararon:

 

Manuel Riesco

Estrella Díaz

Francisco Durán

Donata Secondo

 

CENDA

 Santiago

 2011


Índice

Índice

I. Resumen y conclusiones #

II. Cómo las AFP discriminan a las mujeres chilenas

1. Origen del problema

2. Pensiones que no merecen el nombre de tales

3. Las mujeres jubiladas por AFP perciben pensiones inferiores a los hombres con igual fondo acumulado

Cuadro 1: Diferencias por sexo de rentas vitalicias de vejez efectivamente contratadas, 2008-2009*

Cuadro 2: Diferencias de pensiones de mujeres y hombres solteros con igual fondo acumulado en el sistena de AFP, varios fondos iniciales.

Cuadro 3: Diferencias de pensiones de mujeres y hombres solteros con igual fondo acumulado en el sistena de AFP, varias tasas de interés.

4. La causa de la discriminación contra las mujeres

4.1 Los misterios de las pensiones

4.1.1 Esperanza de vida

Gráfico 1: Diferencias en esperanza de vida, ingreso vs. género.

Cuadro 4: Diferencias en Esperanza de Vida por ingreso y sexo

4.1.2 Las tablas oficiales de mortalidad discriminan a las mujeres

Cuadro 5: Esperanza de vida de jubilados y población total

Cuadro 6: Cálculo de pensiones en base a fórmula de valor presente

4.2 Beneficios del cónyuge y otros beneficiarios, mercado laboral y otros factores que modifican la brecha de género

III. Cómo corregir la discriminación contra las mujeres en el sistema de AFP

5. Pensiones iguales para fondos iguales al cumplir la edad legal de retiro

5.1 Pensión pública compensatoria

Cuadro 7: Estimación del costo de corregir la discriminación contra las mujeres en el sistema de AFP

5.2 Tabla Única para el Cálculo de Rentas Vitalicias de Mujeres y Hombres Adultos Mayores

IV. Efectos de la discriminación laboral en las pensiones de las mujeres

6. Brechas de género en el mercado laboral

6.1 Segregación del mercado de trabajo

6.2 Ingresos medios de asalariados y asalariadas

Cuadro 9: Ingreso medio mensual de los asalariados, según nivel educacional. 2009#

Cuadro 10: Ingreso medio mensual de los asalariados, según rama de actividad. 2009#

Cuadro 11: Ingreso medio mensual de los asalariados, según grupo ocupacional. 2009

7. Discriminación e igualdad entre géneros: un repaso conceptual a propósito de los acuerdos internacionales

V. La reforma reciente también discrimina a las mujeres

7. Bono por hijo

VI. Algunos antecedentes generales del sistema de pensiones chileno

8. Chile, país joven

9. Amplia cobertura del sistema público

Cuadro 12: Pensiones pagadas por el sistema público y privado, Noviembre 2010

10. Resultados para sus afiliados de las AFP y compañías de seguros relacionadas con la previsión

11. La Gran Ilusión. Perspectiva comparada de la rentabilidad del fondo de pensiones AFP y los mercados financieros mundiales

Diagrama 1: Rendimientos de largo plazo de los fondos AFP y mercados financieros *

VII. Reconstruir el sistema previsional público basado en el esquema de reparto

VIII. ¿Por qué las AFP han sobrevivido tres décadas?

IX. Referencias bibliográficas

I. Resumen y conclusiones[1]

El problema

En el antiguo sistema público de pensiones chileno, que todavía está vigente para las personas que en 1981 lograron resistir las presiones para cambiarse al sistema de AFP, una mujer tiene derecho a jubilar a los 60 años, con una pensión vitalicia idéntica a la de un hombre de 65 con el mismo sueldo y número de años contribuidos, cualquiera sea su estado civil y número de cargas. En las AFP, en cambio, un hombre soltero de 65 obtiene hoy aproximadamente un tercio más de pensión que una mujer soltera de 60 años con el mismo fondo acumulado. Aún si ella renuncia a su derecho a jubilar a los 60 años y posterga esta decisión a los 65, la pensión del hombre resulta aproximadamente un sexto mayor.

Dos tercios de los adultos mayores son mujeres y dos tercios de las pensiones públicas las reciben asimismo mujeres. En el sistema de AFP, en cambio, solo el 30 por ciento las perciben mujeres, mientras el 70 por ciento lo perciben hombres. Claramente, el sistema de AFP discrimina en contra de las mujeres.

 

Pensiones que no merecen el nombre de tales

Adicionalmente, las pensiones de ambos resultan significativamente inferiores a las que obtienen personas con sus mismos salarios y años contribuidos, pero que lograron permanecer en el sistema antiguo. La situación se agrava para los casados y quienes tienen más cargas familiares, cuyos beneficios de sobrevivencia se financian con cargo a una rebaja de sus propias pensiones. Mientras en el sistema público las pensiones se determinan en base a las remuneraciones de los últimos años, las del sistema de AFP están determinados principalmente por remuneraciones que percibieron dos y tres décadas atrás, las que eran muy deprimidas. Ello se agrava en el caso de quienes fueron empleados públicos durante los años 1980, a los que se cotizó por una parte menor de su remuneración. Adicionalmente, los elevados costos de administración del sistema han absorbido cuatro quintas partes de las ganancias obtenidas por los fondos de pensiones, las cuales, por otra parte, se esfumaron en buena medida durante la reciente crisis mundial.

Origen de la discriminación

Todos estos factores, sin embargo, repercuten en mucho mayor medida en el caso de las mujeres cotizantes de AFPs, cuyas pensiones resultan siempre significativamente más dañadas que las de los hombres. La causa de esta flagrante discriminación es bien conocida: al privatizar el sistema de pensiones se modificó su base de cálculo. Mientras en el sistema público los beneficios son definidos y se financian año tras año con cargo a las cotizaciones de los trabajadores activos, en el sistema de capitalización los beneficios se financian con los fondos acumulados y por lo tanto varían según la expectativa de vida de los jubilados en general. Puesto que el sexo del causante es el único factor por el cual se discrimina al momento de calcular las pensiones, para un mismo fondo, las pensiones de las mujeres resultan necesariamente menores a las de los hombres, dado que jubilan antes y en promedio viven más que los hombres. Ello se suma a la discriminación que sufren a lo largo de sus vidas en el mercado laboral, donde tienen una menor tasa de participación y perciben remuneraciones inferiores para trabajos similares, que los hombres. Por este motivo, sus fondos de pensiones al jubilar son inferiores a los de ellos.

Modalidad de pensión y discriminación

El sistema de AFP contempla dos mecanismos principales de jubilación, denominados retiro programado y renta vitalicia. En la primera modalidad, cada persona financia sus propias pensiones y los beneficios de sus sobrevivientes, con cargo a su propio fondo de pensiones. Se trata de un mecanismo de capitalización propiamente individual. Las mujeres se ven perjudicadas puesto que deben financiar beneficios durante más tiempo que los hombres. Adicionalmente, el Estado establece un mecanismo de cálculo en el cual las pensiones se determinan mediante tablas oficiales, diferenciadas por sexo. Es decir, en esta modalidad la discriminación resulta flagrante.

Bajo la segunda modalidad, la propiedad del fondo de pensiones se traspasa a una compañía de seguros, la que devuelve dicho capital al afiliado bajo la forma de una pensión vitalicia y algunos otros beneficios a sus sobrevivientes. Como en todo mecanismo de seguro, dichos beneficios se determinan en buena medida según la esperanza de vida promedio de la toda población y por lo tanto, las personas que viven menos compensan en alguna medida a los que viven más. A diferencia de la modalidad precedente, no existe en este caso la obligación explícita que las compañías de seguros consideren el sexo de las personas para determinar sus ofertas de pensiones.

Tras la reforma del año 2008, se estableció un mecanismo de licitación según el cual las compañías de seguros deben competir en sus ofertas de pensiones vitalicias a los que van a jubilar. La reforma intentó evitar en alguna medida que dichas ofertas discriminaran según la expectativa de vida específica de cada postulante, basándose en cambio en los datos de la población más en general. Para ello, las compañías deben hacer sus ofertas en base a información limitada de éstos. Por ejemplo, no pueden obligarlos a someterse a exámenes médicos como los que exigen a quienes contratan seguros de desgravamen en los créditos bancarios. Sin embargo, hay un dato esencial que las compañías de seguro sí conocen de antemano: el sexo del causante.

De este modo la discriminación contra las mujeres opera exactamente igual bajo esta modalidad, puesto que todas las compañías oferentes van a considerar el sexo al momento de hacer sus ofertas, aunque no estén forzadas e ello por ley como en el retiro programado. El Estado les ayuda gentilmente, actualizando periódicamente tablas de mortalidad de los jubilados, que discriminan por sexo y sólo por este aspecto.  

Sin embargo bajo la modalidad de renta vitalicia, las compañías de seguros pueden discriminar adicionalmente a otros grupos, lo que no ocurre en la modalidad anterior donde sólo las mujeres son objeto de este perjuicio. Por ejemplo, el monto del fondo acumulado y la comuna donde vive el causante, datos conocidos por las aseguradoras, dicen mucho respecto de su expectativa de vida. Del mismo modo, les resulta sencillo pesquisar información acerca del estado de salud y otros parámetros que resultan determinantes de la misma. En algunos casos, las mismas aseguradoras tienen acceso a esta información en empresas relacionadas, como los mismos créditos bancarios, ISAPRES o clínicas, por ejemplo.

De este modo, las mujeres son igualmente discriminadas bajo ambas modalidades, sólo que en el caso de las pensiones vitalicias, todos los que las contratan resultan discriminadas adicionalmente  por otros conceptos.

La reforma Bachelet

La reforma previsional de la Presidenta Bachelet mitigó esta situación en parte, estableciendo pensiones y aportes solidarios iguales para hombres y mujeres que pertenecen al sesenta por ciento de menores ingresos de la población. Estos beneficios quedaron definidos y garantizados por el Estado, es decir, fuera del esquema de capitalización, al cual deben sin embargo continuar contribuyendo obligatoriamente a lo largo de su vida laboral. Por otra parte, estableció un bono por hijo que beneficia a todas las mujeres, pero que es de un monto muy pequeño y se cancela a partir de los 65 años. Actualmente resulta del orden de 1.500 pesos mensuales por hijo, puesto que el bono de aproximadamente 300.000 pesos se capitaliza solo a partir del 2009. Incluso en varias décadas más, no alcanzará de ningún modo para corregir la discriminación anotada en el caso de las mujeres, especialmente aquellas de ingresos medios y altos. Por otra parte, la reforma introdujo un nuevo factor de discriminación contra las mujeres, puesto que ellas deben esperar cinco años después de cumplida su edad legal de jubilar para percibir sus beneficios, mientras que los hombres reciben los mismos al momento de cumplir la suya.

Las demandas

El Tribunal Constitucional chileno emitió recientemente un fallo importante en un caso de naturaleza parecida. Instó al gobierno a modificar la legislación que regula las aseguradoras de salud obligatoria, ISAPRE, de modo de impedir que cobren tasas diferentes según la edad y sexo de los afiliados. El alto tribunal estimó que tales diferencias constituyen una discriminación que viola los derechos constitucionales de las personas.

Basándose en este precedente, numerosas mujeres jubiladas por AFP están presentando recursos ante los tribunales chilenos, en que exponen la situación antes descrita y que les significa obtener pensiones inferiores a los hombres que han cumplido su edad legal de jubilar y tienen el mismo fondo acumulado. Solicitan pensiones iguales a los hombres para fondos iguales al momento de cumplir su respectiva edad legal de jubilar, al igual que ocurre en el sistema público.

Metodología y Propuestas

El presente informe demuestra y dimensiona la discriminación contra las mujeres en el sistema de AFP. Propone varias alternativas para remediarla, estima el costo de las mismas y comprueba que resultan factibles.

Metodología

Explica la metodología generalmente aceptada de cálculo de pensiones en el sistema de capitalización. Muestra que para fondos iguales al momento de jubilar y considerando el nivel de tasas de interés esperada para el período de jubilación, las pensiones de los hombres resultan aproximadamente un tercio mayores que las de las mujeres si ambos jubilan a su edad legal de retiro y aproximadamente un sexto mayores si ellas postergan su jubilación hasta los 65 años, como se ha mencionado. Adicionalmente, comprueba que las diferencias crecen a medida que baja la tasa de interés esperada y en el límite, cuando la tasa es cero, las pensiones de los hombres resultan el doble que las de las mujeres con fondos iguales al momento de cumplir su edad legal de retiro.

Subsidio general

Se sugiere una solución sencilla y general, que consiste en que el Estado complemente las pensiones del sistema de AFP con una pensión pública adicional para las mujeres, cuyo monto corrija esta discriminación y restablezca el derecho que tienen en el sistema público, de percibir pensiones iguales a las de los hombres para fondos iguales al momento de cumplir la respectiva edad legal de jubilar. Esta solución se puede aplicar a todas las modalidades de pensiones del sistema de AFP, como los retiros programados y otras que pagan directamente las AFP y las rentas vitalicias y otras que se contratan con compañías de seguros. No exige modificación alguna del sistema actual, sino simplemente corrige la discriminación anotada. Su impacto sobre pensiones de las mujeres resulta considerable, puesto que incrementa en aproximadamente un tercio las pensiones de 170.000 mujeres jubiladas por vejez en el sistema de AFP. Se estima el costo actual de este subsidio en aproximadamente 100.000 millones de pesos anuales, lo que si bien es una cifra elevada, representa sólo el 2,3 por ciento del gasto público en pensiones, que alcanza actualmente a 4,3 billones de pesos anuales.

Tabla única de rentas vitalicias

Alternativamente, se sugiere una solución que resulta aplicable a la modalidad rentas vitalicias, las cuales contemplan un mecanismo de compensación, como se ha mencionado. Consiste en terminar con la discriminación que significa la existencia de tablas oficiales de mortalidad diferenciadas solo por sexo. Establece una tabla única obligatoria para el cálculo de rentas vitalicias, que garantiza pensiones iguales para fondos iguales al cumplir la edad legal de jubilar. Asimismo, un mecanismo de fondo único y compensaciones, para evitar que las compañías “descremen” a las personas con menos expectativa de vida. Complementariamente, establece un subsidio para que los hombres no vean rebajadas por este motivo sus pensiones actuales, las que son significativamente inferiores a las que perciben personas con la misma historia laboral en el sistema público. Calculadas de este modo, las rentas vitalicias se establecen según la esperanza de vida promedio de toda la población jubilada, sin discriminar entre hombres y mujeres como ocurre actualmente. De esta manera, todas las personas que viven menos compensan a las que viven más, sea por constitución genética, condición de salud o nivel de ingreso, como ocurre en la actualidad, pero también ahora por sexo, que es la única condición que se discrimina actualmente.

Modificación de rentas vitalicias

Este último mecanismo puede aplicarse a toda la población si se elimina la modalidad de retiros programados y se establece para todos de forma obligatoria. En cualquier caso, se sugiere la conveniencia de modificar el diseño de las rentas vitalicias, terminando con la obligación de traspasar la propiedad de los fondos a las compañías de seguros al momento de jubilar. En cambio, se propone la contratación de un seguro de sobrevivencia propiamente tal, que se financie mediante el pago de una prima anual por parte de todos los afiliados, cuyo importe permita a las compañías financiar los beneficios de las personas jubiladas que viven más que el promedio por cualquier motivo que sea, incluyendo desde luego la condición de mujer.

Restablecer el sistema público de reparto

En caso de ponerse en práctica alguna de las modificaciones propuestas más arriba, no afectarán el fondo del sistema de capitalización. Las pensiones de una cohorte dada se siguen financiando a partir de los fondos acumulados por la misma al momento de jubilar. Solamente corregirán el cálculo de pensiones, de modo de eliminar la discriminación contra las mujeres que significa que ellas sean el único grupo de la sociedad para el cual la diferencia en esperanza de vida afecta obligatoriamente el monto de sus pensiones. Al mismo tiempo, el Estado subsidia las pensiones o los fondos, de modo de evitar que el remedio a la discriminación contra las mujeres perjudique las pensiones que reciben los hombres, que de por si son bastante mengüadas.

Alternativamente, se argumenta que la mejor solución es poner fin al sistema de AFP y restablecer el sistema público basado en el mecanismo de reparto. Ello permitiría no solo terminar con la discriminación contra las mujeres en las AFP, sino nivelar las pensiones de hombres y mujeres con las que actualmente perciben los jubilados por el sistema público, que son considerablemente mayores en ambos casos.

Adicionalmente, se comprueba que lejos de representar un mayor costo para el Estado, como las soluciones anteriores, el terminar con el sistema de AFP generaría un fuerte excedente fiscal. El año 2008, por ejemplo, los aportes de los afiliados y el fisco al sistema de AFP sumaron 3,8 billones de pesos, mientras todas las pensiones y otros beneficios pagados por las AFP y compañías de seguros sumaron 1,5 billones de pesos ese mismo año, lo cual deja un excedente neto de 2,3 billones de pesos. Ello permite estimar que terminar con el sistema de AFP generaría para el fisco un excedente anual de ese orden (unos cinco mil millones de dólares), aparte que los fondos de pensiones acumulados quedarían de reserva para el pago de futuras pensiones.

El esquema de reparto es un sistema de seguro normal, que opera exactamente igual como el seguro de invalidez y sobrevivencia en el sistema de AFP o el seguro automotriz obligatorio, entre muchos otros ejemplos. En todos esos casos, los beneficios que perciben las personas afectadas por el riesgo se financian con cargo a las primas anuales que pagan todos. Este esquema ha sido probado a lo largo de muchas décadas en todos los países desarrollados y actualmente opera de modo parcial o exclusivo en todos los países del mundo, con la única excepción de Chile.

La madre de todas las privatizaciones

¿Porqué se privatizó un sistema probadamente mejor y que aún hoy ofrece a la mayor parte de los jubilados chilenos pensiones ostensiblemente mejores que las AFP? ¿Porqué se reemplazó por otro que discrimina especialmente a las mujeres? ¿Porqué las AFP gastan miles de millones de los cotizantes en una campaña hostigosa que hasta el momento ha tenido éxito en resistir tenazmente una reforma a fondo del sistema? ¿Porqué se lleva a cabo una campaña sostenida para presentar a los sistemas de reparto en una condición de insolvencia, a pesar que dejan excedentes anuales cuantiosos Estado en todos los países, incluido Chile hasta 1981? ¿Porqué se oculta que la privatización de los sistemas de pensiones ha sido la principal fuentes de déficit fiscal en los países que la han implementado?

La razón es muy sencilla: a lo largo de tres décadas, la privatización del sistema de pensiones ha traspasado a un pequeño grupo de grandes conglomerados financieros, encabezados por los propietarios de las AFP y compañías de seguros relacionadas con la previsión, la mayor parte de las cotizaciones previsionales, que en el caso chileno suman hoy más de seis mil millones de dólares por año. Al mismo tiempo, el Estado ha debido hacerse cargo de pagar la mayor parte de todas las pensiones, incluidas las que pagan las AFP y compañas de seguros. Finalmente y lo que es más importante, quienes se trasladaron a las AFP han visto disminuir significativamente las suyas, lo que discrimina en mucho mayor medida a las mujeres.

¿Hasta cuando los chilenos y especialmente las chilenas, vamos a tolerar esta situación?. Hasta ahora muchas trabajadoras no se han percatado completamente de esta situación, puesto que son relativamente pocas las que han jubilado en el sistema de AFP, la primera generación que lo hará, sin haber pasado por el antiguo sistema de reparto son aquellos y aquellas nacidas entre 1960 y 1965 y que comenzaron a trabajar en 1981 cuando se implementó la reforma de pensiones. Esto se prevé ocurrirá entre los años 2020 y 2025.

La seguridad social no implica una cuestión solo económica, sino también política y cultural. Está vinculada al crecimiento económico, pero además a la definición del conjunto de oportunidades de vida de la población, a las propias formas de integración social. No obstante lo anterior, en la reforma de pensiones predominó el enfoque económico, y consecuentemente, fueron privilegiados los intereses corporativos y la rentabilidad del sistema y estuvo ausente la perspectiva de la seguridad social como garante de derechos sociales. Se transfirieron así a los ciudadanos y ciudadanas buena parte de la responsabilidad de su situación futura en materia de protección frente a los riesgos sociales, diluyéndose tanto la responsabilidad del Estado y la sociedad, como la cobertura universal, y se dejó sin libertad de elección a los trabajadores, quiénes constituyeron un mercado cautivo para las AFP.

Resolución del tribunal europeo: un precedente contra la discriminación

Durante el mes de marzo del 2011 se conoció el dictamen del alto tribunal de la Unión Europea en relación al uso del género como factor de riesgo al momento de contratar algún tipo de seguro. Ello incluye, por supuesto, el cálculo de las pensiones que las personas deben realizar cuando deciden o alcanzan la edad legal para jubilar. El contenido de la conclusión es categórico: no se puede utilizar el factor género como variable de riesgo, puesto que ello no es sino un acto de discriminación flagrante. De esta manera, las compañías de seguros que operan en Europa ya no pueden calcular las pensiones en base a las expectativas de vida que tienen distintamente los hombres y mujeres.  Aquella resolución apoya de manera contundente los análisis, premisas y conclusiones que se pueden formular desde este informe, cuyos contenidos se refieren a tal elocuente discriminación.


II. Cómo las AFP discriminan a las mujeres chilenas

La implantación del sistema de AFP constituye quizás el caso más masivo y flagrante de discriminación contra las mujeres por parte del Estado chileno. En el antiguo sistema público de pensiones, que todavía está vigente para las personas que en 1981 lograron resistir las presiones para cambiarse al sistema de AFP, una mujer tiene derecho a jubilar a los 60 años, con una pensión vitalicia idéntica a la de un hombre de 65 con el mismo sueldo y número de años contribuidos, cualquiera sea su estado civil y número de cargas. En las AFP, en cambio, un hombre soltero de 65 obtiene hoy aproximadamente un tercio más de pensión que una mujer soltera de 60 años con el mismo fondo acumulado. Aún si ella renuncia a su derecho a jubilar a los 60 años y posterga esta decisión a los 65, la pensión del hombre resulta aproximadamente un sexto mayor.

1. Origen del problema

La ausencia de la dimensión de género en el diseño de la reforma y en la ley resultante, sólo se explica por la lógica económica que primó, en cuyo marco los técnicos y quienes tomaron las decisiones políticas se preocuparon más de resolver los temas financieros y de crear un mercado de capitales que de prever los impactos diferenciados que ejercerían sus medidas sobre la población.

Tal como lo sintetiza Pautassi (2004), haciendo referencia a la lógica de implementación de la política en diferentes países, en ninguno de los diagnósticos previos ni posteriores a la reforma se tuvo en cuenta las implicaciones que tienen las relaciones de desigualdad de género para los análisis, sean estos macroeconómicos o resultantes de opciones políticas. No se prestó consideración alguna a la división sexual del trabajo, el ingreso y las responsabilidades.

La discriminación contra las mujeres se profundizó con la privatización del sistema de pensiones, llevada a cabo por la dictadura de Pinochet en 1981. A partir de ese momento, todos los nuevos contratos laborales debieron acogerse obligatoriamente al nuevo esquema, conocido por las siglas de las administradoras privadas de fondos de pensiones, AFP. A los trabajadores con contratos vigentes en ese momento se les ofreció la alternativa de cambiarse, con el incentivo de un pequeño incremento de salario debido a que la cotización mensual del nuevo sistema resultaba levemente inferior a la del sistema público. Se les instó a trasladarse mediante una masiva campaña de publicidad que prometía remuneraciones y pensiones superiores a las del sistema antiguo y ridiculizaba a quienes permanecían en este último, a quienes se apodó "los quedados." Los empleadores presionaron fuertemente en la misma dirección, especialmente los jefes de servicios públicos, que fueron instruidos en este sentido por el gobierno. En muchos casos, asimismo, empresas privadas llegaron al extremo de despedir masivamente a todos sus trabajadores para volver a contratarlos de inmediato bajo el nuevo esquema. Tenían un fuerte incentivo para hacerlo, puesto que en el sistema de AFP se eliminó la contribución patronal, permaneciendo solo el aporte del trabajador, que quedó fijado en aproximadamente un 13 por ciento del salario.

La situación de terror generalizado que se había impuesto al país impidió la reacción masiva de la ciudadanía contra estos abusos. Aun así, las organizaciones sindicales que sobrevivían manifestaron desde el primer momento su rechazo unánime al nuevo esquema, encabezadas por el máximo dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Tucapel Jiménez, quién mas tarde fuera asesinado atrozmente por la dictadura. Hubo asimismo voces preclaras que denunciaron desde el primer momento que significaba un fuerte retroceso en los derechos de los trabajadores.

De este modo, la abrumadora mayoría de los asalariados fueron inducidos a afiliarse a las AFP en 1981 o forzados a ello en los años inmediatamente posteriores a medida que se cambiaban de trabajo, lo que es muy frecuente en el precario mercado laboral chileno. Al firmar un nuevo contrato se trasladaban obligatoriamente al nuevo sistema. Solo lograron permanecer hasta hoy en el sistema antiguo, una parte de los funcionarios públicos y algunos mandos medios de empresas privadas, que mantuvieron contratos estables. Aparte de las FF.AA. y Carabineros, instituciones que nunca se cambiaron al sistema previsional privatizado que sus mandos impusieron a todo el resto de la población. Actualmente, los afiliados activos en los sistemas previsionales públicos, incluyendo las FF.AA. y policías, se han reducido a menos de un 3 por ciento de los afiliados al sistema privatizado (cuadro A1-G-2 del Anexo 1[2]).

Nunca se explicó a las mujeres que la nueva fórmula de cálculo de pensiones las perjudicaba especialmente y de hecho, todavía hoy, la inmensa mayoría de ellas no tiene conciencia de esta situación.

Al momento de implementación de la política, las organizaciones de mujeres venían asumiendo muchos temas de reivindicación y no se percataron oportunamente de las consecuencias que tendría para ellas el nuevo sistema de pensiones, el cual fue aprobado luego de un proceso corto y rápido, sin espacio para que la ciudadanía participe en el estudio y discusión de la ley. Hubo pues una falta de información alarmante. El Estado no estaba disponible para informar sobre los alcances del nuevo modelo. Más bien, el discurso sobre las “bondades” del nuevo sistema actuó como mecanismo legitimador.

Posteriormente, las organizaciones femeninas tampoco han abordado con decisión o como parte de su agenda la equidad de género en materia previsional[3]. Tampoco lo han hecho las organizaciones de jubilados y pensionados, quiénes sin embargo abordan el tema de la equidad, al manifestarse permanentemente en contra de la caída de los haberes, oponiéndose al modelo de capitalización. Desde la participación ciudadana hay entonces una tarea pendiente.

2. Pensiones que no merecen el nombre de tales

El sistema de AFP hubo de ser reformado a partir del año 2008, tras comprobarse que no era capaz de proporcionar pensiones a la mayoría desus afiliados. De este modo, el Estado se vio en la obligación de asumir el pago de pensiones y aportes solidarios a nada menos que el 60 por ciento de menores ingresos de la población (BCN 2008).

Sin embargo, también en el caso de los sectores de ingresos medios y más elevados, los "quedados" están demostrado que los peores temores de los críticos tempranos del sistema de AFP eran fundados. Sus pensiones resultan hoy notablemente superiores a las de sus colegas con similares historias laborales que se trasladaron a las AFP.

Una mujer médico, por ejemplo, nacida en 1950, que se cambió al sistema de AFP en 1981, donde no ha dejado de cotizar un solo mes desde entonces y siempre por el ingreso imponible tope de 60 UF y ha trabajado la mayor parte del tiempo en el sector privado, obtiene hoy una pensión de $497.508 mensuales (unos mil dolares). Una jueza, nacida el mismo año y en idéntica situación en lo referido a la regularidad de sus cotizaciones, todo el tiempo como funcionaria del poder judicial, obtiene hoy una pensión líquida de $303.436 mensuales (unos 600 dólares) (ver “Casos reales de discriminación,” en Anexo 1). De haber permanecido en el sistema público de pensiones al cual pertenecían hasta 1981, ambas profesionales obtendrían hoy la pensión pública tope, que actualmente ( enero 2011) es superior al millón de pesos mensuales (unos dos mil dólares) (IPS 2011).

¿Puede considerarse efectivo un sistema de pensiones que no brinda beneficios al 60 por ciento de menores ingresos de la población, que ofrece a una médico una pensión que resulta menos de la mitad de la que hubiese percibido en el sistema público y a una jueza una pensión inferior de $303.436 pesos mensuales, aún cuando ambas cotizaron sin interrupciones a lo largo de toda su vida laboral?

El daño se origina en diversos factores, especialmente, en los deprimidos salarios que prevalecían a fines de los años 1970, durante los años 1980 y parte de la década de 1990. Los primeros se consideran en el cálculo del llamado "bono de reconocimiento" y las cotizaciones tempranas son las que más influyen en el monto del fondo acumulado al día de hoy, debido a que capitalizaron más años de rentabilidad. Ello se agravó en el caso de los empleados públicos, a quienes se cotizó por una parte menor de sus especialmente deprimidas remuneraciones durante gran parte de esos años, lo que originó el denominado "daño previsional," que fue luego reconocido por el Estado, como se muestra más abajo.

Varios factores se suman a lo anterior, especialmente, los elevados costos del sistema. Como se señala más abajo, las AFP y compañías de seguros relacionadas, se han embolsado uno de cada tres pesos cotizados a lo largo de tres décadas (Cenda 2010a), lo cual ha absorbido cuatro quintas partes (Cenda 2010a) de la rentabilidad de los fondos de pensiones, que ha sido anormalmente elevada desde su creación (Cenda 2010b).

El panorama hacia el futuro se presenta obscuro en este aspecto, puesto que dichas elevadas rentabilidades terminaron con la reciente crisis mundial, durante la cual en pocos meses los fondos llegaron a perder un tercio de su valor total y hasta la mitad en el caso de los más riesgosos. Aún tras su recuperación reciente, todavía muestran una rentabilidad nula en los últimos tres años y los fondos más riesgosos continúan a pérdida (Cenda 2010c).

Lo que es más grave, la crisis puso de manifiesto que las elevadas rentabilidades de las tres décadas anteriores no se corresponden con los rendimientos de largo plazo de los mercados financieros internacionales, que a lo largo de un siglo han permanecido a pérdida la mayor parte del tiempo y cuya rentabilidad promedio con suerte excede la inflación. De este modo, es muy probable que los fondos AFP experimenten varios años de estancamiento y nuevas pérdidas, hasta que su rentabilidad promedio se ponga en línea con el modesto comportamiento de los mercados financieros mundiales en el largo plazo (Cenda 2010b).

Todo lo anterior se agrava extraordinariamente en el caso de las mujeres. La conjunción de todos estos factores, principalmente y entre otros, explican las enormes diferencias que se verifican, por ejemplo, en el caso real de las profesoras jubiladas Wilma S-M y Berta R. Ellas trabajaron toda su vida en el sistema de educación público, con remuneraciones muy parecidas y jubilaron al mismo tiempo, una en el sistema público y la otra en AFP. La jubilación bruta de Doña Wilma S-M. a octubre del 2010 es de $1.004.941 mensuales, muy similar a su última remuneración. La segunda, en cambio, recibe sólo $336.873 mensuales brutos; esta última cifra incluye un bono fiscal de $53.546 mensuales, otorgado por el Estado para paliar el daño previsional tras una larga lucha de los empleados públicos. Por lo tanto, la pensión AFP propiamente tal de Doña Berta R. solo alcanza a $283.327 mensuales. La diferencia entre una y otra es de 3,17 veces (ver “Casos reales de discriminación,” en Anexo 1) .

Como se mostrará en lo que sigue, el hecho que ella sea mujer explica la mayor parte de esta inaceptable diferencia, puesto que amplifica todos los otros factores mencionados y que la perjudican.

Ello se demuestra con casos reales de los profesores (&) que presentan asimismo una historia laboral similar y fueron afectados asimismo por todos los factores antes mencionados, pero cuyas respectivas pensiones por AFP uno e INP el otro, muestran diferencias mucho menores que en el caso de sus colegas mujeres (ver “Casos reales de discriminación,” en Anexo 1).

3. Las mujeres jubiladas por AFP perciben pensiones inferiores a los hombres con igual fondo acumulado

A noviembre del 2010, el sistema de AFP pagó un total de 303.166 pensiones del tipo vejez edad, es decir, pensiones de vejez a adultos mayores de ambos sexos. En otras palabras, personas que habían cumplido su respectiva edad legal de retiro que en Chile es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Ese total incluye todas las modalidades de pensión, como los retiros programados y otros pagados directamente por las AFP y las rentas vitalicias y otras pagadas por compañías de seguros.

Adicionalmente, el sistema de AFP pagó ese mes 243.972 pensiones de vejez anticipada a personas que todavía no cumplían su edad legal de retiro al momento de jubilar, casi todos hombres. Considerando los demás tipos, como invalidez, viudez, orfandad y otros, el número total de beneficios pagados por el sistema de AFP alcanzó ese mes a 818.831 (cuadro A1-A-b1.1.1). En octubre del mismo año, el sistema público de pensiones pagó un total de 1.749.381 pensiones, incluyendo 986.628 pensiones y aportes solidarios (cuadro A1-A-b1.1.1).

Las pensiones de vejez edad pagadas por el sistema de AFP alcanzaron un promedio de $146.562 mensuales en el caso de las mujeres y $175.475 mensuales en el caso de los hombres (cuadro A1-A-b1.1.1). Es decir, el monto de las pensiones de vejez edad de los hombres promedió un 19,7 por ciento más que las pensiones respectivas de las mujeres.

Sin embargo, como se muestra más adelante, parte significativa de esta diferencia se genera por los menores ingresos y mayor precariedad del empleo de las mujeres a lo largo de su vida laboral. Esta parte de la diferencia no resulta atribuible a discriminación en el sistema de pensiones sino en el mercado del trabajo.

Para calcular la discriminación atribuible al sistema de pensiones es necesario comparar las pensiones de hombres y mujeres que han acumulado el mismo fondo a la edad de jubilar. Esto es precisamente lo que comprueban las más de ciento setenta mil mujeres que han jubilado por vejez edad hasta el momento en el sistema de AFP (cuadro A1-A-b1.1.1). Ellas pueden averiguar fácilmente, consultando a sus compañeros de trabajo que jubilan al mismo tiempo por AFP, que sus pensiones resultan significativamente inferiores a varones con igual fondo acumulado al momento del retiro. Ello se verifica aún en el caso que ellas hayan postergado su jubilación hasta los 65 años e incluso más allá y con mucho mayor razón si ejercen su derecho legal de retiro a los 60.

Lo anterior es refrendado por las estadísticas de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que se muestran en el cuadro 1, a continuación, que registra todas las pensiones vitalicias de vejez contratadas durante el 2009 y hasta octubre del 2010, con sus respectivos fondos acumulados al jubilar[4].

Cuadro 1: Diferencias por sexo de rentas vitalicias de vejez efectivamente contratadas, 2008-2009

Se observa que en el caso de las personas que contratan renta vitalicia, el promedio de fondos acumulados al jubilar por vejez edad es de poco más de cuarenta millones de pesos (unos 80.000 dólares) tanto en el caso de hombres como de mujeres. Dicho promedio excede ampliamente el promedio general de todas las personas que jubilan, incluyendo las que eligen la modalidad de retiro programado. El sistema de rentas vitalicias denomina a dicho fondo “prima única,” puesto que los afiliados están obligados a traspasarlos íntegramente a la propiedad de las aseguradoras, aparte de la respectiva comisión, a cambio del compromiso de aquellas de otorgarles una pensión de por vida, aparte de los beneficios de sus cargas familiares sobrevivientes. Como se observa más adelante, es el único seguro que obliga al contratante a adelantar al contado a la aseguradora una “prima” por el valor total de los beneficios a percibir y constituye la principal forma en que estas últimas se apropian de recursos de los afiliados.

Se observa asimismo en el cuadro, que las rentas vitalicias por vejez edad resultan muy modestas, del orden de doscientos mil pesos (unos 400 dólares) mensuales en promedio. Aún así, las personas que jubilan por renta vitalicia obtienen pensiones superiores al promedio general, que es de $159.020 en las pensiones del tipo vejez edad (cuadro A1-A-b1.1.1). Por otra parte, se aprecia que resulta muy sencillo estimar de modo aproximado la pensión mensual a partir del fondo acumulado: basta dividir este último por doscientos.

Sin embargo, salta a la vista que en el caso de las mujeres que jubilan por renta vitalicia, a pesar que en promedio sus fondos acumulados son superiores a los de los hombres, sus pensiones resultan aún más bajas que las de aquellos. Mientras las pensiones mensuales de ellos resultan 1 / 182 (ciento ochenta y dos ava parte) las de ellas son inferiores a 1 / 210 (doscientas diez ava parte), del fondo acumulado al jubilar.

Como se muestra en el cuadro 1, ello equivale a decir que las pensiones de ellos resultan en promedio un 10 por ciento superiores a las de ellas, si los fondos iniciales de ambos son iguales. Sin embargo, como se verá, dicha distancia aumenta a un tercio a favor de los hombres en el caso de personas solteras que jubilan al cumplir su respectiva edad legal de retiro. Como se muestra más abajo, dicha diferencia aumenta al bajar la tasa de interés esperada.

En el promedio que muestra el cuadro 1, más arriba, dicha distancia se ve reducida por dos factores principales: por una parte, muchas mujeres retrasan su edad de jubilación para subir un poco sus menguadas pensiones. Por otra parte y quizás más significativo, las cargas familiares disminuyen proporcionalmente la distancia entre ambas. En efecto, como se ha mencionado, los beneficios de las cargas deben financiarse también con cargo al fondo de pensiones, de modo que la esperanza de vida de las mismas se agrega a la del causante, lo que resulta especialmente significativo en el caso de las cónyuges mujeres, que usualmente son más jóvenes que sus maridos.

Adicionalmente, cualquiera puede comprobar la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres con igual fondo acumulado, utilizando los simuladores de pensión del propio sistema de AFP que están disponibles en la internet. Estos arrojan diferencias del orden de un tercio, a favor de las pensiones de los varones, cuando ambos jubilan al cumplir la edad legal para hacerlo. Incluso si las mujeres retrasan en cinco años su jubilación y se retiran a la misma edad que los varones, las pensiones de estos resultan cerca de un séptimo mayores, según los simuladores cuadros (anexos A1-B-c1 a A1-B-c7).

CENDA ha realizado un completo estudio de la metodología de cálculo de pensiones en el sistema de capitalización individual, que se adjunta al presente informe como Anexo 2. El mismo comprueba que con la tasas de interés esperada vigente el 2010, la discriminación entre las pensiones de los hombres y las mujeres aumenta hasta un 32,7 por ciento a favor de los primeros, cuando se trata de personas solteras que jubilan al cumplir la edad legal requerida para ello. Incluso si ellas postergan su jubilación a los 65 años, la diferencia a favor de los hombres es de 18,7 por ciento. Ello se muestra en el cuadro 2, a continuación, donde se calculan las pensiones de hombres y mujeres para distintas alternativas de capital inicial y en dos escenarios de tasa de interés.

Cabe mencionar que la exactitud de estas cifras de CENDA y la metodología con que fueron calculadas, fueron refrendadas explícitamente en un informe especial emitido al respecto por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN 2010a) (ver Anexo 2).


Cuadro 2: Diferencias de pensiones de mujeres y hombres solteros con igual fondo acumulado en el sistena de AFP, varios fondos iniciales.

Fuente: CENDA en base a Superintendencia de Pensiones (SP), Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Banco Central (BC). Obtenido de cuadros A1-B-a1, A1-B-b1 y A1-B-b2.

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En el cuadro 3, a continuación, se comprueba que la discriminación contra de las mujeres aumenta considerablemente al disminuir la tasa de interés esperada y en límite, si la tasa es cero, las pensiones de los hombres duplican las de las mujeres con igual fondo al momento de cumplir su edad legal de retiro.

Cuadro 3: Diferencias de pensiones de mujeres y hombres solteros con igual fondo acumulado en el sistena de AFP, varias tasas de interés.

Fuente: CENDA en base a Superintendencia de Pensiones (SP), Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Banco Central (BC). Obtenido de cuadros A1-B-b2.

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4. La causa de la discriminación contra las mujeres

El motivo de la discriminación es bien conocido y ha sido expuesto por la propia Superintendencia de Pensión (SP 2010b), en su respuesta del 15 de noviembre del 2010 a las consultas respecto de esta discriminación (Anexo 1) que le han formulado decenas de mujeres por estos mismos días, a las cuales ha respondido:

“Dado que... debe financiar una pensión por el resto de la vida de las personas que la contratan y de sus sobrevivientes elegibles en el caso de existir éstos, en el cálculo... toman en cuenta la expectativa de vida de los contratantes... En este sentido, las mujeres tienen una mayor expectativa de vida que los hombres y por lo tanto, por la misma cantidad de dinero… debe pagarles una pensión por más tiempo.”

Ello contrasta con el sistema público de reparto, donde las pensiones se calculan mediante una fórmula sencilla en base a solo dos consideraciones: los últimos salarios y el número de años contribuidos al sistema. El sexo del beneficiario no influye para nada y una mujer que jubila al cumplir la edad legal de retiro obtiene exactamente la misma pensión que un hombre que cumple la suya, si ambos ganan lo mismo y han contribuido el mismo número de años.

Ello constituye un caso masivo de discriminación de género. Adicionalmente, las mujeres son el único grupo al cual la autoridad considera su diferente esperanza de vida al momento de calcular las pensiones, a pesar que muchos otros segmentos de la población, como los grupos de altos y bajos ingresos, por ejemplo, presentan diferencias aún más significativas en este aspecto.

4.1 Los misterios de las pensiones

La metodología de cálculo de pensiones en el sistema de AFP aparece como uno de sus ámbitos más obscuros. Sólo un puñado de iniciados es capaz de entender las complicadísimas fórmulas en que se basan los cálculos de las superintendencias de Valores y Seguros y de Pensiones, las propias AFP y especialmente, las compañías de seguros, para determinar cuál es la pensión que reciben finalmente los afiliados. Ciertamente, la inmensa mayoría de las mujeres no sabe que las nuevas fórmulas introducidas por la privatización del sistema de pensiones discriminan severamente en su contra.

En el presente informe, se estudia en profundidad la metodología generalmente aceptada para el cálculo de pensiones en el sistema de AFP y se intenta explicarla de modo sencillo, para que sea entendido por los millones de personas que resultan afectadas. Dicho análisis se detalla en el Anexo 2 y se resume en lo que sigue.

El cálculo se basa en el principio que el fondo acumulado al momento de jubilar debe alcanzar para solventar pensiones a lo largo de la vida de los beneficiarios. En principio, para calcular las pensiones mensuales bastaría con dividir el fondo al momento de jubilar por el número de meses promedio en que los beneficiarios recibirán pensiones, es decir, por el número de meses de sobrevida del causante luego de jubilar.

Previamente, sería necesario descontar del fondo lo necesario para pagar los beneficios de sus sobrevivientes, calculado del mismo modo. Como se sabe, está establecido el derecho de los cónyuges, padres e hijos menores que constituyan cargas, a percibir beneficios al momento de fallecer el causante. El monto de sus beneficios es una proporción de la pensión del causante, por lo cual, la sobrevida de las cargas multiplicada por dicha proporción, se puede agregar a la de este último al momento de calcular sus pensiones[5].

De este modo, el cargo para financiar los beneficios de sobrevivientes no discrimina entre las pensiones de hombres y mujeres, puesto que para un mismo número, tipo y edad de las cargas, las rebajan ambas en una proporción similar. De hecho, frecuentemente ocurre que los cónyuges sobrevivientes representan una merma mayor para las pensiones de los hombres que para las mujeres, puesto que su edad es usualmente menor y su sobrevida mayor.

De este modo, la discriminación contra las mujeres no radica en este aspecto, sino más bien al contrario. Por este motivo, en lo sucesivo se analizarán los casos de hombres y mujeres solteros, que es la base sobre la cual luego se agregan las sobrevivencias mencionadas. Como se verá, se producen perjuicios significativos en contra de las mujeres, que no son compensados por los factores anteriormente mencionados y otros.

El sencillo cálculo de pensiones arriba descrito - simplemente dividir el fondo inicial por el número de meses a financiar - se complica por un aspecto favorable. En efecto, a medida que se van pagando las pensiones con cargo al fondo, su remanente permanece invertido en el mercado financiero y las eventuales ganancias obtenidas permitirán pagar una parte de los beneficios. De este modo, para un fondo inicial dado, el monto de las pensiones dependerá de la sobrevida de los beneficiarios, pero también de la tasa de rentabilidad que obtenga el fondo remanente invertido.

Las ganancias mayores o menores del fondo remanente afectan más a las mujeres que a los hombres puesto que, al tener una sobrevida más prolongada, su fondo permanece ganando interés durante más tiempo y puede eventualmente financiar una proporción mayor de sus pensiones. De este modo, a mayor la tasas de interés, menor será la diferencia entre las pensiones de los hombres y las mujeres. Al revés, si la tasa de interés baja, la diferencia aumenta considerablemente a favor de los primeros.

4.1.1 Esperanza de vida

Lo que resulta determinante en la discriminación al momento de calcular las pensiones es el hecho que las mujeres en promedio viven aproximadamente cinco años más que los hombres, lo que se suma al hecho que ellas mantienen su derecho legal a jubilar cinco antes. En otras palabras, el fondo acumulado por ellas debe financiar en promedio cerca de diez años más de pensiones que en el caso de los hombres, si ambos se jubilan a la respectiva edad legal de retiro y cinco en el caso que ellas posterguen el suyo hasta los 65 años. Ello resulta en pensiones significativamente inferiores en el caso de las mujeres.

Todas las personas presentan distintas expectativas de vida al momento de jubilar. Del mismo modo, muchos otros grupos presentan diferencias aún mayores que las mujeres con el promedio de la población en este aspecto, por ejemplo, las diferencias de ingreso entre los diferentes grupos de la población.

Chile dispone felizmente de buenas estadísticas. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2007, las personas con enfermedades del sistema circulatorio ven reducida su esperanza de vida en 2,48 años, aquellas con males del sistema digestivo 1,45 años y así sucesivamente. Sin embargo, estas diferencias se pasan por alto al momento de calcular las pensiones, todas excepto una: la mayor esperanza de vida de las mujeres.

No se trata de la mayor diferencia, ni mucho menos. La esperanza de vida depende mucho más del grupo social, por ejemplo, que del género. Los gerentes ciertamente viven en promedio bastante más que sus obreros. Sin embargo, esta diferencia no se contabiliza al momento de calcular sus pensiones; a ambos se aplica la misma tabla de esperanza de vida, con lo cual los segundos subsidian las pensiones de los primeros.

El INE ha estimado la esperanza de vida de hombres y mujeres en las 49 comunas más de cien mil habitantes. (INE, 2010c) Los resultados son bien impresionantes y se muestran en el gráfico 1 y cuadro 4 siguientes.

Gráfico 1: Diferencias en esperanza de vida, ingreso vs. género.

Cuadro 4: Diferencias en Esperanza de Vida por ingreso y sexo

Fuente: CENDA en base a INE. Ver gráficos y tablas originales.

Como se puede apreciar, los hombres que viven en Las Condes, la comuna de mayores ingresos de la muestra, tienen una esperanza de vida 8,74 años mayor que los que viven en Osorno, que es la comuna con menor esperanza de vida de la misma e incluye una amplio sector rural donde viven campesinos pobres, muchos de origen mapuche. Los hombres de Las Condes viven 6,79 años más que los de Lo Espejo, una comuna popular de la misma ciudad. Las mujeres, en cambio, viven sólo 5,95 años más en promedio que los hombres, en estas 49 comunas.

Sin embargo, los hombres de Las Condes no ven castigadas sus pensiones ni los de Lo Espejo u Osorno mejoradas las suyas, a pesar que su diferente esperanza de vida lo amerita mucho más que en el caso de las mujeres en general, a quienes sí se aplican tablas discriminatorias que las perjudican.

Otro factor importante es el de la situación o condición de salud de la población. Desde inicios de la década de 1979, la OMS recomienda la desagregación de la esperanza de vida en distintas situaciones de salud, proponiendo que los países proporcionen estimaciones no sólo de la esperanza de vida general de la población, sino también de los años vividos sin discapacidad y sin enfermedades crónicas inhabilitantes. Desde el punto de vista del análisis de género, uno de los resultados que interesa destacar es que cuando se dispone de estimaciones de esta naturaleza, la ventaja femenina que se aprecia en el nivel promedio de mortalidad disminuye sensiblemente o incluso desaparece. Las mujeres junto con las personas sedentarias, las que tienen bajo nivel educativo y las que están solamente cubiertas por el sistema público, serían las que exhiben mayores riesgos sanitarios[6] (Bucheli, Forteza y Rossi, 2006).

Y relacionado con lo anterior, es central señalar que existen ocupaciones que tienen mayor impacto sobre la salud de las personas. No es igual desempeñarse a lo largo de la vida activa en trabajos pesados[7] con exigencias físicas, intelectuales o psicológicas, que en otros livianos, sin exigencias ni apremios mayores.

4.1.2 Las tablas oficiales de mortalidad discriminan a las mujeres

Oficialmente, el sistema de AFP sólo considera la diferente expectativa de vida de las mujeres al momento de calcular las pensiones. Aún más, las tablas oficiales de mortalidad, elaboradas por la autoridad y cuyo uso es obligatorio por parte de las AFP y las compañías de seguros al momento de calcular pensiones y determinar “reservas técnicas”[8], consignan una diferencia creciente que perjudica cada vez más a las mujeres.

Considerando el promedio de la población chilena, al 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estima la esperanza de vida al nacer de las mujeres en 80,88 años y la de los hombres en 75,74 años, es decir, ellas viven casi exactamente cinco años más (INE, 2010d). Puesto que las mujeres jubilan a los 60, su fondo debe alcanzar para 20,88 años, mientras los hombres jubilan a los 65 y por lo tanto, en promedio, su fondo debe financiar solo 10,4 años.

De este modo, de aplicarse al cálculo de las pensiones la esperanza de vida de la población chilena en general y si el fondo no ganase intereses a medida que se van efectuando los pagos, las pensiones de los hombres deberían ser casi exactamente el doble de las mujeres en igual condición, para poder ser financiadas por el mismo fondo acumulado al momento de jubilar.

Puesto que el fondo remanente se mantiene invertido en el mercado financiero durante el tiempo que se efectúan los pagos y dado que las mujeres están jubiladas durante períodos más largos, sus fondos disponen de más tiempo para obtener gananciales por esta vía. De este modo, la diferencia se acorta en cierta medida y más si los intereses resultan elevados.

En otras palabras, partiendo del principio que el fondo inicial debe financiar todas las pensiones del beneficiario, si no hay ganancias por rentabilidad del fondo, las pensiones de las mujeres y los hombres están en razón inversa a los años de sobrevida de cada cual, proporción que se reduce en la medida que los gananciales de intereses permiten financiar algunas de las pensiones de las mujeres en el tiempo en que sobreviven a los hombres. El asunto no es más complicado que eso.

Las superintendencias de Pensiones (SP) y Valores y Seguros (SVS), han estimado de modo muy preciso la esperanza de vida de las personas jubiladas, a partir de tablas de mortalidad a diferentes edades, que son publicadas oficialmente por ambas superintendencias y actualizadas cada tanto, la última de las cuales se denominan RV-2009 y rigen a partir de julio del 2010 (SP y SVS 2010).

Dichas tablas fueron calculadas a partir de la mortalidad real, en años recientes, de una muestra de más de un millón de personas jubiladas tanto por el Instituto de Previsión Social, es decir, el antiguo sistema público, como por el sistema de AFP. En este último caso, se incluyeron en la muestra tanto las personas jubiladas por las AFP en modalidad de retiro programado como por compañías de seguros en modalidad de renta vitalicia, tanto de vejez como anticipada.

El universo de jubilados por AFP se haya fuertemente sesgado hacia los grupos de mayores ingresos, principalmente porque la mayor parte de las pensiones del sistema de AFP son pensiones vitalicias anticipadas, las que solo están disponibles para personas cuyos ahorros pueden solventar pensiones que representan una fracción significativa de sus últimos ingresos. Los sectores de altos ingresos presentan esperanzas de vida mayores y las diferencias por este concepto son bastante más significativas que las que existen entre los sexos (cuadro anexo A1-C-2; A1-C-3).

Por este motivo, principalmente, la esperanza de vida de esta muestra, que es la relevante al momento de calcular las pensiones, resulta de 83,36 años para los hombres de 65 y de 87,75 años para las mujeres de 60 años. De este modo, la diferencia entre ambos se reduce a 4,4 años, pero la diferencia porcentual baja aún más, puesto que la esperanza de vida de ambos es mayor en la muestra que en la población en general.

Ello se aprecia en el cuadro que sigue, donde adicionalmente se presentan las estimaciones de esperanza de vida al nacer de la población total, antes mencionada y también las de las tablas B-85, vigentes desde 1985 hasta el 2004 y RV-2004, vigentes entre 2005 y 2010, estas últimas en su versión ajustada al 2006.

Cuadro 5: Esperanza de vida de jubilados y población total

 ver cuadro original

Cabe observar que la muestra en base a la cual se calculan las tablas oficiales de mortalidad presenta actualmente una longevidad ocho años superior a la población en general, tanto para los hombres como para mujeres, lo cual incide en una rebaja significativa de las pensiones de ambos.

Por otra parte, se aprecia que entre el 2003 y el 2010, la esperanza de vida señalada como base oficial del cálculo de las pensiones subió de 15 años a 18,36 en el caso de los hombres de 65 años y de 22,44 a 27,5 en el caso de las mujeres de 60 años. Es decir, las sucesivas tablas de cálculo publicadas desde el 2004 han perjudicado a las mujeres significativamente más que a los hombres, puesto que mientras los primeros han debido agregar tres años adicionales a las pensiones que deben financiar con sus fondos, las segundas han debido agregar más de cinco años adicionales, aumentando de este modo la brecha que discrimina en su contra.

Cabe reiterar que las mujeres son el único grupo discriminado en este aspecto, puesto que muchos otros grupos, como los de altos ingresos, por ejemplo, que también presentan una expectativa de vida superior que el promedio de la población (cuadro A1-C-3), no son objeto de tablas diferentes al momento de calcular sus pensiones. Ello solo ocurre con las mujeres.

A partir de las tablas de esperanza de vida elaboradas por las superintendencias de Valores y Seguros, y Pensiones, es posible estimar de modo sencillo y muy aproximado, el monto de las pensiones mensuales para hombres y mujeres con un fondo inicial determinado. Basta para ello con aplicar las conocidas fórmulas de cálculo de valor presente, disponibles en cualquier calculadora financiera. Como se sabe, dichas fórmulas calculan el valor de un número determinado de mensualidades iguales cuya suma descontada a valor presente según una tasa de interés determinada iguala el monto del capital inicial. CENDA ha preparado una calculadora en línea que permite a cualquier persona efectuar este cálculo accediendo a su página www.cendachile.cl. Los resultados se presentan en el cuadro a continuación.

Cuadro 6: Cálculo de pensiones en base a fórmula de valor presente

 ver cuadro original

Como se puede apreciar, los resultados de esta estimación sencilla de las pensiones resultan casi idénticos a los que se obtienen a partir de la metodología generalmente aceptada, que se presentan en el cuadro 1, más arriba. Para un fondo de $43.683.751 y una tasa de interés de 3,47 por ciento anual, que corresponden a los promedios respectivos de las mujeres que se jubilaron por renta vitalicia el 2010 (cuadro 2), las pensiones de los hombres que jubilan a los 65 años resultan del orden de $271.404 mensuales, las de mujeres que jubilan a los 65 años resulta de $230.404 mensuales y $206.424 mensuales para las que jubilan a los 60 años. Utilizando ambas metodologías, en consecuencia, las pensiones de los hombres solteros resultan cerca de un sexto y un tercio superiores a las mujeres solteras que jubilan a los 65 años y 60 años, respectivamente.

4.2 Beneficios del cónyuge y otros beneficiarios, mercado laboral y otros factores que modifican la brecha de género

Por otra parte, como se ha visto más arriba, en el promedio de las rentas vitalicias contratadas el 2010, dicha diferencia se reduce a 10 por ciento a favor de los hombres con igual fondo acumulado (cuadro 1). Ello se explica por dos factores principales: Por una parte, muchas mujeres se ven obligadas a postergar su jubilación algunos años para mejorar en parte el monto de sus pensiones. De hecho, los fondos de pensiones acumulados al momento de jubilar han sido hasta el momento mayores en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, en promedio y aún así sus pensiones resultan menores (cuadro 1).

Por otra parte, como se ha mencionado, el sistema de pensiones ofrece beneficios que se extienden más allá del fallecimiento del causante principal. Es el caso de sus cónyugues que mantienen pensiones de sobrevivencia y también de los hijos menores de 24 años (& comprobar), entre otros. Dichos beneficiarios perciben una pensión que se calcula como una fracción de la que percibía el causante principal, durante los años que le sobreviven en el caso del cónyuge y otros beneficiarios y hasta que cumplen 24 años[9] en el caso de los hijos. De este modo, para efectos del cálculo de pensiones, estos otros beneficios se pueden reducir a un número de años de sobrevivencia adicionales del causante principal. Cada año de sobrevivencia del cónyuje, agrega a la esperanza de vida del causante una fracción de año igual a la proporción de la pensión del mismo que recibe el cónyuge. Lo mismo para los hijos y otros beneficiarios. De este modo, un grupo de beneficiarios dado se puede expresar como un número de años adicionales a la sobrevivencia del causante, por ejemplo, dos años más. Este número de años adicionales, sin embargo, depende del grupo de beneficiarios y resulta igual en el caso que el causante sea hombre o mujer. De este modo, puesto que las mujeres tienen el doble de años de sobrevida que los hombres a partir de sus respectivas edades legales de retiro y un grupo determinado de beneficiarios les agrega a ambos el mismo número de años adicionales, la proporción de estos últimos resulta menor en el caso de las mujeres. A consecuencia de ello, los beneficiarios adicionales por lo general reducen la brecha de género que existe entre los hombres y mujeres solteros.

Por otra parte. como se ha mencionado y se analizará más adelante, existe una fuerte brecha de género en el mercado laboral, que se traduce en menores sueldos y mayor precariedad para el trabajo de las mujeres. Ello incide en que sus fondos acumulados al jubilar resultan inferiores en promedio a los de los hombres incluso para edades similares y con mayor razón respectiva a la edad legal de retiro, que es cinco años antes en el caso de las mujeres. Ello incide en aumentar la brecha de género en las pensiones, aunque, como se ha mencionado, no es un factor atribuible al sistema de pensiones sino al mercado laboral.

De este modo, la diferencia promedio general de un quinto constatada más arriba (cuadro A1-A-b1.1.1) entre las pensiones de vejez edad efectivas que perciben las mujeres y hombres, que favorece a estos últimos, es entonces el resultado compuesto de todos los factores mencionados: discriminación en contra de las mujeres en el cálculo de pensiones de las solteras, morigeración de dicha diferencia debido a los otros beneficiarios y finalmente, aumento nuevamente debido a la brecha de género en el mercado del trabajo,


III. Cómo corregir la discriminación contra las mujeres en el sistema de AFP

Lo anterior comprueba que la aplicación de la metodología generalmente aceptada y oficialmente refrendada, para el cálculo de pensiones en el sistema de capitalización, arroja diferencias de un tercio o superiores a favor de las pensiones de los hombres, respecto de las mujeres que han acumulado el mismo fondo al momento de cumplir respectiva edad legal de jubilar.

Dicha brecha crece al disminuir la tasa de interés. Asimismo, ha venido creciendo de modo sistemático en cada una de las versiones de las tablas oficiales de mortalidad calculadas por la autoridad y cuyo uso resulta obligatorio en el cálculo de pensiones en el sistema de AFP[10].

Esta diferencia no existe para las mujeres que jubilan en el sistema público basado en el esquema de reparto y debe ser subsanada.

En lo que sigue, se presentan algunas alternativas para corregir la discriminación señalada, lo que puede ser efectuado en el marco del actual sistema, mediante reformas menores o mayores del mismo acompañadas de subsidios fiscales. Alternativamente, se puede subsanar terminando con el sistema de AFP y restableciendo para todos los afiliados el sistema público basado en el esquema de reparto, donde esta discriminación no tiene lugar sino más bien al contrario.

Las alternativas de solución que se resumen en lo que sigue han sido estudiadas por Cenda en un nivel considerable de detalle, que se presenta en el Anexo 2, adjunto al presente informe. Ciertamente, las mismas requieren un mayor nivel de precisión para convertirse en propuestas propiamente tales y no deben ser consideradas sino como sugerencias de caminos alternativos de solución. Permiten comprobar, sin embargo, que la discriminación anotada es perfectamente posible de corregir y que ello resulta factible incluso en el marco del sistema de pensiones basado en el esquema de capitalización, a un costo para el fisco que si bien es elevado, constituye una fracción muy pequeña del gasto total del Estado en pensiones. Por otra parte, se muestra que la solución alternativa de terminar con el sistema de AFP, lejos de constituirse en una carga para el Estado, generaría un importante superávit fiscal.

5. Pensiones iguales para fondos iguales al cumplir la edad legal de retiro

Para corregir la discriminación de la cual son objeto las mujeres en el sistema de AFP, es necesario restablecer su derecho a obtener pensiones iguales a las que obtienen los hombres con fondos iguales al momento de jubilar. Ese derecho es reconocido en el sistema público, que garantiza pensiones iguales a hombres y mujeres al cumplir su edad legal de retiro, si tienen iguales remuneraciones y el mismo número de contribuciones.

5.1 Pensión pública compensatoria

La manera más sencilla de restablecer este derecho es establecer una pensión pública complementaria para las mujeres, que compense la diferencia que hoy se presenta en el cálculo de sus pensiones, con respecto a los hombres que tienen su mismo fondo al momento de cumplir la edad legal de retiro.

Para eliminar la discriminación habría que suplementar las pensiones de ellas en el porcentaje requerido para igualar las de ellos, suponiendo que ambos fuesen solteros. Posteriormente y sobre la base de las pensiones así calculadas, se procedería a calcular el costo de los beneficios de los cónyuges y cargas sobrevivientes respectivas, las cuales, como se ha mencionado, afectan las pensiones de hombres y mujeres en proporciones similares de las pensiones del causante.

Las diferencias dependen de la tasa de interés esperada, como se ha mencionado, la que varía de año en año. Por este motivo, sería necesario calcular el subsidio para cada cohorte anual específica.

Una ventaja de esta solución es que la misma se puede aplicar por igual a todas las modalidades de pensión, es decir, a los retiros programados y otras pagadas directamente por las AFP, tanto como a rentas vitalicias y otras contratadas con compañías de seguros. Es posible asimismo aplicar esta solución de modo general, lo que se traducirá en un incremento inmediato y sustancial de las pensiones de todas las mujeres jubiladas por el sistema de AFP.

Resulta sencillo calcular de modo aproximado el costo total del subsidio requerido para corregir la discriminación mujeres en el cálculo de sus pensiones. En efecto, si multiplica el número total de mujeres con pensiones de vejez edad, que a noviembre del 2010 sumaban poco más de 172.542, por el monto promedio de sus pensiones que era de $146.562 mensuales y por los doce meses del año, eso arroja un costo anual de 303.458 millones de pesos para las pensiones pagadas(cuadro 7). Suplementar sus pensiones en una cifra del orden de 32,7 por ciento (cuadro 2), para corregir el daño de sus pensiones respecto de las de los hombres con el mismo fondo al cumplir su edad legal de retiro, se requiere un gasto de 99.224 millones de pesos anuales.

Esta última cantidad es considerable, sin embargo, equivale a poco más del dos por ciento del gasto público en pensiones, que alcanzó un total de 4,3 billones de pesos el 2009 (DIPRES 2010). Este cálculo se presenta en el cuadro 7, a continuación:

Cuadro 7: Estimación del costo de corregir la discriminación contra las mujeres en el sistema de AFP

De este modo, se comprueba que resulta factible y razonable corregir la discriminación anotada, la cual, como se ha reiterado, se generó por el hecho que la privatización del sistema de pensiones y el cambio del sistema de reparto a uno de capitalización perjudicó a las mujeres significativamente más que a los hombres, lo cual ciertamente representa una discriminación en su contra.

5.2 Tabla Única para el Cálculo de Rentas Vitalicias de Mujeres y Hombres Adultos Mayores

Aún en el caso que se quisiera mantener el actual sistema de rentas vitalicias - cuyos graves defectos se analizan más abajo - también resulta posible establecer una tabla única para hombres y mujeres, que arroje pensiones iguales para fondos iniciales iguales. Dicha obligar a las compañías de seguros a ceñirse a la misma al momento de calcular las pensiones de hombres y mujeres.

Actualmente, en cambio, la aplicación de tablas de mortalidad que discriminan entre mujeres y hombres para el cálculo de pensiones en el esquema de capitalización, resulta inevitablemente en diferencias muy significativas entre las rentas vitalicias de unas y otros, en perjuicio de las primeras, aunque ambos tengan igual fondo acumulado al momento de jubilar.

Sin embargo, resulta perfectamente posible aplicar una tabla única a hombres y mujeres adultos mayores, de modo que a fondos iguales resulten pensiones iguales. Dicha tabla única puede aplicarse a partir de la edad de jubilación de unas y otros, de modo que una mujer que jubila al cumplir su edad legal de retiro a los 60 años y un hombre que cumple la suya a los 65, obtengan pensiones iguales para fondos iguales, lo mismo si ambos postergan su jubilación en un año, en dos y así sucesivamente.

CENDA ha preparado una tabla de estas características, que presenta en el Anexo 2, que puede servir como ejemplo que una solución de esta naturaleza resulta factible, aún sin cambiar el actual sistema de rentas vitalicias.

Si se aplica la nueva tabla única directamente sobre los mismos capitales iniciales actuales, las mujeres subirían su pensión hasta igualar a la de los hombres, lo cual está bien puesto que se corrige la discriminación de la cual son objeto actualmente. Sin embargo, ello se haría a costa de una rebaja significativa en las pensiones de los segundos, que compensa el alza de las primeras. Ello no parece justo, especialmente si se consideran las menguadas pensiones tanto de hombres como mujeres en el sistema de AFP. Por este motivo, se sugiere subsidiar los fondos de pensiones de todas las personas a las que se aplique la nueva tabla única, con el monto de dinero necesario para que las pensiones de los hombres se mantengan sin cambios respecto de las que obtienen con la aplicación de las tablas actualmente en uso.

Los resultados de la aplicación de la tabla única propuesta para el cálculo de rentas vitalicias se presentan en el Anexo 2. Allí se muestra que es perfectamente factible establecer un mecanismo de compensación de este tipo, que otorgue pensiones iguales a hombres y mujeres con fondos iguales al momento de cumplir la respectiva edad de jubilación.

Por ejemplo, para otorgar rentas vitalicias iguales a las 10.611 personas que jubilaron por este mecanismo entre enero y noviembre del 2010, compuestas por 5.284 mujeres y 5.327 hombres, se requiere otorgar un subsidio de 16,28 por ciento a los fondos iniciales de toda la población inicial, de modo que las pensiones calculadas por la tabla única resulten iguales a las que actualmente obtienen los hombres, que es $274.821, en promedio. Considerando el fondo inicial promedio de $43.683.751, el costo de dicho subsidio resultaría de 75.475 millones de pesos.

El mismo resultado y con el mismo costo total se podría lograr suplementando los fondos de las mujeres que componen dicha población en un 32,7 por ciento y manteniendo la tabla actual de cálculo.

Cabe mencionar que este tipo de subsidios es diferente al que se ha propuesto en el punto anterior, puesto que mientras antes se proponía sencillamente una pensión pública complementaria que se entregue todos los meses a las mujeres para igualar sus pensiones con las de los hombres con igual fondo inicial, en este caso se trata de un suplemento al fondo inicial, que se entregaría por una vez a cada persona.

Cabe mencionar asimismo que la tabla única depende de la proporción de hombres y mujeres en la población inicial. De este modo, en caso de obligarse a las compañías de seguros a aplicar esta tabla única, al igual que se las obliga actualmente a aplicar tablas específicas para hombres y mujeres[11], puede ocurrir que las compañías “descremen” a los hombres, que fallecen antes y percibirían pensiones iguales a las mujeres, que viven más. Para evitarlo, sería necesario establecer un mecanismo de compensación de modo que las primas de una cohorte completa vayan todas a un fondo común y luego se distribuya por riesgo según la proporción de hombres y mujeres en la cartera de cada compañías individual[12]. Un mecanismo alternativo puede consistir en licitar la cohorte completa de cada año, con la proporción específica de hombres y mujeres que la componen y la tasa de interés esperada.

Se deja constancia que el mecanismo de pensiones vitalicias actualmente en vigencia tiene un grave defecto de diseño, que beneficia de modo extraordinario a las compañías y entraña riesgos significativos para el Estado y los pensionados. En efecto, en la actualidad se exige a quienes contratan una renta vitalicia traspasar la propiedad de su fondo de pensiones completo a la compañía de seguros al momento de hacerlo, a cambio del compromiso de ésta de otorgarle una pensión definida hasta su fallecimiento. Se denomina el fondo traspasado con el eufemismo de “prima única!Ello supone que las compañías son solventes, lo cual no siempre ha sido el caso, tanto en Chile en el caso de la aseguradora Le Mans, de propiedad el grupo Inverlink, o de los gigantes mundiales AIG e ING, entre otras, que cayeron en la insolvencia durante la reciente crisis.

Se sugiere que en el caso de implementarse una solución basada en rentas vitalicias, parece conveniente modificar este diseño, por ejemplo, reemplazándolo por un seguro de sobrevivencia propiamente tal, financiado por una prima anual pagada por todos los jubilados, que opere del mismo modo que los actuales seguros de invalidez y sobrevivencia. En este caso, la propiedad de los fondos se mantendría en poder de los afiliados.

En cualquier caso, lo anterior demuestra que en el marco del sistema de capitalización, resulta perfectamente posible corregir la discriminación entre hombres y mujeres, también en el mecanismo de rentas vitalicias. Sin embargo, al igual que ocurrió con la implementación de las pensiones y aportes solidarios, también en este caso las soluciones son de cargo fiscal. Al final, se presentará una solución alternativa que consiste en terminar con el sistema de AFP y reconstruir el sistema público, basado en el esquema de reparto. como se verá, dicha solución lejos de generar una carga para el Estado, le significará un importante superávit. Aparte que las pensiones de hombres y mujeres se igualan con las que actualmente entrega el sistema público, que son muy superiores.

IV. Efectos de la discriminación laboral en las pensiones de las mujeres

Como se ha mencionado, la discriminación en el cálculo de pensiones no es la única que afecta a las mujeres jubiladas. Previamente, ellas son discriminadas en el mercado del trabajo a lo largo de toda su vida activa. Sus trabajos son más precarios y resultan peor pagados que los de los hombres, para funciones similares. Ciertamente, todo ello agrava su situación al momento de pensionarse.

En el sistema de capitalización individual la vinculación del beneficio al aporte (ahorro individual), afecta de manera especial a las mujeres, ya que una de las características de su vida laboral es que su participación en el mercado de trabajo es más precaria, discontinua e intermitente, y por un tema cultural y de roles sociales deben hacer un aporte muy sustantivo de su esfuerzo y energía al trabajo doméstico no remunerado, contribución no reconocida ni integrada a las cuentas nacionales. De este modo, el sistema de capitalización asociado exclusivamente a la acumulación de ahorros y al aumento de la propensión a ahorrar de los afiliados (fuerza de trabajo), tiene un claro impacto en términos de género en la calidad de vida de las adultas mayores.

De acuerdo con lo que manifiestan Birgin y Pautassi (2001), en los sistemas de capitalización, las brechas de género se originan a causa de:

  1. Factores que inciden negativamente en la acumulación de fondos de pensión durante los años de trabajo (propios del mercado laboral);
  2. Factores que afectan a los fondos de retiro durante el proceso para acceder al beneficio (cálculo de la pensión) (propios del sistema de capitalización individual).

Ambos originan efectos no neutrales, en tanto generan brechas y desigualdades en las coberturas de hombres y mujeres y en el nivel de prestaciones, y ponen a las mujeres en situación de inequidad en términos de protección desde la seguridad social en su vejez.

Lo anterior no quiere decir que en los sistemas de reparto no se produzcan brechas entre géneros, ocurre también que los beneficios llegan principalmente a los más favorecidos en la distribución del ingreso y a los que tienen mayor número de años de participación laboral (sin tener en cuenta la esperanza de vida diferenciada). Pero se considera que el sistema de reparto es más neutral en términos de género debido a que:

  1. El beneficio se calcula con tablas actuariales únicas para ambos sexos;
  2. El cálculo del monto de jubilación se realiza sobre la base de los últimos salarios, esto tiende a beneficiar más a los hombres porque aunque ingresen con bajos salarios, al momento del retiro, lo más probable es que se encuentren gozando de niveles de remuneración más altos, lo que redunda en mayores haberes en su retiro.

En conclusión, la situación previsional de mujeres y hombres no es una cuestión que atañe únicamente al sistema de previsión social, se vincula al funcionamiento del sistema económico y social en su conjunto. La ocupación durante la vida activa determina en gran medida el tipo de beneficio que se recibe, un menor nivel de aportes al sistema de pensiones deriva en jubilaciones de menor monto. Las inequidades del mercado laboral se transfieren al sistema previsional.

Los factores en juego relacionados con el mercado laboral que perjudican a las mujeres se pueden sintetizar en (Arenas y Gana, 2001):

Algunos autores plantean que la principal discriminación está dada entonces por las oportunidades diferenciadas por sexo en el mercado de trabajo y la no consideración del trabajo reproductivo. No obstante, el sistema de capitalización individual hace lo suyo, al determinar frente a la mayor esperanza de vida promedio de las mujeres, la utilización de tablas de mortalidad diferenciadas por sexo para el cálculo de las pensiones.

Dado que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida que los hombres, el fondo acumulado en sus cuentas individuales debe financiar un mayor número de años de pensión, lo que se agudiza debido a una edad legal de retiro más temprana. Lo anterior determina una menor pensión para las mujeres. Ellas se convierten en un grupo con mayores riesgos de pauperización (incluso las de sectores medios). Se señala incluso que las brechas en los ingresos de hombres y mujeres típicos de la vida activa son mayores después de jubilarse (Bernstein y Tokman, 2005)[15].

6. Brechas de género en el mercado laboral

Tal como lo documentan múltiples estudios, las mujeres no acceden en igual proporción, ni de la misma manera que los hombres al mundo del trabajo. No obstante haber aumentado su presencia en la actividad laboral de manera constante en los últimos años, todavía está lejos de alcanzar las tasas masculinas. De acuerdo a los datos de las Encuestas CASEN, la participación laboral de la mujer (15 a 60 años) se incrementó desde un 32% a un 49% entre 1987 y 2006, mientras que la Encuesta de Empleo del INE reporta un aumento de 38% a 47% en el período 1996 a 2008[16]. Los hombres, en cambio, han mantenido tasas aproximadas superiores a 70%[17]. Y en relación al panorama regional, la participación laboral de las chilenas es más reducida que la de las mujeres de Latinoamérica y de países desarrollados[18].

Puede concluirse, entonces, que a pesar de los avances, la presencia de las mujeres en el trabajo remunerado, valorado y visible, es inferior a la de los hombres, y también es diferente, como se detallará más adelante.

Cabe mencionar al respecto, sin embargo, que las propias estadísticas del sistema de AFP han mostrado que si bien, en promedio, la participación de la mujer en el mercado del trabajo alcanza las cifras relativamente bajas antes mencionadas, al mismo tiempo casi todas las mujeres participan en algún momento en el mercado laboral, casi todas como trabajadoras formales. En efecto, el número de mujeres con cuenta AFP alcanza a más del 70 por ciento de la población de sexo femenino entre 20 y 60 años (cuadro A1-G-2 en Anexo 1), proporción que se acerca bastante a la participación de los hombres con cuenta AFP en el número total de hombres entre 20 y 65 años, que alcanza a 84 por ciento.

La contradicción con las cifras de la encuesta de empleo del INE y la CASEN es patente: sólo la mitad de las mujeres aparece en la fuerza de trabajo activa en las primeras, mientras al mismo tiempo el 70 por ciento de las mujeres en edad activa poseen una cuanta AFP y en su gran mayoría han cotizado como trabajadoras dependientes en el curso de los últimos años. Ciertamente, la estadística de las AFP es la más confiable, puesto que se agregan en un censo mensual, a partir de cuentas individuales identificadas con nombre, apellido y RUT. Lo que ocurre es que una importante cantidad de mujeres, equivalente aproximadamente a un tercio de las afiliadas a las AFP, entran y salen constantemente de las fuerza de trabajo activa. Es decir, las mujeres que aparecen como activas en un mes dado, pueden estar inactivas al mes siguiente y así sucesivamente. Es decir, la pertenencia a la fuerza de trabajo activa en el caso de las mujeres no es una condición permanente, sino un estado con una probabilidad asociada (Riesco 2009).

El PNUD, en su Informe de Desarrollo Humano (2009), incluye tres índices que, si bien constituyen medidas bastante gruesas que hay que tomar como valores aproximativos, aportan a visibilizar los retrasos que exhibe el país en materia de equidad de género: a) el Índice de Desarrollo Humano[19]: Chile se ubica en el lugar 44 entre 182 países, muy por debajo de los países de la OCDE, aunque en un primer lugar en América Latina[20]; b) el Índice de Desarrollo relativo al Género[21]: Chile se ubica en el lugar 41; c) Índice de Potenciación de Género[22]: Chile baja dramáticamente al rango 75[23] y es la medida que incorpora dos conceptos que dicen relación directa con la inserción femenina al mercado laboral: mujeres en puestos profesionales y técnicos y relación de los ingresos percibidos estimados por hombres y mujeres.

Las chilenas ingresaron masivamente al mercado de trabajo en la década de 1990, como resultado del ajuste estructural, sin embargo, mayoritariamente, su inserción fue precaria, en tareas de baja calificación, principalmente, dentro del mercado temporal e informal y, por consiguiente, sin cobertura previsional, además se dio en un contexto en que los sistemas de seguridad social sufrían restricciones y pérdidas de cobertura.

No obstante lo anterior, la tendencia ascendente de la participación laboral de las mujeres ha sido explicada por distintos autores, en parte, por el aumento de los niveles de escolarización, los cambios en las configuraciones familiares, la búsqueda de independencia económica de parte de las mujeres, pero también debido al deterioro de las condiciones de trabajo de los “jefes de hogar”[24].

En la mayoría de los países latinoamericanos, la integración femenina al mercado puede definirse como un proceso polarizado entre puestos de trabajo de alto y de bajo nivel, sin embargo, hay un marcado predominio de estos últimos. Si bien, se han abierto espacios de inserción en ocupaciones calificadas (profesionales y técnicas) o en nuevas actividades generadas por la modernización de las estructuras productivas, la contrapartida de este proceso es la inserción mayoritaria y creciente en tareas con escaso o nulo nivel de calificación, bajo condiciones de trabajo precarias y vulnerables. En ambos casos persisten las diferencias salariales, la subvaloración del trabajo femenino y los mecanismos de segregación ocupacional, todo ello como se indicó, en el marco del desmantelamiento de las instituciones de seguridad social y la consiguiente disminución de la cobertura y las prestaciones. Por su parte, la división sexual del trabajo, conlleva a que las mujeres se incorporen al trabajo sin abandonar los roles domésticos que tradicionalmente se les asigna, lo que se traduce no sólo en una barrera de entrada a la ocupación, sino también en discriminación durante su vida laboral, con consecuencias adversas para su vida pasiva.

6.1 Segregación del mercado de trabajo

Datos del INE permiten constatar la existencia de segregación ocupacional. Mientras los trabajadores tienen presencia en proporciones bastante parejas en la mayoría de las ramas de actividad económica, las mujeres se concentran en tres sectores: Servicios sociales, comunales y personales (58,1%), Comercio (50,4%) y Servicios financieros (42,4%)[25]. Esta situación confirmada también en otros estudios y análisis estadísticos, configura una serie de desigualdades en la forma de inserción laboral de hombres y mujeres: los hombres, a menudo no sólo se integran a sectores con mayores ingresos, sino también pueden llegar a desempeñar puestos de mayor jerarquía.

La Encla 2008 (Díaz y Mella, 2009) incursiona en las formas de inserción laboral de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, detectando que si bien en las empresas encuestadas un mayor porcentaje de trabajadoras (75,4%) que de trabajadores (70,7%) poseen contrato indefinido, más mujeres que hombres tienen contrato a plazo fijo (12,1%) y a honorarios (2,3%). Por su parte, los trabajadores (17,6%) establecen más contratos por obra o faena que las trabajadoras (10%). Si bien la flexibilización del mercado laboral impacta a trabajadores y trabajadoras, manifiesta especificidades. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos es el de las trabajadoras que se ocupan en actividades agrícolas, que tienen una condición más desfavorable que los hombres que se ocupan en dicha actividad. En contratos indefinidos, la brecha entre ambos segmentos alcanza 25,5 puntos porcentuales en perjuicio de las mujeres. Dicho de otro modo, 67,6% de las trabajadoras agrícolas de las empresas encuestadas por la Encla tienen situaciones contractuales temporales, mientras solamente están en dicha condición el 42,1% de los trabajadores de sexo masculino.

6.2 Ingresos medios de asalariados y asalariadas

Las mujeres perciben, como producto de su ocupación principal, un ingreso bruto promedio usualmente inferior al de sus pares hombres. Este además, tiene mucha cercanía con el piso salarial correspondiente al salario mínimo legal. Así, una de las diferencias más notables entre hombres y mujeres en relación con su inserción laboral se manifiesta precisamente en la disparidad de ingresos que obtienen por los trabajos que desempeñan. La Encla 2008 muestra con meridiana claridad que en las empresas encuestadas, la proporción de mujeres que perciben remuneraciones brutas inferiores es mayor a la proporción de hombres y que conforme el tramo de remuneraciones es más elevado, la brecha hombre-mujer aumenta en perjuicio de las mujeres. Ello ocurre en establecimientos de todos los tamaños. En las que forman parte de actividades económicas feminizadas o tienen dotación femenina importante, obtienen en general remuneraciones de montos equivalentes a los tramos más bajos. Lo contrario ocurre en las empresas no feminizadas y con ocupados principalmente del sexo masculino, donde las remuneraciones son más elevadas (y también las de las trabajadoras).

En todos los países ocurre que las mujeres reciben remuneraciones inferiores a las de los hombres, y ni un mayor nivel de escolaridad ni una inserción en categoría ocupacional de “mayor jerarquía” consiguen contrarestar razonable y consistentemente esta situación. Se han dado explicaciones a este fenónemo, pero todas han sido rebatidas[26]. Se ha establecido, a través de variados estudios, que a igualdad de ocupación, de experiencia y escolaridad, las diferencias persisten, situación que se explicaría más bien por una discriminación basada en aspectos de tipo cultural: se continuaría considerando el trabajo de la mujer fuera del hogar como un complemento al trabajo del hombre, como un segundo ingreso, aseverándose que el ámbito propiamente femenino sería el trabajo no remunerado en el hogar. Vale decir, prejuicios asociados a la división sexual del trabajo y el rol tradicional de la mujer contribuyen a explicar la desigualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Esta discriminación salarial incide negativamente no sólo en las posibilidades de muchas mujeres de obtener ingresos razonables, sino también, seguramente, en aumentar la participación femenina en el mercado de trabajo[27].

Datos del Ine en su informe Ingreso de Hogares y Personas (2009)[28], observan que las brechas salariales más significativas entre ambos sexos se registran a partir de los 35 años; y son más amplias en los niveles superiores de instrucción: en iguales condiciones educativas, el ingreso promedio de las mujeres representa aproximadamente el 65% de los varones. También son más pronunciadas en las actividades de comercio, industria manufacturera, banca y financieras, así como en las personas con niveles jerárquicos de decisión (gerentes, administradores y directivos). Veamos en detalle algunos datos que dan cuenta de estas situaciones.

Respecto de los tramos de edad, los hombres perciben un mayor ingreso que las mujeres y las mayores brechas desfavorables a las mujeres se presentan en los grupos etarios entre 35 y 54 años inclusive, es decir, en los rangos de edad que componen mayoritariamente la fuerza de trabajo. Sólo en los últimos dos tramos (de 55 años y más), son las mujeres las que poseen ingresos promedios mayores que los hombres.

Cuadro 8: Ingreso medio mensual de los asalariados, según edad. 2009[29]

Edad

Total

Mujer

Hombre

Brecha[30]

Total

350.800

321.501

368.165

-12,7%

15-24

191.451

185.868

194.977

-4,7%

25-34

320.339

310.331

327.682

-5,3%

35-44

389.663

345.033

416.636

-17,2%

45-54

406.509

353.787

436.255

-18,9%

55-64

413.249

420.024

410.556

2,3%

65 y más

344.103

408.966

330.271

23,8%

 

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, INE

Por otra parte, en todos los niveles de escolaridad se expresa la brecha entre ingresos promedios de hombres y mujeres, pero la mayor brecha se observa entre los asalariados con Educación Universitaria. Distinta es la situación con aquellos que poseen estudios en Centros de Formación Técnica, donde la brecha de ingresos es más baja, respecto de los restantes niveles de escolaridad.

Cuadro 9: Ingreso medio mensual de los asalariados, según nivel educacional. 2009[31]

Nivel educacional

Total

Mujer

Hombre

Brecha[32]

Total

350.800

321.501

368.165

-12,7%

Nunca estudio

147.609

128.629

151.867

-15,3%

Básica o primaria

183.711

151.603

192.376

-21,2%

Media común

239.154

197.784

260.194

-24,0%

Media técnica profesional

271.498

237.973

294.067

-19,1%

Humanidades

273.896

246.860

286.671

-13,9%

Normal

575.484

506.014

632.520

-20,0%

Centro Formación Técnica

378.653

361.084

398.703

-9,4%

Instituto Profesional

361.911

309.758

410.875

-24,6%

Universitario

725.756

571.483

872.125

-34,5%

Nivel ignorado

207.168

185.196

213.874

-13,4%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, INE

Las brechas de ingresos medios entre mujeres y hombres son negativas también en la mayoría de las ramas de actividad, siendo la única excepción a este comportamiento la que se registró en el sector Construcción, lo que se explica porque el número de mujeres que trabaja en esta actividad es reducido y asociado a trabajos de mayor calificación y de carácter administrativo. Finalmente en Comercio se observa la mayor brecha, seguido de Industria Manufacturera, y Bancos y Financieras.

Cuadro 10: Ingreso medio mensual de los asalariados, según rama de actividad. 2009[33]

Rama de actividad

Total

Mujer

Hombre

Brecha[34]

Total

350.800

321.501

368.165

-12,7%

Agricultura, caza y pesca

181.590

157.742

187.374

-15,8%

Minas y canteras

715.729

697.643

716.727

-2,7%

Industria manufacturera

335.545

264.262

357.942

-26,2%

Electricidad, gas y agua

418.969

338.431

446.996

-24,3%

Construcción

295.138

334.125

292.865

14,1%

Comercio

267.014

215.551

320.024

-32,6%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

325.044

288.912

334.656

-13,7%

Bancos y financieras

439.086

373.885

495.189

-24,5%

Servicios comunales, sociales y personales

436.621

400.727

481.796

-16,8%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, INE

Para todos los grupos ocupacionales las brechas de ingresos mujer-hombre son negativas, especialmente entre Gerentes, Administradores y Directivos.

Cuadro 11: Ingreso medio mensual de los asalariados, según grupo ocupacional. 2009

Grupo ocupacionas

Total

Mujer

Hombre

Brecha[35]

Total

350.800

321.501

368.165

-12,7%

Profesionales, técnicos y afines

709.467

569.814

885.988

-35,7%

Gerentes, administradores y directivos

1.351.878

832.014

1.556.668

-46,6%

Empleados de oficina

329.205

291.579

376.085

-22,5%

Vendedores y afines

279.584

252.436

310.681

-18,7%

Agricultores, Ganaderos, Pescadores, Cazadores

170.126

148.309

175.364

-15,4%

Conductores de transporte

273.953

271.917

273.987

-0,8%

Artesanos y operarios

279.213

182.690

290.164

-37,0%

Obreros y jornaleros

185.070

164.822

191.936

-14,1%

Trabajadores en servicio personal

195.912

175.562

214.387

-18,1%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, INE

Entonces, no es difícil concluir que las posibilidades de las trabajadoras de incrementar su fondo de capitalización para pensiones de vejez, cualquiera sea su edad, nivel educacional, rama de actividad de pertenecia o grupo ocupacional, es en promedio siempre inferior a la de los hombres. El peso discriminador del mercado se agrega a los factores discriminadores propios del sistema de AFP ya consignados.

7. Discriminación e igualdad entre géneros: un repaso conceptual a propósito de los acuerdos internacionales  

El gran instrumento universal que se refiere específicamente a los derechos de las mujeres es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por Chile en 1989. En diciembre del año 1999 se aprueba el Protocolo Facultativo a esta Convención, estableciéndose mecanismos mínimos de exigibilidad, equiparando a la CEDAW con otros instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos. Desde esa fecha se abrió el proceso de ratificación del Protocolo por la comunidad internacional; el Estado chileno aún no cumple con el trámite.

La Convención propone pautas de acción para la eliminación de las desigualdades de género en la esfera del empleo: en los procesos de selección y ascenso, en las remuneraciones percibidas, la seguridad social, la protección de la salud y la maternidad. Asimismo, resguarda la libre elección del trabajo o la profesión y la formación profesional, y explicita que las mujeres tendrán derecho a prestaciones familiares. Establece que los Estados deben impedir potenciales discriminaciones originadas por matrimonio y/o maternidad; deben tomar medidas para prohibir y sancionar prácticas discriminatorias y deben asegurar licencias con goce de sueldo por maternidad, suministro de servicios de cuidado y otras medidas que permiten combinar responsabilidades familiares y laborales[36].

A los efectos de la Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denota toda “distinción, exclusión o restricción basada en el sexo[37] que tenga por objeto[38] o por resultado[39] menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera”[40].

La Convención fomenta la adopción del modelo de igualdad substantiva, que adopta un enfoque de doble vía: destaca la importancia de la igualdad de oportunidades y reconoce la importancia de la igualdad de resultados.

La igualdad de oportunidades se refiere a la obligación que tienen los Estados de garantizar que las mujeres tengan los medios necesarios para tener acceso, en términos iguales con los hombres, a los distintos recursos, beneficios, etc, a través de un marco de leyes, políticas o procedimientos. La igualdad de resultados lleva el concepto de la obligación de proveer los medios necesarios para que estos den efectivamente los resultados requeridos.

La versión de igualdad de la Convención reconoce que la igualdad de acceso y la igualdad en beneficios son los elementos clave para alcanzar la igualdad entre los hombres y las mujeres. Al respecto, precisa en las áreas donde las mujeres enfrentan desventajas no aplicables a los hombres, el trato igual (por ejemplo, leyes y políticas neutrales en cuánto al género) que no toma en consideración las diferencias entre unas y otros, ni como estas diferencias pueden afectar su capacidad para acercarse y acceder a sus derechos, puede también ser discriminatorio.

La igualdad substantiva adopta el método correctivo, reconociendo que las mujeres y los hombres tendrán que ser tratados de manera diferente para alcanzar la igualdad de resultados[41].La buena comprensión del alcance y el entramado de la discriminación es el punto de partida para aplicar las disposiciones de la Convención para enfrentar situaciones reales de manera comprensiva.

También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), suscrito y ratificado por Chile en 1989,  hace hincapié en la importancia de que las condiciones de trabajo de las mujeres no sean peores que las de los varones; establece la necesidad de condiciones de existencia dignas para trabajadores y trabajadoras y para sus familiares, y condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo. Señala que la igualdad de oportunidades en materia de ascenso a la categoría superior en el entorno del trabajo, el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo, las vacaciones periódicas pagadas y la remuneración en los días festivos constituyen condiciones que los Estados deben garantizar a trabajadores y trabajadoras. En 1991 estas obligaciones fueron reforzadas con el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Protocolo de San Salvador.

Ambos, Convención y Pacto, obligan al Estado a avanzar progresivamente en la protección y garantía de derechos, quedando vedada la posibilidad de reducir niveles de protección existentes, lo que se ha llamado obligación de no regresividad[42].

Por su parte, en el Convenio Nº111 de la OIT[43] se define la discriminación como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social[44] que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

La discriminación puede ser directa o indirecta. Es directa cuando las normas, prácticas y políticas excluyen o dan preferencia a ciertas personas por el mero hecho de pertenecer éstas a un colectivo específico. Es indirecta cuando ciertas normas o prácticas aparentemente neutras tienen efectos desproporcionados en uno o más colectivos determinables y ello sin justificación alguna.

La discriminación no es un acto excepcional no aberrante, sino un fenómeno sistémico, arraigado en los valores y normas culturales y sociales dominantes. Se habla también de discriminación estructural, pues es inherente al ordenamiento social, a las estructuras institucionales y a los mecanismos jurídicos, o que se han institucionalizado en todos esos ámbitos y que refleja o reproduce prácticas y resultados discriminatorios.

Toda discriminación produce efectos desiguales que ponen a las víctimas en una situación de desventaja, lo cual dificulta su acceso a igualdad de trato. Como lo señala Gazmuri (2004), citando al profesor Claudio Palavecino, “si bien la noción formal de discriminación a aparece vinculada al principio de igualdad ante la ley, ésta ha dado paso a otra de carácter material, recogida en los textos internacionales y constitucionales más recientes, en virtud de la cual la discriminación no es un simple problema de desigualdad, sino que alude a una situación de marginación social de ciertos grupos, en que lo importante no es la motivación, sino el resultado perjudicial para los sujetos víctimas de ella”.

Las formas graves y persistentes de discriminación contribuyen a agudizar la exclusión social, entendiéndose por ella el proceso social de separación de un individuo o grupo, respecto de las posibilidades laborales, económicas y/o culturales a las que otros sí tienen acceso y disfrutan. Pero también existe exclusión social cuando se dificulta o limita el acceso de ciertos grupos a los beneficios del desarrollo, entre ellos a pensiones dignas. En resumen, existe exclusión social, cuando no hay igualdad de oportunidades en el acceso a beneficios o bienes.

Sólo las intervenciones deliberadas por parte del Estado, de los interlocutores sociales y otros sectores interesados permiten superar con eficacia la discriminación estructural, así como la discriminación directa e indirecta.

La CEDAW contempla en su artículo 2 la responsabilidad de los Estados Partes en formular una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y con tal efecto, uno de los compromisos (letra f) es “adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”. Este aspecto da sustento a uno de los objetivos centrales de la ejecución de este informe.

V. La reforma reciente también discrimina a las mujeres

La reciente reforma (BCN 2008) protegió de esta discriminación a las mujeres de menores ingresos, puesto que ahora sus pensiones corren por cuenta del Estado. Sin embargo, al mismo tiempo, la reforma introdujo su propia cuota de discriminación en contra de las mujeres. Es así que sus beneficios solo están disponibles a partir de los 65 años. En otras palabras, se niegan a las mujeres durante cinco años tras cumplir su edad legal de jubilación. Los hombres, en cambio, los obtienen desde el mismo día en que alcanzan su edad legal de jubilar. Es cierto que, por otra parte, la reforma aprobó el bono por hijo, que beneficia a las mujeres que postergan cinco años su edad de jubilación. Sin embargo, su monto resulta completamente insuficiente para paliar los daños referidos.

A juicio de Yañez (2010)[45], la Ley Nº 20.255 de Reforma al Sistema de Pensiones (2008) fue diseñada aplicando una perspectiva de género, haciéndose cargo e incluyendo medidas tendientes a disminuir las principales brechas de género existentes, que afectan, principalmente a las mujeres, tales como los efectos de las bajas densidades de cotización, la cobertura y los montos de pensiones. La autora indica que las principales medidas asumidas son:

  1. En relación con las modificaciones al sistema no contributivo “solidario”:

  1. En relación con las modificaciones al sistema contributivo obligatorio de AFP, la autora destaca:

La autora reconoce que si bien con los cambios mencionados se reducen algunas inequidades de género, subsisten importantes problemas no resueltos. Entre ellos:

7. Bono por hijo

Una de las medidas más comentadas y emblemáticas que la reforma previsional del 2008 puso en las portadas de los medios de comunicación fue la del bono por hijo nacido vivo. De manera lacónica, a este bono tienen acceso todas las mujeres de nuestro país independientemente del nivel socioeconómico al que pertenecen, puesto que su objetivo fundamental es reducir las desigualdades de género que el sistema previsional, en su lógica interna, promueve y reproduce.

De acuerdo a lo establecido por la reforma anteriormente mencionada, la bonificación beneficiará a todas las mujeres que se jubilen a partir del 1° de julio del 2009, la cual equivaldrá a 18 cotizaciones por el salario mínimo por cada hijo, esto es, 297.000 pesos, y estará afectada a la rentabilidad del Fondo Tipo C.

Esta implementación de alguna manera se hace cargo de las fallas internas del sistema previsional chileno, el cual, como se ha señalado en reiterada ocasiones, es endeble al momento de entregar pensiones dignas e igualitarias. Asimismo, traspasa la responsabilidad de aquella deficiencia endógena nuevamente al Estado, quien debe asumir el gasto y la continua presencia en este sistema, lo cual es sin lugar a dudas paradójico puesto que el propósito inicial del sistema privado de pensiones era justamente disminuir el rol de este en la seguridad social.

A pesar de ello, el beneficio es entregado a cada mujer que haya cotizado o no al sistema en su vida laboral activa y a toda mujer que perciba una Pensión Básica Solidaria, por lo tanto, a mujeres madres que no han podido trabajar de forma remunerada y a mujeres madres que han trabajado remuneradamente a lo largo de su vida laboral.

De este modo, si una mujer tiene un hijo a la edad de 30 años, y si además la rentabilidad del Fondo Tipo C alcanza, en promedio durante los 35 años antes de pensionarse, un 8 % real anual, ello significa que obtendrá un bono total de $4.435.603, lo cual incrementa la pensión mensual en 22.178 pesos; por otra parte, si la rentabilidad baja a 5% real anual, el bono total será de $1.654.805, lo que se traduce en un incremento de la pensión en $8.274 pesos mensuales (cuadro A1-D-2). Bajo este ejercicio, el bono dependerá principalmente de la tasa de interés que genere el dinero ingresado en la cuenta de capitalización individual durante el período en que la mujer tuvo a su hijo hasta los 65 años, que es la edad que puede retirarse el bono en su totalidad.

En base a lo anteriormente señalado, cabe destacar dos cosas. En primer lugar, que el bono por hijo para las mujeres que se están jubilando actualmente no repara prácticamente en nada la discriminación por género, puesto que la rentabilidad no se calcula desde el momento que tuvo el hijo (que en promedio bordea el 8% real anual), sino desde la entrada en vigencia del bono, es decir, desde el 1° de julio del 2009. Esto no significa otra cosa que para las mujeres que han decidido pensionarse durante este último año el bono es simplemente eso, el traspaso de un pequeño monto de dinero para disfrazar las pensiones insuficientes. En segundo lugar, el efecto del bono en la pensión final de las mujeres que han tenido hijos después de la fecha señalada, estará sujeta a una ilusión que han creado las instituciones financieras: que el dinero crea dinero por sí mismo. Ello no es sino un mero espejismo que deambula entre los imaginarios sociales. Lo que no se dice con todas sus letras es que si bien los precios suben y bajan en el corto plazo, la rentabilidad de los índices bursátiles en la perspectiva del largo plazo tiende al PIB, esto es, al volumen de fuerza de trabajo que cada año ingresa al mercado laboral, entre otros fractores (CENDA 2010b), lo cual no es suficiente para complementar la pensión al saldo de la cuenta de capitalización individual.

Finalmente, esta iniciativa también dejo su propia cuota de discriminación, pues mientras los hombres pueden recibir todos sus beneficios al momento legal para jubilar, los 65 años, las mujeres deben esperar cinco años para obtener el bono por hijo. Una vez más se han omitido los derechos de las mujeres y se han asentado nuevas particularidades de discriminación que no hacen sino reproducir los escenarios que precisamente se deben superar.

VI. Algunos antecedentes generales del sistema de pensiones chileno

El sistema de AFP discrimina especialmente a las mujeres. También a los casados y quienes tienen un mayor número de cargas menores de edad. Sin embargo, presenta problemas aún mayores, como los que se presentan a continuación, que ameritan su reforma en términos más generales.

8. Chile, país joven

El número de adultos mayores en Chile al 2010 se estima en 1,905,395, de los cuales 1,232,427 son mujeres, es decir, aproximadamente dos tercios, según el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE (cuadro A1-G-1). Este año, los adultos mayores representan cerca de un 11 por ciento de la población total, porcentaje que es aproximadamente la mitad del que se verifica en los países europeos y asiáticos más maduros, que presentan una proporción de adultos mayores superior al 20 por ciento de la población total. Es decir, Chile es todavía un país muy joven y lo será por muchos años.

A medida que las personas mejoran su esperanza de vida, el número de adultos mayores crece más rápido que la población total. Actualmente en chile el nçumero de adultos mayores se incrementa a una tasa de 3,3 por ciento por año (cuadro A1-G-1), es decir, más del doble que la población total, lo cual significa que la proporción de adultos mayores crece de año en año. Sin embargo, el producto interno bruto (PIB), la recaudación tributaria general y especialmente, la masa de cotizaciones previsionales obligatorias, crecen a tasas muy superiores. Esta última promedió un crecimiento de 6,2 por ciento anual a lo largo de los últimos veinte años, impulsada por el aumento tanto del número de trabajadores como de los salarios (CENDA 2010a). Ello hace posible financiar pensiones crecientes a un número también creciente de adultos mayores.

Paralelamente, el número de jóvenes representa una proporción muchísimo más grande que los adultos mayores en la población total y disminuye mucho más rápidamente que lo que aumenta aquella. Por este motivo, la tasa de dependencia, que es el número de personas potencialmente pasivas - que por cierto incluye a los jóvenes además de los adultos mayores - que depende de cada persona potencialmente activa, en Chile es muy bajo y se está reduciendo más todavía. Este fenómeno es conocido como el “bono demográfico” y beneficiará a Chile hasta 2017 (INE 2007).

En otras palabras, Chile es un país que cuenta con condiciones demográficas muy favorables para otorgar buenas pensiones a su población. América Latina y el mundo en su conjunto presentan condiciones aún mejores desde este punto de vista, puesto que la tasa global de adultos mayores es aún más reducida que en el caso chileno y el bono demográfico se extiende hasta bien entrada la segunda mitad del siglo.

Esta realidad resulta distorsionada ante la opinión pública, puesto que los medios de comunicación constantemente están publicando estudios y noticias que solamente muestran el crecimiento de la población de adultos mayores. No explican al mismo tiempo que en la mayoría de los países del mundo la proporción de adultos mayores es muy pequeña, es decir que la población en general es joven, que la economía y las contribuciones a la seguridad social crecen más rápido todavía que aquella y que la población activa crece más aceleradamente que la población pasiva, que a su vez está conformada por la suma de jóvenes y adultos mayores.

9. Amplia cobertura del sistema público

El sistema público de pensiones chileno, creado en 1925, había logrado una cobertura muy significativa de la población de adultos mayores antes de su privatización en 1981, la que mantiene en buena medida hasta hoy. Es así que a noviembre del 2010, el sistema de pensiones públicas contributivas, basado en el esquema de reparto, pagaba 762.753 beneficios previsionales. Adicionalmente, ese mismo mes, el sistema público entregó 986.628 pensiones y aportes solidarios, no contributivos, con lo cual el total de beneficios previsionales públicos alcanzó a 1.749.381.

Por contraste, como se ha visto, ese mismo mes, el sistema privatizado entregaba 818.831 beneficios previsionales, de las cuales 412.832 eran rentas vitalicias y otros beneficios pagados por las compañías de seguros, de las cuales la mitad son a su vez pensiones de vejez anticipada (cuadro A1-A-a1.1).

Resulta significativo comprobar que en el caso de las pensiones del sistema público, el 66,3 por ciento las perciben mujeres (cuadro 12), proporción que es muy parecida a la participación de las mujeres en el total de adultos mayores, que alcanza a 64,7 por ciento (cuadro A1-G-1). Es decir, dos tercios de los adultos mayores son mujeres y dos tercios de las pensiones públicas las reciben mujeres. En el sistema de AFP, en cambio, solo el 30 por ciento las perciben mujeres (cuadro 12), mientras el 70 por ciento lo perciben hombres. Claramente, el sistema de AFP discrimina contra las mujeres.

El monto total de las pensiones públicas pagadas el 2010 ascendió aproximadamente a 2,3 billones de pesos (unos cuatro mil seis cientos millones de dólares), mientras el monto de las pensiones del sistema privatizado fue de 1,7 billones de pesos (unos tres mil cuatrocientos millones de dólares) y el total de pensiones pagadas en Chile alcanzó a poco menos de cuatro billones de pesos (unos ocho mil millones de dólares). Estas cifras se resumen en el cuadro 12, a continuación:

Cuadro 12: Pensiones pagadas por el sistema público y privado, Noviembre 2010

Sistema de Pensiones

Número

Monto Promedio ($/mes)

Monto Anual (millones $)

Pensiones Públicas

1.749.381

107.917

2.265.464

Incluye: Mujeres

66,27%

99.075

1.378.409

Incluyen: sistema de reparto

762.753

164.756

1.508.020

Incluye: Mujeres

69,86%

139.187

889.947

Pensiones Solidarias

986.628

63.976

757.444

Incluye: Mujeres

63,51%

64.965

488.461

Pensiones Sistema Privatizado

818.831

174.215

1.711.835

Incluye: Mujeres

30,43%

160.122

478.788

Incluyen: Pensiones pagadas por AFP

405.999

136.566

665.348

Incluye: Mujeres

40,56%

118.535

234.256

Rentas vitalicias pagadas por cías. de seguros

412.832

211.241

1.046.487

Incluye: Mujeres

20,47%

241.184

244.531

Total Sistema Previsional Público y Privado

2.568.212

129.055

3.977.300

Incluye: Mujeres

54,85%

109.875

1.857.196

 Fuente: CENDA en base a www.safp.cl

ir al cuadro original 

El grueso de los beneficios previsionales públicos son percibidos por adultos mayores, aunque un número menor de pensiones de viudez, invalidez y orfandad, son percibidos por personas que no son adultos mayores. En los hechos, el número total de pensiones públicas, excluidas las de orfandad, alcanzan a más de 1,7 millones de personas (cuadro A1-A-a1.1), que equivalen al 90 por ciento de los adultos mayores que existen en Chile, que al 2010 alcanzaban a 1,9 millones de personas, como se ha mencionado (cuadro A1-G-1). En el caso de las pensiones entregadas por el sistema de AFP, en cambio, casi un tercio son pensiones anticipadas, contratadas por personas que todavía no alcanzaban la edad de jubilar (cuadro A1-A-a1.1). 

10. Resultados para sus afiliados de las AFP y compañías de seguros relacionadas con la previsión

La privatización del sistema de pensiones en 1981 ha resultado en un gigantesco traspaso de recursos desde los asalariados a un pequeño grupo de grandes conglomerados económicos, encabezados por los propietarios de las AFP, los que se han apropiado del grueso de las cotizaciones previsionales. Hasta 1981, dichos flujos permitían al Estado financiar todas las pensiones, dejando un excedente de una tercera parte. A partir de ese momento, ha debido destinar un 40 por ciento del gasto social al pago de pensiones y subsidios al sistema de AFP. A partir del 2008 tuvo que implementar un sistema de pensiones públicas solidarias, no contributivas, que atenderá al 60 por ciento de menores ingresos de la población, que no recibe cobertura significativa del sistema de AFP. Las pensiones de los afiliados de ingresos medios y altos resultan sustancialmente inferiores en el sistema de AFP, comparadas con las que otorga el sistema público a personas de similar trayectoria laboral (CENDA 2010a). Ellos se agrava en el caso de las mujeres, las que son discriminadas con pensiones inferiores a las de los hombres con igual fondo acumulado, como se ha comprobado más arriba.

Por la vía de comisiones y primas netas, las AFP y compañías de seguros relacionadas con la previsión se han apropiado de un total de 12,5 billones de pesos entre 1981 y 2008, en moneda de este último año, lo que equivale exactamente de uno de cada tres pesos cotizados obligatoriamente en el mismo período. En el mismo período, el fisco ha aportado subsidios por 8,6 billones de pesos, que equivalen al 60 por ciento de todos los beneficios pagados por las AFP y las compañías de seguros a lo largo de los mismos años (cuadro A1-F-1).

Ello significa que el grueso de las cotizaciones que no se destinaron al pago de comisiones y primas se invirtieron en los mercados financieros. Por esa vía, el grueso de dichos recursos fue a parar a manos de grandes grupos económicos en la forma de préstamos y aportes de capital accionario. En el caso de los recursos del fondo de pensiones invertidos en Chile, por ejemplo, la mitad se encuentra en manos de sólo 12 grandes conglomerados, encabezados por los propietarios de las propias AFP y compañías de seguros relacionadas con la previsión (cuadro A1-F-2).

De este modo, la privatización del sistema de pensiones ha significado que el grueso de las cotizaciones previsionales, que al 2008 sumaban 2,9 billones de pesos anuales (unos seis mil millones de dólares por año), se traspasan desde los bolsillos de los afiliados a los grupos financieros, mientras el fisco financia la mayor parte de las pensiones pagadas por el sistema de AFP. Entre 1981 y 2008, los fondos totales aportados por los afiliados, el grueso de los cuales ha tenido este destino, suma 42 billones de pesos, equivalente a la mitad del producto interno bruto de este último año.

11. La Gran Ilusión. Perspectiva comparada de la rentabilidad del fondo de pensiones AFP y los mercados financieros mundiales

Los inversionistas que han recibido los fondos de pensiones en forma de préstamos y capital accionario han comprometido a cambio elevadas rentabilidades por los mismos, las que superan el 8 por ciento real promedio anual desde 1981, según la información de la SP (cuadro A1-E-2). Sin embargo, la reciente crisis mundial ha venido a recordar que en el largo plazo, la rentabilidad promedio de los mercados financieros apenas supera a la inflación y de hecho en términos reales han permanecido a pérdida la mayor parte del tiempo.

Dejó al desnudo que ello representa en gran medida una ilusión, derivada principalmente del hecho que la historia de los fondos coincide con un período de elevadas rentabilidades de los mercados financieros mundiales, que no son representativas de sus rendimientos reales de largo plazo (CENDA 2010b). En efecto, la elevada rentabilidad de los fondos de pensiones chilenos se explica principalmente porque los mismos nacieron en 1981, precisamente en el momento en que los mercados financieros mundiales alcanzaban su punto más bajo tras su caída secular iniciada en 1969. Entre ese momento y fines de 1999, cuando se inició la recesión secular actualmente en curso, los rendimientos de los principales mercados mundiales superaron a los fondos chilenos, los que sostuvieron parcialmente la caída experimentada a partir de ese año trasladando el grueso de los fondos a los mercados emergentes.

Ello se aprecia en el gráfico 1 a continuación, que muestra la evolución real de la rentabilidad del fondo de pensiones chileno desde 1981 (rojo), comparado con el índice Dow Jones desde 1928 (azul) y el índice de los mercados emergentes desde 1987 (amarillo):

Diagrama 1: Rendimientos de largo plazo de los fondos AFP y mercados financieros

Como se puede apreciar en el gráfico, la rentabilidad de los fondos de pensiones chilenos no se corresponde con la tendencia de largo plazo de los mercados financieros mundiales, representada por el índice Dow Jones. Se aprecia que en largo plazo se experimentan ciclos recesivos seculares, los que han significado que el Dow Jones ha estado a pérdida la mayor parte del tiempo y entre su máximo de 1928 y su máximo de 1999 rentó un promedio real de 1,96 por ciento anual promedio (cuadro A1-E-2).

Esta es la realidad de los mercados financieros mundiales y mal puede ser de otro modo, puesto que como se sabe, el dinero no crea dinero por si solo, sino que solo representa una parte de la riqueza real creada por el trabajo en la esfera de la producción. De este modo, el crecimiento de los mercados financieros en el largo plazo no puede exceder el crecimiento del PIB mundial.

De este modo, la elevada rentabilidad de los fondos AFP se explica porque la mayor parte de su trayectoria desde 1981 coincide con el largo auge experimentado hasta 1999 y luego se apoya en el auge de los mercados emergentes, sostenido en buena medida por la especulación (Cenda 2010b).

Como se puede apreciar en el diagrama 1, los principales mercados mundiales, representados por el estadounidense Dow Jones, no se han recuperado todavía sus niveles anteriores a la crisis iniciada el 2007 y aquellos estuvieron asimismo por debajo de los máximos alcanzados en 1999. Los fondos de pensiones en cambio, aparecen significativamente por encima de sus niveles de principios de la presente década, lo que se explica por su amplia exposición a los mercados emergentes, que aprecian el mismo fenómeno. Existe conciencia en los medios financieros mundiales que ello obedece en parte importante a fenómenos especulativos (CENDA 2010b). Estos afectan particularmente a Chile, cuya bolsa de comercio expresada en dólares ha alcanzado una capitalización sin precedentes, equivalente a más del doble del producto interno bruto del país (gráfico A1-E-8, cuadro A1-E-3). Como ahora es bien sabido, cuando se inflan burbujas de esta magnitud, ellas son seguidas prontamente por su estallido (cuadro A1-E-4).

Por este motivo, lo que cabe esperar a futuro para la rentabilidad de los fondos de pensiones chilenos es que la misma se ajuste a lo que son los rendimiento de largo plazo de los mercados financieros, los que como se ha visto, crecen a tasas inferiores al 2 por ciento anual real, en promedio. Ello ha empezado a ocurrir desde el inicio de la crisis mundial, a mediados del 2007. Desde julio de ese año, los fondos de pensiones llegaron a perder un tercio de su valor total y la mitad en el caso del más riesgoso fondo A (CENDA 2010c). Las pérdidas del 2008, sumaron 15,5 billones de pesos (unos treinta mil millones de dólares), cifra equivalente al 60 por ciento de todas las ganancias acumuladas por el fondo a lo largo de los 26 años anteriores (cuadro A1-F-1), (CENDA 2010a). Aunque las pérdidas se revirtieron en su mayor parte durante el 2009 y 2010, el fondo no ha ganado nada desde ese momento y a fines de noviembre del 2010 tenía casi exactamente el mismo valor que en julio del 2007 más las cotizaciones del período, todos expresados en pesos de un mismo poder adquisitivo. En el caso del fondo A, su valor al 30 de noviembre del 2007 era un 10 por ciento inferior al valor del mismo fondo el 25 de julio del 2007 más los aportes netos del período (CENDA 2010c).

Lo más probable es que en los próximos años los fondos vuelvan a sufrir pérdidas severas. Alternativamente, es posible que durante largos periodos se repitan las nulas rentabilidades obtenidas por el fondo desde el inicio de la crisis hasta noviembre del 2010 (gráficos A1-E-5, 6). Lo que no es dable de esperar en ningún caso, es que se mantengan hacia el futuro las elevadas rentabilidades de los primeros treinta años transcurridos desde su creación.

VII. Reconstruir el sistema previsional público basado en el esquema de reparto

Se ha mostrado que la privatización del sistema de AFP discriminó en contra de las mujeres, puesto que la nueva fórmula de cálculo necesariamente resulta en pensiones menores para ellas que para los hombres con igual fondo acumulado al momento de cumplir sus respectivas edades de jubilación; debido a que ellas deben financiar con el mismo fondo un número mayor de meses de sobrevida que ellos.

En el sistema público, en cambio, las pensiones de hombres y mujeres que jubilan a las respectivas edades legales de retiro resultan idénticas si ambos tienen iguales remuneraciones y han contribuido el mismo número de años. Dichos beneficios son definidos y se financian con cargo a las cotizaciones del mismo año.

Como es sabido, en el antiguo sistema público chileno, basado en el esquema de reparto, el cálculo de las pensiones considera solo dos factores, el salario y el número de años contribuidos. El primero se estima como el promedio de los últimos tres años en el caso de los empleados públicos y cinco años en el caso de los empleados particulares. El salario se divide por 35 y se multiplica por el número de años contribuidos. De este modo, si una persona ha contribuido 35 años al sistema, recibe una pensión vitalicia similar al promedio de sus últimas remuneraciones, y del orden de un 85 por ciento de las mismas si ha contribuido treinta años . Las pensiones públicas tienen un tope que en el caso de las pensiones civiles actualmente es superior a $1.000.000 mensuales & (www.spensiones.cl).

Como se puede apreciar, para calcular la pensión pública en ningún momento se considera si el jubilado es hombre o mujer. En ambos casos, solo se exige que hayan cumplido la edad legal de jubilar, que en el caso de las mujeres es de 60 años y 65 en el caso de los hombres.

Del mismo modo, las pensiones no se ven afectadas por el hecho que el beneficiario sea soltero o casado, la edad del cónyuge, el número o la edad de sus cargas. Tampoco se consideran otros factores que si influyen en el cálculo de las pensiones AFP, como la tasa de interés prevaleciente en los mercados internacionales al momento de jubilar, por ejemplo.

Es decir, en el esquema de reparto todos los beneficios previsionales tienen montos definidos, tanto los del beneficiario directo como los de sus cargas sobrevivientes. Son establecidos por el Estado y financiados principalmente mediante las cotizaciones de los trabajadores en actividad, las que en su monto actual alcanzan perfectamente para ello, dejando un excedente considerable.

En el sistema de capitalización individual, en cambio, que opera estrictamente en el caso de la modalidad de retiro programado, cada persona debe financiar con el fondo acumulado al momento de jubilar sus propias pensiones, además de los beneficios de su cónyuge y cargas sobrevivientes.

En el caso de las rentas vitalicias del sistema de AFP, se introduce un mecanismo de compensación entre los diferentes individuos que conforman cada cohorte. En cierto modo, se trata de un esquema de capitalización colectiva. En efecto, la compañía de seguros hace sus cálculos en base a la sobrevida promedio de los contratantes, de modo que aquellos que viven menos que el promedio subsidian las pensiones de los que viven más.

De este modo, por ejemplo, los fumadores subsidian a los no fumadores, aquellos con afecciones pulmonares o cardíacas subsidan a los que nos las tienen y especialmente, los habitantes de comunas pobres subsidian a los que viven en comunas ricas. En todos estos casos, los primeros alcanzan en promedio una sobrevida significativamente menor que los segundos. En el ejemplo mencionado más arriba, la diferencia entre la expectativa de vida de los habitantes de las comunas de Las Condes y los de Lo Espejo u Osorno alcanza a ocho y nueve años, respectivamente (cuadro 4). A pesar de las diferencias anotadas, en ambos casos las compañías de seguros aplican las mismas tablas de mortalidad.

La única excepción la constituyen actualmente las mujeres, para las cuales se utilizan tablas diferenciadas. Esta discriminación, sin embargo, puede remediarse en el caso de las rentas vitalicias, estableciendo una tabla única como la propuesta más arriba, en cuyo caso todos los grupos e individuos sin discriminación quedan sujetos a las mismas probabilidades del promedio general.

Sin embargo, se ha hecho mención que no es necesario que un seguro de renta vitalicia resulte en el traspaso obligatorio y por adelantado de la propiedad de todo el fondo de pensiones a la compañía con el cual se contrata. Resulta perfectamente posible utilizar mecanismos alternativos de financiamiento, por ejemplo, el pago de una prima anual, tal como se hace en los más diversos esquemas de seguros. Uno de ellos es precisamente el esquema de reparto utilizado en los sistemas de pensiones.

John Kay del Financial Times (Kay 2010) recuerda que, según la leyenda, este tipo de esquemas de seguros fue concebido por los campesinos suizos que, cansados de organizar cada año colectas de caridad para ayudar a sus vecinos cuyas vacas no habían resistido los rigores del invierno alpino, decidieron formar un fondo con aportes anuales que permitían cubrir dicho riesgo.

El esquema de pensiones de reparto, que se utilizaba en el antiguo sistema público chileno, todavía vigente y se emplea en todos los demás países del mundo, en forma exclusiva o parcial, opera asimismo como un esquema de seguros de este tipo. Exactamente igual que el actual seguro de invalidez y sobrevivencia del sistema de AFP o el seguro automotriz a obligatorio, entre muchos otros seguros del mismo tipo, que cubren diferentes tipos de riesgos. En todos estos casos se establecen beneficios definidos, los que se financian mediante el cobro de una prima obligatoria a toda la población afiliada.

En el caso del seguro de invalidez y sobrevivencia del sistema de AFP, por ejemplo, las pensiones respectivas de cada año no se financian con cargo al fondo individual del causante, sino con cargo a las primas que pagan todos los cotizantes activos del sistema de AFP en el año correspondiente. Lo mismo ocurre con el seguro automotriz obligatorio, en el cual los accidentes de unos se pagan con cargo a las primas que pagan todos.

Naturalmente, el monto de los beneficios va a depender del número de beneficiarios, así como del número y el monto de las primas pagadas. Si aumenta la tasas de accidentes, por ejemplo, resulta necesario aumentar las primas cobradas a todos, tanto en el seguro de invalidez y sobrevivencia como en el caso del seguro automotriz obligatorio. Del mismo modo si aumenta el número de cotizantes del seguro de invalidez o del seguro automotriz, la prima de cada uno va a resultar menor.

En el sistema de pensiones de reparto ocurre exactamente lo mismo. Si aumenta el número de adultos mayores en la sociedad, deberá incrementarse la cotización para pensiones que pagan los trabajadores activos. El aumento en el número de cotizantes, por otra parte, o de sus remuneraciones, significará que se pueden pagar mejores beneficios a la población pasiva.

De este modo, los sistema públicos de reparto no son diferentes en nada a los seguros mencionados. El funcionamiento de este tipo de esquemas ha resultado exitoso a lo largo de algunos siglos en el caso de los seguros en general y al menos un siglo en el caso de los sistemas públicos de reparto, en todos los principales países del mundo.

Una solución alternativa a las propuestas expuestas más arriba, para terminar con la discriminación contra las mujeres en el sistema privatizado de pensiones, consiste en eliminar el sistema de AFP y restablecer un sistema de previsión público basado en el mecanismo de reparto.

En otras palabras, terminar con las AFP y retornar a todos al Instituto de Previsión social (IPS ex INP). Al igual que en el caso de la contratación de rentas vitalicias, los fondos de pensiones pasarían en este caso al Estado en lugar de las compañías de seguros privadas, a cambio del compromiso de éste de otorgar una pensiones vitalicias calculadas de la misma manera que las del actual IPS. Por otra parte, las cotizaciones mensuales de los afiliados activos dejarían de ir a las AFP y se ingresarían a las arcas fiscales, tal como ocurría hasta 1981.

Como se ha mencionado, este esquema ha sido probado a lo largo de muchas décadas en todos los países desarrollados y ha resultado capaz de financiar pensiones vitalicias, definidas y dignas, a poblaciones mucho más maduras que la chilena, que es muy joven como se ha mostrado. Tampoco se ha visto afectado por los inevitables y constantes vaivenes cíclicos de los mercados financieros, como la reciente crisis durante la cual los fondos de pensiones AFP llegaron a perder un tercio de su valor total y la mitad en el caso de los más riesgosos (cenda 2010a).

El sistema de reparto se basa en un flujo anual de cotizaciones muy regular, puesto que depende del número de trabajadores ocupados y el nivel medio de remuneraciones, los que resultan muy estables y en conjunto crecen casi el doble más rápido que el número de adultos mayores (Cenda 2010a).

También resulta mucho más barato de administrar, puesto que solo requiere cobrar las cotizaciones y pagar las jubilaciones del año, ambas cifras conocidas y estables. El esquema de capitalización individual, en cambio, igualmente debe cobrar las cotizaciones, para luego administrar su inversión en los riesgosos mercados financieros a lo largo de treinta o más años, para recién pagar las pensiones con lo que logren recobrar.

Terminar con el sistema de AFP tendría una gran acogida en la población, puesto que entrañaría una mejora sustancial de las pensiones de todos. Adicionalmente, beneficiaría especialmente a las mujeres, puesto que terminaría con la discriminación antes señalada.

Una de las ventajas mayores de esta solución consiste en que, mientras la corrección de la discriminación contra las mujeres en el marco del sistema del actual esquema de capitalización representa un costo fiscal significativo, esta última propuesta se traduciría en un excedente fiscal muy cuantioso. En efecto, la mayor parte de las cotizaciones previsionales, que representan del orden de tres billones de pesos anuales, quedarían a beneficio fiscal neto, aparte de los fondos acumulados, los que quedarían de reserva para el futuro. Ello porque actualmente el gasto fiscal en pensiones financia todas las pensiones públicas y el 60 por ciento de las que pagan las AFP y compañías de seguros (cuadro A1-F-1).

Visto de otra forma, las cotizaciones previsionales y los aportes fiscales a las AFP sumaron 3,8 billones del pesos el año 2008 (cuadro A1-F-1). Ese mismo año, el gasto total en pensiones civiles, tanto las pagadas por el Estado como por las AFP y compañías de seguros, sumaron 3,4 billones de pesos. De este modo, al terminar con el sistema de AFP, los actuales aportes de afiliados y el fisco al sistema de AFP permitirían al Estado financiar todas las pensiones, tanto las públicas como las que pagan AFP y compañías de seguros y quedaría un excedente considerable. Adicionalmente, quedaría como excedente el actual gasto en pensiones públicas civiles, que es del orden de 2 billones de pesos anuales.

Observado el asunto aún desde otro punto de vista, el año 2008 las cotizaciones previsionales y los aportes fiscales a las AFP sumaron 3,8 billones del pesos y las pensiones pagadas por las AFP y compañías de seguros sumaron 1,5 billones de pesos, lo cual deja un excedente de 2.3 billones de pesos anuales (unos cinco mil millones de dólares), los que quedarían a beneficio fiscal en caso de terminarse con el sistema de AFP. Hay que mencionar adicionalmente que el fisco no tendría porqué hacerse cargo de las pensiones que pagan las compañías de seguros, puesto que éstas ya recibieron los fondos totales de los contratantes.

De este modo, el flujo anual de cotizaciones permite financiar las pensiones del mismo año y adicionalmente, los fondos de pensiones acumulados quedarían de reserva para evitar subir demasiado las cotizaciones anuales cuando, décadas más adelante, el número de adultos mayores alcance los niveles que hoy tiene en los países desarrollados.

Claramente, parece ser la solución mas conveniente.

VIII. ¿Por qué las AFP han sobrevivido tres décadas?

Siendo tan claras las ventajas para los afiliados y el fisco ¿porqué no se elimina sencillamente el sistema de AFP en Chile al igual como lo han hecho recientemente varios países? ¿Por qué se privatizó un sistema probadamente mejor y que aún hoy ofrece a la mayor parte de los jubilados chilenos pensiones ostensiblemente mejores que las AFP? ¿Por qué se reemplazó por otro que discrimina especialmente a las mujeres? ¿Por qué las AFP gastan miles de millones de los cotizantes en una campaña hostigosa que hasta el momento ha tenido éxito para resistir tenazmente una reforma a fondo del sistema? ¿Porqué las instituciones financieras mundiales encabezadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han promovido insistentemente su generalización por todo el mundo? ¿Porqué se lleva a cabo una campaña sostenida para presentar a los sistemas de reparto en una condición de insolvencia, a pesar que dejan excedentes anuales cuantiosos Estado en todos los países, incluido Chile hasta 1981? ¿Porqué se oculta que la privatización de los sistemas de pensiones ha sido la principal fuentes de déficit fiscal en los países que la han implementado?

La razón es muy sencilla y queda clara al estudiar los resultados del primer país que la implementó: la privatización del sistema de pensiones en Chile ha venido traspasado a un pequeño grupo de grandes conglomerados financieros, encabezados por los propietarios de las AFP y compañías de seguros relacionadas con la previsión, la mayor parte de las cotizaciones previsionales, que equivalen aproximadamente a un 13 por ciento de los salarios y hoy suman más de seis mil millones de dólares por año. A lo largo de tres décadas, las cotizaciones previsionales apropiadas por los grupos financieros por la vía del sistema de AFP suman más de la mitad del Producto Interno Bruto del país (cuadro A1-F-1).

El destino de ese enorme flujo de dinero es lo que está en juego. Ciertamente, hay intereses muy poderosos ligados al mundo financiero privado, que intentan mantenerlo como está y ojalá expandirlo a otros países. Como la calificó su inspirador[48], la creación del sistema de AFP fue “la madre de todas las privatizaciones.”

Mientras tanto, el Estado ha debido hacerse cargo de pagar la mayor parte de todas las pensiones y quienes se trasladaron a las AFP han visto disminuir significativamente las suyas, lo que afecta en mayor medida a las mujeres.

Felizmente, la influencia global de los grupos financieros se ha debilitado considerablemente a raíz de su debacle durante la crisis mundial. Ello ha permitido que se inicie una reacción, que en el curso del 2010 significó que Argentina, Hungría y Bolivia, tres países con gobiernos de muy diferente orientación política, pusieron fin a sus respectivas versiones del sistema de AFP. Es probable que antes que termine la crisis en curso, sean imitados por varios otros.

¿Hasta cuándo los chilenos y especialmente las chilenas vamos a tolerar esta situación?


IX. Referencias bibliográficas

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[1]El presente informe CENDA incluye el Anexo 1: “Cuadros, gráficos y documentos adjuntos” y Anexo 2: “Metodología de cálculo y Propuestas para otorgar pensiones iguales a mujeres y hombres con fondos iguales a la edad legal de jubilar.”

[2]De aquí en adelante, A1 se refiere al Anexo 1.

[3]Por ejemplo, en el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2000-2010 del Sernam, que fue elaborado con participación de la ciudadanía femenina, sólo se menciona de manera general, la intención de “modificar las normativas que producen discriminación hacia las mujeres en los sistemas de salud previsional y en los fondos de pensiones”.

[4]Como se puede apreciar, el número de rentas vitalicias contratadas el 2009 fue muy reducido, debido a que la crisis mundial redujo significativamente los fondos acumulados.

[5]Reciben beneficios los cónyuges e hijos menores de 18 años o solteros y estudiantes entre 18 y 24 años. El conyuge solo/a recibe un 60%, con hijos reciben 50% y cada hijo 15%, de la pensión del causante fallecido

http://www.safp.cl/573/article-3553.html

[6] Conclusión para el caso de Uruguay, habría que verificar si ello se ajusta a la realidad chilena.

[7]El Reglamento para la aplicación de la ley Nº 19.404 de Trabajo Pesado, lo define como aquel cuya realización acelera el desgaste físico, intelectual o psíquico en la mayoría de quienes lo realizan, provocando un envejecimiento precoz, aun cuando no genere una enfermedad laboral.

[8]Hasta el 2007, tanto las AFP como las compañías de seguros tenían que utilizar obligatoriamente las tablas oficiales que discriminan por sexo en el cálculo de pensiones. Tras la reforma al régimen de pensiones vitalicias de ese año, las compañías de seguro mantienen la obligación de fijar sus “reservas técnicas” según estas tablas. Dichas “reservas” son los capitales mínimos que la compañía de seguros debe mantener provisionados para garantizar el pago de las pensiones vitalicias. Como es evidente, la compañía se resarce del costo de la mayor provisión exigida para las mujeres pagando menores pensiones a aquellas.

[9]Reciben beneficios los cónyuges e hijos menores de 18 años o solteros y estudiantes entre 18 y 24 años. El conyuge solo/a recibe un 60%, con hijos reciben 50% y cada hijo 15%, de la pensión del causante fallecido

http://www.safp.cl/573/article-3553.html

[10]Ver nota anterior.

[11]Hasta el 2007, la aplicación de estas tablas era obligatoria en el caso de las rentas vitalicias. A partir de la reforma de ese año, solo se obliga a las compañías de seguros a constituir las llamadas reservas técnicas en base a estas tablas. En la práctica ello resulta parecido, puesto que la reserva técnica representa un costo para la compañía de seguros, que ella carga a las pensiones respectivas.

[12]Un mecanismo de este tipo ha sido sugerido por la comisión de reforma del sistema de seguros de salud, ISAPRE, al estilo de los que existen en varios países, como Holanda, por ejemplo.

[13] No obstante, como señala Pautassi, el problema no radica en el aumento de la participación de las mujeres en la población económicamente activa, sino en las formas como se produce su inserción laboral.

[14] Dado que el sistema opera bajo la lógica de la capitalización, es más perjudicial para el  trabajador/a dejar de cotizar durante los primeros años de la vida laboral (que corresponde a la edad reproductiva y de crianza) que más tarde.

[15]Usando proyecciones en base a datos de la Primera Encuesta de Protección 2002.

[16] PNUD. “Desarrollo Humano en Chile. Género: los desafíos de la igualdad 2010”. 2010.

[17] En 1990 exhibían una tasa de participación de 75,4%. Naciones Unidas. “Situación de la mujer en el mundo. Tendencias y estadísticas”. Estadísticas e indicadores sociales. Nueva York. 1995.

[18] Otros países latinoamericanos exhiben tasas promedio que superan el 50%; y los países de la OCDE, por lo general tienen tasas superiores al 55%.

[19] Incluye el PIB por habitante, la esperanza de vida al momento de nacer y dos variables educacionales, la tasa de alfabetismo adulto y la tasa de matrícula escolar, combinada en los niveles primario, secundario y terciario.

[20] Le siguen Argentina con un rango 49, Uruguay 50 y Cuba 51.

[21] Incluye esperanza de vida al momento de nacer, tasa de alfabetización de adultos, tasa de matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria combinada e ingresos medios estimados.

[22] Incluye escaños parlamentarios ocupados por mujeres, legisladoras, altas funcionarias y directivas, mujeres en puestos profesionales y técnicos y relación de los ingresos percibidos estimados por hombres y mujeres.

[23] Argentina en cambio se ubica en el rango 24, Cuba en el 29 y Uruguay en el 63.

[24] Entre otras, Birgin, Haydeé y Pautassi, Laura. “¿Género en la reforma o reforma sin género? Desprotección social en las leyes previsionales de América Latina”. CEPAL. Serie Mujer y Desarrollo Nº36. 2001.

[25] INE. Encuesta Nacional de Empleo. Trimestre diciembre-febrero 2010.

[26] Entre otras, los menores niveles educacionales de las mujeres, sus responsabilidades domésticas y de cuidado de hijos, las jornadas parciales que ellas preferirían y el tipo de puestos en que ellas se insertan, que, en general, serían de menor responsabilidad y nivel (Arriagada, 1994).

[27] Así lo señala una encuesta reciente que pregunta acerca de los factores que serían más efectivos para facilitar el trabajo en caso de que las entrevistadas decidieran trabajar: mejorar el sueldo que se ofrece marca la primera prioridad (48%) (ComunidadMujer-Datavoz-OIT, 2008).

[28] Publicado en 2010, elaborado a partir de la Encuesta Suplementaria de Ingresos, correspondiente al levantamiento realizado en el trimestre octubre-diciembre de 2009.

[29] Pesos de octubre de cada año; incluye solo sueldos y salarios; excluye personal de servicio doméstico.

[30] Brecha=(Ingreso promedio mensual mujeres/Ingreso promedio mensual hombres -1)*100.

[31] Pesos de octubre de cada año; incluye solo sueldos y salarios; excluye personal de servicio doméstico.

[32] Brecha=(Ingreso promedio mensual mujeres/Ingreso promedio mensual hombres -1)*100.

[33] Pesos de octubre de cada año; incluye solo sueldos y salarios; excluye personal de servicio doméstico.

[34] Brecha=(Ingreso promedio mensual mujeres/Ingreso promedio mensual hombres -1)*100.

[35] Brecha=(Ingreso promedio mensual mujeres/Ingreso promedio mensual hombres -1)*100.

[36]Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género. “Informe regional de derechos humanos y justicia de género”. 2008.

[37] Se define como las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. La Convención se refiere tanto a sexo como a género según se advierte en su Artículo 5 (a) que exige que el Estado elimine los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en estereotipos y que perpetúan ideas de subordinación e inferioridad de un sexo por encima del otros.

[38] Discriminación intencional, directa.

[39] Discriminación involuntaria, indirecta.

[40] Artículo 1.

[41]El Artículo 3 de la Convención contempla medidas especiales de carácter temporal y acciones afirmativas.

[42] www.humanas.cl

[43] Su año de aprobación como Convenio es 1958, Chile lo ratificó en 1971.

[44] En los últimos años han sido cada vez más los países en ampliar la lista de motivos. Se han sumado la discapacidad, la edad, el estado de salud, la seropositividad VIH/SIDA real o presunta, la afiliación sindical y la situación familiar.

[45] Yañez, Sonia. La dimensión de género en la reforma previsional chilena (Ley 20.255 de reforma de pensiones). CEPAL. Serie Mujer y Desarrollo Nº 101.

[46] La autora estima que el 60% de los beneficiarios del SPS serán mujeres.

[47] El bono equivale a 18 cotizaciones por el salario mínimo por cada hijo.

[48]La privatización de las pensiones chilenas fue inspirada por el entonces Ministro del Trabajo y Previsión Social de Pinochet, José Piñera, quien a partir de ese momento se dedicó a proclamar sus virtudes por el mundo, con el poderoso respaldo de las instituciones más conservadoras de los EE.UU. y el activo patrocinio de las instituciones financieras internacionales, encabezadas por el Banco Mundial, que ha financiado innumerables “misiones de expertos” chilenos que han recorrido el mundo proclamando las virtudes del modelo chileno de pensiones privadas.