POR POLITICAS PUBLICAS DE INFANCIA QUE CONCRETEN LOS DERECHOS RECONOCIDOS Y PROCLAMADOS

En defensa de la Ley 114 y del Consejo de los Derechos de Niñ@s y Adolescentes

La persistencia de una importante franja de la población infantil y adolescente por debajo de la línea de pobreza e indigencia en los barrios del Sur de la Ciudad y el Conurbano bonaerense hacen imprescindible la ampliación de los servicios y programas de atención a los grupos de mayor amplia vulnerabilidad social.

De manera contraria el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas redujo las becas escolares de adolescentes y jóvenes de las escuelas medias de los barrios del sur de la Ciudad en un cincuenta por ciento. En momentos en que la recaudación de la ciudad aumenta considerablemente, constatamos la carencia de insumos mínimos en hospitales y centros de salud públicos, siendo estos meros ejemplos de un gradual proceso de recorte y desmantelamiento de programas y políticas públicas destinadas a la inclusión de los más postergados.

Mientras tanto el consumo abusivo de drogas, en especial el “paco” sigue dañando a una franja importante de adolescentes de los barrios populares, sin que los dispositivos organizados hasta la fecha ofrezcan una respuesta integral.

Por otro lado advertimos en el actual gobierno un fuerte desconocimiento de la normativa y las competencias establecidas por la Ley 114 para el Consejo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este organismo fue dotado por la ley de autarquía administrativa y financiera, con rango de secretaria de estado fuera de nivel del área Jefe de gobierno, a fin de garantizar la transversalidad de las políticas de infancia, la prioridad de los derechos de los niños en la definición de medidas de protección.

Esta definición legislativa preservó al Consejo de los derechos de los vaivenes de la política coyuntural. Creemos alejado totalmente de las necesidades e intereses de los niños la desjerarquización del perfil del organismo, el cual ha sido legitimado ampliamente en el ámbito local y en el ámbito nacional.

Por todo ello:

• Rechazamos los intentos de desconocer el carácter rector del Consejo de los derechos en el diseño y adopción de las medidas de protección.

• Ratificamos el respecto irrestricto a la ley 114 y otras concordantes.

• Reclamamos el fortalecimiento, la capacitación y supervisión permanentes de los servicios de protección de derechos (guardia permanente de abogados, red de defensorías barriales, equipos especializados de defensa penal, en trabajo infantil etc.)

• Reclamamos la puesta en marcha de los programas de fortalecimiento de vínculos y de integración e inclusión juvenil largamente anunciados por el Ministerio de Desarrollo social de la ciudad.

• Apoyamos los reclamos de los trabajadores del Consejo de los derechos de niñas, niños y adolescentes: recomposición laboral, pase a planta de contratados, capacitación para trabajo específico, y otros reclamos.