La cultura y el desarrollo económico y social

 

Dr. Rubens Bayardo

 

La noción de cultura ha sido distintamente conceptualizada y discutida en medios académicos y de gestión. Ha tenido una antigua y frecuente identificación con las costumbres, las tradiciones y los valores de una sociedad. Mas recientemente, con la adopción en el ámbito internacional de la denominada ‘perspectiva antropológica’[1], se ha comprendido a la cultura como la totalidad de los modos de vida, como las distintas formas de vivir juntos, en relación con nociones previas de ‘herencia social’, y de ‘integración social’. En la Conferencia de México (Mondiacult, 1982) se declaró que “la Cultura comprende el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (Arfwedson 1994:7).

 

Cabe anotar que esos diversos modos de vida y formas de vivir juntos implican distintos grados de control de las poblaciones sobre la naturaleza externa e interna, sobre el medio ambiente y sobre la propia subjetividad, que definen las modalidades de autoconstitución de la especie (Bayardo 1992). Estos grados de control y autocontrol de grupos humanos y actores sociales resultan en diferentes formas de limitación, de opresión, de respeto, y de libertad que entendemos centrales en la perspectiva de los derechos fundamentales del ser humano. Los más recientes procesos de economización, de politización, de generalización, de ampliación y de instrumentalización de la cultura,  potencian a este ámbito como arena de disputa por el reconocimiento y la concreción de derechos vehiculizados a través suyo, no sólo de algunas minorías (raciales, étnicas, religiosas, etc.) sino de todo el conjunto social.

 

El concepto de desarrollo fue tempranamente asimilado al crecimiento económico,  a la vez que a la superación del subdesarrollo y la pobreza. La primera idea alude al incremento en la generación de riqueza, entiende a la cultura como un freno[2] para el mismo, y no considera el mejoramiento de la calidad de vida de la población. El desarrollo como superación del subdesarrollo es un razonamiento circular, una tautología no explicativa que debe descartarse. La identificación de subdesarrollo y pobreza abre otra dimensión que simplifica y banaliza un problema más complejo de la reproducción de la riqueza, que no trataremos aquí. En tiempos más recientes la noción de desarrollo se abrió a los aspectos culturales y subjetivos, procurando alcanzar nos sólo beneficios económicos sino también beneficios sociales, para satisfacer las necesidades materiales y la ampliación de las capacidades intelectuales, sensibles, y de decisión autónoma de las personas y los grupos. También en la Conferencia de México (Mondiacult, 1982) se declaró que el desarrollo es “un proceso complejo, global y multidimensional que trasciende el simple crecimiento económico para incorporar todas las dimensiones de la vida y todas las energías de la comunidad, cuyos miembros están llamados a contribuir y a esperar compartir los beneficios” (Arfwedson 1994:7).

 

Estos cambios en la conceptualización del desarrollo, el subrayar su carácter holístico y el apelar a la participación activa de sus beneficiarios, se entrelazan con las transformaciones en la conceptualización de la cultura, al postularse otras relaciones entre ambos términos. Mientras que el desarrollo deja de ser solo referido a la reproducción económica, para resultar inclusivo de toda la reproducción de la vida, la cultura deja de ser considerada como un freno, para pasar a ser vista como un motor del mismo. En este movimiento surge una nueva demanda por políticas culturales orientadas en tal sentido, mas allá de las limitaciones anteriores a las artes y al patrimonio. Estas políticas definen las posibilidades y los modos de verse y reconocerse a sí mismos de los diversos grupos humanos, así como las capacidades de tomar decisiones concientes e informadas acerca de su presente y futuro como sociedades.

 

En 1980 UNESCO aprobó y publicó el Informe Mac Bride, “Un solo mundo, múltiples voces”, dónde se postulaba la necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) mediante la descolonización, la desmonopolización y la democratización de estas esferas. Una de las estrategias era la formulación de Políticas Nacionales de Comunicación en los países periféricos, promoviendo el pluralismo, la participación y la eliminación de los desequilibrios existentes. Esto podría haber facilitado el camino a las “vías ascendentes” del desarrollo, como el “desarrollo autocentrado” y el “desarrollo endógeno”, ya discutidas en los años 70’. Pero el Informe Mac Bride “en el momento mismo de ver la luz ... comenzó a pertenecer al pasado” (Schmucler 2005 en Becerra 2005) debido a cambios en el contexto y en las agendas  internacionales, que acorde al denominado Consenso de Washington[3], pasarían a orientarse al mercado, la liberalización y la desregulación, decididamente a favor de los países centrales y no de los desarrollos nacionales propios.

 

También por entonces se debatió la noción de “desarrollo sostenible” o “desarrollo sustentable”, que refiere a la satisfacción de las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias. Esto involucra dimensiones de sostenibilidad económica, ecológica y social, procurando generar rentabilidad, eficiencia, y equidad intra e intergeneracional, atentas a la diversidad biológica, a las culturas y los valores de las comunidades. La noción se popularizó en 1987 con el Informe Bruntland, “Nuestro Futuro Común” elaborado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (Grünberg 2002). Allí se correlacionaba la riqueza y el despilfarro del Norte, con la pobreza del Sur y con la destrucción de la biósfera. Pero paradójicamente se continuaba validando el modelo de crecimiento económico, considerado necesario para erradicar la pobreza, a la que se le atribuía una causalidad fundamental en la degradación medioambiental. El desarrollo sostenible se proyecta hasta los tiempos actuales desde esa ambigüedad de base, y más allá de la adjetivación que lo acompaña, viene arrastrando los preconceptos arraigados en la jerga y las prácticas usuales del desarrollo[4].

 

Entre 1988 y 1997 la UNESCO estableció el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural, con el fin de alentar a los países a adoptar políticas y a emprender actividades tendientes a garantizar el desarrollo integrado de sus sociedades. El desarrollo es desde entonces acompañado de una nueva adjetivación, que pretende ser superadora de falencias anteriores al abogar por el “desarrollo cultural” o al incorporar la “dimensión cultural del desarrollo”[5]. Se entiende que la desatención de este aspecto y la falta de adecuación cultural con las poblaciones beneficiarias, han sido cruciales en los recurrentes fracasos de los proyectos de desarrollo. De aquí que se haga hincapié en “el hombre como instrumento y fin del desarrollo”, en la “dimensión subjetiva”, en la búsqueda de beneficios económicos y sociales para alcanzar el bienestar y la calidad de vida. Los objetivos de este Decenio pasaron por la consolidación de las autonomías nacionales y las identidades culturales, el acrecentamiento de la participación cultural y la promoción de la cooperación internacional. Para ello se identificaron sectores específicos de intervención, a saber, la educación, el turismo, las industrias culturales, las artesanías, el intercambio cultural (Dupuis 1991). En consonancia con ello, a comienzos de los noventa se produjo un giro en las mediciones del desarrollo, cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) puso en funcionamiento el Índice de Desarrollo Humano. A diferencia de índices anteriores como el Producto Bruto Interno o el Ingreso Per Cápita, limitados a aspectos del crecimiento económico, este es un indicador compuesto que reúne dimensiones relativas a la salud, la educación y el ingreso, acordes con la perspectiva de la calidad de vida.

 

En un mundo muy cambiado y tras un prolongado hiato de 16 años desde Mondiacult (México 1982),  tuvo lugar la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo 1998). Profundizando lineamientos anteriores allí se planteó a la creatividad como la fuente del progreso humano, a la vez que se destacaron el derecho a la participación en la vida cultural, el diálogo entre culturas, la tolerancia y el respeto mutuo. También se sostuvo la centralidad de las políticas culturales en las políticas de desarrollo endógeno y sostenido, orientándolas a promover la creatividad y la diversidad cultural y lingüística. La importancia entonces asignada al incremento de los recursos económicos y financieros, y a la formación para la eficiencia en el sector cultural, hacen más manifiesta la identificación de la cultura como recurso económico y como motor del desarrollo, invirtiendo por completo la ecuación de las primeras formulaciones del desarrollo. Asociado a las propuestas del Plan de Acción de Estocolmo, UNESCO publicó dos Informes Mundiales de Cultura (1999 y 2000). Ambos tienen en común la preocupación por las mediciones y las estadísticas de la cultura, por los indicadores culturales y por las metodologías de elaboración de estos instrumentos. Y ambos presentan extensos anexos consignando numerosos datos duros organizados por regiones, países y áreas temáticas.

 

En 1999 dos grandes entidades de financiamiento internacional dieron un espaldarazo a las nuevas relaciones postuladas entre la cultura y el desarrollo. En marzo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llevó a cabo el Foro Desarrollo y Cultura (Paris), mientras que en octubre el Banco Mundial (BM) realizó el encuentro Financiamiento, Recursos y Economía de la Cultura en el Desarrollo Sustentable (Florencia)[6]. En estas circunstancias, la  noción de “sustentabilidad” nacida al calor de la perspectiva medioambiental, se reorientó hacia el ambiente social y mas concretamente en lo que refiere al capital social y al capital cultural. Mientras que el primero alude al potencial existente en las relaciones humanas y en el funcionamiento de vínculos y redes, este último refiere a  bienes construidos y a tradiciones heredadas capaces de agregar valor económico mensurable en términos monetarios, y que pueden ser evaluados simultáneamente como  inversión (cfr. mediante análisis de costo-beneficio), y en clave cultural (Throsby 2001).

 

Es relevante señalar que en esta confluencia de agendas de organizaciones internacionales y de entidades de financiamiento, se fijó la atención en seis áreas de aplicación práctica: la cultura y el desarrollo, las industrias culturales en la nueva economía, las artes y la cultura en el desarrollo urbano y regional -particularmente de “ciudades sustentables”-, las instituciones y organizaciones sin fines de lucro con relación al Estado y las “fallas del mercado”, el patrimonio como capital cultural, y la industria turística (Throsby 2001:7). En esta nueva configuración, el patrimonio y la cultura en general, entendidos como capital, debían hacer a un lado la improductividad a la que estaban librados, para fungir como un “stock cultural” de existencias productoras de beneficios. Del más antiguo capital social se esperaba la participación de la comunidad, la creación de alianzas locales, y la generación de sinergias entre el Estado, el mercado y la sociedad civil (Cohen 1999).

 

Consecuentemente con esos cambios, a las mediciones económicas tradicionales se les agregó la “metodología de la valuación contingente”. Esta desagrega y pondera diversas formas del valor, para conocer los “índices de retribución” de inversiones e infraestructuras culturales, y la “disposición a pagar” por los bienes y los servicios culturales[7]. Los giros mencionados promueven mayor atención y rigor en el tratamiento del sector cultural, racionalidad y criterios técnicos en su gestión. A la vez, llevan a preguntarse hasta qué punto lo cultural es evaluado en sus propios términos diferenciales. Si no se trata de criterios económicos universalizados, poco atentos a particularidades nacionales y regionales. También llaman la atención sobre un modelo de desarrollo, que aun invocando componentes sociales y culturales, participación local, y promoción de la diversidad, mantiene un aire de familia con el viejo “crecimiento económico” de los 60’.

 

La bienvenida a esta promoción de la relevancia de la cultura y de su nuevo lugar en la sociedad como factor económico y social, no puede darse sin prevenciones. No sólo por lo llamativamente gigantesco del salto producido entre una y otra conceptualización del papel de la cultura en el desarrollo, que de ser un ‘freno’ pasó a ser el ‘motor’. También por los antecedentes configurados en el tratamiento dado al medio ambiente, con frecuencia señalado como el paradigma a seguir en lo que hace a lo cultural[8]. La naturaleza dejó de ser tenida como una fuente de recursos infinitos, que podían extraerse descontroladamente y que no se contabilizaban, para ser vista como un bien escaso a medir y ponderar en los costos y beneficios económicos, dando lugar a prospecciones, compilaciones de muestras sistemáticas en bancos privados, preservación de ‘áreas protegidas’ y ‘santuarios naturales’. De la mano de estos procesos y de los canjes de ‘deuda externa por naturaleza’, numerosas poblaciones han sido expulsadas de sus territorios ancestrales y tradicionales, convertidos en museos y bancos que atesoran ejemplares que preservarían la ‘biodiversidad en peligro’ para el occidente rico.

 

En América Latina la recurrente expulsión de los habitantes de centros históricos ennoblecidos y ‘puestos en valor’, la musealización de ciudades y regiones, los conflictos sociales abiertos en sitios incorporados al ‘patrimonio de la humanidad’, la folklorización desconflictuada de una diversidad cultural cargada de desigualdades económicas y sociales, las transmutaciones y sobreexplotaciones turísticas (Arantes 2000), alertan sobre las dudas que despierta el auge actual de la cultura y su pregonada centralidad en los procesos de desarrollo. Si por una parte esta puede ser una puerta al reconocimiento de ‘nuestra diversidad creativa’, al bienestar, la calidad de vida y al ejercicio de los derechos culturales de los pueblos, por otra parte puede oscurecer otros usos de la cultura  como “recurso” (Yudice 2002) menos deseables.

 

De ahí la necesidad de realizar análisis de las políticas, de la gestión, y de las acciones culturales desde la perspectiva de la cultura, la economía y la política, que consideren los distintos tipos de valor involucrados, incluyendo los intrínsecos y no instrumentales. En el contexto mundial de “giro desde la economía política de la redistribución hacia políticas culturales de reconocimiento” pensamos que la “‘culturización de la economía’ frecuentemente incluye una instrumentalización de la cultura para fines económicos” (Andrew Sawyer en Achugar 1999:312 n/traducción) y sociales que es preciso discutir. Es necesario identificar, proteger, promover e indagar las contribuciones actuales y potenciales del sector. Pero no es suficiente con registrar los aportes de la cultura al PBI, a la generación de empleos, de ingresos y de tributos al fisco, de exportaciones de bienes y servicios o de ingresos por turismo, que fortalecen la balanza comercial.

 

A partir de la cultura algunas acciones se limitan a ‘estetizar’ o ‘lavar la cara’ de los problemas sociales, desconectadas de medidas de fondo para resolverlos. O bien realizan una ‘inclusión cultural’ compensatoria de la exclusión económica y social que mantienen invisible. En ocasiones se sobreactúa un reconocimiento identitario estereotipado o ficticio de grupos y actores sociales, con acciones que minimizan lo ‘cultural’ y que tampoco inciden en la redistribución económica y en el afianzamiento de la  ciudadanía. Otras veces se buscan beneficios monetarios o de imagen, sin atender que resultan conflictivos con las configuraciones culturales, o que tienen efectos perniciosos sobre las mismas. La instrumentalización de la cultura es un dato de la realidad contemporánea, que no es neutro ni puede ser ignorado: incide crecientemente en la economía y pauta la circulación de significaciones fundamentales para la constitución de individuos y sociedades. En tal sentido cabe asumir posiciones éticas y políticas respecto de los usos instrumentales de la cultura, reflexionando y expidiéndose concretamente sobre cuáles resultan anhelables, solo aceptables o por el contrario no son admisibles. Una consideración rigurosa del papel de la cultura en el desarrollo supone no limitarse a implementarla como un medio para alcanzar otras metas económicas y sociales. Implica abrir espacios para el debate y la definición de los fines colectivos que se aspira a alcanzar, en el marco de proyectos sociales propios que pongan a la vida, a la dignidad y a los derechos humanos en el centro de la cuestión.

 

BIBLIOGRAFIA

 

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