Sr.
Alejandro Goic Karmelic
Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile
Sr.
______________________________________ (nombre del obispo o arzobispo de la diócesis a la que pertenece tu ciudad. Ej: Francisco Javier Errázuriz en el caso de Santiago. Ver listado de diócesis)
__________________________________ (cargo que ocupa, puede ser obispo o arzobispo. Ej: arzobispo de Santiago. Ver listado de diócesis)
Iglesia Católica
Presente
Yo __________________________________________________, con rut ___________________________, mayor de edad, con fecha de nacimiento ________________________ y residente en __________________________________ (dirección, ciudad/localidad), que según le consta fui bautizada/o en la Parroquia __________________________________ ubicada en _______________________________________________ (si es posible dirección completa o si no sólo ciudad/localidad)
En conformidad con lo previsto en el Artículo 6º de la ley 19.638, que establece “la libertad religiosa y de culto” expresada en la facultad de “profesar Ia creencia religiosa que libremente elija o no profesar ninguna; manifestarla libremente o abstenerse de hacerlo; o cambiar o abandonar Ia que profesaba", me dirijo a usted con la finalidad de solicitar mi exclusión de todos los registros de la Iglesia Católica y el reconocimiento del acto de apostasía, actuando en nombre e interés propio y en virtud de mi legítimo derecho a decidir libremente sobre mis convicciones éticas, morales y religiosas.
Esta decisión responde al hecho de que me siento profundamente violentada/o por la intervención que ha tenido la Iglesia Católica en materia de sexualidad y reproducción, y por los frenos que crecientemente ha puesto esta institución a la implementación de políticas públicas en favor del derecho de mujeres y hombres a decidir si quieren o no tener hijos, cuántos, en qué momento de sus vidas y con qué espaciamiento. Lo anterior ha quedado expresado en los reiterados obstáculos legales que la derecha chilena y las organizaciones autodenominadas “pro vida” han levantado para frenar los logros en materia de derechos sexuales y reproductivos, y que hoy se traduce en el recurso de protección presentado por un grupo de parlamentarios de derecha y dirigentes “pro vida” ante el Tribunal Constitucional en contra de las “Normas de Regulación de la Fertilidad” que rigen desde octubre de 2006, con el objeto de prohibir no sólo la entrega de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE), sino también el uso del más requerido Dispositivo Intrauterino (DIU), la T de cobre.
Las declaraciones públicas realizadas desde el 2001 hasta la fecha por los representantes de la Iglesia Católica en oposición a la PAE –primero a la comercialización de ésta y luego a su distribución gratuita en consultorios a mujeres víctimas de violación- y, posteriormente, en contra de la implementación de las nuevas Normas de Fertilidad, demuestran las estrechas vinculaciones entre la oficialidad de la Iglesia Católica y esta ofensiva jurídica de la derecha y las agrupaciones “pro vida”. A continuación cito algunos ejemplos:
Cuando el 30 de agosto de 2001 se dio a conocer el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema en rechazo a la venta y comercialización del anticonceptivo de emergencia, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, máxima autoridad de la diócesis de Santiago y miembro titular de la Conferencia Episcopal, arrogándose la voz de las mujeres y hombres chilenas/os, declaró que este fallo “viene a confirmar la posición de todo Chile, que no quiere estar a favor del aborto”. Recordó, asimismo, que el país suscribió la Convención de Costa Rica, que protege la vida del ser humano desde el momento de su concepción. (Fuente: La Cuarta, 16 de Septiembre de 2001)
El 2004, ante la decisión del Ministerio de Salud de entregar gratuitamente la PAE a las mujeres víctimas de violación en los consultorios, el Cardenal Errázuriz nuevamente interviene haciendo un llamado a los municipios a no repartir la píldora, sin importarle que con esta medida se estaba obligando a cientos de mujeres a dar a luz a un hijo cuyo padre es un violador. Ignorando la autonomía del Estado y atropellando la libertad de las personas señala: "cuando el Estado me obliga a hacer algo en contra de la ley de Dios, yo digo que no. El ciudadano debe confiar en el Estado y respetar a las autoridades, pero si lo que mandan es contra la ética, el ciudadano tiene derecho a hacer objeción de conciencia". También utilizó este último concepto en referencia a los alcaldes: "No faltan las autoridades comunales que están dispuestas a entregarla (la píldora) gratuitamente a quienes la pidan, mientras que otras se oponen a ello y hacen objeción de conciencia". (Fuente, La Tercera, 9 de mayo de 2004).
Cuando se publican las Normas de Regulación de la Fertilidad en octubre de 2006, la Conferencia Episcopal se interpone declarando: “El documento normativo recuerda a políticas públicas fijadas en regímenes totalitarios que pretendían desde el Estado regular la vida íntima de las personas en función de criterios autoritarios, no consensuados, y reñidos con el respeto a la dignidad de la persona humana (...) Estas Normas acogen realidades deplorables en el campo de la sexualidad. Y el Estado se dispone a facilitar, prescindiendo de los padres, las fórmulas –también las con riesgo abortivo- que promueven estas conductas”. (Fuente: “¿Hacia donde camina Chile?” Declaración de la Conferencia Episcopal sobre las nuevas normas de Fertilidad del Ministerio de Salud, firmada por Alejandro Goic Karmelic, Obispo de Rancagua y presidente del Episcopado, y por Francisco Javier Errázuriz Ossa, Cardenal Arzobispo de Santiago)
Y nuevamente, a propósito del fallo constitucional contra la PAE y el DIU, el Departamento de Opinión Pública del Arzobispado señala que “Se trata de un método anticonceptivo, por lo tanto está prohibido y, ‘oficialmente’, en los centros de salud dependientes de la Iglesia no se entrega ni se aplica”. Así como también Monseñor Juan Ignacio González, actual obispo de San Bernardo, se encarga de aclarar la postura religiosa frente al uso del DIU: “Con el DIU es más complejo el tema, porque con todos los informes que se han hecho, los que yo he estudiado y el que se presentó, es más evidente que es antiimplantatorio; por lo tanto, desde la concepción humanista y cristiana, ahí hay una vida”. (Fuente: La nación Domingo, 2 de diciembre de 2007).
Estas declaraciones públicas –expresión de la postura oficial de la Iglesia Católica chilena- nos hablan del respaldo que dicha institución ha dado a las iniciativas legales que atentan contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y del profundo compromiso de ésta con la derecha y los grupos “pro vida”. Las acciones y planteamientos de los representantes de la Iglesia Católica, más allá de orientar a sus fieles en torno al uso o no de los modernos métodos de anticoncepción, han apuntado a interferir en la labor estatal, imponiendo de este modo sus valores a toda la población.
En relación a lo anterior, sostengo lo siguiente:
Quiero que los hombres y las mujeres tengan acceso a la anticoncepción de emergencia, al DIU (T de cobre) y a todos los métodos anticonceptivos modernos, pues considero que ambos tienen derecho al placer y a ser dueñas/os de su capacidad reproductiva para administrarla como mejor les parezca. En otras palabras, creo en la autonomía de las personas para decidir sobre su sexualidad y su cuerpo, sin tutelas morales de ningún tipo.
Quiero un Estado verdaderamente laico, que ponga a disposición de sus ciudadanos y ciudadanas los medios apropiados para ejercer su autonomía. Por ello rechazo la intervención de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado y en las políticas públicas del país relativas al ámbito de la salud sexual y reproductiva, puesto que ello ha generado enormes perjuicios sobre todo para las mujeres, quienes al no poder contar con los métodos anticonceptivos apropiados se han visto obligadas muchas veces a dar a luz y criar hijos no deseados y en condiciones de precariedad económica. Si Chile es un Estado Laico, los chilenos y chilenas no tenemos por qué estar obligados a someternos a la moral católica, sobre todo considerando que no todas las personas del país profesan esta fe.
Quiero un país en que mujeres y hombres tengan derecho a ejercer su sexualidad libremente y sin preocupaciones. Creo profundamente que cada persona debe ser libre de amar y/o tener sexo con quien quiera si ambos están de acuerdo.
Por todas estas razones, exijo mi derecho ciudadano a no pertenecer más a la Iglesia Católica y a ser eliminada/o de manera definitiva de sus registros, pues no acepto que mi nombre sea usado para dar validez a los dichos y acciones de una institución que no me representa y que, más aún, atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las personas.
Le pido que en su calidad de autoridad de la Iglesia Católica destine esta carta a quien deba tramitar el debido proceso.
Quedando a la espera de la recepción de su escrito de confirmación, me despido atentamente.
_____________________________ (Espacio para firma)
_____________ (ciudad), Chile, Marzo 2008