La pregunta del día: ¿por qué el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza no ha iniciado una investigación de la institución regional sobre los archivos de computadora verificados por Interpol que indican un activo apoyo de Venezuela y Ecuador a las guerrillas colombianas de las FARC?
Antes de contarles lo que me dijo Insulza en una entrevista telefónica, señalemos que algunos miembros clave del Congreso estadounidense están exigiendo que la OEA investigue más de 37,000 archivos de computadora del jefe guerrillero de las FARC Raúl Reyes, abatido por las fuerzas colombianas en el ataque a un campamento del grupo terrorista en Ecuador el 1 de marzo. Interpol, la mayor institución policial del mundo, certificó la semana pasada que -contrariamente a lo que alegan el presidente venezolano Hugo Chávez y su colega ecuatoriano Rafael Correa- las computadoras pertenecían a Reyes, y sus contenidos no fueron alterados por Colombia.
En una carta del 13 de mayo a Insulza, el senador norteamericano Richard G. Lugar, líder de la bancada republicana en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, le pidió a Insulza que le pida a la Comisión Interamericana Contra el Terrorismo de la OEA que convoque audiencias ``que puedan conducir a la OEA a adoptar medidas apropiadas''.
Menos diplomáticamente, el congresista Connie Mack le escribió a Insulza el 14 de abril diciéndole que la OEA se ha convertido en un ``títere de las fuerzas de la tiranía''.
Los críticos de Insulza dicen que el secretario general de la OEA debería asumir un rol de liderazgo. ''Todavía no hemos encontrado un estatuto de la OEA que establezca que el Secretario General no pueda exigir a un estado miembro información relevante para la seguridad de otros países miembros de la OEA'', me dijo el miércoles un funcionario del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
Según los archivos de la computadora de Reyes, Chávez prometió darles $300 millones a las FARC, y el grupo terrorista colombiano tenía una oficina dentro del comando militar de Venezuela en Fuerte Tiuna. Los archivos también revelan que las FARC le dieron a Correa $100,000 para su campaña presidencial.
Cuando le pregunté a Insulza por qué no ha pedido una investigación de la OEA, señaló que ``para el Consejo General de la OEA no sería aceptable que yo actuara en este momento sin mediar ninguna petición de ningun país miembro''.
Agregó: ``El gobierno de Colombia, que es quien debe hacerlo, no me ha solicitado que me haga cargo de este problema, ni me ha hecho llegar los documentos para este caso. Por lo tanto, yo no voy a actuar en ninguna dirección, mientras el gobierno de Colombia no me haga llegar su punto de vista al respecto''.
Insulza rechazó tajantemente las afirmaciones de sus críticos en el sentido de que no estaría actuando porque quiere ser candidato a la presidencia de Chile y no quiere antagonizar a los simpatizantes de Chávez dentro de su coalición izquierdista.
Recordó que, como ministro de Relaciones Exteriores en 1998, se echó en contra a muchos de sus partidarios de izquierda en Chile cuando respaldo la petición del gobierno chileno de extraditar al fallecido dictador Augusto Pinochet a Chile, en vez de exponerlo a un castigo potencialmente más severo en España. ''Yo hago en política lo que creo que debo hacer'', afirmó Insulza.
Cuando le pregunté si de alguna manera estaría en deuda con Chávez por el apoyo que el presidente venezolano le prestó durante su elección a la jefatura de la OEA, Insulza dijo: ``Me eligieron 31 países, y ninguno en particular''.
Sobre la investigación de Interpol, Insulza concluyó: ``La Interpol hizo un buen trabajo. Ahora le corresponde al gobierno de Colombia, en consulta o no con otros gobiernos, decidir lo que hacer con los documentos. Si alguno de esos documentos llega a la OEA, los trataré con la seriedad que corresponde''.
Mi opinión: aquí, todo el mundo se está haciendo el distraído. Colombia no envía los documentos a la OEA porque teme que los países no apoyarán una investigación, por miedo a perder los subsidios petroleros de Venezuela. El gobierno de Bush no lo hace porque teme que lo acusen de querer derrocar el gobierno de Chávez.
Los países latinoamericanos no quieren sacrificar la ayuda económica de Chávez tomando partido en un conflicto que consideran ajeno. Insulza no quiere asumir un rol de liderazgo porque teme que lo dejen solo.
Pero el hecho es que Interpol ha certificado la autenticidad de documentos que delatan una flagrante violación de las convenciones de la OEA y las Naciones Unidas que prohíben a los países prestar ayuda a los grupos armados en el exterior. Si todo el mundo sigue haciendo la vista gorda y nadie pide siquiera una investigación, ¡bienvenidos a la ley de la selva!
Mayo 18 2008.
El presidente de Venezuela Hugo Chávez y su colega de Ecuador, Rafael Correa, podrán gritar todo lo que quieran, pero lo cierto es que han sido atrapados in fraganti apoyando a un grupo terrorista que está tratando de derrocar al gobierno democráticamente electo de Colombia.
La semana pasada, después de que Interpol --la organización policial internacional más grande del mundo-- hizo público su informe certificando la autenticidad de 37,872 archivos de computadora de la guerrilla colombiana FARC que contienen cientos de referencias al activo apoyo de Venezuela y Ecuador al grupo armado rebelde, Chávez y Correa reaccionaron --como lo hacen siempre-- con insultos.
Al igual que hace unos meses, cuando una delegación oficial venezolana fue encontrada tratando de ingresar $800,000 en efectivo en Argentina para sus aliados políticos de ese país, Chávez alega ahora que la investigación de la Interpol sobre las computadoras encontradas por el ejército colombiano en su ataque del 1 de marzo a un campamento de las FARC en Ecuador es ''una payasada'' del ''imperio'', y describió al Secretario General de Interpol Ronald K. Noble como ''un mafioso'' y ''un vagabundo''.
El descargo de Correa fue de virulencia similar.
Esta vez, sin embargo, les resultará difícil hasta a los mas crédulos simpatizantes de Chávez y Correa tomar en serio estos juegos de pirotecnia verbal.
La investigación realizada por la sede central de Interpol en Lyon, Francia, incluyó a 64 funcionarios policiales de 15 países, encabezados por expertos mundiales en computación de Singapur y Australia, que fueron escogidos independientemente por las jefaturas de policía de sus países. En total, el equipo en pleno de Interpol dedicó 5,000 horas examinando las computadoras.
Y el informe final de Interpol no sólo concluyó que Colombia no manipuló el contenido de las computadoras, como aducen Chávez y Correa, sino que también certificaron que pertenecían a Raúl Reyes, el segundo líder de la FARC, que resultó muerto durante al ataque del ejercito colombiano.
Las laptop de las FARC son uno de los tesoros de inteligencia más importantes de toda la historia de la lucha antiguerrillera en la región, dicen expertos en seguridad. Los documentos ya han permitido el secuestro de $480,000 de fondos de la FARC en Costa Rica, y de 30 kilos de uranio no enriquecido de las FARC en las afueras de Bogotá.
Entre cientos de revelaciones, los archivos contienen 8 referencias a $300 millones de ayuda que Chávez le había prometido a las FARC. Otros documentos aluden a una contribución de $100,000 de las FARC a la campaña presidencial de Correa en el 2006.
La certificación de la autenticidad de los documentos plantea varias preguntas espinosas.
Primera pregunta: los países latino-americanos que correctamente invocaron los tratados de no intervención de la Organización de Estados Americanos para rechazar la incursión militar colombiana en Ecuador, ¿invocarán ahora los igualmente explícitos tratados antiterrorismo de la OEA, que prohibe a los países ayudar a grupos armados rebeldes?
¿Condenarán a Venezuela y Ecuador, o se harán los distraídos, temerosos de perder los miles de millones de dólares que reciben en petróleo y ayuda política por parte de Venezuela?
Segunda pregunta: ¿Chávez y Correa les pedirán disculpas a los países de la región, tal como lo hizo el presidente colombiano Alvaro Uribe el 18 de marzo en la reunión de la OEA en que se debatió el ataque colombiano al campamento de las FARC en Ecuador?
Tercera pregunta: ¿la OEA convocará a una asamblea general, invocando la Convención Interamericana contra el Terrorismo del 2002, que prohibe a los países miembros dar refugio o dinero a grupos terroristas?
¿Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invocará sus resoluciones 1373 y 1566, que establecen exactamente lo mismo, para condenar a Chávez y Correa?
Cuarta pregunta: ¿el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se retractará de su declaración de la semana pasada en la que afirmaba que Chávez es ``el mejor presidente que ha tenido Venezuela en los últimos 100 años? ¿O cree que apoyar a un grupo terrorista que mantiene secuestrados a más de 700 rehenes y que mató a 36 civiles que asistían a una boda en el Club El Nogal de Bogotá es ser un buen presidente?
Mi opinión: para que quede claro, no estoy de acuerdo con la propuesta de algunos legisladores republicanos de Estados Unidos de que Washington ponga a Venezuela en su lista de países terroristas e imponga sanciones a ese país. Eso sólo le daría a Chávez argumentos para mostrarse como una víctima del ``imperio''.
Pero la comunidad internacional --incluyendo quienes criticamos al presidente Bush por ignorar a la ONU cuando decidió invadir Irak - debe reaccionar rápidamente.
De otra manera, no tiene ningún sentido que sigan existiendo la OEA, la ONU ni ninguna de las convenciones internacionales que los países han firmando con gran solemnidad.
Fuente: El Nuevo Heraldo.
Publicado el: 19-Diciembre-2007
La nueva presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, empezó su primera semana en el poder con el pie izquierdo -se acercó innecesariamente al presidente Venezolano Hugo Chávez y se alejó de Estados Unidos.
A juzgar por lo que escuché de fuentes de todo el espectro político en Washington, la reacción visceral de Fernández a una mención en una Corte federal de Miami según la cual el Gobierno venezolano habría contribuido con dinero a una campaña presidencial en las recientes elecciones argentinas de 2007 fue un caso típico de inexperiencia política, mal asesoramiento, vínculos más profundos de los que se creía con el Gobierno petro-populista de Venezuela, o todas las opciones anteriores juntas.
En lugar de aplaudir la investigación del Departamento de Justicia norteamericano y resaltar que la acusación en ningún momento sugiere que ella o alguno de sus colaboradores cercanos estaba al tanto de las contribuciones venezolanas, Fernández respondió que se trataba de una conspiración de Estados Unidos contra su país.
La nueva Presidenta, una ex primera dama y senadora que ha sido descripta por sus colaboradores como “La Hillary Argentina”, dijo que la acusación de la justicia norteamericana era una operación de inteligencia y una “basura” para envenenar las relaciones de Argentina con Venezuela, añadiendo que ella no va a permitir ser presionada por el Gobierno de Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió que la acusación no tiene nada que ver con la política exterior de Estados Unidos, y que resultó de una investigación independiente del Departamento de Justicia y el FBI. Funcionarios argentinos me señalaron en privado que parte de la ira de Fernández se debió a que no fue alertada por funcionarios norteamericanos.
Según fuentes diplomáticas, el Departamento de Estado fue notificado a último momento, o fue tomado por sorpresa, porque los fiscales manejaron todo bajo el máximo secreto para evitar que se fugaran los sospechosos.
El caso se inició en agosto, cuando el empresario venezolano-norteamericano Guido Antonio Wilson llegó al aeropuerto de Buenos Aires con casi 800 mil dólares en efectivo a bordo de un avión fletado por el Gobierno Argentino que llevaba una delegación de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA. El avión llegó poco antes de una visita de Chávez a Argentina.
Cuando los inspectores de aduanas encontraron el dinero, Antonini dejó el efectivo en el aeropuerto, y se fue del país. Durante meses, su paradero y los pormenores del caso fueron un misterio.
Luego, a comienzos de esta semana, los fiscales federales en Miami arrestaron a tres venezolanos y un uruguayo, y los acusaron de ser agentes no registrados del Gobierno venezolano que estaban coerciendo a un ciudadano norteamericano -Antonini- para que fabricara documentos que ocultaran el origen del dinero.
Antonini había hecho varios viajes a Argentina en los meses previos a que le incautaran el dinero en efectivo.
¿Cuál debió haber sido la reacción de la nueva presidenta?
• Primero, debió haber hecho notar que aunque un fiscal señaló en argumentos orales que -según uno de los acusados- el dinero estaba destinado a su campaña presidencial, la acusación formal sólo habla de “una campaña”, y en ningún momento sugiere que la Presidenta o sus colaboradores sabían de las maletas con efectivo.
• Segundo, Fernández debería haber ofrecido la cooperación argentina en la investigación norteamericana, y de paso podría haber exigido que Estados Unidos coopere con la investigación de su país. Argentina ya había solicitado la extradición de Antonini a Estados Unidos.
• Tercero, Fernández -o sus asesores- tendrían que haber sabido que el sistema de justicia de Estados Unidos opera con mayor independencia que en muchos países, y que el FBI tiene grabaciones de las conversaciones de Antonini con los arrestados.
Mi conclusión: no descarto que Fernández termine siendo una mejor presidenta que su marido. La conocí en una oportunidad, y me dio la impresión de ser más consciente que el ex presidente de la necesidad de que su país se inserte más en la economía global, y reciba más inversiones, para reducir la pobreza.
Pero en lugar de reaccionar como una estadista, reaccionó como una agitadora barrial, sacando la carta del antiamericanismo y ganándose enemigos gratuitos entre los republicanos y demócratas en Washington. Podría haber respondido con altura, sin necesidad de dañar los lazos de Argentina con Venezuela, que le ha comprado a Argentina más de 4 mil 500 millones en bonos de su deuda externa.
Y aún si se comprueba que el dinero fue para su campaña, la “Hillary Argentina” podría haber hecho lo que hizo la verdadera Hillary Clinton recientemente, cuando se supo que el empresario chino-americano Norman Hsu, que tenía causas con la justicia, había donado 800 mil dólares a su campaña: devolvió el dinero inmediatamente, y dijo que nunca debió ser aceptado. En lugar de eso, Fernández se compró una pelea gratuita con Estados Unidos.